Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74435
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.435, "Massalin Particulares S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Recurso directo - Tribunal de Apelación Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Violini, Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -en instancia originaria- declaró la prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos determinado con relación a las posiciones 1, 3 a 6 y 9 a 12 de 2002 y -en consecuencia- ordenó la devolución del importe abonado por dichos conceptos, con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 225/231).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 235/251), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 253/254).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 259), presentado el memorial de la actora (v. presentación electrónica de fecha 18 de noviembre de 2016) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara interviniente -en instancia originaria- hizo lugar a la pretensión entablada y -en consecuencia- anuló tanto la disposición determinativa y sancionatoria 4.005/08 como el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 10 de junio de 2013, en la parte en que determinaron las obligaciones fiscales de la firma actora relacionadas con el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a las posiciones 1, 3 a 6 y 9 a 12 del período 2002.
Seguidamente, declaró la prescripción de dichos conceptos y ordenó su devolución y la de la multa aplicada, con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Para así decidir, adujo que el caso debía regirse por las disposiciones del Código Civil (ley 340), vigente a la época en que habría nacido la obligación reclamada, debido al principio de irretroactividad de las leyes y en virtud de no configurarse el supuesto previsto en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sin perjuicio de la posterior entrada en vigencia de este último cuerpo normativo.
Recordó que según lo establecido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo dispuesto por los códigos de fondo.
Añadió que en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, entre otras, esta Suprema Corte provincial adhirió a la doctrina de "Filcrosa", pronunciándose a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Razonó que, con arreglo al art. 3.956 del Código Civil, el término de prescripción quinquenal de obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años, comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
De allí extrajo que el plazo atinente al período 2002 -discutido en autos- debe computarse desde el 1 de enero de 2003 y que feneció el 1 de enero de 2008, motivo por el cual consideró que, al momento de dictarse y notificarse la disposición determinativa y sancionatoria 4.005/08, las obligaciones fiscales controvertidas ya se encontraban prescriptas.
Puntualizó que la fecha de inicio del cálculo de la prescripción fue incorrectamente determinada tanto en la citada disposición 4.005/08 como en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación el 10 de junio de 2013 y que ello condujo a la errónea conclusión de que las obligaciones reclamadas no se hallaban prescriptas.
Luego de señalar que correspondía acoger la pretensión entablada y dejar sin efecto los actos individualizados, agregó que también debía hacerse lugar a la petición de devolución de la suma abonada por los conceptos mencionados y la multa, sobre la base de los efectos propios de la declaración de nulidad.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional. Alega asimismo errónea aplicación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y -como consecuencia de todo lo anterior- de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Tras reseñar los antecedentes del juicio, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en especial debido a las implicancias de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- aclaran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los Estados provinciales. Plantea que, además, aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
Expone que en autos se ejecuta una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, gravamen de carácter anual que se determina a través de una declaración cuyo vencimiento opera luego de cerrado el ejercicio respectivo y que recién después la autoridad de aplicación se encuentra en condiciones de exigir lo adeudado. Defiende por ello la razonabilidad y la aplicación al caso de la solución sobre el inicio del cómputo del término prescriptivo establecida en la última parte del primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Estima que, con arreglo a dicho precepto, el plazo de prescripción del período reclamado más antiguo (1 de 2002) comenzó su curso el 1 de enero de 2004.
Agrega que, de acuerdo con lo establecido por el art. 161 inc. "a" del mismo cuerpo legal, el término en cuestión se vio válidamente suspendido el 4 de diciembre de 2008 debido a la intimación de pagoínsita a la notificación de la disposición 4.005/08 y que dicha situación se extendió hasta noventa días después del momento en que la autoridad de aplicación recibió las actuaciones, una vez rechazada la impugnación de la determinación practicada.
De allí extrae que a la fecha de inicio de este juicio ninguno de los períodos reclamados se encontraba prescripto. Por el contrario, destaca que, con anterioridad al comienzo de la suspensión, el contribuyente formalizó acogimiento al régimen de regularización entonces vigente, que permitía seguir discutiendo la deuda, la cual fue abonada íntegramente el 29 de octubre de 2008.
Interpreta que, cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso la facultad de dictar diferentes códigos, tan solo establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común, que debe respetar la regla de la autonomía de los gobiernos locales en la materia tributaria. Concretamente, afirma que esa norma no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado.
Puntualiza que -a su entender- el art. 2.537 del Código Civil y Comercial no resulta aplicable para decidir acerca del conflicto entre las disposiciones nacionales en materia de prescripción y las normas tributarias provinciales, por no tratarse de un plazo modificado por una nueva ley, sino del reconocimiento de la potestad local para regular en materia de plazos de prescripción, lo cual abonaría la tesis de la constitucionalidad de las normas contenidas en el Código Fiscal, vigentes desde siempre.
III.1. Por los fundamentos que a continuación expondré, considero que el recurso no prospera.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en ese supuesto -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
III.2. No modifica la conclusión alcanzada la breve referencia de la impugnante a la regularización y al pago de la deuda controvertida por parte de la firma actora, pues, en los términos en que ha sido concebida, ella no satisface los requisitos propios de la vía recursiva intentada.
Nótese que la afirmación aludida no ha sido debidamente relacionada con denuncia alguna de violación o errónea aplicación de normas ni tampoco de absurdo en la apreciación de los hechos del caso.
Al respecto, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada al agravio que se expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (conf. causas A. 73.304, "Córdoba", sent. de 1-IV-2015; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; Q. 75.406, "Luchetti", resol. de 19-VIII-2020; entre muchas otras).
Para más, cabe advertir que en los mismos dichos de la recurrente se advierte que "...el régimen de regularización entonces vigente [...] permitía seguir discutiendo la deuda..." (fs. 246 vta.), circunstancia que torna aún más difícil vislumbrar en dónde radicaría el agravio esbozado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011; arts. 133, 135 y concs., t.o. 2004), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a Massalin Particulares S.A. para el período fiscal que es objeto de controversia, brindándose eventualmente tratamiento a los agravios que por la forma de decidir fueron desplazados por la Cámara (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 seg. párr., CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a los puntos I y III del voto del doctor Soria, pues considero que dichos fundamentos abastecen de manera suficiente la solución que se propicia para el caso.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos razonamientos fueron sustentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" y recientemente han sido reiterados por dicho Tribunal en autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Violini y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2021 14:57:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2021 21:11:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2021 23:47:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 07:40:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 09:06:0
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.