Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 123556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario federal obrante a fs. 300/308 vta. (arts. 14 y 15, ley 48; 3 incs. "d" y "e" y 11 de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, Acordada n° 4/2007, CSJN).
"SANZ, CRISTIAN BERNARDO; FERNANDEZ ALARA, ARMANDO AGUSTIN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 55.365 Y SU ACUMULADA N° 57.774 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 5 de diciembre de 2018.
La presente causa P. 123.556-RQ, caratulada: "Sanz, Cristian Bernardo; Fernández Alara, Armando Agustín s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 55.365 y su acumulada N° 57.774 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. Que contra la sentencia dictada por esta Corte que, por un lado, declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Cristian Bernardo Sanz y Armando Agustín Fernández Alara en orden al delito de estafa por el que llegaban acusados y, por el otro, rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados respecto de la acción civil (v. fs. 282/288 vta.), el doctor Matías L. Bertoncello, apoderado del particular damnificado y actor civil Daniel Francisco Di Nunzio, dedujo recurso extraordinario federal en los términos del art. 14 de la ley 48 (v. fs. 300/308 vta.).
1. En primer lugar, denunció la falta de acreditación de la prescripción de la acción penal. Indicó que esta Corte resolvió la cuestión sin requerir informes de antecedentes de los imputados, por lo que -a su entender- corresponde anularse el fallo y suspenderse el dictado hasta tanto se acrediten los requisitos de procedencia (v. fs. 302 y vta.). Así, tildó de arbitrario el fallo por contener un fundamento aparente y apartarse de las constancias de la causa (v. fs. 303).
2. Señaló que, además de la errónea aplicación del art. 67 Código Penal alegado, la sentencia no indica el modo de conclusión del proceso respecto de los imputados, ni ordena que un inferior lo realice. Explicó que el proceso culmina con un auto de mérito que así lo disponga, sin que en los fundamentos del voto del doctor Soria ni en la parte resolutiva, se establezca la forma en que queda concluido el proceso ni la norma procesal en que se funda (v. fs. cit.).
3. Asimismo, entendió que se realizó una interpretación arbitraria de la pieza recursiva, diseccionando cada uno de los recursos y pretendiendo la falsa existencia de agravios exclusivamente a la acción penal y otros referidos a la acción civil (v. fs. 303 vta./304). Sostuvo que todos los fundamentos y agravios desarrollados en la primera parte de ambos recursos no fueron abordados, bajo el erróneo argumento de que estaban dirigidos a atacar la acción penal, y por ello el Tribunal obvió tratarlos en virtud de la prescripción de la acción declarada precedentemente (v. fs. cit.).
Agregó que esa parte nunca tuvo la posibilidad de atacar el decisorio que rechaza la acción civil en base a que se decretó la prescripción de la acción, alegando que no se ingresó al análisis de la mayoría de los agravios en virtud de dicha decisión (v. fs. 304 vta.). Tal proceder, impidió que se analicen los agravios relativos a la errónea y arbitraria valoración de la prueba rendida en la causa que -a su entender- incidían en la acción civil y en el resultado del pleito (v. fs. 305).
4. Desde otro lado, tachó al fallo de arbitrario por autocontradictorio. Afirmó que por un lado se señaló que no podía ingresarse a tratar los agravios de esta parte supuestamente dirigidos a atacar la cuestión penal, pero se rechazaron los agravios que cuestionaban la cuestión del reclamo civil indicando que el veredicto absolutorio se basó en la inexistencia de delito penal (v. fs. cit.). Afirmó que la autocontradicción surgía en punto a que la causa o finalizaba por sobreseimiento por prescripción de la acción penal o por absolución por inexistencia del delito penal (v. fs. 305 vta.).
5. De seguido, alegó la falsa limitación de la cuestión federal. Indicó que la resolución de concesión del recurso sólo hace referencia al recurso del particular damnificado y no al del actor civil, por lo que no puede invocarse una supuesta limitación federal que realmente no había existido (v. fs. 306). Además, expuso que en la acción civil la limitación no está dada por la pena prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal, sino por el monto del juicio que conforme lo establece el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el presente caso lo supera holgadamente (v. fs. 306 vta.).
6. Por último, denunció la arbitraria valoración de las constancias de la causa. Sostuvo que la sentencia impugnada critica la escasa extensión de los agravios relativos a la acción civil pero partiendo de un presupuesto erróneo como es inferir que el resto del recurso no estaba dirigido a atacar la fundamentación del rechazo de la demanda civil (v. fs. cit.).
II. Que conferido traslado a la Procuración General, a los doctores Martín Miguel Otaño Manerola y María Marta Monacelli -defensores particulares de Armando Fernández Alara- y al doctor Rubén José Diskin -defensor particular de Cristián Bernardo Sanz-, en los términos del art. 257 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fue contestado por el señor Subprocurador, quien a fs. 314/316 vta. aconsejó que se declare inadmisible la impugnación federal intentada.
III. Que esta Corte -en primer término- afirmó que se encontraba impedida de ingresar al abordaje de los reclamos en razón de que el hecho por el que fueran juzgados y absueltos los imputados, en orden al art. 172 del Código Penal, había prescripto (v. fs. 284). Explicó que el último acto procesal con aptitud para enervar el curso de la prescripción de la acción penal fue el auto de citación a juicio dictado el 13 de junio de 2006, por lo que siendo que el delito de estafa prevé una escala penal que su máximo asciende a seis años de prisión, la acción penal se había extinguido el 13 de junio de 2012, sin que -por otra parte- se verificase la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" del Código Penal a tenor de los informes agregados a la causa (v. fs. 284 vta.). En consecuencia, declaró de oficio respecto de Cristina Bernardo Sanz y de Armando Agustín Fernández Alara la extinción de la acción penal en orden al delito de estafa (v. fs. cit.).
De seguido, aclaró que no obstante haberse declarado la prescripción de la acción debía darse tratamiento a las objeciones del actor civil, limitándose a lo que pudiera referirse a esa parcela del pronunciamiento (v. fs. 285 vta.).
1. En primer término, consideró improcedente el recurso extraordinario de nulidad. Expuso que la discrepancia de fundamentos que citaban los recurrentes se referían a la amplitud que le habían asignado los magistrados votantes a la actuación del particular damnificado en lo que atañe a la acción penal. Indicó que en el fallo en crisis en modo alguno hubo discrepancia acerca de las facultades del actor civil, pues éstas no habían estado en entredicho (v. fs. 286). Sostuvo que el defecto apuntado -de existir- afectaría lo decidido acerca del delito de estafa materia del juicio, cuya acción penal se declaró prescripta, sin incidir respecto del tramo correspondiente a la acción civil (v. fs. cit.).
2. En segundo lugar, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Así, señaló que de acuerdo a la prescripción declarada no correspondía abordar los agravios que los apoderados de la parte exponían, a excepción de los dedicados a la acción civil. En ese carril, recordó que la concesión del recurso sólo se había efectuado a los efectos del tratamiento de los agravios de pretenso cariz federal (v. fs. 287).
Por otra parte, alegó que de entenderse que la vía también había quedado franqueada para el abordaje de ese acápite del recurso, el planteo era técnicamente insuficiente en razón a que, más allá de afirmar de modo abstracto la posibilidad de que exista un delito civil diverso del penal -lo cual nunca fue objeto de disputa-, el actor civil no aportaba ningún elemento de convicción que permitiese sostener que se lo había acreditado en la causa (v. fs. 287 vta.). Agregó que la parte tampoco había justificado que hubiese existido una aplicación arbitraria de las reglas del art. 1.103 del Código Civil ni indicado en que tramo de la sentencia del juicio o de su confirmatoria se abordaron cuestiones relativas a la tipicidad que dejarían subsistente un delito civil (v. fs. cit.).
Por último, estimó que no cabía expedirse sobre la posibilidad de que la parte pueda todavía ejercer una acción derivada de un contrato -salvedad que propiciara la Procuración General en su dictamen- en razón de no haber sido materia del pronunciamiento recurrido (v. fs. 288).
IV. Que el recurso extraordinario federal no debe ser concedido.
La articulación se funda en la arbitrariedad, sin que el recurrente consiga demostrar -siquiera conjeturalmente- que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal, el fallo impugnado haya incurrido en los supuestos de ese vicio invocados.
Considerando que la doctrina sobre la arbitrariedad de la sentencia es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 320:1504; 321:2243; e.o.) no se evidencia prima facie que la respuesta brindada en el caso afecte su condición de acto jurisdiccional válido.
En supuestos como el presente la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad (arg. doctr. causa P. 420.XL. "Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad arts. Ley 12.067", sent. de 21-IX-2004), sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
1. En cuanto a la parcela vinculada a la declaración de prescripción de la acción penal del delito de estafa, el agravio del recurrente se desentiende completamente de la resolución impugnada en cuanto -concretamente- indicó que no se verificaba la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" del Código Penal a tenor de los informes agregados a la causa.
2. Asimismo, tampoco puede prosperar la denunciada autocontradicción que el recurrente le adjudica al resolutorio.
Sobre el punto, cabe recordar que el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca absolvió a los acusados al entender que no se encontraba probado la existencia del hecho en su exteriorización tal como fuera materia de acusación. Dicho punto, fue confirmado posteriormente por la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal.
Ahora bien, esta Corte declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de estafa por el que venían acusados Cristian Bernardo Sanz y Armando Agustín Fernández Alara, afirmando -en consecuencia- que no correspondía abordar los agravios que los apoderados del particular damnificado exponían acerca de la procedencia, a excepción de la parcela dedicada a la "acción civil".
De la reseña efectuada, se advierte que la parte no demuestra que lo decidido por este Tribunal contenga las diversas proposiciones en pugna que le atribuye, lo que impide -a su vez- demostrar que en el caso exista una relación directa e inmediata entre el supuesto de arbitrariedad argüido -autocontradicción- y lo debatido y resuelto por este Tribunal.
3. En cuanto a las restantes críticas efectuadas, cabe destacar que la defensa no resistió la decisión ahora impugnada más que con su mera opinión personal discrepante respecto de la entidad que cabía asignarle a los agravios formulados en el recurso extraordinario local, técnica que resulta ineficaz para habilitar la vía pretendida (art. 3 letras "d" y "e", Reglas para la Interposición del Recurso Extraordinario Federal, Acordada n° 4/2007, CSJN).
V. Que por todo lo expuesto, la parte no ha logrado demostrar la relación directa e inmediata entre los supuestos de arbitrariedad argüidos, el derecho federal invocado y lo debatido y resuelto en el caso, incumpliéndose con la carga prevista en el art. 3, inc. "e", de las Reglas para la Interposición del Recurso Extraordinario Federal, Acordada n° 4/2007, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario federal obrante a fs. 300/308 vta. (arts. 14 y 15, ley 48; 3 incs. "d" y "e" y 11 de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, Acordada n° 4/2007, CSJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia