Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75392
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.392 "PROCOSUD S.A. C/ TRIBUNAL DE APELACION FISCAL S/ REC. DIRECTO. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 26 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, desestimó la demanda promovida por la parte actora -integrada por la firma Procosud S.A. y el señor Roberto Cecive en su carácter de Presidente del Directorio-, por la que persigue la declaración de nulidad de la resolución n° 1597 de fecha 22-V-2012 dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en el expediente administrativo n° 2306-144.227/2004 por medio de la cual se confirmó la decisión de la Dirección Provincial de Rentas -hoy ARBA- en cuanto determinó de oficio diferencias por $10.736,38 en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos por sumas percibidas por la sociedad actora en concepto de expensas por el período fiscal comprendido entre enero y julio de 2004 e hizo extensiva la responsabilidad solidaria e ilimitada al mencionado socio.
Para decidir de tal forma, la Cámara intervinente comenzó por señalar que la firma Procosud S.A. ejerce con habitualidad la explotación del Mercado de Abasto de la ciudad de Mar del Plata, siendo su intervención de carácter inmobiliario ya que consiste en el alquiler de espacios o puestos para el desarrollo de las transacciones en ese predio principalmente destinadas a la comercialización de frutas, verduras y productos agropecuarios en general.
Añadió que sus ingresos provienen del pago que recibe de los comerciantes en virtud de los contratos de locación que celebra con ellos y dentro del canon que percibe, la empresa cobra a los locatarios la parte proporcional de los gastos comunes o expensas, que corresponden a luz, gas, acueducto y alcantarillado, limpieza, seguridad, mantenimiento, gastos generales, teléfono, papelería y útiles, entre otros.
Sentado ello adelantó que la base imponible correspondiente a la actividad mencionada deberá fijarse de conformidad con la regla general prevista en el ordenamiento impositivo vigente, según la cual, en el concepto de ingreso bruto gravado, cabe englobar en principio a la totalidad de las retribuciones que recibe el contribuyente por el ejercicio de su actividad habitual. De allí que, agregó, el impuesto en estudio no grava las ganancias o utilidades del contribuyente sino la totalidad de la riqueza movilizada sobre la actividad sobre la que se aplica.
Luego advirtió, en coincidencia con lo expuesto por el Tribunal Fiscal, que los argumentos propuestos por la parte actora en punto a que las sumas que percibe en concepto de expensas implican erogaciones que no traen aparejado un incremento del valor de la locación ya que sólo tienden a reembolsar los gastos comunes que se realizan para la operación diaria del predio, no resultan coherentes con lo que surge del propio contenido de los contratos celebrados con los distintos arrendatarios que operan en el predio, en cuya cláusula quinta se consigna que el pago de las expensas ordinarias y extraordinarias se encuentra a cargo del locatario, como parte "integrante del precio de la locación".
Entendió la a quo que tal estipulación importa el reconocimiento de que los importes que se abonan en concepto de expensas constituyen uno de los conceptos que hacen a la contraprestación que la empresa recibe por el desarrollo de su particular actividad inmobiliaria y por ello el referenciado ítem de "expensas" se encuentra alcanzado por la noción de ingreso bruto gravado.
Resaltó que el rubro en discusión tampoco puede ser equiparado al supuesto de "reintegro de gastos" previsto por el ordenamiento fiscal en el art. 162 inc. "c" (t.o. 2004, cfr. art. 188 inc. "c" en la actual redacción) en tanto la entidad actora no actúa como comisionista, consignataria ni realiza operaciones de intermediación como las que describe el precepto, sino que su actividad se circunscribe a la locación de espacios inmobiliarios para cuyo normal funcionamiento debe garantizar una serie de prestaciones y servicios complementarios que son retribuidos por los distintos operadores del mercado, en concepto de expensas comunes, es decir, no en carácter de reembolso, sino como componente del canon locativo o retribución.
Concluyó así que la firma actora recupera el dinero que eroga para solventar las necesidades comunes, pero lo hace a través de una vía jurídica diversa a aquella que refiere la norma citada y por tal razón esos importes no resultan merecedores de un tratamiento tributario diferenciado y de excepción.
Confirmó de ese modo la decisión del Tribunal Fiscal (v. fs.236/247).
II. Contra dicho pronunciamiento los accionantes interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que esgrimen que el fallo atacado incurre en absurdo por cuanto omite considerar las conclusiones del dictamen pericial contable rendido en las actuaciones incurriendo en un excesivo rigorismo formal en punto a la interpretación de los contratos celebrados con los locatarios del predio que explota.
III. 1. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
III. 2. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por los recurrentes respecto a que las expensas representan gastos generales del servicio que se distribuyen entre los locatarios de los puestos sin incluirse en las mismas importes que pudieran resultar un lucro para la actora, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, lo que constituye, como se dijo, una tarea insuficiente a los fines impugnatorios.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
III. 3. Para más, esta Corte ha resuelto que es facultad de los tribunales de las instancias de grado seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario invocar y demostrar que existió absurdo (doctr. causas A. 69.506 "Vigil" sent. de 1-IV-2009, A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017; A. 75.072, "Gaspani", resol. de 24-IV-2019, entre otras).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto (doctr. causas A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018, entre otras).
Por ello sólo queda configurado si media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (doctr. causas A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017; A. 75.072, cit., entre otras).
En efecto, la Cámara ponderó que la firma actora había estipulado en los contratos concertados con los arrendatarios de los puestos la inclusión del concepto expensas dentro de la contraprestación que obtiene en virtud del desarrollo de su actividad inmobiliaria y que ese componente patrimonial debe ser alcanzado por la noción de ingreso bruto gravado.
Tal conclusión, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logra ser desvirtuada por los reproches volcados por los recurrentes, en tanto sus críticas sobre la escasa valoración efectuada sobre el informe pericial contable que da cuenta de que los montos correspondientes a las expensas sólo representan los gastos sujetos a distribución sin ningún importe agregado, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la interpretación de la prueba, lo que no basta para demostrar el yerro alegado, sino que sólo tiende a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión sobre cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
IV. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélva
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 307
Fin de la sentencia