Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139062
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante la instancia intermedia y se revoca la sentencia impugnada por arbitraria en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.062, "D'Gregorio, María Laura E., Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.606 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a González, Víctor Wenceslao", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, por resolución del 16 de septiembre de 2022, declaró la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 —según reforma introducida por las leyes 13.177 y 14.296— e incorporó a Víctor Wenceslao González Sosa al régimen abierto con salidas transitorias, solicitado por la defensa en su favor (v. resol. digital).
Recurrida esta decisión por el Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental (en el marco de la causa n° 34.519), por mayoría, mediante el pronunciamiento del 15 de diciembre de 2022, revocó la aludida declaración de inconstitucionalidad y ordenó que el juez de la instancia resuelva nuevamente sobre la procedencia del régimen abierto y las salidas transitorias peticionadas en favor del nombrado (arts. 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 168 y 171, Const. prov.; 431, 434, 435 y 498, CPP y 6 y 100, ley 12.256).
Deducido el recurso de casación por la señora defensora oficial, la Cámara lo rechazó (v. resol. digitalizada de 28 de febrero de 2023). Ello motivó la interposición de queja.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal declaró admisible la queja, hizo lugar al recurso de la defensa y casó la resolución impugnada disponiendo mantener el temperamento adoptado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 local, en cuanto incluyó a Víctor Wenceslao González en el régimen de las salidas transitorias, encomendando, en caso de corresponder, dar estricto cumplimiento a las previsiones de la ley 15.232, Boletín Oficial de 18-I-2021 (v. resolución digital de 27 de abril de 2023).
Contra lo así resuelto, la señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio mediante resolución del 30 de mayo de 2023.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital de 17 de noviembre de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La representante del Ministerio Público Fiscal denunció que el fallo impugnado incurrió en arbitrariedad por fundamentación aparente al resolver la declaración de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 con apartamiento de la doctrina elaborada por esta Suprema Corte en la materia.
En favor de la constitucionalidad de dicha norma, recordó que su cuarto párrafo establece que "...no podrán otorgarse salidas transitorias a aquellos condenados por los siguientes delitos: ...1) Homicidio agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal, salvo el inciso 1°...". Estimó que ello era plenamente aplicable en el caso, pues González había sido condenado a la pena de reclusión perpetua en orden a los delitos de robo calificado por el empleo de arma en grado de tentativa y homicidio doblemente agravado —criminis causae y por el uso de arma de fuego— (v. pág. 13, recurso digitalizado).
Explicó que, si bien con la incorporación al bloque constitucional de los tratados internacionales la pena privativa de libertad tiene como finalidad esencial la "reforma y readaptación social" de los condenados, ello no significa que aquella se materialice indefectiblemente mediante un sistema progresivo que involucre cualquiera de las modalidades de ejecución distintas al encierro (v. pág. 14).
Añadió que el principio de progresividad del régimen penitenciario no cuenta con raíz constitucional, sino que es incorporado por el art. 6 de la ley de ejecución nacional 24.660.
En aval de su postura, repasó —en lo pertinente— diversos pasajes de las causas P. 133.372, sentencia de 20-X-2020; P. 132.969, sentencia de 25-VIII-2020; P. 127.709, sentencia de 15-VIII-2018 y P. 133.520, sentencia de 5-II-2021, de esta Suprema Corte.
I.1. Con relación a los argumentos vinculados con la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, advirtió que no vulnera las normas constitucionales el distinto tratamiento dado por la ley a las personas que cometen los delitos especialmente ofensivos allí descriptos, respecto de quienes no hayan sido encontrados culpables de alguno de esos tipos penales.
Sostuvo que la igualdad consagrada constitucionalmente consiste en aplicar la ley a todos los casos concurrentes según sus diferencias constitutivas, es decir, que no se trata de la igualdad absoluta o rígida, sino de la igualdad para todos los casos idénticos. En el mismo sentido, expresó que el principio de igualdad no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, pero exige que "concurran 'objetivas razones' de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad" (pág. 18).
En suma, argumentó que "...el precepto legal [-art. 100 de la ley 12.256-] que ha sido tildado de inconstitucional, cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad, siendo el motivo sustancial y la razón fundante de la distinción que prevé la norma cuestionada, la gravedad de los delitos allí enumerados, entre los cuales el legislador incluyó al homicidio criminis causae, figura por la cual fue juzgado, condenado y actualmente se encuentra cumpliendo pena González" (págs. 19 y 20).
I.2. Por otra parte, criticó el fundamento según el cual la norma en trato afectaría los principios de resocialización de la pena y de progresividad penitenciaria.
Explicó que no debe confundirse la finalidad de tales principios con la nota de progresividad del régimen penitenciario, pues no necesariamente tal cometido constitucional exige la incorporación paulatina del penado al medio libre a través del egreso anticipado al cumplimiento total de la pena (v. pág. 20).
Indicó que resulta razonable que el legislador sea quien establezca la existencia o no de un instituto liberatorio, cuándo y en qué casos procede, quiénes son sus destinatarios y cuáles son los requisitos que deben cumplimentarse para su acceso. Y aseguró que nada impide que los sujetos comprendidos en el art. 100 de la ley 12.256 accedan a un régimen progresivo que les permita transitar por las distintas etapas del régimen penitenciario, aunque las mismas no contemplen la libertad anticipada (v. pág. 21).
Destacó que no puede concluirse que "resocialización" equivalga sin más a "externación" y que, tal como surge del propio texto de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por las Naciones Unidas, es factible instaurar un régimen progresivo a desarrollarse intramuros.
Señaló que, debido a la gravedad de los delitos allí estipulados, el legislador consideró necesario que quien resulte condenado por uno de ellos cumpla la totalidad de la pena "...como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena" (pág. 22).
Con relación a la afectación al derecho penal de acto, reiteró que la excepción que contempla la norma "...no se trata de un dato antojadizo, ni de una característica inherente a la personalidad del enjuiciado, sino que reposa sobre un extremo fáctico" (pág. cit.).
Concluyó señalando que el órgano casatorio ha incurrido en arbitrariedad al apartarse de manera injustificada de fallos de esta Suprema Corte en los que se ha pronunciado por la validez constitucional de las normas que regulan y ponen límites a las salidas transitorias y el resto de los beneficios libertarios, por lo que requirió la descalificación de la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido.
Por último, la recurrente señaló que la Corte federal tiene sentado que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara, e indudable.
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar a la impugnación (v. dictamen digital de 17 de noviembre de 2023). Coincido con su postura.
III. Para dar respuesta al planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 oportunamente articulado por la defensa de Víctor Wenceslao González, la Sala I del Tribunal de Casación Penal sostuvo que "...de la lectura de la resolución atacada se aprecia que se encuentran cumplidas todas las exigencias normativas para la inclusión de Víctor Wenceslao Gonzalez en el régimen de las salidas transitorias, con dictamen favorable del Departamento. Técnico Criminológico de la Unidad que lo aloja".
Explicó que "...cuando una regla infringe, como en el presente, principios fundacionales cuya tutela es función del poder estatal, su declaración de inconstitucionalidad se impone como un deber para los órganos que ejercen la actividad jurisdiccional, sin que ello pueda ser interpretado como una indebida intromisión en las facultades reconocidas al resto de los poderes que conforman nuestro Estado de Derecho".
Señaló que el art. 100 de la ley 12.256 pareciera justificar la pena de acuerdo con la teoría de la "prevención especial negativa" que no tiene por fin la resocialización, sino la neutralización del penado.
En esa dirección, expresó que "...el imputado cuyo delito reprochado tenga identidad con alguno de la porción de ilícitos determinados por la ley, con base en la peligrosidad que denota en sus autores tal comportamiento externo [...] no puede albergar ninguna expectativa de tratamiento progresivo, como sí, en cambio, lo pueden hacer condenados por otros delitos, razón por la cual desde el vamos se cercena tanto el incentivo de cambio, como las posibilidades ciertas de una mejor integración, e incluso se despoja de razones en las cuales motivarse durante el encierro para un mejor desarrollo personal".
Añadió que el "principio de progresividad" es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de readaptación social, receptado en la ley nacional de ejecución 24.660 y en el ámbito de nuestra Provincia en los arts. 4 y 5 de la ley 12.256.
Continuó señalando que la creación de categorías del aludido art. 100 impone al intérprete efectuar un examen interno de ellas, a fin de evaluar si a alguno de los integrantes de aquellas se lo excluye irrazonablemente del goce de los derechos que se reconocen a otros y, con apoyo en precedentes de la Corte federal sobre la garantía de igualdad, concluyó que la eventual potestad legislativa de trazar diferencias no supera el test de razonabilidad, pues el eje desde donde se marcan los distingos resulta de una presunción general y absoluta basada solo en la caracterización de determinados delitos.
Finalmente, sostuvo que, en el caso, la potestad legislativa —a través de restricciones como las ancladas en el art. 100 de la ley de ejecución provincial— no fue ejercida de modo conducente, pues "...se olvida del ser humano, de sus necesidades y de la ineludible interacción social a la [que] progresivamente debe ser integrado desde el Estado", violentando los principios de resocialización, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
IV. Como lo adelantara, asiste razón a la recurrente, pues esta Suprema Corte ya se ha expedido en numerosas oportunidades por la validez constitucional de la norma que se cuestiona, con argumentos que resultan trasladables, mutatis mutandi, al presente caso.
IV.1. En cuanto a los fundamentos del tribunal revisor que se vinculan con la presunta afectación al principio de igualdad ante la ley y al derecho penal de acto, cabe señalar que "...la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivas razones de diferenciación que no sean irrazonables. [...] Más allá de que el criterio de distinción sea opinable, no puede en modo alguno tachárselo de arbitrario. Y resulta claro que el régimen más severo se impone no por lo que el condenado es, sino por lo que hizo" (conf. causa P. 132.300, sent. de 25-VIII-2020).
Con lo cual, la imposibilidad de acceder a cierta libertad anticipada en el ámbito de ejecución de la pena (v.gr., las salidas transitorias) por haberse cometido cierta clase de delitos especialmente graves (conf. art. 14, Cód. Penal, según ley 25.892 —B.O., 26-V-2004— y luego ampliado el catálogo de delitos incluidos por ley 27.375 —B.O., 28-VII-2017— o arts. 100, ley 12.256 y 56 bis, ley 24.660), no importa una distinción reñida con la Constitución nacional (conf. causas P. 126.187, cit.; P. 129.539, sent. de 27-VI-2018 y P. 133.372, sent. de 20-X-2020).
IV.2. Luego, en lo que atañe a la resocialización del penado, cabe mencionar aquí lo expresado por esta Corte en cuanto a que "la liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, cit.; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por lo demás, acuerdo con el señor Procurador General en que la invalidación de la norma en cuestión se funda en rigor en una visión dispar sobre la conveniencia política de una decisión parlamentaria que excede el ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales.
IV.3. Frente a lo expuesto, cabe concluir que la decisión del Tribunal de Casación, al mantener el temperamento adoptado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que declaró la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, desconoció la muy arraigada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (conf. CSJN Fallos: 328:4542; 327:831; 321:441; entre tantos otros).
De tal forma, la Casación ha realizado el control de constitucionalidad de la norma apartándose de las motivaciones jurídicas atinentes al caso, en detrimento del debido proceso legal (art. 18, Const. nac.), incurriendo así en déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria.
V. Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso deducido por la señora fiscal interina ante la aludida instancia y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Casación (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del Juez Sergio Torres.
Como los señala el colega esta Suprema Corte ya se ha expedido en numerosas oportunidades por la validez constitucional de la norma que se cuestiona, con argumentos que resultan trasladables, mutatis mutandi, al presente caso.
En particular, cabe poner de realce que el criterio utilizado por el legislador para establecer diferentes regímenes penitenciarios se sustenta en el particularmente grave delito por el que resultó condenado Víctor Wenceslao González a la pena de reclusión perpetua (arts. 14, Cód. Penal; 56 bis, ley 24.660 y 100, ley 12.256 y sus modif.), lo cual no luce arbitrario, en tanto se trata de un elemento objetivo que el legislador ha previsto en función de la peculiaridad, especial gravedad y lesividad que representan cierto tipo de injustos, en este caso la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal, de las más graves del digesto criminal. En tal contexto, en el pronunciamiento en crisis no se justifica adecuadamente que ese marcador no resulte en la especie un elemento diferenciador razonable (art. 28, Const. nac.), en cuanto a la configuración del ilícito y la culpabilidad personal. En consecuencia, al establecer la ley provincial que se cuestiona —en consonancia con su par de la ley 24.660— que, en casos de delitos de singular gravedad como el de autos, no se acceda a los beneficios previstos en el período de prueba (v.gr.: el régimen de salidas transitorias), el principio de igualdad ante la ley no aparece vulnerado. Pues, sin perjuicio de que el criterio de distinción sea opinable, no puede en modo alguno tachárselo de arbitrario, en tanto no afrenta el principio de razonabilidad de la distinción, según lo antedicho. En el caso que nos convoca resulta claro que "el régimen más severo se impone no por lo que el condenado es, sino por lo que hizo" (conf. causa P. 132.300, sent. de 25-VIII-2020).
Con lo cual, la imposibilidad de acceder a cierta libertad anticipada en el ámbito de ejecución de la pena (v.gr., las salidas transitorias) por haberse cometido cierta clase de delitos especialmente graves (arts. 100, ley 12.256 —y sus modif.— y 56 bis, ley 24.660), no importa —en el caso del delito que se examina— una distinción reñida con la Constitución nacional (conf. causas P. 126.187, cit.; P. 129.539, sent. de 27-VI-2018 y P. 133.372, sent. de 20-X-2020).
En lo que atañe a la resocialización del penado, como se sostiene en el voto al que adhiero, tiene dicho esta Corte que si bien "...la liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización...", tampoco es "...el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, cit.; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por ello y demás argumentos concordantes, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante la instancia intermedia y se revoca la sentencia impugnada por arbitraria en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite
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