Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129376
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.376, "M., F. Á. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 68.104 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de septiembre de 2015, rechazó por improcedente el recurso deducido por la defensa oficial de F. Á. M., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que lo condenó a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (v. fs. 78/88).
Esa decisión fue impugnada por la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, quien interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 116/140 vta.; siendo admitido por el Tribunal casatorio a fs. 141/144 vta.
Oído el señor Procurador General a fs. 152/154, dictada la providencia de autos (v. fs. 155), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta de casación tildó a la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, afectando la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171 de la Const. prov.). Alegó la revisión aparente de la sentencia de condena, con transgresión al " in dubio pro reo " (arts. 1, CPP; 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 127).
Concretamente reprochó al Tribunal de Casación haber constituido un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, pues habiéndose acudido a dicha instancia en procura de la revisión de la condena, la sentencia intermedia no satisfizo la citada garantía (v. fs. 133 vta.).
Recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en la causa "Casal", y señaló que el pronunciamiento recurrido apeló a reediciones de lo decidido en la instancia original, o a fórmulas genéricas y dogmáticas (v. fs. 134).
Adujo que no se dio respuesta al planteo relativo a las contradicciones e inconsistencias de los dichos de la víctima y de su progenitora, con los contenidos de la denuncia incorporada por lectura a debate y con sus posteriores declaraciones; haciendo referencia -por un lado- respecto a las zonas por las cuales habría sido accedida la víctima por el imputado M., lo cual fuera descartado por el reconocimiento médico ginecológico; resaltando que para esa fecha los signos comprobados serían por los cuales la víctima resultó embarazada -fines del mes de abril-, cuando el imputado ya no vivía en la casa; y por otra parte, en cuanto a los diferentes momentos en que ocurrieron los abusos por parte del imputado y de T., y las expresiones de la víctima en torno a que "'...parecía se ponían de acuerdo para abusar carnalmente de ella', pues lo hacían un día uno y otro día otro, cuando [la progenitora] dijo en la audiencia oral, recién comenzó a laborar y de noche, cuando M. se retiró de la casa en marzo de 2010" (fs. 134 vta.).
Cuestionó la falta de respuesta y control de la totalidad de las actuaciones por parte del Tribunal revisor, las cuales darían cuenta de las contradicciones denunciadas; entendiendo que el a quo guardó silencio sobre el tercer hecho de abuso; remarcando las omisiones en la declaración de la víctima respecto a los abusos a los que fue sometida por parte de T., producto de los cuales dio a luz a la hija de ambos (v. fs. 135/136).
Consideró que los informes de la licenciada Araujo bien pudieron referirse a los hechos en los que intervino el mencionado T. (v. fs. 136 vta.).
De seguido, criticó la revisión efectuada respecto del agravio relativo a la valoración de dos agravantes, sin explicar -según la defensa- por qué no se efectuó una doble valoración prohibida al computar ambas severizantes (v. fs. 137 y vta.).
Sostuvo que el a quo dictó una sentencia arbitraria, al utilizar afirmaciones doctrinales y apartarse de las constancias de la causa, ocasionando la afectación del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo , previsto en los arts. 18 de la Constitución nacional; 1 del Código Procesal Penal; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 137 vta.).
En apoyo de su reclamo, citó los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 96.240, sentencia de 11-III-2009 de este Tribunal (v. fs. 138 vta. y 140).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 152/154).
III.1. La decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio que habían sido llevados a su conocimiento.
Los reclamos presentados para la consideración del órgano revisor (v. fs. 50/60), se centraron en cuestionar al único testigo -la víctima- como principal elemento probatorio, denunciando la carencia de otros elementos capaces de acreditar la materialidad ilícita y la autoría de M.. Sin embargo, merecieron el rechazo con fundamentos sobre los que no se han demostrado los vicios reprochados, sea en relación con el alcance del derecho al recurso o en términos de arbitrariedad de sentencia.
El a quo convalidó el pronunciamiento del tribunal de juicio, que partió de la declaración de la víctima, E. S. Y., quien contaba al momento del hecho con quince años de edad "y padecía el síndrome de 'Stuge (rectius: Sturge) Webert' lo que le ha ocasionado una discapacidad visceral y mental, total y permanente". Aclaro que "...por su condición de tal no pierde capacidad para testimoniar verazmente en juicio, quien con las limitaciones propias impuestas por el síndrome que la afecta, el cual se traduce en deficiencias de coeficiente intelectual, estrechez del funcionamiento adaptativo, trastornos del lenguaje formal del habla, dificultades motoras gruesas y un nivel de pensamiento lógico concreto, pudo realizar un relato de lo ocurrido acorde a sus posibilidades"; y, añadió que "...si bien alguna parte de su relato no contó con la precisión necesaria para forjar la convicción de los jueces sobre otro acto abusivo, por lo menos de uno de ellos dio un relato detallado del desarrollo secuencial de los hechos, el lugar en donde fue llevado a cabo, las ropas que vestían, pudiendo incluso recordar el sangrado que le produjo la penetración llevada adelante en dicha ocasión por el acusado, circunstancia difícil de imaginar por la víctima -ateniéndonos a sus limitaciones intelectuales- si no fuera el producto cierto de la traumática y forzada experiencia a la que fue sometida" (fs. 81 vta. y 82).
Analizó lo valorado por el Tribunal de juicio en cuanto a que "...en lo sustancial y desde siempre, la menor imputó a M. como el sujeto que la accedía carnalmente. Así lo hizo a su madre cuando esta la interrogó sobre el embarazo que se detectó en la niña, lo refirió a su tía, y lo narró en todas las entrevistas psicológicas que se le practicaron"; sumó a ello, lo expuesto por la licenciada Araujo, quien aseveró que "...el relato de la menor fue espontáneo, congruente, creíble y verosímil, no existiendo tendencia a la fabulación, ajustándose a criterios de la realidad predominando el esquema concreto"; y lo manifestado por la perito María Luciana Ferrari, de la Oficina de Asistencia a la Víctima, quien afirmó que "...no obstante el retraso mental de la damnificada, pudo realizar un relato de lo ocurrido acorde a sus posibilidades" (fs. 82 y vta.).
Luego, desechó los cuestionamientos de índole general respecto a la declaración de la víctima, entendiendo que los mismos se basaron en la propia estimación de credibilidad del recurrente, y a espaldas de la doctrina del a quo , en cuanto a que "...los medios de prueba, y en particular, de aquellos producidos ante su presencia en el marco de la audiencia, brindan al a quo un valor de percepción único e intransferible y la fuerza convictiva de unos sobre otros no resulta examinable por la vía casatoria, ni aún al amparo de la doctrina judicial del Alto Tribunal in re 'Casal'"; apuntando que en el marco de una inmediación inabordable por ese Tribunal "...los sentenciantes dieron eficacia a la declaración de la damnificada quien en el debate oral y público, sometida al control cruzado de las partes, fijó los alcances de su exposición adornada por aquellos detalles que hacen referencia al contexto en el que tuvo lugar el acto de abuso sexual reputado en el fallo".
Indicó que los jueces otorgaron preeminencia a los aspectos fácticos narrados por la menor que encontraron indicios acompañantes en el resto de la prueba arrimada al juicio, "...prescindiendo en favor del imputado, dar certeza a otros sucesos de abusos desprovistos de precisión en el relato de la niña", remitiéndose a la primera cuestión del veredicto (fs. 82 vta. y 83).
Con fundamento en lo antes señalado el órgano revisor no advirtió incorrección alguna en la ponderación llevada a cabo por el sentenciante, sino "...una adecuada y razonable composición e interpretación de la prueba, el a quo pasó revista al testimonio de la madre de la niña y expareja del acusado –M. V. K.- quien aseveró que su hija concurría a una escuela para discapacitados, que solo jugaba a las muñecas y que al único lugar donde iba sin compañía era a la casa de su hermana, la que se hallaba pegada a su vivienda", explicó que durante el año 2010 fue llamada a concurrir a la escuela en donde le indicaron que S. estaba embarazada; y a raíz de ese detonante espontáneo -la madre- "...mantuvo una charla con su hija quien le indicó que M. había abusado sexualmente de ella dándole un relato similar al que efectuó la menor ante el tribunal"; señalando que en ese momento el acusado ya no convivía con la declarante, "...en tanto había sido echado del hogar hacia fines de marzo de 2010 cuando tomó conocimiento que había abusado de otra de sus hijas" (fs. 83).
Reparó en que el tribunal de origen asignó a la declaración de la progenitora de la niña pleno valor suasorio al no advertir animosidad ni que hubiese influenciado el relato de la víctima, en tanto no agregó circunstancia alguna por fuera de los dichos de la niña, limitándose a recrear los sucesos vividos; y juzgó que dicho testimonio reforzó el valor del relato de la víctima "...al corroborar diversos aspectos de su aporte, el cual aparece también sostenido por la prueba científica, en cuanto el examen de los profesionales que examinaron a la menor no detectó índices que permitieran dudar de sus claras imputaciones" (fs. 83 vta.).
Por otro lado, teniendo en cuenta que una pericia de ADN acreditó que el padre de la criatura que dio a luz la joven no era el acusado M. sino su tío –J. M. T.-, la Casación refirió que en la instancia de juicio no se había soslayado ese dato pues el Tribunal en lo Criminal consideró que la menor "...tiempo después de su primera imputación [a M.] sin modificar un ápice los hechos enrostrados a M., indicó que también era víctima de otros hechos de índole sexual por parte de otra persona -su tío T.- lo cual de modo algun[o] permite excluir - per se - la firme y conteste acusación sobre M.", y que la exactitud de los hechos padecidos por la víctima por parte de su tío "...cuentan en el fallo con la demoledora prueba genética de paternidad del niño gestado por la víctima, en virtud de lo cual, a pesar de las limitaciones intelectuales que presenta, cuando acusa parece hacerlo en forma cierta y atinada" (fs. cit. y 84).
Aludió a los resultados del examen ginecológico, los que dieron cuenta de signos de desfloración de antigua data, con desgarros en hora 11 y 3; y consideró que "...la existencia de abusos por parte de otro sujeto, además de los imputados al acusado, no permiten que estos rastros incidan unívocamente como elemento corroborante de la conducta achacada a M., pero ello no le quita su valor indiciario". Asimismo, se refirió al examen psicológico de la menor, que permitió establecer la existencia de indicadores específicos que aluden a la situación de sometimiento sexual narrada por la menor. El por qué aquélla "...fue gradualmente dando a luz las conductas de abuso sexual que padecía por parte de distintos varones fue explicado por la propia Salomé, indicó sentir temor, lo cual, reitero, no constituye un elemento desincriminante hacia M., desde siempre señalado autor de sus propios actos de acceso carnal" (fs. 84).
Frente al cuadro probatorio expuesto, el a quo consideró que la defensa no logró demostrar un yerro esencial o notorio en el derrotero que lo conduce a concluir sobre los puntos controvertidos, "...pues la prueba del juicio da adecuado y suficiente fundamento a la decisión de los jueces sobre la existencia del hecho y la actuación ejecutiva del imputado", descartó la existencia de algún obstáculo que permita concluir en forma contraria de acuerdo al testimonio de la víctima, "...desde que no existiendo testigos presenciales del acontecimiento y superado el sistema de prueba tasada, ninguna limitación procesal rige sobre la valoración del testigo único, cuyo aporte, como ya se señaló, fue apuntalado por pruebas que dan cuenta de las secuelas físicas y psíquicas del abuso" (fs. cit. y vta.).
Consideró insuficiente el remedio interpuesto, puesto que -a su entender-, aquel se limitó a desgranar el criterio personal y adverso del impugnante respecto del valor incriminante acordado a las pruebas, en especial la testimonial, "...pretendiendo una elección distinta de los elementos de convicción acomodada a sus intereses, soslayando que los jueces de mérito son soberanos en la determinación de las pruebas sobre las que conforman su convicción razonada" (fs. 84 vta.).
Rechazó, las críticas de la defensa en torno a las referencias de la niña sobre que "...un día era abusada por M. y otros por su tío T., como 'si se pusieran de acuerdo', aludiendo a una suerte [de] alternancia dentro de un mismo lapso, lo cual no resultaría posible porque ellos no coincidieron temporalmente en su estancia en la casa", en tanto, señaló el a quo , pasa de largo sin razón valedera que la propia prueba del juicio da cuenta que el síndrome que padece la niña le impide dar precisiones en relación a variables temporales, lo cual bien justifica su falta de precisión en dicho aspecto, lo cual echa por tierra los argumentos que insisten en indeterminaciones de igual índole -en qué momento le contó la niña a su madre los abusos achacados a M.-, pues vuelven sus ojos sobre una incapacidad plenamente justificada, que no daña el valor suasorio de sus manifestaciones sobre los otros aspectos firmemente sostenidos (fs. cit. y 85).
Descartó en el fallo vicios lógicos que lo invaliden o que encuentre fundamento en elementos de convicción que hubieran sido valorados en forma absurda, arbitraria o enervados por otro déficit valorativo que lo desmerezca; y entendió que dicho análisis parte de "...la libertad probatoria consagrada en el ordenamiento ritual [...], el desarrollo secuencial de los hechos y la forma en que se produjo el menoscabo sexual de la damnificada encontró suficiente respaldo en las declaraciones brindadas por aquella, cuya fuerza de convicción apareció robustecida al compulsarla con el resto de los elementos de convicción que se incorporaron legalmente al juicio, lo cual no dejó ni deja espacio para el imperio del principio 'in dubio pro reo' , al no configurarse ninguna situación objetiva de incertidumbre sobre la existencia de los hechos y la intervención ejecutiva del encartado" (fs. 85 vta.).
III.2. En cuanto al agravio dirigido respecto a la determinación de la pena, el Tribunal de Casación lo desestimó en el entendimiento de que "...no constituye una transgresión de las reglas que disciplinan el proceso de determinación judicial de la pena la evaluación de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima producto del síndrome que la afecta -sobradamente explicado en el fallo-, en tanto ello constituye un índice hábil a fin de establecer la entidad del injusto, siendo que -con apego al hecho recreado en la primera cuestión del veredicto- el medio utilizado para vencer a la víctima resultó el uso de la violencia con la cual retuvo a la víctima en la habitación en donde se concretó el abuso, por lo que no puede verse en aquella circunstancia examinada por el tribunal una doble valoración prohibida". Asimismo, consideró que "...deberá descartarse que dicho déficit se verifique en la ponderación del vínculo filial de la menor con quien era concubina del ejecutor del delito -la víctima era a su vez hermanastra de los hijos del acusado-, pues el desprecio a dicha relación personal entrañado en la conducta imputada no se identifica con la circunstancia contemplada en el inciso f del artículo 119, párrafo cuarto del código de fondo, en el que se subsumió el hecho, en tanto dicha variable calificativa se asienta en un modo particular de afectación del bien jurídico del menor de dieciocho años -sacando provecho de la convivencia- que no repara en parentesco alguno sino en una facilitación del ataque fundada en la cotidianeidad propia de la convivencia" (fs. 86 vta.).
Recordó que el plexo normativo no establece un punto de ingreso fijo a la escala legal, siendo la intensidad antijurídica del hecho, entre otros aspectos, los que deben determinar la cuantía sancionatoria sobre la que operarán en definitiva las atenuantes y severizantes que se computen en cada caso; de seguido, descartó que la impugnación lograra demostrar déficit en la prognosis criminológica del autor al contemplar las dificultades del procesado para motivarse éticamente conforme al mandato de la norma y con su capacidad de evitación de la conducta prohibida (fs. 87).
Consideró que el sentenciante evaluó la concurrencia de una atenuante junto con las agravantes aludidas de conformidad con los arts. 40 y 41 del Código de fondo, lo cual habilitaba la compulsa en la graduación de la pena, y recordó que lo que se fulmina de nulidad es la ausencia de fundamentación y no la circunstancia de que el pronunciamiento pudo ser más explícito en cuanto al tratamiento de cada circunstancia agravante o atenuante en particular.
Añadió que el fundamento republicano exigible a un pronunciamiento judicial se haya satisfecho con la mención de las circunstancias relevantes para la individualización de la pena, el sentido en el que operan y las suscintas razones de ello (v. fs. 87).
Finalmente, consideró suficientemente fundado el fallo en orden a la determinación del monto de la pena impuesta, "...una sanción que no luce desentendida de la magnitud del hecho enjuiciado ni las circunstancias atenuantes y agravantes que, en conjunto, confluyeron para establecer la cuantía sancionatoria" (fs. cit. y vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.