Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de General San Martín, hizo lugar a la acción promovida por María Luz Cecchi en los términos del art. 2 inc. "j" de la Ley 15.057, y revocó la resolución dictada por el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 38 -en el marco del expediente n° 140.515/19- en cuanto determinó el carácter no laboral del infortunio sufrido por la accionante el día 9 de noviembre de 2018, mientras prestaba tareas bajo relación de dependencia para Mónica Andrea Genovesi, titular del establecimiento educativo "Luigi Pirandello", y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "b" y 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 -t.o. ley 27.348- y 3 de la ley 26773 (v. veredicto de fecha 3-X-2022 y sentencia de 4-X-2022).
Para así decidir, con sustento en las constancias de la causa y las pruebas producidas, especialmente la declaración testimonial rendida en la vista de la causa y la pericia médica, tuvo por acreditado que la accionante mientras cumplía labores para su empleadora sufrió un siniestro que le generó una incapacidad psicofísica del 65% del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 24-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 4-XI-2022).
En su presentación objeta la decisión del juzgador de origen de revocar la resolución de la comisión médica actuante, y otorgar carácter laboral a la contingencia sufrida por la trabajadora.
En ese sentido, alega que la sentencia resulta arbitraria en virtud de la errónea y parcial apreciación de la prueba y por la indebida atribución de responsabilidad a su parte, a quien condenó a afrontar un resarcimiento por una patología respecto de la cual no se encuentra obligada a responder por ser ajena a los alcances legales y contractuales de su cobertura asegurativa.
En particular, respecto de la prueba testimonial, señala que fue injustificadamente soslayado lo señalado por su parte, en cuanto a que la declaración del testigo único no resulta suficiente para acreditar las circunstancias alegadas ni los hechos narrados en la demanda. Añade que de dicha declaración no puede concluirse que se trató de un accidente laboral.
Por otro lado, en cuanto a la pericia médica, aduce que no fueron consideradas las observaciones que fueran efectuadas por su parte al referido informe.
En conclusión, manifiesta que, de las pruebas producidas en el expediente, se desprende clara e indiscutiblemente que las secuelas incapacitantes que padece la actora no es de origen laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe recordar que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017; L. 127.639, "Herrera", resol. de 23-V-2022 y L. 129.204, "Sokol", resol. de 29-XII-2022).
III.2. En el caso, el órgano judicial de grado tuvo por acreditado que la accionante, mientras se encontraba cumpliendo tareas en favor de su empleadora, cayó al suelo en forma repentina golpeando su rostro contra el piso y perdiendo algunas piezas dentarias. Puntualizó, además, que como consecuencia de tal suceso presenta incapacidad psicofísica del 65% del índice de la total obrera. En este contexto, juzgó que, cualquiera haya sido la causa que provocó la caída y el posterior daño en su salud, cierto es que el suceso ocurrió en su lugar de tareas y cumpliendo el horario de su jornada laboral, por lo que no existe dudas que el evento dañoso de autos debe considerarse como un accidente de trabajo y, por ende, enmarcado dentro de la responsabilidad y competencia que establece el art. 6 de la Ley 24.557, máxime cuando el perito médico informó que Cecchi no presenta ninguna concausa que justifique otra razón que no sea el impacto, sumado a que no se han incorporado a la causa exámenes pre laborales, periódicos o de cualquier otro tipo que pudiese introducir una mínima duda razonable respecto a la etiología de la dolencia.
Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la recurrente, pues si bien denuncia la configuración de absurdo no logra demostrarlo, en tanto su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022 y L. 130.060, "Del Campo", resol. de 22-III-2023).
En efecto, el planteo se limita a señalar eventuales fisuras en la evaluación de la prueba realizada por el sentenciante, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso.
De ese modo, no consigue descalificar las conclusiones que dieron sustento a la sentencia impugnada, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia a los fines demostrar el error grosero y manifiesto configurativo del absurdo (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 126.348, "Barboza", resol. de 29-XII-2021 y L. 129.440, "Aquino Rodríguez", resol. de 22-XII-2022).
III.3. Por otro lado, en lo que atañe a la prueba oral, cabe recordar que su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 128.644, "Shteinberg", resol. de 1-IX-2022), que -como se anticipó- no logra ser puesto en evidencia en el caso.
III.4. Finalmente, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016; L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022).
III.5. En definitiva, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formula, la deficiencia técnica de la postulación revela su manifiesta insuficiencia, sellando así su suerte adversa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:52:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:34:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:36:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:29:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 08:37:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/05/2023 10:44:55 hs. bajo el número RR-529-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia