Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Rosalino Luna y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad derivada del accidente laboral padecido (v. pronunciamiento de fecha 19-III-2024).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, juzgó que el trabajador padece una incapacidad del 77,52% del índice de la total obrera como consecuencia del infortunio denunciado en autos. Luego, fijó el ingreso base mensual conforme lo normado en el art. 12 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo con las modificaciones efectuadas por el decreto 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 8-IV-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 18-IV-2024).
En su presentación, relata los antecedentes del caso e individualiza las normas y garantías constitucionales que considera conculcadas.
Por un lado, cuestiona la valoración que efectuó el juzgador de mérito respecto de la prueba pericial médica y, en tal sentido, se disconforma del porcentaje de incapacidad determinado en el fallo. Objeta que no hayan sido aplicadas las pautas establecidas en el baremo del decreto 659/1996.
Luego, sostiene que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019, omitiendo la aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 1.039/2019 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018; L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 131.085, "Ardanaz", resol. de 3-VI-2024).
III.2. En consecuencia, el tratamiento del carril intentado sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto del primer agravio planteado, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que la doctrina que se denuncia transgredida alude a circunstancias fácticas distintas a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021). Por lo demás, las objeciones se vinculan a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso, en tanto se relacionan con la valoración de los hechos y las pruebas y al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
III.4. Tampoco cabe considerar el reproche dirigido a cuestionar la errónea aplicación del decreto 669/2019, ya que la única doctrina denunciada fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y juridicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.927, "De Esteban", resol. de 20-II-2019; L. 122.888, "Royano", resol. de 11-IX-2019; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L. 131.504, "Zalazar Pereira", resol. de 27-VI-2024).
III.5. Finalmente, dable es recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 129.470, "Tissera", resol. de 10-IV-2023).
Por último, esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2024 09:13:10 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:07:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:03:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:05:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:18:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:35:32 hs. bajo el número RR-1045-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia