Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132972
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.3; como asimismo en cuanto en la sentencia impugnada se aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por la señora Noelia Tamara Paganini y condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, así como de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 28-VI-2024).
Para así decidir, tuvo por demostrado que el promotor del pleito padece una incapacidad psicofísica del 50,44 % del índice de la total obrera, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 23 de septiembre de 2018.
Luego, cuantificó las prestaciones dinerarias juzgando aplicable al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Por último, en virtud de lo normado por el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, estableció el monto de la compensación dineraria adicional de pago único en la suma de doce millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y dos pesos -$12.847.372,00-.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2024), el que fue concedido en la instancia de grado el 21 de agosto de 2024.
II.1. En primer término, objeta el modo en que el tribunal del trabajo aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Indica que dicho órgano jurisdiccional se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su modificatoria n° 332/23.
II.2. Luego, controvierte el importe de la compensación dineraria de pago único prevista por el art. 11, apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557. Al respecto, alega que el tribunal de origen determinó erróneamente su cuantía, toda vez que utilizó las pautas sentadas por la normativa vigente al momento del dictado de la sentencia, y no aquella que se correspondía con la fecha del accidente.
II.3. Finalmente, y bajo la denuncia de vulneración del principio de congruencia, el recurrente cuestiona la procedencia del reclamo por incapacidad psicológica.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, corresponde señalar inicialmente que el recurrente no logra evidenciar el invocado quebranto del principio de congruencia en relación con el tratamiento de la cuestión vinculada con la minusvalía psicológica reconocida en el pronunciamiento impugnado.
III.1.a Esta Corte reiteradamente ha sostenido que la valoración de los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó trabada la litis, constituyen potestades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto únicamente puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 118.702, "Torrilla", sent. de 29-V-2019; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.1.b. En el medio de impugnación en examen no se encuentra debidamente cumplida aquella carga, ya que la réplica omite señalar la eventual configuración del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, así como la infracción de las normas que receptan aquel postulado procesal, recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.843, "Azpeitia", sent. del 14-XII-2023; L. 134.381, "Arévalos", resol. de 2-IX-2026; e.o.).
Semejantes deficiencias no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; L. 134.381, cit. e.o.).
III.2. En otro orden, se impone observar que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Por último, también se advierte que el tribunal de trabajo incurrió en un desacierto en cuanto aplicó al caso la Resolución n° 18/2024 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, puesto que -efectivamente- a la fecha del siniestro (23-IX-2018) se hallaba vigente la nota n° 18.437/18 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que establece la suma en $785.172, aplicable en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019.
Sobre el particular, cabe indicar que en la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Corte ha resuelto que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), lo que lleva a considerar -a los fines de definir la aplicación temporal de la norma- el momento en que se produce la primera manifestación invalidante, circunstancia que conduce a que, en el presente caso, resulten aplicables los importes establecidos en la referida nota de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En razón de lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar -también- a este tramo del recurso y revocar la cuantificación de la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la ley 24.557 -y modificatorias-, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de la norma aplicable al caso.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta dejando a salvo la opinión que expusiera en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.3; como asimismo en cuanto en la sentencia impugnada se aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:34:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:55:27 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:09:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:40:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:50:01 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:13:47 hs. bajo el número RR-2446-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia