Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129117
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, hizo lugar a la demanda incoada por Alicia Ester García, y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 18-IV-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 26-IV-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 4-V-2022).
En primer lugar, se agravia de la aplicación -al caso- del decreto 669/19 y del art. 11 de la ley 27.348, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden, denuncia que el fallo transgrede las doctrinas legales que cita.
Luego, acusa la vulneración del principio de congruencia, así como la normativa de orden público que prohíbe la actualización monetaria.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de los cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso de la ley 27.348 y el decreto 669/19, como así también la denuncia de infracción de las normas que prohíben la actualización, desde que las doctrinas traídas por la recurrente, en apoyo de su pretensión, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.447, "Berón", resol. de 27-III-2023).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
III.4. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:52:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:34:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:36:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:29:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 08:37:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/05/2023 10:44:48 hs. bajo el número RR-522-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia