Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 1362213
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.213, "Riquelme, Juan Martín s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.572 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de agosto de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que condenó a Juan Martín Riquelme a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves (v. archivo digital adjunto en oficio de 14-VIII-2020).
Frente a ello, la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto en oficio recibido el 8-II-2022), que fue concedido por el mencionado tribunal por resolución del día 3 de diciembre de 2021.
Oído el señor Procurador General mediante dictamen de 17 de noviembre de 2022, dictada la providencia de autos el 22 de noviembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa en orden al delito de lesiones leves?
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Previo al tratamiento del recurso interpuesto por la señora defensora oficial, esta Corte deberá analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de lesiones leves (art. 89, Cód. Penal) que concurre en los términos del art. 55 del Código Penal con el delito de homicidio simple (art. 79, Cód. cit.), por el que también fuera condenado Juan Martín Riquelme.
En ese cometido, cabe realizar una breve reseña del derrotero de la causa.
De lo actuado surge que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia dictada el 3 de octubre de 2019, condenó a Juan Martín Riquelme a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves.
Por su parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de agosto de 2020, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa del imputado.
Contra esa sentencia, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal y la inobservancia del art. 90 del mismo cuerpo legal; la violación del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo ; también planteó la arbitrariedad del fallo casatorio en el tramo correspondiente a la dosificación de la pena, y que resultaron conculcados los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción.
El día 3 de diciembre de 2021 el tribunal intermedio lo declaró admisible.
II. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que el tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito impugnado se ha extinguido.
III. Esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Si bien más recientemente en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de lesiones leves (art. 89, Cód. Penal) de todas maneras está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata (3 de octubre de 2019) como que se lo haga a partir del fallo revisor de la Sala II del Tribunal de Casación Penal (6 de agosto de 2020), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo de dos años ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
IV. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia (v. archivos adjuntos en oficios recibidos el 28-II-2023 y 5-III-2023, respectivamente).
V. Así entonces, habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de lesiones leves por el que Juan Martín Riquelme viene condenado junto a otro ilícito en concurso real (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 89, Cód. Penal).
VI. En consecuencia, teniendo en cuenta lo que se establecerá en la cuestión siguiente, corresponde devolver los autos a la instancia de origen para que se establezca la pena correspondiente al delito de homicidio simple por el que el nombrado también resultó condenado, de conformidad con los índices mensurativos que resulten pertinentes.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la solución propuesta por el ponente doctor Genoud.
Simplemente refiero que, siendo el hecho investigado del día 27 de julio de 2016, como bien se expresa en el sufragio del colega, corresponde examinar lo relativo a la prescripción de la acción penal merced a las previsiones de los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 cuarto párrafo -según ley 25.990- por ser la vigente al momento de su comisión (art. 18, Const. nac.).
En lo que concierne al acto interruptor aludido en el art. 67 cuarto párrafo inc. "e" del Código Penal, sea que se compute el término legal de prescripción del delito enrostrado (lesiones leves -art. 89, Cód. Penal-) desde la primera sentencia de condena emitida por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata (de 3-X-2019), o atendiendo a la sentencia del órgano revisor (de 6-VIII-2020), ha transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto para el delito de que se trata, de modo que corresponde su declaración, sin que nada aporte a la cuestión que interesa la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" -resolución de 16-VIII-2015-, o las que se señalan nacidas al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sentencia de 26-XII-2019- (doctr. art. 488, CPP). Ello, porque de cualquier modo hay que concluir en la extinción de la acción penal por prescripción en relación con el mentado delito, dado lo que asimismo surge de los informes de antecedentes de todo lo cual hace debida cuenta el señor juez ponente.
En consecuencia, voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto emitido por el señor Juez doctor Genoud con los agregados realizados por el señor Juez doctor Soria.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal y la inobservancia del art. 90 del mismo cuerpo legal, como también la violación del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo .
Postuló que las pruebas recabadas no permiten alcanzar la certeza necesaria para acreditar que la muerte de Flores fue ocasionada por las lesiones sufridas en el ataque del acusado, cuando de los términos empleados por los galenos bien pudo deberse a una infección generalizada intrahospitalaria, lo que conllevaría a una situación de duda que debió operar a favor del acusado. Consideró que, ante esa alegada falta de certeza sobre la interrupción del nexo causal, solo cabría imputar a Riquelme el delito de lesiones graves por lo que -en su opinión- se estaría frente a una errónea aplicación del art. 79 del Código Penal.
Por tales motivos, solicitó se case parcialmente la sentencia del tribunal intermedio en el tramo correspondiente a la materialidad ilícita y la calificación legal con relación al hecho por el que resultó víctima Flores y se lo recalifique como lesiones graves.
I.2. En segundo lugar, tachó la sentencia recurrida de arbitraria en el tramo correspondiente a la dosificación de la pena, y denunció la vulneración de los principios de proporcionalidad y razonabilidad (art. 18, Const. nac.).
Refirió que esa defensa se había agraviado en el recurso de casación por la imposición de una pena que estimó desproporcionada, teniendo en cuenta que uno de los delitos por los que fue acusado Riquelme mutó su calificación legal de homicidio en grado de tentativa a lesiones leves, y que además el sentenciante consideró que no correspondía valorar dos agravantes pretendidas por el acusador; por tales circunstancias, teniendo en consideración la sanción que había pretendido el señor fiscal para una escala penal más grave y con dos agravantes, interpretó que resultó condenado a una pena arbitraria por falta de fundamentación.
Afirmó que el Tribunal de Casación respondió ese planteo con argumentos de pura forma, al destacar que la sentencia condenatoria se encontraba fundada, sin transgredir principio alguno, y que el punto cuestionado se trataba de una facultad propia de los señores jueces de la causa.
Solicitó se case la sentencia impugnada y el reenvío de los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido, postura que comparto con relación al agravio que fuera reseñado en el apartado I.1. de la presente cuestión.
III.1. En lo que interesa destacar para la solución del caso, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata, tuvo por legalmente acreditado que "El día 25/07/2016, siendo aproximadamente la 01:00hs., en la pensión ubicada en calle 59 nº 427 entre 3 y 4 de La Plata, en el patio trasero del lugar, Juan Martín Riquelme, mediante el empleo de un cuchillo de pequeñas dimensiones del tipo sevillana, intentó dar muerte a su compañero de habitación Federico Ismael Pérez Soriano asestándole una puñalada provocándole una herida cortante profunda en región latero cervical izquierda, y a otro residente de la pensión, Carlos Alberto Flores, le asestó sendas puñaladas provocándole heridas en el cuello, tórax y abdomen, lesiones estas que provocaron su óbito en fecha 03/10/2016".
El suceso fue calificado como homicidio simple (víctima Flores) en concurso real con lesiones leves (víctima Pérez; conf. arts. 55, 79 y 89, Cód. Penal), imponiendo una pena de once años de prisión.
III.2. En el recurso de casación, en lo que aquí importa para la solución del caso, la defensa oficial llevó iguales agravios a los traídos a esta instancia vinculados a la determinación de la materialidad ilícita y autoría de Riquelme en torno al delito de homicidio simple, planteando que la muerte de la víctima había obedecido a complicaciones surgidas en la internación a la que había sido sometido Flores y no al accionar de su pupilo. Se refirió al nexo causal y sostuvo que la acción emprendida por Riquelme sólo había sido generadora -a todo evento- de lesiones graves.
III.3. El Tribunal de Casación Penal consideró que la determinación del suceso en los términos descriptos en la cuestión primera del veredicto y la calificación asignada a los mismos, constituyeron conclusiones válidas a la luz del adecuado recorrido motivante que transitó el sentenciante de origen, y que para ello se apoyó en un cuadro probatorio certero.
Expresó que no tendría favorable acogida la alegación de la defensa respecto a que el resultado muerte no debió ser atribuido a su asistido en virtud de que el nexo de imputación fue interrumpido, debido a la acción de una bacteria intrahospitalaria que habría introducido "un riesgo distinto del creado por el autor", en tanto "...tales especulaciones responden a un análisis parcial de los elementos producidos en el juicio pues, por ejemplo, nada dijo la recurrente de lo manifestado por el perito autopsiante, Dr. Bergues y los cuatro médicos que atendieron a la víctima en el Hospital "San Martín" (Luis Choque, Jimena Mariano, Bárbara Gisela Franco y Walter RodolfoÁvalos) en cuanto adjudicaron el proceso infeccioso a las heridas recibidas".
El tribunal revisor consideró acreditado que "...Flores ingresó al hospital en estado grave por las puñaladas sufridas, como consecuencia del obrar de Riquelme, y que fue alojado en la sala de emergencias y luego de haber sido intervenido quirúrgicamente fue derivado a terapia intensiva", y que "Durante su internación tuvo múltiples cuadros infecciosos hasta que finalmente sufrió un ' shock séptico ' y, tras un paro cardio-respiratorio, se constató su óbito".
A continuación, el tribunal a quo dijo que los doctores Choque, Franco y Dávalos coincidieron en que Flores ingresó al Hospital "San Martín" en estado grave por las puñaladas sufridas, quienes además conocían que el paciente era portador de HIV.
En ese sentido, destacó que el doctor Choque reconoció su rúbrica en la historia clínica donde se había consignado el ingreso de un paciente con "...herida de arma blanca en el cuello, tórax y abdomen"; que luego relató que intervino el servicio de cirugía y que aquellas heridas "...ponen en riesgo la vida de una persona"; por último y a preguntas de la defensa aclaró que sabía que el paciente tenía HIV pero que por la patología aguda no era algo urgente pues "...había que sacarlo de la parte crítica que eran las lesiones cortantes".
Agregó que la médica del servicio de terapia intensiva, doctora Bárbara Franco, dijo que era posible que la infección que tenía Flores se hubiera generado por las heridas del abdomen "...porque es una puerta de entrada para microorganismos"; que a preguntas de la defensa sobre si recibió tratamiento por el HIV contestó que "...en este momento no, en el momento agudo no es necesario; tenga o no HIV se lo hubiera tratado de la misma manera", ello debido a que momento agudo según sus palabras es "...cuando uno necesita intervenir a alguien o realizar la prestación para salvarle la vida"; que consultada también sobre un posible virus intrahospitalario respondió que "Hizo una infección generalizada, un shock séptico dentro de una terapia, así que el germen productor sería un germen intra hospitalario, es lo más probable", debido a que estuvo en terapia intensiva por más de quince días, aclarando que "...si no tuviera HIV se hubiera infectado igual".
Finalmente, el tribunal revisor se refirió al testimonio de Walter Dávalos, también médico del servicio de terapia intensiva, quien constató el óbito de Flores y "...consignó como causa inmediata de muerte el shock séptico porque el paciente presentó múltiples episodios de infección durante su internación y eso es lo que inmediatamente lleva al paro", y como causa mediata "...el diagnóstico HIV positivo, porque ello constituye un factor predisponente y como causa originaria, las heridas de arma blanca que por la ubicación que tenían pudieron contribuir a generar una de las infecciones"; que además explicó que "...este paciente que ingresó grave, obviamente nunca alcanzó a compensarse porque después presentó distintos eventos infecciosos"; y que sobre el virus intrahospitalario refirió que "...las infecciones en los pacientes críticos son infecciones intra hospitalarias porque se dan justamente por instrumentaciones que uno hace sobre el paciente".
A partir de ese cuadro motivante, el tribunal intermedio advirtió insuficiencia en el desarrollo de la impugnante al agotarse en una exposición parcial de las pruebas evaluadas por el tribunal de grado para arribar a la convicción criticada, método que entendió como ineficaz para demostrar arbitrariedad pues no consideró la totalidad de las razones esgrimidas por el juzgador, dejando indemnes las conclusiones allí alcanzadas.
El tribunal revisor resolvió que no se verificó en el caso un estado de duda en cuanto a la causa eficiente de la muerte, la cual fue introducida por el autor de las puñaladas a partir del carácter de las lesiones inferidas (en el cuello, tórax y abdomen) y de su alcance en el organismo y cuerpo de la víctima, las que pusieron su vida en verdadero y real peligro, circunstancia que consideró acreditada a partir -por ejemplo- del testimonio del doctor Choque antes evaluado, por lo que entendió que la imputación por homicidio resultó acertada. A ello agregó que en ese marco de debilitamiento y deterioro físico tratado conforme la práctica médica que procuró la recuperación del paciente Flores, la infección intrahospitalaria mencionada por la recurrente "...no modifica el nexo causal existente ya señalado".
Refirió que del fallo de origen surgió que uno de los profesionales intervinientes expuso que "...la infección a nivel de tórax y abdomen principalmente son por la herida [...] La infección la hubiera tenido igual por más que no sea un paciente con HIV"; que el doctor Choque dijo que las heridas producidas "...ponen en riesgo a la persona de muerte", mientras que Franco refirió que Flores "...ingresó en estado crítico", al tiempo que Dávalos sentenció que era un paciente "de mal pronóstico" y que había sido internado en la zona del hospital asignada a los casos de pacientes en estado crítico.
Consideró que fue bien valorado el hecho de que la víctima ingresara al nosocomio con múltiples heridas y en estado grave, lo que hizo necesario una operación quirúrgica y la conexión a un respirador; estimó también central lo qu
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