Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la señora Claudia Emilia Villalba y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió mientras prestaba tareas a órdenes de su empleadora; con más los intereses en la forma que estableció (v. pronunciamiento de fecha 27-XI-2024).
En lo relevante, para calcular las prestaciones dinerarias reclamadas, determinó que la normativa aplicable resultaba ser la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348. En esa línea, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 y la inaplicabilidad, al caso, de la doctrina emergente del fallo de esta Corte que menciona (v. sent., pág. 46); ello, con sustento en la estricta observancia del principio de congruencia, puesto que la parte actora no introdujo planteo alguno sobre la constitucionalidad del art. 7 Ley 23.928 (t.o art. 4 Ley 25.561), limitándose solamente a solicitar la aplicación de la doctrina sentada en la referida causa.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 11-XII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 19-XII-2024).
En sustancia, la recurrente objeta el modo en que el tribunal de origen calculó la prestación dineraria. A tal efecto, solicita que, mediante la aplicación de la doctrina legal sentada por esta Corte en el precedente que menciona a lo largo de su impugnación, se actualice el ingreso base mensual mediante alguno de los índices posibles.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe de los intereses que fijó el a quo y el monto que habría de obtenerse según las pautas propuestas por la impugnante- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
III.2. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la impugnación se limita a la simple mención del precedente que entiende erróneamente aplicado para justificar su disconformidad con el ingreso base determinado en el pronunciamiento de grado, sin explicar, a partir de las argumentaciones brindadas por el tribunal de origen para fundar el rechazo de su utilización, cómo o en qué forma aquel resultaría vulnerado (art. 279, CPCC).
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente no sólo denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, sino que acompañar tal invocación con la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 132.646, "Valdivia", resol. de 28-IV-2025 y L. 132.726, "González", resol. de 11-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:47:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:30:53 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:31:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:13:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:56:45 hs. bajo el número RR-2180-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia