Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja deducida y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de fecha 13 de marzo de 2025 (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Alexander Álvarez Veizaga y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad (v. sent. de 18-II-2025).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tras juzgar acreditado que el actor es portador de una incapacidad de tipo parcial y permanente del seis por ciento -6%- de la total obrera en relación causal a la dolencia preexistente agravada por el accidente sufrido el 21 de junio de 2018, dispuso actualizar el crédito laboral según los lineamientos de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa in re C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), en cuanto establece como parámetro objetivo de referencia la variación del Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables.
Además, el Tribunal de grado reguló los honorarios de los profesionales intervinientes del siguiente modo: a la letrada de la parte actora, Dra. Lupi Serres, María Eugenia, en la cantidad de 28,40 JUS, más IVA y con más el 10% de ley (arts. 2, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 28 inc. h, 43, 51 y 54, Ley 14.967 y 12, Ley 8455). Al letrado de la demandada Dr. Capolupo, Hernán José Miguel en la cantidad de 19 JUS, más IVA en caso de corresponder y con más el 10% de ley (arts. 2, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 28 inc. h, 43, 51 y 54, Ley 14.967 y 12, Ley 8.455).
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 11-III-2025), ocasión en que cuestionó, en prieta síntesis, la aplicación de modo erróneo, a su criterio, de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en el señalado precedente in re : "Barrios” (sent. de 17-IV-2024).
III. A su turno, el a quo denegó el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio (v. resol. de 13-III-2025), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 21-III-2025).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede de casación, la recurrente, en sustancia, alega que la declaración de inadmisibilidad que cuestiona luce violatoria de los derechos constitucionales y convencionales que destaca, al dejar firme un pronunciamiento viciado de arbitrariedad y de excesivo rigor formal.
Asimismo, entiende erróneo el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a que no tuvo por configuradas las excepciones contenidas en el art. 82 de la ley 15.057 y, a tal fin, destaca los precedentes que consideró conculcados en oportunidad de presentar la vía finalmente denegada.
IV. La queja prospera, con los siguientes alcances.
IV.1. De inicio, sin perjuicio de los motivos dados por el a quo para denegar el remedio extraordinario intentado, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término -dentro de los diez días, a partir de la notificación de la liquidación- y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024).
IV.2. Asimismo, que la señalada carga debe ser integrada en término -dentro de los diez días, a partir de la notificación de la liquidación- y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.561, "González", resol. de 7-III-2012; L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017; L. 126.414, "Formigo", resol. de 16-VII-2021 y L. 132.399, "Farías", resol. de 24-II-2025).
V. En este contexto, a los fines de tener o no por acreditada la carga pecuniaria prevista en la norma ritual laboral, a efectos de efectuar el juicio de admisibilidad para acceder a la instancia de casación local, es menester contar con la liquidación del art. 59 del ordenamiento procesal citado, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
En la especie, como se anticipó en el relato de los hechos de la causa, del análisis de sus constancias surge que en ocasión de realizar el estudio de admisibilidad del recurso extraordinario intentado, la suma total sobre la cual calcular el monto a depositar por el recurrente se encontraba parcialmente indeterminada, desde que, los honorarios regulados a los letrados de las partes intervinientes no fueron determinados en la suma equivalente al valor expresado en la unidad arancelaria Jus, a la fecha de su liquidación (v. estimación de fecha 18-II-2025). Por lo tanto, siendo que esta última ha sido confeccionada en forma parcial, el tribunal de origen no pudo analizar los requisitos formales de admisión del remedio deducido por la parte demandada (causas Ac. 91.014, "Acosta Machado", resol. de 6-IV-2005; L. 120.659, "Municipalidad de Necochea", resol. de 7-VI-2017; L. 121.223, "Molina" resol. de 3-III-2018; L. 124.184, "Marao", resol. de 23-X-2019; L. 126.893, "Aguirre", resol. de 1-XI-2021; L. 127.482, "López", resol. de 13-XII-2021 y L. 128.956, "Bazan", resol. de 19-IX-2022), deviniendo, su decisión al respecto, prematura (causa L. 132.356, "Olmedo", resol. de 28-X-2024).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída, declarar que el dictado del auto de fecha 13 de marzo de 2025 ha resultado prematuro, dejar sin efecto, con el alcance considerado en los parágrafos precedentes, la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., así como de aquéllas decisiones a él vinculadas y devolver los autos al tribunal de origen a fin que, una vez practicada y notificada dicha liquidación a la fecha indicada precedentemente, se expida respecto de la admisibilidad de la vía extraordinaria a la luz de lo establecido en los arts. 82 y 83 de la ley 15.057 (causa L. 132.356, cit).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja deducida y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de fecha 13 de marzo de 2025 (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:19:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 12:47:06 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:48:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:47:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:24:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:13:14 hs. bajo el número RR-2019-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia