Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139076
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.076-RC, "Sánchez Sandoval, Carlos Abel s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 118.072 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes condenó a Carlos Abel Sánchez Sandoval a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por tratarse la víctima de un miembro de una fuerza de seguridad (art. 80 inc. 8, Cód. Penal; sent. de 5-V-2022, según surge de las actuaciones digitalizadas).
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la señora defensora oficial, doctora Mónica Trapé.
Tras examinar los agravios esgrimidos en la pieza impugnativa, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 5 de septiembre de 2022, rechazó por improcedente el recurso de mentas, confirmando el fallo del tribunal de grado en todos sus términos.
El señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia intermedia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. digitalmente en 29-V-2023), que fue concedido por resolución del a quo del 9 de junio de 2023 y, posteriormente, declarada nula por esta Suprema Corte (v. resol. digital de 6-IX-2023). Tras ese reenvío, la Casación dictó nuevo auto de admisibilidad el 4 de diciembre de 2023 a través del cual volvió a conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5-VIII-2024), dictada la providencia de autos el 24 de octubre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio la defensa, al amparo de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, denuncia el tránsito aparente por la instancia intermedia y, por ende, el incumplimiento del mandato de revisión amplia del fallo de condena, acorde a las previsiones de los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 incs. 18 y 22 de la Constitución nacional.
I.1. Alega que la Casación desechó la hipótesis exculpatoria argumentada por esa defensa mediante una revisión deficitaria evidenciada desde dos aspectos: a) reiteración de los elementos probatorios valorados en la instancia sin efectuar una evaluación sobre su razonabilidad; y b) omitir -en el repaso de los elementos de prueba- los argumentos introducidos por esa parte en el recurso de casación que contrarrestaban desde la sana crítica el valor asignado a dicho material.
Puntualiza que las objeciones al reconocimiento realizado en la audiencia de debate de parte del testigo González, no estaban dirigidas a la validez del acto, sino a su valor convictivo en la inteligencia de que su testimonio había sido afectado por la observación de imágenes en distintas redes sociales con anterioridad del juicio.
En cuanto a la acreditación de la participación de Sánchez Sandoval en el hecho, sostiene que el a quo se limitó a realizar una mera enunciación de los elementos de cargo con remisión a la sentencia de mérito, mediante afirmaciones dogmáticas en las que sustenta la tacha de arbitrariedad.
Considera que las declaraciones prestadas por los testigos Mizu, Gómez, Belsito, Sosa y Choque, que convalidaban parcialmente la versión del imputado, tuvieron un abordaje precario.
I.2. De otro lado, denuncia la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y la violación al art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Afirma que desde los alegatos esa parte ha planteado que la pena perpetua aniquila la posibilidad de resocialización del condenado y afecta los principios de prohibición de tormentos, igualdad ante la ley, culpabilidad y certeza de la pena.
En sustento de su postura trae a colación el caso "Caesar vs. Trinidad Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; refiere que la pena perpetua es una pena cruel, inhumana y degradante (conf. arts. 5.2, CADH; 7, PIDCP; 3, Convenio Europeo de DDHH.; 5, Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos); y enfatiza que la sanción indeterminada conlleva a que su pupilo permanecerá encerrado prácticamente por el resto de su vida, aun cuando exista la posibilidad de obtención de la libertad condicional.
Por lo expuesto, considera que la sanción de carácter perpetuo impuesta a su asistido resulta contraria a la integridad y dignidad personal, a la vez que importa una pena cruel e inhumana por ser desproporcionada. Por ello solicita se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío a fin de fijar una nueva penalidad respetuosa de los derechos humanos.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación (conf. dictamen de fecha 5-VIII-2024).
III. En coincidencia con tal dictamen, estimo que el recurso es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
De modo preliminar, resulta necesario hacer una reseña de los hitos relevantes del caso:
III.1. En el recurso de casación -en lo que resulta pertinente destacar- la defensa oficial denunció la vulneración de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal; cuestionó la declaración del testigo González y el reconocimiento practicado en el juicio debido a la circulación por redes sociales de una foto del imputado tomada por la policía; también el reconocimiento en rueda de parte del testigo Belsito; denunció la inobservancia del art. 46 del Código Penal y argumentó que resulta difícil considerar que Sánchez Sandoval aceptara trasladar a dos personas sabiendo que dispararían a un tercero siendo que utilizó su propio automóvil. Además, consideró vulnerado el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.) por la aplicación del tipo penal del art. 80 inc. 8 del Código represivo, por establecer una pena más severa cuando la víctima sea un miembro de las fuerzas de seguridad, en detrimento de la prescripción que establece que todos los habitantes "son iguales ante la ley". Finalmente, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la pena perpetua por afectar la resocialización del condenado, por generar tormento psíquico y considerar que deberían tener un límite temporal para evitar su asimilación a la muerte civil.
III.2.a. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, sostuvo de manera preliminar, que el cuestionamiento dirigido contra la validez del reconocimiento de personas efectuado a pesar de la oposición de la defensa, no tendría favorable acogida.
Sostuvo que del acta de debate surge que no fue realizada una diligencia como la indicada, sino que, en el marco de su declaración, el testigo González fue preguntado por la parte acusadora acerca de si la persona sobre la que se manifestaba se encontraba presente, disponiendo el sentenciante -en ejercicio de la dirección del debate- que la responda. En ese contexto, González contestó a tal interrogante sin que conste en el acta cuestionamiento alguno por parte de la defensa.
El tribunal a quo consideró que "...el hipotético reconocimiento deberá superar el tamiz de raciocinio contenido en los artículos 210 y 373 del CPP, por lo que puede afirmarse que no existen motivos para su exclusión como elemento de cargo en el marco de la libertad probatoria consagrada por el artículo 209 del rito". Adunó que el juzgador "ponderó los dichos del testigo presencial quien, en el marco de sus manifestaciones en el debate, dio cuenta de la secuencia fáctica visualizada y de las razones por las cuales pudo señalar al aquí imputado como uno de los sujetos activos", respecto del que detalló su actuación disparando contra el agente policial Zurita. Agregó que el testigo refirió recordar el rostro de las dos personas que actuaron contra la víctima e, inclusive, "... en su sindicación en el debate, descartó al coimputado como el otro sujeto que él rememoraba, por no presentar peculiaridades recordadas en relación al rostro del otro interviniente".
En dicho contexto, señaló que la parte no logró rebatir el recuerdo del testigo mediante el señalamiento de que su foto había circulado por las redes, pues sin dudar, lo reconoció por su rostro, aunque dudó sobre sí al momento del hecho el imputado tenía puesta la camiseta rosa, pero que sí la tenía en la foto divulgada. Según el a quo habiendo sucedido ello en el marco de la inmediación, las partes pudieron ejercer su derecho al contralor de la producción de la prueba y respectiva contradicción, por lo que tampoco se verificó la vulneración constitucional aducida.
Concluyó que por lo dicho no resultaba procedente la pretendida aplicación de la regla de exclusión probatoria por no constatarse el presupuesto habilitante (arts. 201, 203, 205, 211 -todos a contrario-, 206 y concs., CPP).
III.2.b. Luego, el tribunal revisor se abocó al escrutinio de la participación asignada al imputado en el hecho.
Se refirió a lo argumentado por el tribunal de mérito quien consideró -entre otros aspectos- la discrepancia entre los datos aportados por las personas que estaban en el lugar del hecho, quienes dieron cuenta de los disparos escuchados y la sorpresa que les generaron los ruidos y lo que estaba sucediendo, y lo dicho por Sánchez Sandoval que encontrándose en proximidades del sitio refirió que no percibió "...ruidos, disparos ni corridas de las personas, por estar preocupado porque los sujetos a los que había trasladado no se fueran del lugar sin pagarle"; y que tampoco pudo aportar información o característica alguna de tales personas. Destacó que se tuvo en cuenta la sindicación de González dirigida contra el imputado, siendo un testigo presencial que ubicó a Sánchez Sandoval frente a la víctima Zurita, y lo señaló como uno de los sujetos que le disparó, refiriendo que se acordaba "patente" de su cara por ubicarse a menos de dos metros de distancia. A su vez, indicó que el imputado era el poseedor del vehículo empleado en la comisión del hecho, así como los indicios relativos a que días después el automóvil fue hallado abandonado en una zona descampada, como también que el imputado se ausentó de los lugares que solía frecuentar. Advirtió que los testigos contrastados por la defensa aludieron a momentos diversos de la secuencia fáctica, en ese sentido, expuso que González se refirió a los momentos previos al ataque, al ataque en concreto y a los sucedáneos. Por su parte, Belsito "...luego de escuchar los disparos, distantes del lugar del hecho, refirió al tramo final concerniente en ver pasar a un hombre armado, de cara poseada, y su huida junto a otro muy joven, con cara de nene y remera rosa, que manejaba el vehículo y fue a su encuentro". Los otros testigos -Mizu y Gómez- a los que la parte alude como concordantes "...también exponen el tramo final y difieren con este en la cantidad de personas que huían...", divergencia que el sentenciante de mérito consideró que pudo haberse originado en la posición en la que se encontraba el testigo quien se resguardaba en su automóvil.
Así, indicó que "...el vicio a la individualización de Sánchez Sandoval como uno de los sujetos que participaron del hecho, no logró demostrarse ni se constató en el caso". Por lo demás, la ajenidad del nombrado que la parte pretendió sostener a partir de entender insuficiente la prueba recolectada, no tuvo el visto bueno del tribunal revisor toda vez que "...aparece apoyada en elementos suficientes indicados y evaluados por el juzgador, sin que encontrara recepción favorable aquella postulada como de descargo, que fue desechada a través del examen conjunto realizado y a la luz del principio de unidad de prueba (arts. 1, 209, 210, 373 y ccdtes. del CPP)".
El tribunal casatorio consideró que "...los elementos apreciados y los extremos fácticos tenidos por acreditados aparecen adecuados por tener una relación de pertinencia, sin que los pretensos defectos expuestos por la defensa desvirtúen la conclusión del a quo", en tanto que "...teniendo por creíbles las manifestaciones del testigo presencial y por complementadas con las restantes, así como desvirtuada la exposición del imputado", se tuvo por probado el factum; y todo ello, a juicio de la Casación, sin apariencia de arbitrariedad. Pues, dijo, el recurrente omite "... toda crítica de lo resuelto por el a quo y, en cambio, se dedica a postular una parcial apreciación del plexo probatorio, prescindiendo considerar los datos relevados por el a quo de los diversos medios de prueba".
Concluyó el punto, haciendo referencia al grado de convicción que cada testigo provocó en los jueces de mérito, a las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano y, finalmente, a la prueba indiciaria la cual debe valorarse en forma conjunta y no aisladamente.
III.2.c. Por otro lado, desestimó la mutación que la parte pretendió en torno a la participación asignada a Sánchez Sandoval, al considerar que ella se ajustó a lo comprobado en el caso. Es decir, la intervención del imputado no podía quedar circunscripta -según pretendía la defensa- a la mera complicidad secundaria regulada en el art. 46 del Código Penal. Convalidó su encaje en calidad de coautor en tanto el nombrado "tomó parte en la ejecución" y, entonces, "su aportación dolosa a la faena emprendida alcanza, en el caso, para tenerla como codominante en la realización del hecho".
A juicio del tribunal intermedio "...las constancias probatorias que fueron examinadas a lo largo del fallo permiten establecer que, conforme al plan acordado, Sánchez Sandoval aportó una colaboración necesaria al otro autor del injusto", descartando que el aporte remita únicamente a la participación secundaria como aquellos "...que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho...", con una intervención que no es indispensable para la comisión del delito.
III.2.d. Luego desestimó el pedido de inconstitucionalidad del tipo penal previsto en el art. 80 inc. 8 del Código Penal por el que fue condenado Sánchez Sandoval, por supuesta infracción al principio de igualdad.
Hizo referencia a pronunciamientos anteriores en donde ese Tribunal de Casación indicó que "...si bien es indiscutible que en virtud de la división de poderes establecida por el sistema constitucional compete al poder judicial ejercer el control de constitucionalidad respecto de las leyes que debe aplicar, no es menos cierto que ésta es de las funciones más delicadas de la jurisdicción y que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe considerarse como 'última ratio', por cuanto las normas correctamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de su validez (CS Fallos 305:304, 263:309)". Sobre tal premisa, señaló que, en el caso, no advierte que la norma citada vulnere la igualdad ante la ley ni ninguna otra norma de la Constitución nacional, o de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Ello, en tanto que "[l]a discriminación que realiza el legislador en función de la pertenencia de la víctima a alguna de las instituciones de seguridad del Estado Nacional obedece al propósito de brindar una mayor protección ex ante y en abstracto a la función de seguridad del Estado así como en razón del mayor riesgo que corren quienes material y directamente prestan ese servicio como medio de vida".
Luego de consideraciones sobre el debate parlamentario que dio lugar a la sanción de la agravante, concluyó que el tipo penal en cuanto establece una pena más severa en función de la víctima "...no comporta una discriminación arbitraria que contraríe el principio de igualdad ante la ley, sino antes bien, responde a un claro designio del legislador de brindar mayor protección al grupo de personas que por el cargo o función que desempeñan en el marco de las funciones de seguridad del Estado se encuentran en mayor riesgo de lesión a la vida, lo cual los coloca en una situación diferenciada respecto de quienes no pertenecen a ese grupo de personas". Consideró también que "...las personas ajenas al grupo seleccionado de víctimas por el legislador en el inc. 8 del art. 80 del CP no se encuentran en igual situación que los agentes de las fuerzas de seguridad, pues la misma función que éstos desempeñan los coloca en una posición diferente y sin dudas más cercanas y expuestas a sufrir los riesgos propios relacionados con la función de seguridad a cargo del Estado". Estimó que esa distinción "...obedece a razones sociales y coyunturales cuyas críticas en modo alguno pueden canalizarse por medio de la vía indirecta de inconstitucionalidad planteada".
III.2.e. Finalmente, descartó el planteo de inconstitucionalidad referido a la pena de prisión perpetua en el marco del art. 80 inc. 8 del Código citado.
Refirió que la mera referencia a una supuesta vulneración de garantías y principios constitucionales -resocialización, prohibición de tormentos, igualdad ante la ley-, con citas normativas genéricas, pero sin lograr demostrar -ni verificarse- que resulte violatoria de los invocados en el caso concreto, no alcanza a cubrir el mínimo requisito de suficiencia exigible en el marco del recurso de casación, cuando se pretende un pronunciamiento de tal gravedad como lo es la declaración de inconstitucionalidad de una norma.
Para ser atendida una petición semejante y que se justifique tan delicada actividad jurisdiccional, se requiere el señalamiento del perjuicio concreto que un sujeto en particular padecería con la operatividad de dicha norma en el asunto al que alude el caso, lo cual viene insuficientemente expuesto en el planteo del recurrente.
En función de lo antedicho, estimó que el planteo del impugnante no cumplía con la exigencia antes mencionada, por lo que, en definitiva, la pretensión no podía ser atendida desde que no se había evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justificara esa solución, siendo que, además, la pena impuesta en el marco de la figura penal en la que se encuadró el hecho por el que se condenó a Sánchez Sandoval no resultó -de conformidad con las particularidades del hecho y del autor que vienen establecidas en el pronunciamiento impugnado- irrazonable, cruel o mortificante.
IV. Ahora bien, como se adelantó, el recurso en abordaje no prospera.
IV.1. El primer agravio vinculado a la denuncia de arbitrariedad y revisión aparente del fallo de condena (conf. arts. 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP), no es de recibo.
De la reseña efectuada, se aprecia que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y en función de los agravios llevados por la defensa- su capacidad revisora, y su intervención se ajustó a las pautas establecidas por la Corte federal en el citado precedente "Casal" -Fallos: 328:3399- en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 495, CPP).
En efecto, el tribunal a quo abordó y descartó de manera preliminar la pretendida aplicación de la regla de exclusión probatoria al no constatar el presupuesto habilitante ni las vulneraciones denunciadas. Se ocupó de la exteriorización material del hecho atribuido y la participación responsable de Sánchez Sandoval en calidad de coautor, según la prueba que expuso y detalló el sentenciante de m
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.