Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74494
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.494, "Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. y ots. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Recurso directo Tribunal de Apelación Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en instancia originaria, hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria deducida por la actora y -en consecuencia- dispuso la reducción a dos tercios del mínimo legal la multa aplicada por omisión de impuestos, confirmando en lo demás la resolución dictada el 20 de agosto de 2013 por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 113/121).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/139), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 141/142).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 146), acompañado el memorial de la demandada (v. presentación electrónica de fecha 21-XII-2016) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En instancia originaria, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria deducida por la actora, por lo que dispuso la reducción a dos tercios del mínimo legal la multa aplicada por omisión de impuestos.
En tal sentido, reconoció que la sanción del art. 61 del Código Fiscal (t.o. 2011) correspondía ser morigerada dado lo establecido en el segundo párrafo del art. 64 del mismo cuerpo normativo, que así lo prevé para los casos en que los contribuyentes prestasen conformidad a los ajustes dentro del plazo para contestar vista. Precisó que en autos no se encontraba controvertido dicho consentimiento, sin perjuicio de la falta de rectificación de las declaraciones juradas presentadas y de no haberse regularizado en su oportunidad el importe reconocido.
Pero en lo remanente, el a quo confirmó la resolución dictada el 20 de agosto de 2013 por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación.
Para así decidir, advirtió en primer lugar que si bien los recurrentes admitían haber configurado el elemento objetivo de la infracción contemplada en el art. 62 inc. "b" del Código Fiscal, negaban la concurrencia del subjetivo. Según ellos, la figura en cuestión requiere de dolo y en el caso planteado este estuvo ausente.
Contrariamente a lo sugerido, la Cámara concluyó que la defraudación fiscal del agente de recaudación no requiere de dolo sino de culpa y -por ende- desechó los cuestionamientos vertidos. En abono de su tesis, trajo a colación lo decidido por la Corte nacional en el caso "Tool Research S.A.I.C.", sentencia de 27-IV-2010 y la doctrina sentada por este Tribunal en las causas B. 52.728, "Capital Compañía Argentina de Seguros Generales", sentencia de 28-III-1995; B. 62.648, "Banco de La Pampa", sentencia de 30-IX-2009; B. 63.340, "Renault Argentina SA", sentencia de 27-V-2015; entre otras.
Seguidamente, consideró inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aunque -con cita de los precedentes registrados en Fallos: 316:1313 y 320:2271- añadió que la impunidad de una persona que ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merece sanción solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente.
Remarcó que los actores no ofrecieron prueba que demostrase las dificultades financieras por las que supuestamente habría atravesado la empresa, sino que se limitaron a relatarlas y a comentar que ellas culminaron con el inicio de un concurso preventivo, sin acreditar los extremos necesarios para tener por configurada la excusa intentada. En apoyo de este criterio, invocó la doctrina de las causas B. 48.200, "Buratovich", sentencia de 13-IV-1981; B. 48.453, "India", sentencia de 30-III-1982 y B. 63.340, ya citada.
Desestimó asimismo el argumento basado en la oportuna presentación de declaraciones juradas. Señaló en esa dirección que, con independencia de dicha circunstancia, la infracción descripta por el art. 62 inc. "b" del Código Fiscal consiste en el mantenimiento de los impuestos recaudados en poder de los agentes de percepción o retención, después de haber vencido los plazos fijados para su ingreso.
Rechazó que la conducta recién descripta pudiera ser encuadrada en la figura regulada por el art. 61 del Código Fiscal, que -dijo- aprehende un supuesto diferente ( i.e., la omisión de percibir o recaudar).
En lo atinente a la graduación de la multa establecida por la causal referida, recordó que la disposición determinativa y sancionatoria 3.861/12, confirmada por la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, tuvo en cuenta los días de demora en el pago (más de trescientos sesenta y cinco en todos los casos), la cantidad de incumplimientos verificados y la envergadura del giro comercial de la empresa, en consonancia con lo previsto en el art. 7 del decreto 326/97. Sobre esa base, aseguró que no quedó demostrada la irrazonabilidad del monto fijado, como tampoco la existencia de elementos que permitiesen modificar la solución adoptada.
Finalmente, con relación a la responsabilidad solidaria, apuntó que los actores no cuestionaron la constitucionalidad del art. 63 del Código Fiscal. Manifestó que esta norma no exige un requerimiento previo a la firma para poder hacer efectivo el reclamo a sus directores. Puntualizó que el planteo introducido se basaba en doctrina y jurisprudencia elaboradas en torno a la legislación nacional, que difiere sensiblemente de la provincial en este punto. Agregó que los interesados no acreditaron que la empresa los hubiera colocado en imposibilidad de cumplir con las obligaciones fiscales.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de las normas a las que se refiere, articulando distintas críticas contra la sentencia impugnada.
II.1. En primer lugar, asegura que el pronunciamiento atacado desconoció que si bien en el caso se verificó el elemento objetivo del tipo infraccional previsto en el art. 62 inc. "b" del Código Fiscal, no se configuró su aspecto subjetivo, en tanto no tuvo intención de engañar ni defraudar al Fisco provincial.
Afirma que la Cámara no analizó debidamente las dificultades financieras atravesadas por Industrias Argentinas Mendocinas S.A. (IAMSA), consistentes en un gravísimo estado de impotencia patrimonial, susceptible de ser caracterizado como cesación de pagos, que derivó en su presentación en concurso preventivo.
Subraya que lo que se debate en la especie es si resulta legítimo castigarla con una sanción de defraudación. No si la situación económica de la firma justifica o torna justo su incumplimiento, como parece haberlo entendido el tribunal a quo .
Con cita de lo dispuesto por el art. 65 del mismo plexo, arguye que "defraudar" supone urdir un engaño o maquinación para inducir al Fisco a error con respecto a la real situación tributaria del contribuyente. Plantea que, lejos de ello, la conducta de la compañía resultó en el caso absolutamente transparente, ya que las declaraciones juradas presentadas no son falsas ni exhiben contradicción alguna con los registros, las percepciones en cuestión fueron reconocidas, el ajuste se practicó sobre base cierta y los propios agentes fiscalizadores ponderaron la colaboración prestada.
Dice que en autos se encuentra probado que IAMSA se presentó en concurso preventivo el 25 de octubre de 2010 y que los períodos objeto del sumario se ubican en meses inmediatamente anteriores (enero a junio de dicho año), durante los cuales la situación de la firma resultó crítica.
Concluye que existen razones de peso, no controvertidas, que neutralizan la presunción de dolo contenida en el art. 62 inc. "b" del Código Fiscal y que, como IAMSA no actuó con ánimo de defraudación, la multa aplicada debe ser revocada y eliminada en su totalidad.
II.2. En subsidio, cuestiona que la Cámara haya confirmado la máxima sanción, impuesta en el 300% de las percepciones adeudadas.
Manifiesta que, al expedirse de esa manera, el tribunal desconoció groseramente la existencia de ciertas atenuantes previstas en el decreto 326/97, a saber: la falta de resistencia a la fiscalización, la colaboración activa con ella, la declaración espontánea de las percepciones no depositadas y la inexistencia de antecedentes y peligrosidad fiscal.
Reitera que IAMSA se encontraba afectada por una grave crisis económico-financiera que derivó en su presentación en concurso preventivo y que desde la primera oportunidad en el procedimiento administrativo (contestación de liquidación o "pre-vista") manifestó expresamente su voluntad de cancelar lo adeudado, solicitando que, de conformidad con la normativa vigente, se le brindara la posibilidad de acceder a un plan de pagos.
Se queja de que la Cámara haya fundado su decisión en un caso en el que -a diferencia del presente- no se impuso el máximo de la escala prevista; que no haya analizado las situaciones expuestas ni las normas señaladas (arts. 7, dec. 326/97 y 29, dec. ley 7.603/70); y que se haya limitado a manifestar que "...el actor no ha logrado demostrar la irrazonabilidad del monto establecido...", conclusión que tacha de arbitraria.
En función de las circunstancias invocadas y de los precedentes que cita, requiere que, de considerarse aplicable la multa por defraudación, su monto sea sustancialmente reducido.
II.3. Por otra parte, expone que no puede atribuírsele responsabilidad solidaria a los directores de IAMSA.
Con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales n° 19.550, argumenta que ninguna circunstancia revela en el particular una conducta del directorio lesiva del interés social, sino que, por el contrario, frente a la inminente cesación de pagos, sus integrantes se vieron obligados a respetar el principio de paridad de acreedores, suspendiendo, entre otros, el ingreso de las sumas percibidas para el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
Añade que, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria establecida en los arts. 21 y 24 del Código Fiscal, se requiere primero de un acto firme que declare el incumplimiento de la deudora principal y que transcurra el plazo fijado para el ingreso del monto intimado.
En abono de lo expuesto, cita la causa C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso", sentencia de 2-VII-2014.
Encuentra como algo revelador que la sentencia recurrida omita toda referencia concreta a las pruebas que servirían para achacar responsabilidad a cada uno de los directores en cuestión. Con invocación del principio de inocencia, se opone a la inversión de la carga probatoria pretendida por el organismo recaudador. Niega que el simple hecho de poseer un puesto en el directorio de una sociedad alcance para extenderle solidaridad al administrador.
Solicita que se deje sin efecto lo resuelto en ese sentido.
II.4. A continuación, indica que el pronunciamiento atacado desconoció la aplicación al caso de los arts. 62 inc. 5 y 63 del Código Penal, cuando establecen que la acción para perseguir hechos penados con multa prescribe por el plazo de dos años a computar desde el día en que se cometieron.
Traduce sus disposiciones al ámbito tributario local. En este sentido, sostiene que las normas nombradas rigen en la especie debido al carácter represivo que reviste la pena de multa y a la posición según la cual las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho penal especial, reflejada en los fallos que cita.
Por ende, rechaza que el plazo de prescripción de la deuda reclamada sea de cinco años, como se desprende del Código Fiscal, por interpretar que, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, la materia penal -que, considera, incluye la extinción de sanciones como las aquí debatidas- se encuentra regulada por el Congreso.
En sustento de su postura, menciona la jurisprudencia de la Corte federal a partir del caso "Filcrosa", recordando que ella fue replicada por este Tribunal provincial en la causa C. 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Escudero", sentencia de 14-VII-2010.
No admite que pueda alegarse el carácter civil de una sanción aplicada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con independencia de la finalidad de obtener el pago de una suma de dinero, por cuanto supone que tal circunstancia no modifica la naturaleza penal de la multa ni habilita un plazo de prescripción distinto del que surge del Código Penal.
En suma, considera arbitrario e ilegítimo el pronunciamiento recurrido en cuanto convalidó la pretensión fiscal de aplicar dicha sanción, desconociendo un instituto general del derecho como es la prescripción y, con ello, violando los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Consecuentemente, en este capítulo requiere que se reconozca que las acciones del Fisco se hallaban extinguidas.
III. En mi opinión el recurso prospera parcialmente, con el alcance que surge de las consideraciones que siguen.
III.1. En primer lugar, he de abordar los agravios relacionados con la supuesta prescripción de las acciones del Fisco para aplicar y exigir a la firma de autos -en su carácter de agente de percepción- y a sus directores, las multas del caso.
El planteo se sustenta en una extensión de la doctrina adoptada a partir del precedente "Filcrosa" de la Corte nacional (Fallos: 326:3899), según la cual la materia mencionada no se encontraría regida por el Código Fiscal, sino por la normativa de derecho común dictada por el Congreso, más específicamente por los arts. 62 inc. 5 y 63 del Código Penal, esto último debido a la naturaleza represiva de la sanción impuesta.
III.2. En respuesta a tal proposición, debo ante todo advertir que las cuestiones que de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria resultan ineficaces para habilitar esta vía recursiva, en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía (doctr. causas A. 70.071, "Frascona", sent. de 11-IV-2012; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 74.518, "Ciancio", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Eso es lo que sucede con los argumentos arriba sintetizados, toda vez que no se los incluyó oportunamente en el escrito de demanda (v. fs. 30/41) y, por ende, tampoco los analizó la Cámara al emitir el pronunciamiento atacado. Motivo por el cual no pueden ser abordados ahora sin riesgo de soslayar nociones elementales de debido proceso.
III.3. Al margen de lo anterior -que es suficiente para la desestimación- me permito acotar que, al reconocer las potestades autonómicas locales para legislar sobre el asunto (conf. mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018; reafirmado con argumentos adicionales en la causa A. 74.436, "Americold Logistics S.A.", sent. de 16-XII-2020; e.o.), he tenido oportunidad de señalar que no hay en el Código Fiscal disposición alguna que sustraiga de su campo de aplicación lo atinente a la prescripción de los poderes fiscales para aplicar y hacer efectivas multas por defraudación fiscal u omisión de tributos. Esto tampoco ocurre en el supuesto de los agentes de recaudación o quienes respondan solidariamente por ellos. Los arts. 157, 158 y 159 del Código Fiscal (t.o. 2011; semejantes a los arts. 131, 132 y 133, t.o. 2004) aprehenden sin distinciones el régimen de prescripción para todos los supuestos de punición regulados en dicho cuerpo normativo (conf. punto I.4.b., párrafo tercero, de mi voto en la causa A. 70.476, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mareque", sent. de 28-VIII-2021).
IV.1. Igual suerte adversa corre el planteo según el cual la infracción prevista en el art. 62 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2011) no se habría configurado en autos, por no haberse engañado o defraudado al Fisco.
Bajo la denominación "defraudación fiscal", el art. 62 de dicho cuerpo normativo y sus concordantes anteriores agrupan en dos incisos separados ilicitudes diferentes: en primer término, la norma sanciona a "quienes realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o, en general, cualquier maniobra consistente en ardid o engaño, cuya finalidad sea la de producir la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumben a ellos por deuda propia, o a terceros u otros sujetos responsables"; a continuación, lo hace también respecto de "los agentes de percepción o de retención que mantengan en su poder impuestos percibidos o retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos al Fisco".
Como lo ha entendido de manera reiterada este Tribunal, la singular figura de la defraudación del agente de recaudación -prevista en el inc. "b" de la norma- se configura con el mantenimiento del dinero fiscal en su poder luego de vencidos los plazos fijados para su depósito, sin que se requiera la concurrencia de maniobras ardidosas para lesionar al Fisco, como aquellas que son enunciadas en el inc. "a" del precepto citado (doctr. causas B. 52.728, "Capital Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.", sent. de 28-III-1995; B. 62.652 y B. 62.648, "Banco de La Pampa", sents. de 30-IX-2009; B. 64.162, "Alba Compañía Argentina de Seguros", sent. de 9-X-2013; entre muchas).
En otras palabras: independientemente del nombre escogido para tipificar la infracción, la ley le ha otorgado un distinto tratamiento a la figura de la defraudación de los contribuyentes o responsables en general y a la de los agentes de recaudación que no ingresan oportunamente las sumas retenidas o percibidas en cumplimiento de su deber, cuestión esta que, por pertenecer al ámbito de la política legislativa, resulta ajena a las facultades de indagación del Tribunal (doctr. causas B. 48.456, "Prato de Palermo", sent. de 2-XI-1982, en DJBA, t. 124, p. 197; B. 48.811, "Savia", sent. de 23-XI-1982, en DJBA, t. 125, p. 1), salvo supuestos de falta de razonabilidad que en la especie no se denuncian (conf. causa B. 50.412, "Banco Platense", sent. de 15-X-1991, e.o.). Por lo tanto, deviene irrelevante la ausencia de intención de defraudar al Fisco alegada por la parte actora (doctr. causa B. 54.060, "SADE S.A.C.C.I.", sent. de 13-IX-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-III, 678). La norma aquí discutida no requiere la presencia de ese elemento específico (conf. CSJN Fallos: 303:1548), lo que no significa que el incumplimiento del deber que motiva la imposición de la sanción, consistente en depositar los importes percibidos o retenidos en el carácter de agente de recaudación dentro del término correspondiente, no deba serle subjetivamente atribuible a quien reviste dicha calidad (conf. CSJN Fallos: 271:297; e.o.).
IV.2. En la especie la actora admite que no ingresó al Fisco los fondos recaudados como agente de percepción, pero argumenta que durante los períodos objeto del sumario (enero a junio de 2010) la situación financiera de IAMSA era crítica y que por ello debió presentarse en concurso preventivo poco tiempo después (más precisamente, el 25 de octubre de 2010), todo lo cual demostraría la ausencia de la intención necesaria para reputar configurada la infracción debatida.
La mera alegación de dificultades financieras como las indicadas no alcanza para desvirtuar los fundamentos expuestos en el acto cuya anulación se persigue, ni los plasmados en la sentencia de la Cámara interviniente. En lo que aquí interesa, la Sala III de
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