Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131775
En la ciudad de La Plata, a 26 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.775, "Veliz, Ezequiel Braian S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 81.245 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de octubre de 2017, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Ezequiel Braian Veliz contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae por haber sido cometido para consumar otro ilícito, para asegurar sus resultados y por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro ilícito, agravado por la utilización de un arma de fuego, y robo agravado por el empleo de arma de fuego, ambos en concurso real (causa n° 700-47609-14); y a su vez lo declaró coautor del delito de robo agravado por su comisión mediante el uso de arma de fuego de aptitud para el disparo no probada, agravado genéricamente por la participación de un menor de edad (causa n° 701-7436-12), todos ellos en concurso material entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 41 quater, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 -segundo y tercer párrafo-, Cód. Penal; v. fs. 132/140 vta., en relación a fs. 23/72).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/196 vta.); carril que fue concedido por el tribunal intermedio merced a la resolución que luce a fs. 197/199.
Oído el señor Procurador General a fs. 207/211, quien se pronunció por su rechazo, dictada la providencia de autos a fs. 212 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor defensor de Veliz tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los fallos judiciales, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Corte local, en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8, inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 168 y 171 de la Constitución provincial.
Asimismo, alegó infracción a los arts. 45, 80 inc. 7 y 165 del Código Penal (v. fs. 189 y vta.).
Sostuvo que no se brindó una respuesta adecuada a los argumentos planteados por esa parte tendientes a la desacreditación de la ultrafinalidad requerida por el citado art. 80 inc. 7.
Recordó que en su oportunidad se había reclamado la aplicación de la figura contenida en el art. 165 del Código fondal pues a su entender "...la muerte de Ovidio López se verificó en ocasión de un robo a una odontóloga vecina de aquel", y que en todo caso- la vinculación entre el delito contra la propiedad y el resultado fatal habría sido "ocasional" provocado por el actuar de la propia víctima quien atacó a Veliz al salir en defensa de su vecina (v. fs. 190). Señaló que no se respondió el planteo según el cual no se probó el elemento subjetivo del tipo.
Sostuvo que en las presentes actuaciones las circunstancias valoradas por el juzgador (a las que se remitió el tribunal intermedio sin brindar una respuesta razonada a los argumentos expresados por esa parte), hacen imposible a un tercero reconstruir la existencia de tal requisito del tipo penal que exige "...una clara dirección de la voluntad, que sólo puede ser comprendida por un dolo directo..." (fs. 192).
Argumentó que "...los sujetos activos se habrían propuesto un robo, y en ocasión de su comisión, se precipitaron circunstancias ajenas a su plan escogido, que dieron lugar a la muerte de una persona, esto es un hecho no planificado"; por tal motivo adujo que se trató de una tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego en cuyo acaecer ocurrió una muerte no querida, insistiendo en que aquella fue el resultado de la violencia desplegada con motivo u ocasión de ese robo (v. fs. 192 vta.).
Así, la defensa solicitó la recalificación de la conducta de Veliz en los términos del art. 165 del Código Penal.
I.2.a. Luego, se refirió a la garantía de revisión amplia e integral y al derecho al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Alegó la violación a los principios de igualdad ante la ley, legalidad, culpabilidad y proporcionalidad de la pena, y peticionó la inconstitucionalidad de su perpetuidad conforme los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.1 y 10.3, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 2.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 193).
Justificó este planteo alegando que ésta era su primera intervención en representación de Veliz; y que las cuestiones invocadas debían ser atendidas y resueltas porque a su entender- es de incumbencia del Estado proteger al imputado de los eventuales descuidos de su defensor (v. fs. 193 y vta.).
Indicó que los homicidios agravados previstos en el art. 80 del Código Penal impiden al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, toda vez que dicha norma se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando así lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes.
Adujo que, por tal motivo, no se tiene en cuenta la proporcionalidad de la pena y se afecta el principio de culpabilidad mediante la aplicación indiferente de la sanción impidiendo a los jueces tratar a los acusados como seres humanos individuales y únicos. Explicó que el art. 80 del Código Penal impone de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, pues no permite individualizarla en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 194 vta.).
I.2.b. A todo evento, expuso la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la citada pena circunscribiéndola a una sanción numérica que no podría superar los veinticinco años de prisión (v. fs. 195).
Alegó que "...en nuestro sistema legal las penas, pese a su calificación de 'perpetuas', tendrían en realidad un plazo máximo de duración de 25 años (sobre todo teniendo en consideración que el Estatuto de Roma ratificado por nuestro país mediante la ley 26200 el cual posee jerarquía sobre la legislación interna e infraconstitucional- impone como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada de los derechos humanos, la de treinta años). Y si ello es así, entonces podría considerarse que [...] nada obstaría la obtención de su libertad una vez cumplidos 25 años de condena; [...] entonces la pena en cuestión, vaga y contraria al principio de legalidad, dejaría de tener carácter perpetuo, pues, aunque prolongada, no implicaría necesariamente un encierro de por vida, y permitiría la reinserción social de los condenados" (fs. 195 y vta.).
En consecuencia, solicitó se interprete la pena prevista en el art. 80 del Código Penal en forma de escala penal con un máximo de veinticinco años, y se imponga una sanción que se relacione con las circunstancias atenuantes y agravantes ponderadas.
Para el supuesto de que esta Corte considere necesario que el tribunal intermedio se expida sobre el pedido, solicitó se decrete la procedencia del recurso extraordinario, se anule el pronunciamiento en crisis y se disponga el reenvío a casación a fin de que se expida sobre la cuestión constitucional propuesta (v. fs. 195 vta. y 196).
II. Como se adelantó, la Procuración General aconsejó desestimar la impugnación en trato (v. fs. 207/211), posición con la que coincido.
III.1. El hecho acreditado por el tribunal de la instancia que llega firme a esta sede y que corresponde a la causa n° 700-47409-14 (rectius: 47.609) es el siguiente: "...el día 9 de agosto del año 2014, en horas de la tarde, alrededor de las 17:30 horas, en el consultorio odontológico sito en la calle Edison 2908 de la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Ezequiel Braian Veliz junto a otra persona, en forma violenta, intimidatoria y sirviéndose de un arma de fuego, procuró apoderarse ilegítimamente de elementos ajenos de las personas que se encontraban en el lugar, principalmente de la odontóloga Bruna Flores Jaimes, del paciente Carlos Adolfo Torres Mesa y también de los vecinos y dueños del local Ovidio López y su esposa Rita Aibar, llegando a apoderarse efectivamente del reloj, del teléfono celular, de dinero y de otros elementos personales de Torres Mesa. Asimismo, se encuentra probado con igual grado de certeza, que para consumar el hecho contra la propiedad descripto no irse con las manos vacías conforme a su plan-, para asegurar sus resultados llevarse las pertenencias de Torres Mesa que ya tenía en su poder- y por no haber logrado el fin propuesto alzarse con un botín mayor-, debido a la aparición en el lugar de Ovidio López en defensa de Bruna Flores Jaimes, el nombrado Ezequiel Braian Veliz mató a López mediante múltiples disparos que le efectuó con el arma de fuego" (fs. 30 vta. y 31, sent. de condena).
El fallo tuvo por probado dicho suceso a través de los testimonios rendidos durante el debate y la prueba incorporada al mismo por su lectura.
Ponderó el relato de Rita Elida Aibar esposa de la víctima y testigo presencial- quien, con minuciosidad, brindó detalles del hecho y explicó las circunstancias que rodearon el instante en que su marido -entre forcejeos con el imputado- recibió tres disparos de arma de fuego, los que impactaron en su pierna, abdomen y pecho, y que posteriormente tirado en el suelo recibió "...dos tiros a la cabeza" por parte de Veliz, para después darse la vuelta y salir con el arma en mano (v. fs. 31/33 vta.).
También valoró los relatos de los testigos presenciales Carlos Adolfo Torres Mesa; Ariel Maximiliano Frutos y Nehemías López Aibar, este último hijo de la víctima, entre otros que depusieron en el debate (v. fs. 33 vta./39).
El hecho fue calificado como homicidio criminis causae para consumar otro delito, para asegurar sus resultados y por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro ilícito, agravado por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 63 y vta.).
En materia de encuadre legal el tribunal de condena abordó y descartó el pedido de recalificar el caso como un homicidio en ocasión de robo, citando para ello doctrina de esta Corte (causa P. 71.958, sent. de 23-IV-2008). Se refirió a las exigencias de la norma aplicada y sostuvo que en los hechos probados y en cuanto al aspecto subjetivo "...se evidenci[ó] en la conciencia del encausado, la existencia de conexión final entre la muerte y el delito contra la propiedad, requerida por la figura...", y que "La acción fue guiada por el ánimo tanto dirigido a quitar la vida como a consumar y asegurar los resultados del delito contra la propiedad y a huir con lo que logró apoderarse, encadenándose de manera íntima y directa la finalidad y la causa de matar con los motivos 'para' y 'por' los cuales lo hizo" (fs. 63 vta. y 64).
Agregó que no resulta necesaria "...la pre ordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano", bastando simplemente una pre ordenación resuelta, que se da cuando el autor, sin deliberación alguna se ha determinado a matar para o por uno de los motivos señalados por la ley (v. fs. 64).
En ese sentido, señaló que en el caso de autos Veliz no quería irse con las manos vacías, tal como lo oyó decir, en plena ejecución del hecho, la testigo Aibar; cometió el ilícito para asegurar el robo; indicó que se dio el homicidio causalmente conexo por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito pues, Veliz, quería alzarse con un botín mayor al que había obtenido de Torres Mesa y que la conexión entre un hecho delictivo y el otro estuvo dada por "...la frustración, el resentimiento o el despecho". Por otro lado, dijo que los motivos "para" y "por" los cuales Veliz mató cruelmente a Ovidio López, encontraron razón de ser en que éste último se interpuso en los designios criminosos de aquél, de acuerdo al plan de robo que el imputado tenía en mente y no, como pretendió la defensa, porque López le impidiera el acceso a la puerta de salida del local (v. fs. 64 vta. y 65).
III.2 En el recurso de casación, capítulo "II", el recurrente cuestionó el encuadre legal y propició el cambio de calificación por la figura del homicidio en ocasión de robo (v. fs. 83/86 vta.).
III.3. El tribunal intermedio señaló que la crítica a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal no podía recibir acogida favorable en tanto que como bien lo había dicho el tribunal de instancia "...los disparos de arma de fuego que acabaron con la vida de Ovidio López, fueron efectuados a una corta distancia, contra zonas vitales del cuerpo de la víctima (cabeza, tórax y abdomen [...]) para consumar el delito contra la propiedad, para asegurar sus resultados y por no haber logrado el fin propuesto, lo que a juicio de los magistrados actuantes encausaba ideológicamente el homicidio a tales ultraintenciones..." (fs. 136 vta.).
Agregó que el estudio que realizó el juzgador de mérito, permitió enmarcar el accionar homicida en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...habida cuenta el enlazamiento conexión en el aspecto subjetivo- entre aquél y el ilícito contra la propiedad, es decir el despojo de las pertenencias de Carlos Adolfo Torres Mesa", con lo cual, ningún resquicio para la duda quedó en torno a la presencia del elemento subjetivo de la figura escogida (v. fs. 136 vta. y 137).
Añadió con citas de diversos precedentes de ese tribunal intermedio- que el razonamiento jurídico que fue desplegado por su antecesor, se halló de conformidad con los lineamientos que sobre tal tópico- tenía esa instancia revisora (v. fs. 137 y vta.).
Concluyó en que el impugnante se limitó a efectuar consideraciones acerca de la figura que critica, pero sin derribar el razonamiento de los jueces de mérito, conformándose con expresar que no se había verificado la presencia del elemento subjetivo pues "...no era la idea ni circunstancia a su actuar de quitarle la vida a alguien, sino más bien ir a cometer el delito de robo, con lo que debe interpretar la aplicación del artículo 165 del Código Penal", lo que revelaba la palmaria insuficiencia del planteo (v. fs. 137 vta.).
III.4. De este modo, la Casación confirmó el pronunciamiento de origen en el cual se estableció que al ingresar la víctima fatal al consultorio en el cual tenía lugar el hecho "invitó" al acusado a abandonar el lugar. Pero "...lejos de ello Véliz redobló la apuesta y agredió verbalmente a López a la vez que insistía en que no se iría con las manos vacías y fue entonces cuando se produjo entre ellos el forcejeo..." durante el cual, Veliz, sacó el arma que tenía oculta y efectuó disparos, dos de los cuales alcanzaron al damnificado en el abdomen y el tórax. Una vez caído López "...con tales heridas y sin posibilidad alguna de reacción contra Véliz, éste actualizó una vez más su dolo homicida y su ultraintención y le efectuó un disparo a la cabeza a Ovidio a corta distancia [...] a menos de 50 cms- y mientras ésta estaba, si bien vivo, gravemente herido y tendido en el piso" (fs. 64 vta. y 65). Con fundamento en estos hechos, el juzgador del debate sostuvo que el acusado "...pudo irse ante la llegada de Ovidio López y no lo hizo, pudo deponer luego su actitud cuando López estaba en el lugar, y no quiso, sino que eligió libre y deliberadamente, consumar y asegurar el delito contra la propiedad, y luego efectuar el último disparo contra López por la frustración de no haber logrado el fin propuesto en toda su extensión..." ya que la intervención del damnificado para auxiliar a su vecina se lo impedía (v. fs. 65).
A contrario de lo que sostiene la recurrente, no se advierte la presencia de afirmaciones dogmáticas en la respuesta brindada por el a quo sino una explicación razonable que permitió sostener la calificación legal aplicada en origen y rechazar la pretensión de Veliz de recalificar el suceso porque a su entender "...los sujetos activos se habrían propuesto un robo, y en ocasión de su comisión, se precipitaron circunstancias ajenas al plan escogido, que dieron lugar a la muerte de una persona, esto es un hecho no planificado" (fs. 192 vta. del recurso extraordinario).
Por consiguiente, la denuncia de arbitrariedad resulta infundada ya que la parte, mediante consideraciones genéricas, no se hace cargo de las argumentaciones del juzgador quien dio cuenta de la decisión de matar conexa con el delito contra la propiedad, es decir el despojo de las pertenencias de una de las víctimas Carlos Adolfo Torres Mesa-.
Respecto del derecho de fondo invocado, es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), siendo además que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 114.076, sent. de 9-IV-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; e.o.).
A todo evento puede añadirse en contra de lo argumentado por la recurrente en la instancia intermedia- que la interpretación según la cual el art. 80 inc. 7 del Código Penal resultaría inaplicable si la muerte se hubiera producido a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) ha sido descartada en ocasiones anteriores por esta Suprema Corte, pues esa circunstancia no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017 y P. 117.199, sent. de 4-XI-2015), criterio que mutatis mutandi, resulta aplicable al presente (causa P. 127.493, sent. de 9-V-2018).
Conforme lo expuesto, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
IV. El reclamo acerca de la inconstitucionalidad de la pena perpetua, por vulnerar los principios de igualdad, legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, y la solicitud a todo evento- de una interpretación constitucional del art. 80 del Código Penal, aplicando una sanción numérica que no supere los veinticinco años de prisión (conf. Estatuto de Roma ratificado por ley 26.200), resulta novedoso en tanto no fue llevado al Tribunal de Casación en la oportunidad de interponer el recurso respectivo y recién fue introducido en est
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