Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Recurso directo Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por mayoría, la pretensión anulatoria entablada (v. fs. 254/269 y vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/287 vta.), mas sólo este último fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 289 y vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 292), glosado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 293/303) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El tribunal a quo rechazó la pretensión a través de la cual la actora requiriera que se dejen sin efecto las resoluciones dictadas con fecha 27 de marzo de 2014, 3 de febrero de 2015 y 9 de abril de 2015 por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires.
Reseñó que, de los antecedentes administrativos (expediente n° 2306-114984/04), se advirtieron dos causales de ajuste impositivo: a) el incorrecto encuadre de la actividad (y diferencia de alícuota en los códigos NAIIB n° 402001 -3,5%- y 402002 -3,4%-); y b) la omisión de aplicar el incremento del treinta por ciento previsto en el art. 36 de la ley 12.727.
Destacó que la resolución de inicio del procedimiento administrativo y sumarial n° 508/04, de 30 de noviembre de 2004, aceptó los ajustes propuestos por la inspección y declaró iniciado el de determinación de oficio, corriendo vista al contribuyente y a los declarados responsables solidarios.
Continuó diciendo que, presentados los descargos por la empresa y sus administradores, el 29 de julio de 2005 la autoridad fiscal dictó la resolución 331/05, que desestimó los planteos efectuados, determinó las obligaciones fiscales del contribuyente, aplicó multa y estableció la responsabilidad solidaria de los directores.
Puntualizó que la entonces Dirección de Rentas, mediante la decisión antes citada, determinó las obligaciones fiscales de la coactora en el impuesto sobre los ingresos brutos por el ejercicio de las siguientes actividades: "Distribución de Gas Natural - Ley 11.244" (NAIIB n° 402002); "Fabricación de Gas y Distribución de Combustibles Gaseosos por tuberías" (NAIIB n° 402001); "Servicios de Crédito para financiar otras actividades económicas" (NAIIB n° 659810); y "Construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, gas, etc." (NAIIB n° 452400), por el período fiscal 2003 (abril a agosto); ascendiendo el monto del déficit a la suma de $1.791.895,25 con más los accesorios establecidos en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2004) y concordantes de años anteriores, calculados a la fecha de su efectivo pago (conf. arts. 3 y 4, resol. 331/05).
Remarcó también que, como consecuencia de ello, se le aplicó una multa equivalente al diez por ciento del monto dejado de ingresar, de conformidad con el art. 53 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 5, resol. 331/05).
Señaló que el 27 de marzo de 2014, el Tribunal Fiscal de Apelación hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por Gas Natural Ban S.A. y los declarados responsables solidarios (v. fs. 1.095/1.107, expte. admin.) contra la disposición 331/05, ordenándole a la demandada realizar una nueva liquidación del tributo detrayendo el aumento del art. 36 de la ley 12.727 del código NAIIB n° 402002, aunque confirmando en todo lo demás el acto en cuestión.
Refirió que el 3 de febrero de 2015 el mismo órgano de revisión aprobó la liquidación confeccionada por la autoridad tributaria (v. fs. 1.149, expte. admin.) y que el 9 de abril del mismo año rechazó el recurso de reposición deducido.
I.2.a. La Cámara sostuvo que no se encontraba controvertido que el aumento en la alícuota del treinta por ciento dispuesto por el art. 36 de la ley 12.727, no aplicaba a la actividad de "Distribución de Gas Natural" (código NAIIB n° 402002) y que ello surgía, en el caso, de la resolución del Tribunal Fiscal de 27 de marzo de 2014, en cuanto resolvió los agravios introducidos en el recurso administrativo y le ordenó al Fisco realizar una nueva liquidación del tributo excluyendo el mencionado incremento. Y que luego la resolución de 3 de febrero de 2015 aprobó la presentada, que no incluía la adición para la aludida actividad.
Consideró que el monto discutido por la contribuyente no obedecía a la aplicación del acrecentamiento general del treinta por ciento dispuesto por la ley 12.727 -cuya ilegalidad era lo que efectivamente denunció y sobre lo que finalmente se impuso-, sino que en rigor se originaba por el reencuadre de actividades practicado por el organismo recaudador, aspecto que conllevó un aumento de las alícuotas aplicables traduciéndose en una diferencia a favor del Fisco. Sin embargo, reputó que esta cuestión no fue materia de agravio por ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 260/261).
Siendo así, concluyó que las resoluciones de este último se ajustaron a lo normado por las leyes 23.966 y 11.244, las resoluciones de la Comisión Federal de Impuestos y jurisprudencia de la Corte Suprema nacional sobre el punto.
