Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora María de los Ángeles Verteche y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias previstas por los arts. 11, apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 13-IX-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de los infortunios que sufriera los días 12 y 26 de septiembre de 2012, la actora se encuentra incapacitada en forma permanente y definitiva en un 100% de la total obrera.
En lo que resulta relevante, a los fines de determinar el valor del ingreso base mensual, entendió que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2024), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 18-X-2024).
Inicialmente objeta el monto indemnizatorio reconocido en la sentencia, alegando que para su determinación el a quo no tuvo en consideración que la afección psíquica contraída por la promotora del pleito no tuvo incidencia en la pérdida de sus ingresos, toda vez que continuó prestando servicios y percibiendo su salario.
Luego, sostiene que, al momento de establecer el porcentaje de incapacidad y el nexo causal de la dolencia con los infortunios denunciados, el sentenciante soslayó toda referencia a la existencia de factores predisponentes o de base en la personalidad de la actora.
Finalmente, critica que el tribunal de origen aplicara las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. A su vez, reprocha que no se haya tenido en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a la resolución n° 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer la existencia del nexo causal o concausal con el infortunio denunciado, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia ordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022; L. 130.188, "Figueroa", resol. de 12-IX-2023; L. 130.836, "Vila", resol. de 1-XI-2023; L. 131.635, "Morando", resol. de 29-VII-2024 y L. 135.732, "Cutellesa", resol. de 1-VI-2026; e.o.). También lo es, determinar el quantum indemnizatorio, en tanto constituye el análisis de cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio (causas L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 128.678, "Moyano", resol. de 2022; e. o.).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 129.928, "Corinaldesi", resol. de 27-VI-2023; L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023 y L. 136.577, "Erazo", resol. de 2-VII-2026), supuesto que no se verifica en la especie.
Ello así, toda vez que las alegaciones que contiene el recurso para repeler las conclusiones a las que arribó el juzgador respecto de la incapacidad reconocida en fallo, su relación causal con el trabajo y el importe del resarcimiento fijado, no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021; L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023; L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025 y L. 133.616, "Fernández", resol. de 26-XI-2025; e.o.).
III.2. Luego, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/2019 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026, entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:35:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2026 12:51:16 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:09:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:42:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:50:36 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:14:13 hs. bajo el número RR-2456-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia