Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129320
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Ariel Rojas contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por la que procuraba el cobro de una indemnización por incapacidad laboral con fundamento en las disposiciones de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 27-V-2022).
Para así decidir, juzgó no acreditado el accidente de trabajo denunciado en autos.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-VI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 23-VI-2022).
En su impugnación, denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y violación del principio de congruencia, así como de las normas y garantías constitucionales que cita.
En este sentido manifiesta, por un lado, que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta que el evento dañoso por el cual se reclama fue oportunamente denunciado a la accionada, quien aceptó el siniestro y otorgó prestaciones en especie al trabajador. Por otro, sostiene que el juzgador no le otorgó plena eficacia probatoria al dictamen médico.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. En primer lugar, corresponde recordar que determinar si, en un caso, el accionante demostró o no, el acaecimiento del infortunio de trabajo invocado, la existencia de la relación causal o concausal entre tal siniestro y la minusvalía que lo afecta, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014; L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 129.928, "Corinaldesi", resol. de 27-VI-2023).
III.2. En el caso, el juzgador de grado, tras valorar los escritos constitutivos del proceso y la prueba producida, puntualizó que el actor -sobre quien pesaba la carga de la prueba ante el desconocimiento del hecho por parte de la accionada- no aportó a estas actuaciones ningún elemento de convicción sobre la existencia del siniestro denunciado. En ese sentido, señaló que al contestar la acción la aseguradora había manifestado que procedió al rechazo de la contingencia debido a la falta de elementos objetivos que pudieran comprobar la veracidad de los hechos manifestados por el trabajador.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser descalificada por el interesado, quien, si bien denuncia absurdo, sus argumentaciones resultan insuficientes para demostrarlo, en tanto no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019; L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023).
III.4. Tampoco resulta acertada la denuncia de transgresión del principio de congruencia.
Ello así, en tanto reiteradamente ha dicho este Superior Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del citado postulado, limita su impugnación a exhibir la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda y contestación, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019; L. 123.679, "Calandro" resol. de 1-VI-2020; L. 128.405, "Gutierrez", resol. de 15-VI-2022 y L. 124.400, "Mouzo", resol. de 14-III-2023), tal y como sucede en la especie.
III.5. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019, L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022 y L. 129.620, "Pereyra", resol. de 21-VI-2023), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2023 14:44:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2023 09:54:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2023 10:21:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:24:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:29:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:17:55 hs. bajo el número RR-1017-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia