Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134423
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por el señor Miguel Ángel Pérez contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo mediante la que procuraba la revisión de la resolución administrativa dictada en el expediente SRT n° 154.650/18 por la Comisión Médica n° 391 con asiento en la ciudad de San Isidro y el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 2-XII-2020).
Para así decidir, juzgó que el actor no acreditó en autos la incapacidad que afirmó padecer como consecuencia de la contingencia denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 29-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 10-V-2021).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. En rigor, esgrime que el juzgador incurrió en absurdo en la valoración de la prueba. En este marco, alega que la decisión del sentenciante no encuentra respaldo en los informes periciales producidos en autos a la vez que viola el deber de motivar sus decisiones. Finalmente, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto reclamado en la demanda con más el importe de las costas de cuya imposición también se agravia- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 129.723, " Di Santo", resol. de 14-III-2023; L. 131.487, "Frias", resol. de 27-VI- 2024 y L. 133.037, "Bolaños", resol. de 14-VII-2025).
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
Resulta útil recordar que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 132.697, "Lazarte", sent. 27-III.2025, L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
III.3. Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de antecedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021).
III.4. A mayor abundamiento, es oportuno recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
III.5. Finalmente, en relación al último agravio ensayado, vinculado con la imposición de costas a su parte, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, siendo que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, el presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto a su respecto por la presente vía de impugnación no se observa configurado (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 130.304, "Ovejero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.021, "Gonzalez", resol. de 7-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:29:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2025 13:45:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:14:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:33:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:37:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:36:44 hs. bajo el número RR-1272-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia