Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129982
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensa oficial (arts. 486 t.o según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
"YEDRO, RODRIGO NICOLÁS S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 22.193 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN MARTÍN, SALA II".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.982-RC, caratulada: "Yedro, Rodrigo Nicolás s/ Recurso de inaplicabilidad de ley, en causa n° 22.193 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la defensa oficial en favor de Rodrigo Nicolás Yedra, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que lo condenó a la pena de dos meses de prisión, con costas, por hallarlo coautor del delito de hurto en grado de tentativa dos hechos-, e impuso la pena única de dos años y dos meses de idéntica especie, comprensiva de la referida y de la sanción de dos años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso- y costas fijada en la causa n° 15.472 del Juzgado de Garantías n° 2 de esa ciudad, por haber sido coautor penalmente responsable del delito de robo simple con la intervención de un menor de edad; condicionalidad que fue revocada (v. fs. 356/358).
Por resolución del 23 de mayo de 2017 esta Corte hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa del imputado contra la denegatoria referida, se declaró la nulidad de la resolución antes citada y se remitieron copias fotostáticas certificadas de las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín a fin de que dicte una nueva decisión sobre el punto (v. fs. 419/420 vta.).
Reingresada la causa, la Sala Segunda del Tribunal de Alzada, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de octubre de 2017, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Rodrigo Nicolás Yedro (v. fs. 437/438 vta.).
Para arribar a tal decisión, analizó la viabilidad del remedio impetrado "exceptuando la valla relativa al monto de pena prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal", y "...habiéndose en oportunidad anterior, dado por cumplidos los requisitos previstos en los arts. 481, 482, 483, 486 del ritual" indicó que evaluaría si han sido denunciadas cuestiones de índole federal, y agregó "en este sentido, evaluar si se han alegado inobservadas o erróneamente aplicadas normas de la ley sustantiva..." (fs. 437 vta.).
Luego de reseñar el contenido del recurso, señaló que surge de su contenido que la defensa alegó que la sentencia colisiona con "los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los arts. 40, 41, 55 y 58 del CP" (fs. 438).
Concluyó que "por lo expuesto, y habiendo la impugnante desarrollado agravios a la ley sustantiva y planteado embates de índole federal", correspondía declarar la admisibilidad del recurso (v. fs. cit.).
II. La impugnación debe declararse mal concedida (art. 486, CPP a contrario sensu).
1. De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que el Tribunal de Alzada consignó que fue "el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil n°2 departamental" quien dictó sentencia en la presente, cuando debió referirse al Juzgado Correccional n°1.
También indicó que la defensa entendió vulnerados, entre otros, los arts. 3, 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, pero de la lectura del remedio incoado no surge la mención de dicha convención (v. fs.342/380).
2. Ahora bien, el auto de admisibilidad de fs. 437/438 vta. presenta los mismos déficits destacados por esta Corte mediante la resolución del 23 de mayo de 2017 que anuló la denegatoria del mismo recurso- en tanto la concesión en trato no cumple con el recaudo de debida motivación.
En efecto, la genérica referencia efectuada por el a quo no abastece el estándar de debida fundamentación exigido por los arts. 106, 484, 486 y concs. del Código Procesal Penal, en tanto el órgano inferior omitió pronunciarse categórica y circunstanciadamente sobre la observancia de los requisitos sustanciales y formales del conducto recursivo incoado por la parte.
Por un lado, se advierte que no se encuentra cumplido el requisito referido al monto de la pena previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal, sin embargo, la vía de inaplicabilidad fue concedida por los agravios vinculados con la violación de la ley sustantiva, sin explicar por qué en este caso habría que excepcionar las limitaciones que prevé la norma ritual antedicha.
Por otro, en cuanto a los embates de índole federal que estimó planteados, se limitó a mencionar diversas mandas constitucionales y entre ellas, una totalmente inatingente, como se destacó en el punto II.1.
III. No obstante lo expuesto, como Tribunal del recurso por economía procesal y con el objeto de garantizar el postulado contenido en el art. 2 del CPP- debe señalarse que el agravio de la recurrente no ha sido articulado con la suficiencia y carga técnica necesarias para que sea abordado en esta sede conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (La Ley, 1987-D. 156).
Es que la parte se limitó a mencionar que en la instancia anterior había reclamado "la inconstitucionalidad de la pena única", pero sin concretar en esta oportunidad- un agravio sobre el punto.
Del mismo modo, la denuncia de indebida fundamentación del fallo en crisis con afectación de los principios de culpabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, al haber confirmado la sentencia de primera instancia que determinó mediante el método aritmético- una pena que se aleja del mínimo legal previsto para el concurso real de delitos, peticionando que se aplique el sistema composicional; no resulta eficaz a los fines contemplados en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, frente al reclamo de la defensa la Cámara señaló que el órgano de grado escogió el método aritmético, entendiendo justa y equitativa dicha sanción a partir de la valoración de los atenuantes y agravantes consideradas en los pronunciamientos que son materia del mismo, lo cual no merece ningún reparo "...al no afectar los principios de culpabilidad por el acto y de razonabilidad y proporcionalidad de la pena". Agregó que las circunstancias fácticas reveladas a partir del informe ambiental invocado por la defensa para afirmar la inutilidad de los fines que persigue la pena privativa de libertad v.gr., prevención especial- "no son reveladores, de por sí, que el encartado se haya reencausado para llevar una vida dentro del orden social libre" (v. fs. 325).
A ello sumó que Yedro gozó de la prerrogativa que le da el art. 26 del Código Penal condena de ejecución condicional- y violó las reglas de conducta impuestas "por lo que resulta operativo lo dispuesto en el art. 27, primera y segunda parte del mismo cuerpo normativo".
Concluyó que las razones que fundamentan dejar en suspenso la pena privativa de libertad menor de tres años, deben ceder ante la comprobación de la comisión de un nuevo delito como ocurre en autos (v. fs. cit.).
De lo antes expuesto se colige que la impugnación se ha desentendido de los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada, insistiendo con las postulaciones de la impugnación ordinaria, sin lograr evidenciar la relación directa e inmediata entre la arbitrariedad invocada y las garantías que estimó involucradas, con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensa oficial (arts. 486 t.o según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia