Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto. Con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
A.74.494 “INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS S.A Y OTS. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ RECURSO DIRECTO TRIBUNAL DE APELACION FISCAL (411) --RECURSO EXTRAORDNARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY—“
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria dijeron:
I. El apoderado de Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia impugnada, únicamente en cuanto confirmó la responsabilidad solidaria establecida en cabeza de los señores NorbertoÁlvaro Oliba, Camilo Eduardo Carballo, Rodolfo Héctor Roccatagliata y Roberto Luis Lamm (v. presentación electrónica de fecha 11-VIII-2022 y sentencia de fecha 12-VII-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, defensa en juicio, propiedad, debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y autonomía provincial (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 75 inc. 12, 121, 122 y 123, Const. nac.; v. presentación electrónica de fecha 11-VIII-2022, cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, revocó parcialmente la decisión de la Cámara de Apelaciones desarrollando afirmaciones dogmáticas y ritualistas. En sustento de su postura cita numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 321:441; 324:920; 306:879; 311:2077; e.o.).
Aduce, además, que la decisión atacada resulta contradictoria en tanto reconoce la autonomía de la normativa local y establece su similitud con la legislación nacional. Agrega que la comparación efectuada en la sentencia entre las regulaciones correspondientes a los órdenes nacional y provincial quebranta una doble prohibición, derivada del principio de autonomía legislativa provincial y de la falta de vigencia del texto de la ley nacional referenciado al momento de la emisión de los títulos ejecutados en el proceso.
Por otro lado, arguye que es erróneo ponderar que el régimen provincial es más gravoso que el nacional. Expone que, a pesar de no contar con el plazo de 15 días y la previa intimación a la sociedad que fija esta última, el ordenamiento local establece que el responsable solidario puede exculparse, demostrando que el incumplimiento no le es imputable por mediar un demostrado supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.
Concluye que las diferencias entre ambas normativas son insignificantes y no modifican -según su modo de ver- la esencia del incumplimiento de los impuestos, ante cuya falta de pago extienden la responsabilidad a los deudores solidarios. Y señala que los demandantes no acreditaron la imposibilidad de cumplir por culpa de los sujetos pasivos de los gravámenes, tal como manda el Código Fiscal provincial.
II.3. Afirma, también, que si bien las cuestiones de derecho común no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona los derechos constitucionales invocados por el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y propiedad.
II.4. Denuncia que el caso constituye un supuesto de gravedad institucional en tanto lo resuelto no sólo es de interés de la parte, sino también de la comunidad, al afectar la recaudación de las rentas públicas y alimentar el flagelo de la evasión impositiva.
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 12-VIII-2022 y notificación electrónica de fecha 16-VIII-2022), la actora no contestó el remedio federal interpuesto por su contraparte.
IV.1. A los fines de resolver, ante todo cabe tener presente que en el caso, donde se cuestionó la validez de ciertos artículos del Código Fiscal bajo la pretensión de ser repugnantes a la Constitución nacional, la sentencia de este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la normativa local, lo que conduce a descartar la configuración de una cuestión federal típica ante la ausencia de una decisión en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia y en contra de la supremacía de aquella otra (arg. art. 14, inc. 2°, ley 48; CSJN Fallos: 285:322; 287:73; 300:474, 866; 301:478; 302:998; 308:441; 311:96, 955; 312:2340; 313:714; 318:1357; 327:5747, 5794 y 5799; 331:2223; conf. doctr. causas A. 72.776, "Casón", resol. de fecha 16-V-2022 y A. 71.078, "Fisco c/ Insaurralde", resol. de fecha 16-V-2022).
IV.2. Por otro lado, debe señalarse que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal y público local son ajenas, por regla y naturaleza, al recurso federal. En estos supuestos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335; e. o.).
En el presente, no se advierte que la pieza recursiva satisfaga dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.3. En lo atinente a la arbitrariedad —que la recurrente basa en las causales de dogmatismo, exceso ritual, autocontradicción, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa—, tampoco se observan argumentos que sean suficientes, en principio, para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde considerar que, según lo tiene dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; e. o.). Asimismo, dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para declarar procedente el remedio de inaplicabilidad de ley deducido por los ejecutados y, en consecuencia, resolver la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal.
IV.4. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (en el caso, principio de razonabilidad, derechos de defensa en juicio, propiedad, debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y la autonomía legislativa; arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 75 inc. 12, 121, 122 y 123, Const. nac.), así como la mención de fallos del máximo Tribunal nacional, no abastecen el remedio intentado. Ello así, pues dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas C. 120.432, "Martínez", resol. de 14-XII-2016; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; e.o.).
IV.5. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional.
Es que, además de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear recaudos formales y procesales —y no para suplir la ausencia de cuestión federal—, aquella doctrina constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799). Adviértase en esa línea que la decisión atacada no afecta la normal recaudación relacionada con los deudores tributarios principales sino que refiere al instituto de la solidaridad, concebido sólo para coadyuvar en aquella actividad.
V. De acuerdo a las consideraciones precedentes, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario federal intentado, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud dijeron:
Coincidimos con nuestros colegas preopinantes en que en el presente caso el recurso, tal como fue planteado, no supera la verificación -propia de esta instancia- del cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del remedio federal; lo que impide su concesión por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 14 y 15, ley 48; arts. 256 y 257, CPCCN).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto. Con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2023 10:01:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:14:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:44:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:50:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 19:06:35 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 19:11:32 hs. bajo el número RR-3-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia