Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139693
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Cristian Gonzalo Gau, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.693-RC, "Gau, Cristian Gonzalo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.059 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes integrado en forma unipersonal, el día 25 de junio de 2021, en el marco de un juicio abreviado, dictó veredicto absolutorio respecto de Cristian Gonzalo Gau con relación al hecho calificado como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el 21 de abril de 2022, hizo lugar al recurso. En consecuencia, casó la decisión por errónea aplicación de los arts. 77 del Código Penal y 40 de la ley 23.737 y dispuso el reenvío al tribunal de origen a fin de que, integrado con jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sin costas en esa instancia.
Contra ello, el señor defensor oficial ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito digital del 2 de mayo de 2022); el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del 25 de octubre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital del 8 de mayo de 2024), dictada la providencia de autos el 9 de mayo de 2024, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Dado que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se dirige contra un pronunciamiento que dejó sin efecto el veredicto de primera instancia y dispuso el reenvío para el dictado de uno nuevo; el órgano intermedio, al resolver la admisibilidad del mismo, procedió a equiparar a definitiva la decisión objetada (art. 482, CPP), a los fines de que esta Corte trate el agravio federal dirigido a poner en tela de juicio la vigencia del principio ne bis in idem. Por lo que bajo ese estricto marco se abordará la cuestión, quedando al margen del análisis los restantes cuestionamientos.
II. En la impugnación que aquí se examina, el señor defensor oficial denunció que lo decidido por la Casación transgredió la garantía del ne bis in idem en tanto dispuso el dictado de un nuevo pronunciamiento en vulneración del debido proceso y derecho de defensa en juicio. Además, tachó de arbitrario al fallo por desconocer la doctrina de la Corte federal sentada sobre el tema en "Videla", "Sandoval" y "Alvarado".
Afirmó que, según los citados precedentes, solo mediante una declaración de nulidad fundada en la inobservancia de alguna de las formas esenciales del proceso, es posible retrogradar el juicio por sobre actos ya cumplidos. Por lo tanto, "...si -como ocurre en el sub examine- lo que se pretende invalidar es la sentencia en virtud de vicios intrínsecos de esta, no es posible, en razón de ello, reanudar actos que, al dictarse la sentencia que se reputa inválida, ya habían sido adecuadamente cumplidos...(consid.9°)".
Aseveró que en el caso hubo un proceso válidamente cumplido en el cual el Tribunal en lo Criminal n° 5 de Quilmes, luego de analizar los elementos de prueba, resolvió absolver a Cristian Gonzalo Gau por el delito por el que fuera imputado. Agregó que el reenvío ordenado implica entonces, someter nuevamente al nombrado a los padecimientos del proceso penal que ya había superado, en franca oposición al principio de progresividad y preclusión de los actos procesales y violentándose así la garantía del ne bis in idem (en tal sentido, agregó lo decidido en Fallos: 272:188, "Mattei").
Por todo lo expuesto, sostuvo que el Tribunal de Casación Penal dictó una sentencia que además de violar la garantía al ne bis in idem, también resulta arbitraria por apartarse infundadamente de la citada doctrina del Superior Tribunal de la Nación, especialmente en la causa "Sandoval", por su expresa remisión —en su considerando 6°— a los votos en disidencia en causa "Alvarado".
III. El señor Procurador General dictaminó y se pronunció por el rechazo del recurso (v. dictamen digital del 8 de mayo de 2024).
IV. Comparto lo dictaminado por la Procuración General respecto a que corresponde desestimar la alegada violación de la garantía del ne bis in idem (art. 495, CPP).
Para esclarecer el sentido negativo de mi respuesta, corresponde narrar sintéticamente lo acontecido.
IV.1. Como se expuso en los antecedentes, luego del veredicto absolutorio dictado a favor de Gau, la señora agente fiscal interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar a dicha impugnación, dejando sin efecto el fallo desincriminatorio dictado en la instancia y ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento.
En el desarrollo de los argumentos, el tribunal intermedio destacó que el tribunal del juicio había tenido por acreditado que el 13 de septiembre del año 2018, durante un allanamiento en el domicilio de Cristian Gonzalo Gau, se secuestraron sustancias consideradas estupefacientes, puntualmente "...un envoltorio de [nylon] blanco atado en su extremo conteniendo una sustancia de color blanco polvorienta, sindicada como clorhidrato de cocaína, cuyo peso arrojó 0,2 gramos y una bolsa de [nylon] blanco la que contenía un total de 185 envoltorios conteniendo en su interior sustancia pulverulenta color blanco, sindicada como clorhidrato de cocaína con un peso de 28,7 gramos-". También se afirmó que Gau tenía esas sustancias con la finalidad de comercializarlas (el destacado figura en el original).
Puntualizó que el citado tribunal había determinado —en función de las pruebas químicas— que el material secuestrado era clorhidrato de cocaína, pero que "... dada la escasa cantidad de sustancia secuestrada en autos y la inexistencia de dosis umbrales -en el estado de fraccionamiento que presentó, así como el exiguo grado de concentración- que de la misma pueden obtenerse, introducen un más que razonable grado de duda en cuanto a la precisión que el secuestro habido pueda producir tales efectos, debiendo de ser resuelto el entuerto 'favor rei', por la aplicación de la solución prevista en el artículo 1ro. del ordenamiento adjetivo", dictando en consecuencia veredicto absolutorio (v. cursiva en el original).
A partir de ello, el Tribunal de Casación afirmó que de la pericia química surgía que, de los 189 envoltorios de nylon secuestrados, habían sido peritadas —por cuestiones de metodología de trabajo— 17 muestras. Sostuvo que el promedio de dosis umbrales indicado por el juez de la instancia en el veredicto era sobre la cantidad de muestras peritadas y no sobre el total de envoltorios secuestrados; a lo que agregó que la pericia química, si bien había determinado que el peso de cada envoltorio era bajo, también había establecido que la sustancia hallada en las muestras era clorhidrato de cocaína.
Por tal motivo, dio la razón al Ministerio Público Fiscal sobre la imposibilidad de condicionar la tipicidad a la existencia del concepto de "dosis umbral", en tanto que "la ley sanciona la tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización porque las presume peligrosas para la salud pública. Entonces el criterio para determinar si se está en presencia de tales sustancias no puede condicionarse a que el material secuestrado alcance a una dosis umbral o a que no la supere, desde que ese criterio delimitador sólo se refiere a la cantidad mas no a la calidad de la sustancia, cuya condición de estupefaciente -por definición legal- no se discute, y así ha sido acreditado en autos" (el destacado me pertenece).
Luego de hacer alusión a la ley 23.737, al compromiso internacional asumido por el Estado Argentino luego de su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, como así de su finalidad ligada a la protección del bien jurídico "salud pública", el órgano revisor concluyó que, a diferencia de lo que había establecido el tribunal de origen, los arts. 77 del Código Penal y 40 de la ley 23.737, siguieron los lineamientos establecidos por el art. 1 inc. "n" de la citada Convención, en virtud de los cuales se consideran estupefacientes por su inclusión en el listado que periódicamente debe elaborar y actualizar el Poder Ejecutivo nacional. Por lo que, bastaba con la acreditación de la presencia de una sustancia comprendida en dicha enumeración, para el caso, clorhidrato de cocaína.
A resultas de lo anterior, declaró la errónea aplicación de las normas antes mencionadas y casó el pronunciamiento de origen disponiendo el reenvío a fin de dictar un nuevo pronunciamiento acorde a lo resuelto.
V. Como lo adelantara, corresponde desestimar la alegada violación de la garantía del ne bis in idem.
En tal entendimiento, esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la Corte federal le ha otorgado a la misma frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
Dicho de otro modo: si bien corresponde tener presente la progresividad y preclusión aludidas, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal o del particular damnificado en los casos en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que comprometen las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, cubiertos con igual rango (fallo cit., P. 123.902; reiterado en muchos otros).
Es así que, la nulidad no puede tener como fin, por ejemplo, remediar la mera orfandad probatoria, dando una nueva oportunidad al acusador público o particular para rehacer una investigación defectuosa o insustentable (v.gr.: lo acontecido en el precedente "Sandoval" —CSJN Fallos: 333:1687— en el cual, tras la anulación por el Superior Tribunal de Justicia local del fallo absolutorio dictado —frente al sostenimiento de la acusación únicamente por la querella— con base en el beneficio de la duda ante la existencia de peritajes discrepantes, achacándole al del juicio no haber ordenado oficiosamente la producción de uno nuevo tendiente a superar esa situación de incertidumbre, que merced al reenvío dispuesto y transitado el nuevo debate culminó con la condena de Sandoval), pero sí debe atenderse en los supuestos donde el veredicto absolutorio se asiente en premisas falsas o con evidente apartamiento de las constancias comprobadas de la causa que privan al pronunciamiento de toda validez judicial.
Por ello, tratándose el presente de un supuesto en el que el fundamento de la decisión estuvo dado por una errónea interpretación de la normativa legal aplicable al caso, frente a un recurso de la señora fiscal, la decisión ahora recurrida no reúne las características necesarias para que se configure una violación a la garantía invocada.
Dado que la sentencia que casó el tribunal revisor ordenando el reenvío para dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, carece de efectos, por lo tanto, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay solo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
Por lo demás, el enjuiciado Cristian Gonzalo Gau —una vez que se renueven los actos procesales necesarios— cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Por todo lo expuesto, y sin que lo expresado implique un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto a dilucidar, doy mi voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Cristian Gonzalo Gau, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2025 14:34:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2025 18:07:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 20:02:23 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 09:20:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 09:36:31 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 09:56:05 hs. bajo el número RS-41-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia