Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131910
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.910, "Oviedo, Jonathan; Palavecino, Diego E. y Delgadino, Mariana L. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en las causas n° 51.920 y acums., 51.973 y 51.975 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 31 de octubre de 2013, hizo lugar al recurso fiscal deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que había dictado veredicto absolutorio respecto de Jonathan Nicolás Oviedo, Matías Hernán Oviedo, Diego Ezequiel Palavecino y Mariana Leticia Delgadino en orden al delito de homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. En consecuencia, los condenó a prisión perpetua, accesorias legales y costas, para cada uno, por resultar coautores de dos hechos de homicidio calificado por la pluralidad de intervinientes, uno en grado de tentativa, en concurso real y a Palavecino y Delgadino, además, como coautores del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, con más declaración de reincidencia para la última (v. fs. 174/191 vta.).
Frente a lo así resuelto, dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley el defensor particular de Jonathan y Matías Oviedo -doctor Gabriel Cecilio González Carabajal- (v. fs. 1/4 vta., registrado como causa P. 122.189) y el señor defensor oficial ante la aludida instancia -doctor Mario Luis Coriolano -a favor de Delgadino y Palavecino (v. fs. 239/243 vta., legajo casatorio n° 51.920).
Esta Suprema Corte, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 284/285 vta.).
En virtud del reenvío ordenado por esta Suprema Corte, el señor defensor adjunto de Casación evacuó la vista conferida en favor de los imputados Delgadino y Palavecino (v. fs. 319/328).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal -mediante el fallo del día 27 de septiembre de 2018- rechazó los recursos deducidos por las defensas de Mariana Leticia Delgadino, Diego Ezequiel Palavecino, Jonathan Nicolás Oviedo y Matías Hernán Oviedo y confirmó la sentencia condenatoria dictada a fs. 176/191, que -como se adelantó- había revocado el veredicto absolutorio de primera instancia y dictado la primera sentencia de condena, con el alcance antes señalado (v. fs. 404/414 vta.).
Contra este último pronunciamiento, los defensores particulares de la inculpada Mariana Leticia Delgadino, y los imputados Diego Ezequiel Palavecino y Jonathan Nicolás Oviedo, dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 425/429, 452/461 y 476/487), siendo concedidos por el a quo (v. resol., fs. 497/499 vta.).
Este Tribunal declaró la nulidad de la resolución que dispuso la concesión antes aludida y devolvió las actuaciones al Tribunal de Alzada (v. fs. 514/518 vta.).
En función de lo así decidido, el día 30 de mayo de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación declaró admisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos (v. fs. 527/533 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 545/550 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 551) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el defensor particular a favor de Jonathan Nicolás Oviedo a fs. 425/429?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensa particular de Diego Ezequiel Palavecino a fs. 452/461?
3ª) ¿Lo es el articulado por el letrado de confianza de Mariana Leticia Delgadino a fs. 476/487?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto propicia el rechazo de la impugnación intentada.
II. El defensor particular de Jonathan Nicolás Oviedo denunció la violación del debido proceso, defensa en juicio y del principio de inocencia, y tildó de arbitraria la sentencia impugnada (v. fs. 425).
Citó, en abono de su tesis, los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 25 de la Constitución provincial; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e inobservancia de la doctrina de la Corte federal (v. fs. 425 vta. y 426).
III. Si bien la defectuosa sintaxis que presentan algunos segmentos de la redacción del recurso impide un correcto entendimiento, en concreto, el impugnante alegó ausencia de razonamiento lógico de los magistrados Mancini y Carral en su sentencia.
En tal sentido, criticó la valoración efectuada de los testimonios de Morinigo, Luna y Rimer (v. fs. 426 vta./427 vta.).
Respecto del primero sostuvo que las descripciones que el testigo efectuó de los autores distaban de coincidir con la apariencia de su defendido, sin que los jueces hicieran hincapié en las mismas, así como que la edad de los agresores no coincide con la de Jonathan Oviedo (v. fs. 426 vta.).
De igual forma destacó que los magistrados omitieron valorar que el reconocimiento en rueda de Morinigo respecto de su asistido fue negativo (v. fs. 426 vta. y 427).
Por otra parte, afirmó que se efectuó una valoración parcial de los dichos del testigo Rimer quien habría expresado que los autores estaban encapuchados sin poder verles las caras, para luego efectivamente reconocerlos en las ruedas (v. fs. 427 vta.).
Además, cuestionó el criterio de los magistrados que dictaron el veredicto condenatorio por cuanto consideraron inaplicable al caso la doctrina del fallo "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 427 vta.).
Agregó que seis testigos afirmaron -bajo juramento de decir verdad- que Jonathan y Matías Oviedo estaban en otro lugar el día del hecho, tildando de contradictorio y de violatorio del derecho de defensa lo dicho por Erika González y Daiana Pérez (v. fs. 428 y vta.).
Concluyó sosteniendo que -desde su punto de vista- el juicio de valoración probatoria no respetó las reglas de la sana crítica y solicitó que se revoque el fallo condenatorio dictado en contra de su asistido (v. fs. 429).
IV. Tal como adelantara, estimo que el remedio procesal bajo estudio no puede prosperar.
V.1. En lo que resulta de interés, la materialidad ilícita que el tribunal de primera instancia tuvo por legalmente comprobada da cuenta que "...el día 14 de abril del 2009, siendo aproximadamente las 23:00 horas, donde tres sujetos masculinos y una femenina todos ellos armados se constituyeron frente al domicilio sito en calle 504 -casa 83- sector E, tira 83 del Barrio Villegas de la localidad de Ciudad Evita, partido de la Matanza, y previo acuerdo de voluntades y con la intención de darle muerte efectuaron varios disparos de armas de fuego contra Jonathan Emanuel Gigena, causándole heridas múltiples de tal gravedad que ocasionaron su muerte, dándose a la fuga" y que "[M]omentos más tarde estos mismos cuatro individuos, siendo aproximadamente las 23:30 horas, se constituyeron en el domicilio sito en la calle 800, casa 75 del Barrio Villegas de la misma localidad y partido y previo acuerdo de voluntades y con la intención de darle muerte efectuaron varios disparos de armas de fuego contra Héctor Damián Rimer, causándole heridas en abdomen y muslo" (fs. 36 y vta.).
El Tribunal de Casación, en el fallo que es aquí motivo de impugnación, respondió inicialmente el cuestionamiento de los recurrentes acerca de la valoración como prueba de cargo de las declaraciones testificales incorporadas por lectura al debate de Julián Axel Luna y Luis Morinigo.
En tal sentido, el juez ponente doctor Daniel Carral expresó que compartía la postura de los jueces que dictaron el veredicto condenatorio –doctores Violini y Borinsky- en cuanto a que no resultaba aplicable al caso la doctrina del fallo "Benítez" de la Corte federal dado que las defensas de los cuatro acusados habían consentido expresamente la incorporación del testimonio de Julián Axel Luna al juicio (v. fs. 409).
También sostuvo que en el caso del testimonio de Morinigo, si bien no compartía el criterio expuesto en el fallo condenatorio (puesto que respecto de aquel las defensas si se habían efectivamente opuesto), explicó que su relato no había resultado dirimente ya que todas las circunstancias relevantes de su narración estaban comprendidas en el testimonio de Julián Luna, como se dijera, legítimamente introducido al caudal probatorio.
Al valorar el testimonio de Luna, recordó que éste se había expresado sobre el número y género de los atacantes (habían sido cuatro, tres hombres y una mujer), y que, al igual que lo hiciera Morinigo, habría brindado pariguales explicaciones sobre el "motivo" del ataque (un problema suscitado días antes entre Julián Luna y Jonathan Gigena por un lado, y un pariente o allegado de Mariana Delgadino por el otro).
Asimismo, el doctor Carral valoró que el ataque a Gigena y Rimer habría sido en venganza de lo acontecido, siendo los atacantes -según la testimonial ponderada- insistentes en reclamar que les informaran dónde se encontraba Julián Luna (v. fs. 409 y vta.).
Finalmente se ocupó de señalar que el precedente de ese Tribunal (de la Sala I) invocado por la defensa recurrente no era parangonable para aplicar sus consecuencias a la presente causa.
En definitiva, el magistrado de mención explicó que el testimonio de Luna fue incorporado mediante acuerdo de partes, y que aun cuando no se compartiera la valoración del de Morinigo, éste no había aportado ningún elemento relevante.
La defensa insiste sobre la doctrina "Benítez", pero no aporta ningún argumento para contrarrestar lo expuesto por lo que su pretensión es claramente insuficiente para revertir lo resuelto (art. 495, CPP).
V.2. A través de los párrafos siguientes del voto del magistrado al que se hiciera mención, se desarrollan los argumentos por los cuales se validó el veredicto condenatorio dictado por ese mismo Tribunal con diferente integración.
Allí se explica por qué el testigo Luna pudo haber visto lo que dijo que vio, por qué Héctor Rimer pudo relacionar, una vez en el hospital y al enterarse del ingreso y muerte de Jonathan Gigena en el mismo nosocomio, lo que le dijeran los atacantes ("...ya le dimos a tu amigo", fs. 410 vta.).
A su vez concatena estos datos con las testimoniales de los policías Pastoriza e Ibañez quienes se entrevistaron en el hospital y en la comisaria con dos mujeres (Erika González y Daiana Pérez), que dijeron haber presenciado el ataque a Héctor Damián Rimer, e hicieron saber que los agresores eran cuatro individuos que vivían en el barrio y si bien Daiana Pérez luego en el juicio negó haber dado esa información al personal policial, además de afirmar que no presenció el ataque contra Rimer, su versión no resultó veraz para los propios jueces que presenciaron el debate, a punto tal que dispusieron la obtención de testimonios para investigar la posible comisión del delito previsto en el art. 275 del Código sustantivo (v. fs. 410 vta. y 411).
Se descartó así la veracidad de esa declaración (la de Daiana Pérez) y se confirmó la estimación de credibilidad de los dichos de los policías Ibáñez y Pastoriza en esa evaluación (v. fs. 411).
En cuanto a la entidad convictiva del testimonio y reconocimientos realizados por Rimer, subestimó la pretendida contradicción entre una frase consignada en la declaración escrita formulada ante la Fiscalía instructora, y la versión que luego Héctor Damián Rimer diera en la audiencia, en la que no solo señaló a los acusados como los individuos que lo atacaron, sino que agregó varios datos de contexto, como ser, que los conocía del barrio en el que vivían, que lo agredieron esa específica noche porque sabían del vínculo de amistad que tenía con Jonathan Gigena -atacado minutos antes-, y porque conocían la misma relación que tenía con otro individuo del que también pretendían vengarse - Julián Luna- (v. fs. 411 vta. y 412).
Destacó que en las constancias del legajo no surgían irregularidades como comunicaciones telefónicas entre ambos testigos en forma simultánea al desarrollo de las diligencias ni otro elemento de peso para dudar de la veracidad de los dichos de Héctor Damián Rimer.
En cuanto a los resultados negativos de las diligencias de reconocimiento en rueda realizadas por Luis Morinigo, explicó que dadas las circunstancias del suceso era factible que el testigo no hubiera podido apreciar claramente el rostro y las características físicas de los sujetos que atacaron a Gigena aun estando a pocos metros del lugar sin que ello resulte un obstáculo que deba extenderse a la hora de analizar el testimonio de Julián Luna, puesto que aun cuando éste estuviera ubicado en una posición más lejana (adentro de la casa), ya tenía un conocimiento de los acusados que le permitió individualizarlos claramente (v. fs. 412 vta.).
Por último, con relación a los testimonios presentados de personas allegadas a los acusados que afirmaron en el juicio que al momento de los hechos estaban en otro lugar, los descartó por no advertirse que dichas declaraciones fueran demostrativas de error en la conclusión de los sentenciantes (v. fs. 413).
VI. Frente a lo decidido, debo señalar que las argumentaciones expuestas en el recurso en trato, además de ser una reiteración -copia textual- de las llevadas en el recurso de fs. 264/267 vta., no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal recurrido desestimó los planteos formulados, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas ni el supuesto de arbitrariedad alegado (art. 495, CPP).
En efecto, en oposición a lo transcripto en los párrafos que anteceden, las diversas aseveraciones formuladas por la parte no logran demostrar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Es que, más allá de que la defensa expresa su oposición a la actividad valorativa, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, el defensor particular no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
No habiéndose demostrado la vulneración de los derechos constitucionales denunciados, ni quiebre lógico alguno, corresponde el rechazo del recurso (doctr. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani, Torres y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa particular de Ezequiel Palavecino esgrimió los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, tildó de arbitraria la sentencia impugnada en el extremo vinculado con la calificación legal del hecho, y la consecuente afectación a la garantía de defensa en juicio (v. fs. 455).
Fundó su crítica en que no se ha probado debidamente la existencia del elemento subjetivo del tipo distinto del dolo que exige el art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 455 vta.).
Discrepó con la valoración como prueba de cargo de las declaraciones incorporadas por lectura al debate vertidas por los testigos Luna y Morinigo durante la investigación preparatoria (v. fs. cit.).
Destacó, en prieta síntesis, que la premeditación requiere una preordenación tranquila y calculada de los medios dirigidos a efectuar la muerte tal como fue realizada, y concluyó que, en el caso, no se probó la mentada premeditación o el plan trazado con anterioridad (v. fs. 456 vta. y 457).
Con relación al hecho que tuvo como víctima a Rimer, coincidió con el juez natural en cuanto absolvió a su defendido por aplicación del beneficio de la duda al no haber prueba que acredite con certeza la participación de su pupilo, y efectuó diversas consideraciones teóricas en torno al mismo (v. fs. 457 y vta.).
Concluyó este tramo de la queja afirmando que "...el delito exige dolo especial, porque se debe tener conciencia al momento de matar con premeditación y no obstante obrar con voluntad homicida" y que en este proceso penal no están probados dichos extremos (v. fs. 457 vta.).
I.2. En segundo término, abogó por la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta.
Explicó que la misma colisiona con los principios de culpabilidad, división de poderes, el mandato resocializador de las penas, el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes (v. fs. 458 y vta.).
Luego afirmó que la pena de prisión perpetua prevista en el art. 80 del Código Penal es "...conceptual y realmente indefinida y, eventualmente finita, para el hipotético caso que el condenado reúna los requisitos previstos en el art. 13 del Código Penal, circunstancia que no puede ser asegurada apriorísticamente" (fs. 458 vta.).
Citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez", donde recordó que la sanción de la ley 26.200 (Estatuto de Roma) incorporó a nuestro ordenamiento los delitos más graves considerados por la comunidad jurídica internacional (genocidio), los que tienen prevista una pena menos lesiva que la contemplada en nuestro ordenamiento para los homicidios agravados (v. fs. 459).
En suma, solicitó que se decrete la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua contenida en el art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 460).
I.3. Por último, denunció la violación del debido proceso y la defensa en juicio, con relación a graves irregularidades que fueran ventiladas durante la sustanciación del debate oral en la diligencia de allanamiento llevada a cabo por el testigo José María Rodas Cristaldo (v. fs. 460).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto también aconseja el rechazo del presente recurso (v. fs. 548 vta./549 vta.).
III.1. Los planteos que introduce ahora la defensa de Palavecino son extemporáneos.
Así, puede verse que, en el marco de la competencia revisora, los temas de controversia estuvieron circunscriptos a la absurda valoración de la prueba por carecer de sustento fáctico que permita determinar la participación de sus asistidos en los hechos -ver fs. 319/328-.
Es efecto, en dicha oportunidad no se formularon referencias a la arbitrariedad en calificación legal aplicada por no haberse probado debidamente la existencia del elemento subjetivo del tipo distinto del do
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