I.2.b. Por otra parte, el Tribunal de Alzada desestimó la demanda con relación a la multa por omisión que fuere aplicada, la cual la resolución del Tribunal Fiscal de 27 de marzo de 2014 tuvo por configurada.
Rechazó también el pedido de inconstitucionalidad de los intereses convalidados por la decisión cuestionada.
I.2.c. Finalmente, por mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria fijado en el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004), formulado por los directores Antoni Peris Mingot, Patricia Canabal y Sergio Tarallo, respecto de la multa aplicada a la empresa.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la sociedad actora denuncia que la sentencia impugnada se apartó sin razón o fundamentación alguna tanto de la ley provincial 12.576, como de las leyes nacionales 23.548, 23.966 y 24.076.
Esgrime que la cuestión discutida no pasa por el encuadramiento de la actividad desarrollada, sino por el hecho de que con la liquidación practicada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) -convalidada por el Tribunal Fiscal de Apelación-, se violó lo establecido por los arts. 12 de la ley 12.576 y 22 de la ley 23.966, en tanto se gravaron los ingresos derivados de la prestación del servicio público a su cargo con una alícuota que excede del 3,4%, límite máximo allí establecido para la actividad de distribución de gas natural.
Sostiene que, para la Cámara, el tope fijado por el art. 22 (ex art. 21) de la ley 23.966 es del 3,5%, por lo que estima necesario insistir en lo sostenido desde su primera presentación. Esto es, que dicho valor estaba previsto para las etapas de producción y distribución de gas natural en conjunto, tal como lo habría entendido el legislador provincial al sancionar la ley 12.576, a través de la cual se gravó la primera actividad mencionada a la alícuota del 0,1% y la restante, al 3,4%.
Afirma que la ley 12.727 incrementó la alícuota aplicable en un treinta por ciento, llevando la prevista para distribución de gas natural al 4,42% y la correspondiente a producción de gas al 0,13%. Expresa que ello fue, precisamente, lo discutido y criticado ante todas las instancias provinciales y federales hasta obtener resoluciones favorables de la Comisión Federal de Impuestos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostiene que, si antes de la sanción de la ley 12.727 la distribución de gas natural estaba gravada al 3,4%, al dejarse sin efecto el aumento señalado no puede aquella tener que tributar al 3,5%.
Aduce que convalidar la exigencia de esa diferencia de 0,1% entre un valor y otro, tal como acontece en autos, violenta el art. 22 (ex art. 21) de la ley 23.966 e implica desconocer las resoluciones 333/05 y 112/06, dictadas por la Comisión Federal de Impuestos y confirmadas por la Corte nacional (conf. Fallos: 336:734), que resultan de cumplimiento obligatorio para la Provincia de Buenos Aires, por así derivarse de los arts. 12 y 13 de la ley 23.548 y del régimen de coparticipación al que ella adhirió mediante la ley 11.244.
Entiende entonces que la sentencia de la Cámara incurre en el vicio contemplado en el art. 279, acápites 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto se resolvió la cuestión sometida a consideración violando o desconociendo las leyes 12.576, 23.548 y 23.966 aplicables al caso.
A su vez, sostiene que la afirmación según la cual no se presentaron agravios contra el encuadre de actividades formulado por la autoridad tributaria se aparta de los hechos y circunstancias de la causa.
Reconoce que en principio estas cuestiones son ajenas al remedio extraordinario intentado, pero considera que la sentencia incurre en arbitrariedad manifiesta y que por ende esta Corte debe necesariamente ingresar en ellas. En esa línea, transcribe fragmentos de la liquidación original practicada por la autoridad tributaria y de la aprobada por el Tribunal Fiscal de Apelación, para destacar que los ingresos por distribución de gas declarados bajo el código NAIIB n° 402002 fueron excluidos de éste y asignados al n° 402001 con la sola finalidad -asegura- de poder aplicar la alícuota incrementada por el art. 36 de la ley 12.727 sin violar el art. 22 de la ley 23.966, negando haber consentido el ajuste en discusión.
Alega asimismo desconocimiento del marco regulatorio del servicio público respectivo, con grave y directa afectación en su prestación. Menciona que durante años la tarifa no fue modificada por la autoridad nacional y considera que convalidar el pronunciamiento atacado implicaría discriminación en su perjuicio, por cuanto los demás distribuidores de gas natural se encuentran sometidos a una alícuota inferior a la aquí establecida.
En cuanto a la multa impuesta, señala que ella resulta improcedente por inexistencia de materialidad ilícita y falta de factores subjetivos de atribución de responsabilidad tales como culpa o dolo, los que considera necesarios en razón de la naturaleza penal que revestiría la infracción tributaria atribuida. Puntualiza que la sanción en cuestión es producto del desconocimiento de la normativa aplicable y que su confirmación por la Cámara interviniente constituye una manifiesta violación del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo, garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional.
Mantiene la reserva del caso federal.
III. El art. 31 bis de la ley 5.827 autoriza a esta Suprema Corte a rechazar, en cualquier estado del trámite y con su sola invocación, los recursos extraordinarios insuficientemente fundados o que planteen agravios desestimados en otros casos análogos.
Concurren aquí ambos extremos.
III.1. Advierto que en la causa A. 75.010, "Gas Natural Ban S.A.", sentencia de 6 de noviembre de 2019, de similar configuración a la presente, el Tribunal desestimó la impugnación dirigida contra la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación confirmada por la Cámara, que en su oportunidad tuvo por aprobada la liquidación presentada por el Fisco para sus ingresos por actividades ligadas a la distribución de gas, en el impuesto sobre los ingresos brutos.
Más allá del acierto o error de lo actuado por la ARBA en la etapa de cumplimiento de aquella decisión en sede fiscal -trasladando ingresos de un código a otro-, de las consecuencias que quepan extraerse del remedio allí intentado -que el Tribunal Fiscal estimó inadmisible-, o de la falta de presentación a la audiencia solicitada por la propia actora para alegar sobre el supuesto desacierto, la pieza exhibe insuficiencia.
El razonamiento de la Cámara, criticado por considerar como algo no controvertido el encasillamiento realizado por la autoridad tributaria (en lo que aquí interesa, en los códigos NAIIB n° 402001 y/o 402002) entre los cuales esta última luego distribuyó las bases imponibles, trata de una típica cuestión de hecho que -como regla- se encuentra excluida del control casatorio salvo, claro está, en los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (doctr. causa A. 73.693, "C., C. R." sent. de 21-VI-2018; e. o.).
La recurrente omite plantear su crítica en tales términos, déficit que afecta la suerte de su intento (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019).
Si bien despliega su argumento a partir de la doctrina de la arbitrariedad, cabe tener en cuenta que la invalidación sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su planteo no puede tener por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas (CSJN Fallos: 338:623), ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133, 717 y 339:1066; doctr. causa A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; e. o.). Algo que en autos no puede tenerse por configurado.
III.2. En cuanto a la alegada inobservancia del marco normativo federal que fijó topes para las alícuotas con las que la Provincia podía gravar las actividades vinculadas con la producción y distribución de gas natural, en razón de la forma en la que decidió el a quo a partir de un código de actividad que -subrayó- no se encontraba alcanzado por límite alguno, cualquier referencia a la aplicabilidad de tales leyes no es más que una argumentación en paralelo que se desentiende de las afirmaciones que sustentan la sentencia impugnada, algo inefectivo a los fines del recurso extraordinario (doctr. causas A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A.", sent. de 24-IV-2019; e. o.).
III.3. Corresponde asimismo señalar que el reproche atinente a la multa impuesta evidencia insuficiencia, en tanto no ha sido fundado en violación de ley ni doctrina legal, sino que consiste en una genérica alegación de inexistencia de materialidad ilícita y de factores subjetivos de atribución de la responsabilidad (doctr. causa A. 73.696, "Katz Jora", sent. de 29-VIII-2017 y sus citas; e. o.).
III.4. Tampoco puede admitirse la manifestación de la recurrente según la cual la confirmación de la sanción en cuestión violentaría el derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional, pues es doctrina del Tribunal que no resulta adecuada la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando ella queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común o local (doctr. causas C. 121.244, "Casanova", sent. de 6-XII-2017; C. 120.866, "Carranza", sent. de 9-VIII-2017 y C. 120.566, "AFIP-DGI", sent. de 14-XII-2016), como ha sucedido en el caso.
IV. Por los fundamentos expuestos aquí y en la causa A. 75.010, citada supra , de análoga configuración a la presente, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que inicia el acuerdo, en tanto propone el rechazo del recurso bajo tratamiento con sustento en lo establecido en el art. 31 bis de la ley 5.827.
Si bien no participé de la causa citada como sustancialmente análoga (ref. A. 75.010), un riguroso análisis de la misma me lleva a compartir lo allí resuelto y su aplicabilidad al supuesto de autos.
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, y doy el mío también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta efectuada por el señor Juez doctor Soria, toda vez que -como se señala- corresponde disponer la denegatoria recursiva con sustento en lo establecido en el art. 31 bis de la ley 5.827.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2021 15:16:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2021 08:29:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2021 23:27:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:00:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 12:33:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia