Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Esteban Rodrigo Villar contra Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de reparación por la incapacidad profesional que denunció padecer (v. vered. y sent. de 28-III-2023).
Para así decidir, en sustancia, juzgó no acreditado el carácter laboral (profesional de la enfermedad) ni la causalidad de las tareas o del trabajo con los pedecimientos reclamados.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 14-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 2-V-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y las garantías constitucionales que considera quebrantadas. Menciona la doctrina legal que estima vulnerada. Alega absurdo en la valoración de los hechos y la prueba.
Cuestiona que el sentenciante consideró no demostrado el nexo causal entre las tareas que desempeñó para la principal y la incapacidad que porta.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar la existencia -o no- de una vinculación causal o concausal entre el trabajo y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, insusceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018 y L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. Si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En el caso, entendió el tribunal que, conforme los términos en que quedó planteada la controversia, resultaba trascendental, acreditada la incapacidad, pasar a verificar tanto la configuración del nexo causal entre la minusvalía y las tareas como si ésta era producto de una contingencia tipificada por la ley especial como indemnizable.
De esta manera, concluyó que el trabajador no había logrado verificar la realización de tareas que implicaran fuerza, incomodidad o que sean pesadas.
III.3. Tal conclusión no logra ser descalificada por el recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022).
En efecto, la mera divergencia sobre el análisis efectuado respecto al contenido de las pericias médica y psicológica resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo. Así, por conducto de su particular punto de vista extrae que la prueba producida resultaba suficiente para concluirse el nexo de causalidad adecuado entre la incapacidad y las tareas efectuadas, tratando, en definitiva, de suplantar el criterio del tribunal con su propia valoración de los hechos y las constancias de la causa.
De ese modo, no logra el recurrente concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, limitándose a señalar posibles falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado -como se expresó- para evidenciar el absurdo invocado.
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
III.4. Finalmente, corresponde indicar que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 103.682, "Cervantes", sent. de 16-III-2011; L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017; L. 126.058, "Córdoba", resol. de 17-V-2021 y L. 129.148, "Krause", resol. de 21-X-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:28:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:14:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:00:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:43:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 12:59:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 13:49:51 hs. bajo el número RR-1531-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia