Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136955
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
II. Hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de la pretensión deducida por el señor Eduardo Alejandro Luna contra Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., rechazó -por mayoría- el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y declaró la caducidad de la acción de revisión intentada (v. pronunciamiento de fecha 5-VIII-2025).
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. presentación de fecha 24-VIII-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 25-VIII-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 3-XI-2025).
III.1. En relación a la primera vía extraordinaria citada, cabe recordar que sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.551, "Goro", resol. de 12-V-2025; e.o.).
Desde esa perspectiva, se observa que la causal nulificante esgrimida -referida a las supuestas irregularidades cometidas en la notificación al trabajador del dictamen emitido por la Comisión Médica jurisdiccional- ninguna vinculación tiene con las mandas constitucionales de mención, las que no han sido siquiera citadas en la crítica; todo lo cual revela la ajenidad del agravio al marco de actuación propio del recurso en tratamiento.
III.2. Luego, los cuestionamientos planteados en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano" (sent. de 19-IX-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
II. Hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2026 17:07:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2026 11:46:52 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:47:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 15:55:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 08:41:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/04/2026 10:15:31 hs. bajo el número RR-295-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia