Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133483
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.483, "P., K. -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario en causa n° 76.292 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de noviembre de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la particular damnificada contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro que absolvió a D. G. S. por el hecho materia de acusación, que fue calificado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado (art. 119, segundo y cuarto párrs., incs. "b" y "f", Cód. Penal; v. fs. 166/177, 74/99 vta. y 49).
La particular damnificada, K. P., por derecho propio y en representación de su hija M. S. P., con el patrocinio letrado de las doctoras Patricia Virginia Obeid y María Cecilia Silva, interpuso lo que denominó como recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 182/190), de los cuales únicamente le fue concedido parcialmente el segundo por el tribunal intermedio por resolución del 8 de octubre de 2020 -luego de una decisión anterior en la materia que fue anulada, en cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por esta Suprema Corte- (v. fs. 303/306, 256/258 vta. y 277/279 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 352/362), dictada la providencia de autos (v. fs. 371), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Si bien la recurrente formuló indiscriminadamente lo que tituló como recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, en definitiva, la impugnación fue concedida solo con relación a este último y en forma parcial ya que no se lo admitió en lo atinente a la valoración de la prueba.
El único agravio que sorteó la valla de la admisibilidad concierne a "...la inobservancia de la ley sustantiva, en el caso diversos artículos de la ley 26.036" ( rectius : 26.061; fs. 305), pues se alega que el fallo de la Casación violó "...la ley 26.061 y los arts. 12, 19, 39 de la Convención de los derechos del niño, en tanto señalan la obligación de los operadores judiciales de tener contacto con los niños en todo asunto que les concierna 'bajo sanción de nulidad'" y, según se denuncia, "...la presunta víctima nunca fue oída por las autoridades que intervinieron a lo largo del proceso..." (fs. 303 vta.).
II. La recurrente sostiene "Que durante el período comprendido entre los meses de febrero a abril de 2011, D. S., en la vivienda ubicada en la calle … de Septiembre … de Pilar, procedió a abusar sexualmente de su hija M. de 3 años de edad, con quien convivía, a través de la utilización de objetos denominados por la menor como bolitas y/o pelotitas que colocaban en sus partes íntimas como la vagina y la cola. Que además señalaba al miembro viril masculino como 'la cola de papa [...] donde hace pis y le sale un juguito'(sic) señalando a la Lic. Kriznik una cartuchera con forma de cono, refiriendo que era como la cola de papá" (fs. 183).
En lo que aquí interesa, la particular damnificada afirma que ningún juez tuvo contacto directo con la niña y que, por lo tanto, se incumplió con los arts. 2, 3, 9, 11, 24 y 27 de la ley 26.061 (v. fs. 183/184).
Señala que su hija "...nunca fue oída ni por el Juez de Garantías, ni por el fiscal, ni por los Jueces del TOC, ni por los jueces de Casación, ni por la Asesora de menores...", lo cual debió acarrear la nulidad de oficio de todo lo actuado. Plantea que no se sabe qué habría pasado si la niña hubiera sido oída y tal vez los jueces, quienes absolvieron por la duda, habrían dejado de dudar al escucharla. Considera que se trata de un deber que debió ser subsanado de oficio si ninguna de las partes lo solicitó (v. fs. 185).
Manifiesta que el fallo del tribunal en lo criminal expuso que se encontraba ausente "...el principal elemento sobre el cual debe formarse la convicción del juez...", en función de lo cual sostiene que el propio juzgador reconoció esa falta y resolvió sin repararla. Y añade: "Y no estoy hablando de la Cámara Gesell, sino del contacto elemental de los jueces con la víctima" (fs. 185 vta.).
Reclama porque la Casación convalidó la situación sin tampoco subsanarla, cuando la niña -según lo indica- no estaba preparada para la cámara Gesell, por lo que debió haber sido conocida por los jueces (v. fs. 185 vta.).
Alega también que "...se debió realizar la Cámara Gesell durante la instrucción" (fs. cit.).
Por lo tanto, considera vulnerado el debido proceso y denuncia que la absolución deja en situación de desprotección a la niña frente a la posibilidad de que S. reanude el contacto con ella. Asimismo, invoca la Convención sobre los Derechos del Niño y otros documentos internacionales referidos al testimonio de los niños y niñas víctimas (v. fs. 186).
Finalmente, replica el argumento de la Casación en cuanto a que la absolución derivó de la percepción que se obtuvo de los testimonios producidos, denunciando que "...les faltó contar con la 'percepción' nada menos que de la VICTIMA, con lo cual es claramente parcial y deberá ser subsanado por VVSS con un nuevo juicio" (fs. 186 vta. y 187).
III. En el veredicto absolutorio del tribunal en lo criminal, en el cual no se consideró acreditada la materialidad ilícita, se efectuaron ciertas consideraciones que, de un modo u otro, conciernen a este asunto:
1. Según la fiscal del debate, doctora Domínguez, "M. nunca pudo hablar pero su cuerpo sí [...], comenzó a aparecer distinta sintomatología..."; "El fuero de Familia le da intervención a la Licenciada KRIZNIK, ahí es donde comienza a poner en palabras lo que le estaba sucediendo, independientemente de la falta de una diligencia de Cámara Gesell" (fs. 76 y vta.).
2. En el período imputado como de comisión de los hechos, la niña no tenía tres años de edad sino dos años recién cumplidos, lo cual implica un diferente desarrollo evolutivo (v. fs. 77 vta.).
3. En cuanto a los testimonios infantiles y su relevancia para la demostración del tipo de ilícitos como el que fue motivo de acusación, el tribunal expresó que la niña "...no ha sido escuchada a lo largo de los casi cuatro años que insumió la tramitación del proceso, aun cuando se intentó oírla en los términos del art. 102 bis del CPP en el marco de la audiencia de debate. En la segunda entrevista llevada a cabo por la Licenciada Sonia OETTEL, del Centro de Asistencia a la Víctima, se evaluó tanto a la niña como a la madre (nuevamente el destacado me pertenece) y se consignó que M. sostiene una negativa a hablar del tema, por lo que se concluye en que no está en condiciones de participar de la diligencia", de modo que se encontraba ausente el principal elemento para la formación de la convicción del juez (v. fs. 78/79).
4. Al referirse al testimonio de la madre, el tribunal del debate consignó que manifestó que la niña decía que no se acordaba, "...pero se acuerda cosas que pasaron cuando tenía dos años. No sabe si está en condiciones de declarar, lo tiene muy acomodado [...] muy elaborado [...] No se puede preguntar puntualmente, ella no va a hablar". En cuanto a sí misma, la progenitora manifestó que "Ella no podía hacer que la nena declarara" (fs. 83).
5. Acerca del testimonio de la psicóloga Kriznik, el juzgador reseñó que intervino por disposición del juzgado de familia de Pilar por una denuncia de violencia familiar y que mantuvo entrevistas con la niña, luego de lo cual como sospechaba que era víctima de abuso sexual por parte de su padre, se dirigió a la comisaría y formuló la denuncia. La profesional declaró que "Se pronunció en contra de la realización de una diligencia de Cámara Gesell, debido a que estimó que la niña era muy pequeña para ello" (fs. 87/88 vta.). La especialista refirió que al reiniciarse las visitas con el padre hubo una retractación, lo cual -manifestó- es característico de las situaciones de abuso (v. fs. 89 vta.).
6. El tribunal también computó el testimonio de la licenciada Castro (perita oficial) quien entrevistó a la niña cuando tenía cuatro años de edad, ocasión en la cual contó circunstancias como las referidas en la imputación de la particular damnificada pero, aun así, la experta indicó que "...No era posible hacer una Cámara Gesell, el relato no era suficientemente claro como para aportar más elementos que la evaluación psicológica. Era mejor preservarla porque no tenía mucho para aportar. No había un relato claro como para aportar". También mencionó un momento en el cual la niña se desdecía (v. fs. 90/92 y 97). Asimismo, el tribunal sintetizó la declaración de la psicóloga Franco del hospital pediátrico de Del Viso, quien la evaluó en la misma época: "En relación al papá, le relató un episodio, le hacía cosas en la casa de Pilar, le metía pelotitas en la cola. Lo tenía elaborado, no había angustia"; aunque seguidamente refirió indicadores de ansiedad y angustia (v. fs. 93 vta. y 94).
El tribunal evaluó la prueba recabada -cuyo contenido se ha restringido aquí a lo que específicamente concierne a los fines de resolver el recurso extraordinario-, y concluyó en la absolución por una situación de duda (v. fs. 92 vta./93 vta. y 96 vta./98). Entre sus fundamentos computó que no se contaba con un relato directo de M. (v. fs. 97 vta.).
IV. En el recurso de casación la particular damnificada discutió la valoración de la prueba y, en lo que aquí interesa en especial, objetó que "...la sobrevaloración de la inexistencia de la Cámara Gesell, permitió arribar a un plexo convictivo arbitrario" (fs. 108 vta.).
En cuanto a la afirmación del tribunal del juicio de que la niña no había sido escuchada en el proceso por lo cual se hallaba ausente el principal elemento de prueba en un caso de abuso sexual, la recurrente negó que la realización de una cámara Gesell tuviera tal entidad. Planteó que es falaz considerar que sin la realización de tal diligencia "...el resto de los elementos probatorios no tienen fuerza convictiva..." y que también lo es postular que "...sin su realización, de ningún modo se ha podido escuchar a la menor víctima". Así, criticó que para el tribunal "...la menor no habló [...] nunca pudo ser escuchada". Insistió en que sí pudo accederse al relato de la niña pues habló "...primero con su cuerpo y luego con las personas que la escucharon atentamente en tres oportunidades...": las licenciadas Kriznik, Franco y Castro. Expuso que "Se conoce lo que la menor refería, lo que a la menor le pasaba, o lo que estaba padeciendo por parte de un padre abusador. Todas las profesionales que han evaluado a la menor fueron totalmente contestes en lo atinente a su relato...". Continuó: "Entonces que el a quo afirme que la menor NO HABLO, que no pudo ser escuchada, no deriva de un razonado y coherente análisis de los elementos aportados durante las largas jornadas de debate". Consideró que la cámara Gesell es un elemento relevante pero no el único ni el principal, y que "La menor M. SI HABLO y los Sres. Jueces 'la escucharon' a través de los testimonios de personas que están experimentadas en la escucha...". Concluyó que en este caso "...la existencia o ausencia de la cámara Gesell no hubiese aportado mayores datos o detalles al momento de la develación. La niña era muy pequeña y logró decir lo que le acontecía con sus palabras, fielmente reflejadas por las profesionales actuantes" (fs. 113/114).
En el mismo sentido manifestó que "...la menor nunca pudo volver a ser escuchada por el grado de revictimización a que se la hubiese sometido..." si se la obligaba a declarar (v. fs. 117).
Finalmente, en lo que resulta aquí pertinente, invocó la ley 26.061 en cuanto en su art. 9 establece el derecho a la dignidad y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes (v. fs. 124).
V. El Tribunal de Casación se ocupó de la valoración de la prueba.
Entre otras consideraciones manifestó que no hubo "...un testimonio de la presunta víctima" (fs. 171) y que el tribunal del juicio valoró que la niña no había sido escuchada directamente (v. fs. 174).
De todos modos, revisó los fundamentos del veredicto concernientes a los dichos de las especialistas que recogieron el relato de M..
Así, convalidó que el testimonio de la psicóloga Kriznik brindado durante la instrucción -del que se concluyó que resultaban contradicciones con su exposición oral- pudiera ser empleado en el fallo por cuanto, según lo entendió, el art. 366 del Código Procesal Penal veda, en su caso, utilizar para la condena los elementos producidos en esa etapa, pero no lo inhabilita para emitir una absolución (v. fs. 173). Entre otras razones, la Casación tuvo en cuenta que en su declaración durante la investigación, esta profesional dijo que "...la situación de 'esconder una bolita en la cola' no puede asegurar una conducta de abuso sexual, y que la Sra. P. en forma permanente invadía el espacio de M. porque ingresaba al consultorio con la necesidad de 'comentar algo' y sin registrar la presencia de la menor por lo que debía sacar a la niña para escuchar a la madre, porque la madre no posee ningún reparo en hablar en frente de la menor. Que le indicó a la madre tratamiento psiquiátrico porque se la ve bastante desequilibrada y muy metida en el conflicto con el marido" (fs. 173 y vta.).
En lo que atañe a las declaraciones en el debate de las licenciadas Castro y Franco, quienes según el juzgador de origen eran las únicas que no tenían vinculación con las partes, apreció que "La primera evaluó a la niña cuando tenía cuatro años, esto es dos años después del momento en que habrían ocurrido los hechos, y expuso que la niña señaló que su padre le habría 'puesto' una pelotita en la cola, aunque en una ocasión señaló que dicha maniobra habría sido con una pelota de básquet. Que no había contenido propio de abuso en los dibujos ni en los test pero sí indicadores de traumatización. Por su parte la licenciada Franco señaló que los síntomas que le refirió la madre para la realización de la anamnesis no estaban presentes al momento de la evaluación de la niña" (fs. 174).
Por estos y otros fundamentos, confirmó el pronunciamiento atacado.
VI. A contrario de lo que propone la Procuración General, considero que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
VI.1. En primer lugar, corresponde despejar la cuestión concerniente a la realización de una cámara Gesell, señalando que la impugnante aclaró ante esta instancia que no estaba hablando de tal procedimiento, por lo cual no planteó objeciones sobre la circunstancia de que no se haya empleado tal mecanismo, aunque reprochó que no se hubiera producido durante la instrucción.
Conviene explicitar que la fiscalía, al ofrecer prueba para el debate, solicitó como instrucción suplementaria que se evaluara a la niña para establecer si se hallaba en condiciones de intervenir en aquel procedimiento (v. fs. 504 del principal); la particular damnificada adhirió a tal petición (v. fs. 513 vta.), que resultó finalmente admitida por el tribunal (v. fs. 521 vta., 522 y 528 vta.). El informe emitido en consecuencia por la psicóloga Oettel, en el año 2015, a los seis años de edad de M., concluyó que no se encontraba en condiciones psicológicas de atravesar la diligencia regulada por el art. 102 bis del Código ritual (v. fs. 561/562).
Durante el debate se volvió sobre el punto y el tribunal hizo lugar a la propuesta de la fiscalía de que la diligencia se realizara previo dictamen pericial acerca de si la niña se hallaba en condiciones de declarar (v. fs. 778/780 vta.), por lo cual volvió a expedirse la misma profesional y, al reevaluar a M., mantuvo la conclusión que antes había expuesto (v. fs. 784 y vta.). El informe fue puesto en conocimiento de las partes durante la audiencia, y con ello se dio por concluida la etapa de recepción de la prueba, de modo que se concedió la palabra a aquellas para que alegaran (v. fs. 785 vta. y 786).
VI.2. Por otro lado, es cierto que la Casación manifestó que no hubo un testimonio o escucha directa de la niña.
Sin embargo, el órgano intermedio se ocupó de las declaraciones de las especialistas que recogieron las manifestaciones de M. de manera que, en definitiva, coincidió con la parte en que fue esa escucha profesional el medio por el cual se contó con el relato de la niña. Con base a esa, y otras consideraciones, ratificó la decisión absolutoria.
Puede concluirse, entonces, que más allá de cuestiones terminológicas, el tribunal revisor y la recurrente entendieron que las narraciones fueron conocidas a través de la escucha de las profesionales que intervinieron. Y, para la recurrente, eso bastaba sin necesidad de un testimonio en cámara Gesell.
VI.3. Por lo tanto, acerca de si la niña fue o no oída por los magistrados, la postura de la recurrente es contradictoria pues mientras ante esta Corte afirma enfáticamente que no lo fue, ante la Casación había sido contundente al argumentar que la niña habló, incluso a través de manifestaciones no verbales, y que los jueces la escucharon a través del testimonio de personas experimentadas en la escucha de este tipo de casos.
De modo similar, en la audiencia celebrada ante el tribunal intermedio la particular damnificada cuestionó que en el veredicto se consignara que "...la víctima no fue escuchada porque no declaró en Cámara Ge[sell], siendo que la niña habló ante tres peritos y de ese modo se incorporaron sus dichos" (fs. 163).
VI.4. Distinto es el asunto sobre la falta de contacto directo de los jueces con M..
Este reclamo es tardío, ya que no fue materia de agravio ante el Tribunal de Casación en el recurso respectivo ni tampoco se aludió al asunto al manifestarse en la audiencia ante dicho órgano (v. fs. 162/164 vta.; doctr. art. 451, CPP).
VI.5. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su art. 2 que tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos y, de conformidad con lo ya reseñado, se advierte que en este caso lo ha sido a través de lo recogido por la escucha especializada de las profesionales que intervinieron.
Tampoco se demostró aquí que la no realización de la cámara Gesell no haya obedecido a la obligación de respetar la edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, tal como lo prescribe su art. 3 inc. "d".
Igualmente, no se ha explicado que, a partir de las circunstancias de las que ya se ha dado cuenta, se hayan transgredido en este juicio las disposiciones del art. 27, que establece las garantías mínimas en los procedimientos judiciales, cuando consagra en el inc. "a" la de ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente y en el inc. "b" la de que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte.
En el nivel constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el art. 12.1 que los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño y que, a tenor del art. 12.2 del mismo tratado, con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
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