Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74446
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.446, "Carignani, Marcelo Alberto contra Honorable Tribunal de Cuentas. Recurso Directo Tribunal de Cuentas. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de San Nicolás, por mayoría, rechazó la acción interpuesta por el actor y confirmó, en consecuencia, la resolución 595/13 del Tribunal de Cuentas que impone al ex intendente de la Municipalidad de San Nicolás, cargos deudores por las sumas de $4.161,72 y $77.755,61, por incumplimiento a lo normado por el art. 245, y aplicación de los arts. 241 y 244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Impuso las costas en el orden causado (conf. art. 51 apdo. 1, CCA -texto según ley 14.437-) (v. fs. 119/134).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 140/145), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 147/148.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 156), agregado el memorial de la demandada a fs. 171/176 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de San Nicolás, por mayoría, rechazó la acción interpuesta por el actor, y confirmó en consecuencia la resolución 595/13 del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) que impone al ex intendente de la Municipalidad de San Nicolás, cargos deudores por las sumas de $4.161,72 y $77.755,61, por incumplimiento a lo normado por el art. 245, y por aplicación de los arts. 224 y 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
I.1. Para así decidir, señaló que la resolución sancionatoria emitida por el HTC se sustentó en que, en dos supuestos fácticos similares, se produjo la falta de envío -por el actor- de los antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, estando excluido del debate que las consecuencias de ello son las dispuestas por los arts. 224 y 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Indicó que tampoco estaban cuestionadas en autos las observaciones efectuadas por la División Relatora que dieran sustento a la decisión del HTC.
Evocó que la referida División Relatora (al analizar el recurso de revisión) señaló "que en la presente ocasión no se ha recibido respuesta por parte del Sr. Intendente municipal sobre el particular y dado que nada se agrega a lo que se adujera oportunamente, esta Relatoría sostiene la decisión adoptada", la que no debería ser modificada.
I.2. Respecto de la vulneración de la autonomía municipal, reseñó que no resultaba atendible el agravio, toda vez que el hecho de que las comunas dicten sus propias normas, las que resultan de su aplicación, no podía implicar que queden exentas de respetar el plexo normativo aplicable -ref. Ley Orgánica de las Municipalidades-, ni el control que sobre ellas recaiga.
Agregó que, el planteo actoral resulta insuficiente para atender la tacha de constitucionalidad de la actuación del HTC, toda vez que no indicó ni demostró en que se fundaría el achaque, por cuanto no se había atacado el modo en que el art. 159 de la Constitución bonaerense atentaría contra la autonomía de los municipios.
Sostuvo que esta Suprema Corte admitió la intervención del HTC, dentro de los límites que se señalan en las causas "Roig" y "Bernini"; y entendió que no se advertía extralimitación del organismo en las atribuciones encomendadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica del HTC.
I.3. Respecto de los agravios enderezados a sostener la inaplicabilidad del art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sostuvo en primer lugar que el "daño generado a un tercero" (requerido como presupuesto por la norma), surge del hecho de que la comuna fue condenada judicialmente a efectuar esos pagos, motivo por el cual se emitieron las órdenes y se efectuaron los respectivos egresos.
En segundo término, y en relación a la alegada falta de un "acto personal" (2do. requisito de la norma), indicó que los actos administrativos que dieron origen a las posteriores decisiones judiciales de condena, fueron decisiones tomadas por el accionante (quien se desempañaba como intendente).
No obstante lo expuesto, indicó que la decisión del HTC no se vinculaba con tales pagos, sino con la falta de acreditación de la promoción de las acciones de regreso de lo pagado en el marco de esos procesos judiciales.
I.4. En cuanto a que de haberse dado cumplimiento a las acciones de regreso el actor habría declarado en contra de sí, violentándose la normativa constitucional, consideró que ello tampoco resultaba de recibo, en tanto no se debía confundir el hecho de que la comuna promueva los procedimientos y procesos inherentes a la acción de regreso, con su falta de promoción en virtud de las personas contra las que podría decidirse (intendente); añadiendo que tales acciones deben realizarse con respeto de los derechos y garantías constitucionales.
Reiteró que el objeto de autos es la sanción dispuesta por el HTC ante la ausencia de acreditación de lo dispuesto en el art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -acciones de regreso- y no la revisión de los antecedentes del dictado de los actos administrativos que originaran -a la postre- la sentencias condenatorias, que permitan determinar la legitimidad del egreso.
Indicó que de las constancias no se advierte que el HTC actuase con ilegitimidad, puesto que el actor no demostró ni argumentó suficientemente los motivos por los cuales habría procedido de la forma denunciada, y tampoco brinda argumentos que justifiquen la omisión en la que incurrió al no promover las acciones de regreso.
En esa inteligencia citó la doctrina de esta Suprema Corte emergente de las causas B. 54.065, "Bravo Almonacid", sentencia de 11-X-1995; B. 56.824, "Brown", sentencia de 14-VII-2010 y B. 57.974 "Pais, Silvia", sentencia de 10-XII-2014.
Advirtió, entonces, que debía rechazarse por insuficiente la defensa de la parte actora encaminada a anular la decisión administrativa, destacando que -en muchos pasajes- el funcionario interviniente reconoció los hechos que dieron base a la acusación y se limitó a discrepar con el criterio de evaluación del ente de control, lo que consideró insuficiente a efectos de demostrar la ilegitimidad o errónea aplicación de la ley.
Apuntó que la parte actora no alegó el cumplimiento de la manda del art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sino que se explayó sobre consideraciones tendientes a justificar las decisiones administrativas (vinculadas con la relación de empleo público de los funcionarios Navarro y Farrando), que ya fueron objeto de análisis en las respectivas pretensiones judiciales instadas por los agentes, las que culminaron con sendas condenas económicas al Municipio. Indicó que, tras el cumplimiento de esas sentencias, nació la obligación para el funcionario responsable, que le fue requerida por el órgano de control, de presentar la documentación que acredite el cumplimiento del mandato del art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -ref. inicio de las acciones de regreso-.
Consideró que tras no haber presentado la documentación en el expediente administrativo ni en autos, quedaba sellada la suerte adversa del requirente, en tanto el objeto de este litigio no se correspondía con la legitimidad o no del acto que decretó el cese de los empleados municipales mencionados (que diera origen a las sentencias condenatorias contra el municipio), por lo que el replanteo actoral de ese debate ya concluido no era admisible.
Señaló que lo que se debate en autos es la transgresión a la disposición reglamentaria referida a lo que el funcionario imputado debió hacer.
Sostuvo que: "Cuando el Estado hubiera indemnizado directamente a las víctimas, puede -y debe- exigir al agente la responsabilidad en que hubiere incurrido por dolo, culpa o negligencia, previa instrucción del procedimiento que se establezca.- Si el fin con el que cumple la responsabilidad patrimonial de los agentes públicos es el de servir de instrumento fundamental para el buen funcionamiento del servicio, no se entendería que el municipio no ejerciera la acción de regreso contra los funcionarios. Pues si buscando la mayor cobertura del ciudadano resulta aplicable un sistema de responsabilidad directa de la municipalidad, ello debe llevar a que en aquellos casos en que el daño se produjo a consecuencia de un obrar negligente de su personal, no siga siendo el municipio el que haga definitivamente frente al resarcimiento [...]".
"...Para que la municipalidad pueda ejercer la acción de regreso frente al agente, debe previamente haber resarcido al particular, por una conducta negligente, culposa o dolosa de aquél. [...].
Cuando el agente llega a juicio [...] la repetición cabe como ejecución de sentencia, pero si el funcionario no intervino en el juicio civil, deberá instruirse el correspondiente procedimiento administrativo, en este caso un sumario de responsabilidad patrimonial" [Hutchinson, Tomás; "Responsabilidad del agente municipal", Revista de Derecho Público, 2005-1, Derecho municipal (segunda parte), Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe-Buenos Aires, páginas 293/294].
Concluyó que, en consecuencia, por aplicación de los art. 224 y 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la responsabilidad del actor resulta personal, en tanto éste no acreditó haber dispuesto el inicio de la promoción de las acciones de regreso que correspondiesen; e indicó que resultaba prematuro afirmar -como lo sostiene- que hacerlo implicaría una declaración en contra de sí.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia errónea aplicación del art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Para ello aduce que el Tribunal de Cuentas lo sancionó por la falta de antecedentes que acrediten el inicio de las acciones de regreso, cuando de la norma surge que dicha exigencia en el caso, y a fin de eximir al actor de responsabilidad, resulta un hecho procesal de imposible cumplimiento porque la misma persona no puede demandarse a sí mismo, ni puede cubrir ambas calidades de requirente y requerido.
Alega que la acción de regreso supone que quienes han cumplido una obligación de la cual otro debía responder, puede ejercerla contra este último; y señala que la ley no prevé otra alternativa que se aplique a este supuesto.
Sostiene que no se omitió acompañar documentación respaldatoria que justifique esas erogaciones, ya que simplemente se cumplió con una orden judicial.
Afirma que el HTC aplica erróneamente el artículo en cuestión, toda vez que no hay daño a un tercero, sino que se perdió un juicio que venía a consecuencia de una decisión política tomada por el entonces intendente, resultando la sanción un exceso de control.
Manifiesta que resulta irrazonable la interpretación que efectúa el HTC de la norma, en tanto entiende que quedará a salvo del cargo (sanción) iniciando actuaciones que suponen acusar a otro funcionario. Indica que no resulta lógico que no se le aplique sanción alguna por el solo hecho de cubrir un requerimiento del HTC (envío de antecedentes).
Señala que la acción regresiva se usa para los casos en que se busca repetir lo pagado contra el responsable por ejemplo de un accidente de tránsito o una multa (acto personal). Aduce que en el particular hay una cuestión de incumbencia, en tanto se trata de una decisión política que derivó en erogaciones, sin causar perjuicio al erario público y que, en última instancia, debió ser objeto de un juicio político, atento que no se trató de un acto personal por el que se debe responder.
II.1. Denuncia violado el principio de razonabilidad. Para ello aduce que la norma está enmarcada en el sistema de responsabilidad objetiva, lo que colisiona con dicho principio al desconocer la necesidad de intencionalidad, y una estricta relación entre la sanción y el perjuicio causado.
Sostiene que no cabe sanción sin culpabilidad, y que lo contrario vulnera la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad de las personas.
Aduce que la sanción debe aplicarse dentro de los límites de las facultades atribuidas, cumpliendo y no desnaturalizando la finalidad para la cual fue acordada la competencia al HTC, debiendo mantener la proporción entre los medios y fines.
III. El recurso prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes de la causa, el particular bajo análisis se vincula con el proceder del señor Marcelo Carignani quien, ejerciendo el cargo de Intendente municipal de San Nicolás, dispuso el libramiento de órdenes de pago en función de dos sentencias condenatorias.
El cuestionamiento efectuado por el Tribunal de Cuentas al entonces jefe comunal reside en la ausencia de iniciación del sumario de responsabilidad del agente que produjo el daño resarcido, a los fines de la aplicación del art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, circunstancias que el actor tampoco ha controvertido.
Ahora bien, corresponde indicar que las disposiciones contables que regulan la actuación económica financiera de las comunas tienden a procurar la corrección en el manejo e inversión del dinero público, cuyo destino se haya específicamente determinado en la ley y en las ordenanzas que fijan el presupuesto de gasto de cada comuna.
La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el principio de la responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241).
El art. 242 dispone que el citado principio de responsabilidad asume las forma política, civil, penal y administrativa. Respecto de esta última, concerniente a la actividad económica de los municipios y la preservación de sus patrimonios, corresponde sea determinada y graduada por el Tribunal de Cuentas.
Este tipo de inconducta se deriva del hecho de la inobservancia de las disposiciones legales o del incumplimiento de los deberes que compete a cada servidor público en razón de sus respectivas funciones, con prescindencia de que de tal transgresión se haya derivado un perjuicio económico al erario municipal. La consecuencia de la determinación de esta responsabilidad es la aplicación de las sanciones establecidas en el art. 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, algunas de naturaleza correctiva y otras de naturaleza pecuniaria, tal la multa y el cargo, el que cuando equivale a la totalidad de los montos en juego (tal como autoriza el art. 243), alcanza naturaleza reparatoria del perjuicio, por lo que, su aplicación supone no ya la presunción de un perjuicio, sino la certeza de su existencia.
El art. 244 establece que todo acto de inversión de fondos públicos ejecutados al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas lleva implícita la presunción del perjuicio, correspondiendo al funcionario aportar las pruebas en contrario.
En el caso, el Tribunal de Cuentas formuló cargo pecuniario por el importe abonado en ambos juicios, no con fundamento en la falta de sustento normativo o autorización legal para formular el pago en cuestión, sino por la omisión -luego del desembolso- en la iniciación del juicio de responsabilidad respecto del agente municipal causante del daño.
Efectivamente, no se dio cumplimiento al requerimiento de adjunción de las actuaciones administrativas relativas a la investigación acerca de la responsabilidad del agente que protagonizó el hecho dañoso, así como de las gestiones tendientes al recupero de la suma que debió oblar la Municipalidad, en caso de corresponder (esto es si se cumplen los presupuestos por los que se activa la responsabilidad personal del agente).
A juzgar por lo manifestado por el recurrente, ello fue en razón de entender que no se daba el supuesto contemplado en el art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en tanto el evento dañoso no fue producto de un acto personal, sino de servicio.
La norma citada dispone: "Cuando la Municipalidad fuere condenada en juicio a pagar daños causados a terceros por actos personales de sus funcionarios, accionará regresivamente contraéstos a los efectos del resarcimiento. Si dicha acción no hubiera sido iniciada, el Tribunal de Cuentas, al pronunciarse sobre la rendición que contenga el pago, decidirá si el resarcimiento procede y fijará su monto obligando a los funcionarios" (el resaltado me pertenece).
Asimismo, el art. 241 establece "Esta ley establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos. Con arreglo al mismo, todo funcionario o empleado que desempeñe mandato conferido políticamente o cumpla funciones administrativas, estará obligado a resarcir a la comuna o a terceros los daños y perjuicios emergentes de sus actos personales, pero no contraerá responsabilidad alguna por sus actos de servicio. Considérase actos de servicio los que el funcionario o empleado debe ejecutar en obediencia a las leyes, ordenanzas, reglamentos y estatutos del régimen municipal y actos personales los que realice en infracción a las disposiciones de esos instrumentos administrativos" (lo subrayado me pertenece).
La cuestión a dilucidar en el pleito es si la conducta incurrida por el ex Intendente municipal genera su obligación de responder por el importe abonado.
Ello conduce necesariamente a analizar los argumentos del demandante en el sentido de que consideró innecesario tal tramitación en atención a que no se trató de un acto personal sino de una decisión política.
Creo necesario recordar que, tanto en la causa "Navarro Eduardo Alejandro c/ Municipalidad de San Nicolás de Los Arroyos s/ Pretensión Anulatoria", n° 690/2009, como en la causa "Farrando Beatriz Susana c/ Municipalidad de San Nicolas s/ Pretensión Anulatoria e Indemnizatoria", n° 528/2009, ambas de trámite ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso administrativa con asiento en la ciudad de San Nicolás (en las que se juzgara la legitimidad de los actos que dispusieran el apartamiento de los agentes), se confirmó la nulidad de los mismos, encontrándose firmes los respectivos pronunciamientos. Allí luego de analizarse la potestad anulatoria y revocatoria de la Administración, se concluyó en la existencia de vicios en la motivación de ambos actos, por no haberse acreditado la falta de idoneidad en los agentes a efectos de disponer la revocación oficiosa de sus designaciones, que si bien no fueron por concurso o procedimiento especial de selección, ni según categoría escalafonaria, resultaron mediante otra forma de ingreso distinta a la del principio general -que indica por la categoría correspondiente al grado inferior a la clase inicial de cada agrupamiento-, y el ingresante acredito capacidad potencial o capacitación suficiente para la cobertura de la misma.
En ese contexto, el Tribunal de Alzada considera que la condición de firmeza alcanzada impide reeditar la cuestión, y por ello considera que no sería viable la defensa intentada por el ex intendente para legitimar los actos administrativos que terminaron anulados.
Ahora bien, considero que yer
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.