Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Néstor Jonatan Díaz contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procura el pago de un resarcimiento por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 14-IX-2023).
Para así decidir, valoró las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 71.537/23, de trámite por ante la Comisión Médica Jurisdiccional n° 391 de la localidad de San Isidro y destacó que no ha sido aportado fundamento científico que permita establecer una relación de causalidad entre la enfermedad denunciada, el agente de riesgo invocado y la actividad laboral realizada.
Luego, señaló que de conformidad con el procedimiento establecido por el art. 6, inc. 2 "c" de la ley 24.557, el trabajador debió efectuar el reclamo administrativo correspondiente ante la Comisión Médica Central, circunstancia no acaecida en autos.
Evocó el criterio delineado por esta Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y declaró su falta de aptitud jurisdiccional para conocer en la causa.
Finalmente, impuso la condena en costas a la parte actora -en su calidad de vencida- en los términos del art. 19 de la ley 11.653 y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso.
II. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. presentación de fecha 2-X-2023), siendo concedido únicamente el primero de los remedios deducidos y denegado el restante (v. resol. de fecha 7-XII-2023).
En el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley sostiene -en lo esencial- que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 autoriza a prescindir de la obligatoriedad de interponer el recurso de apelación ante la Comisión Médica Central en los trámites por enfermedades no listadas, quedando expedita la acción laboral de revisión allí contemplada a partir de la fecha en que la Comisión Médica Jurisdiccional emite su dictamen.
En tales condiciones, refiere que al tratarse el reclamo de autos de un rechazo por enfermedad no listada, corresponde considerar cumplimentado el agotamiento de la instancia administrativa requerido por el art. 1° de la ley 27.348 y habilitada la instancia judicial.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su cargo, por transgredir el principio protectorio y el de gratuidad. A todo evento, solicita que para el hipotético caso de confirmarse el fallo recurrido éstas sean soportadas en el orden causado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, aplicable al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 129.625, "Adolfi", resol. de 11-XII-2025).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023 y L. 134.118, "Pedroche", resol. de 17-IX-2025; e. o.).
III.2. Bajo tales premisas, la exclusión de dicha hipótesis se impone nítida desde que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos en tanto fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento y no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023 y L. 133.369, "González", resol. de 13-III-2026; e.o.).
Por lo demás, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022; L. 136.368, "Merlo", resol. de 2-X-2025; L. 137.845, "Balmaceda", resol. de 12-II-2026 y L. 138.395, "Benitez", resol. de 23-IV-2026; e.o.).
III.3. Respecto del reproche destinado a objetar la imposición de costas, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, es dable señalar que se ha omitido citar como vulnerada doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022 y L. 126.883, "Vallejos", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Resta indicar, que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 11:17:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:23:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:47:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:21:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:09:36 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:14:51 hs. bajo el número RR-1467-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia