Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132355
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.355, "P., G. A. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° 15.271/1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de agosto de 2018, rechazó -por mayoría- el recurso de fs. 100/108 vta. interpuesto por la defensa oficial de G. A. P. , y confirmó el auto del Tribunal de Alzada que había condenado al nombrado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para conducir vehículos por el término de cuatro años y reglas de conducta por el plazo de tres años, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor en los términos del art. 84, segundo párrafo, del Código Penal, en relación con el hecho cometido el día 6 de septiembre de 2014 en perjuicio de B. O. en la ciudad de Tres Arroyos (arts. 26, 44 y 84 segundo párr., Cód. Penal; 4, ley 22.278; 439, 441 y 442 y concs., CPP y 26, 59 y 60 y concs., ley 13.634; v. fs. 134/155 vta.).
Frente a esa decisión, la señora defensora oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, doctora Viviana P. Fernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 193/207), el cual fue concedido el día 22 de abril de 2019 (v. fs. 211/217).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 227/232), dictada la providencia de autos (v. fs. 233) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Para que pueda comprenderse acabadamente la solución a la que se arriba en el caso, corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
I.1. El día 16 de mayo de 2016, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, declaró la responsabilidad penal de G. A. P. por su intervención como autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor (art. 84 segundo párr., Cód. Penal). En el mismo pronunciamiento, decidió imponer pena y lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir por el término de cuatro años, además de reglas de conducta por el plazo de dos años (v. fs. 11/24).
I.2. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, el día 15 de noviembre de 2016, hizo lugar al recurso de la defensa oficial y, en consecuencia, declaró la nulidad de la sentencia anterior a nivel de la necesidad de imponer pena y ordenó la remisión de la causa a la instancia de grado para que se actualizara la información sobre la evolución de la conducta del joven y se dicte un nuevo pronunciamiento con la intervención de un juez hábil (v. fs. 26/29 vta.).
I.3. Mediante el decisorio dictado el día 22 de febrero de 2017, la jueza Claudia N. Olivera decidió absolver de pena al joven G. A. P. con relación al delito por el cual había sido declarada su responsabilidad penal (v. fs. 38/43).
Para así decidir, y de conformidad con las normas que regulan el fuero especializado (arts. 37 inc. "b", CIDN; 5, 17 y 19, Reglas de Beijing y 4, ley 22.278), conjugadas con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que lo rigen, tuvo en cuenta la conducta procesal del joven a la cual calificó de "excelente", valoró positivamente los informes psicológico y socioambiental, tuvo en cuenta el trabajo que realizaba junto a su hermano y la colaboración en las tareas del hogar. Asimismo, destacó la participación de los referentes normativos respecto al distingo entre lo permitido y lo prohibido; a su vez, descartó patologías psíquicas o trastornos vinculados al consumo de alcohol o estupefacientes y resaltó sus proyectos laborales (curso de plomería y gasista).
Del informe socioambiental, tuvo en cuenta el acompañamiento familiar y su constitución -padres casados, convivientes, que aportaban al mantenimiento familiar y sostenían sus gastos personales-. Además, valoró el contacto mantenido con el joven, a partir del cual pudo apreciar que llevaba una vida "tranquila" en convivencia con sus padres, que no salía de noche y que se hallaba en pareja.
Resaltó que, si bien no había sido impuesto como obligación externa, no había vuelto a conducir desde el accidente ni renovado su licencia.
Finalmente, tuvo en consideración que no había sido sindicado en nuevos sucesos delictivos, evidenciando con ello que lo ocurrido en la presente causa había sido el fruto de un episodio aislado en su vida.
I.4. Contra ello, la señora Fiscal del fuero especializado dedujo recurso de apelación (v. fs. 44/51 vta.).
I.5. El día 18 de agosto de 2017, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar al recurso fiscal, revocó la absolución y condenó a G. A. P. a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para conducir vehículos por el término de cuatro años y reglas de conducta por el plazo de tres años (v. fs. 87/91).
Para así resolver, tuvo especialmente en cuenta la gravedad del hecho reprochado, valorando "...que el ilícito fue cometido en el marco de una 'picada' que realizaba el joven [...], la excesiva velocidad desarrollada [...], estimándose la misma en unos 104 km/h, circulando en una zona urbana y cuya velocidad máxima según el cartel indicador señalado por el perito es de 30 km/h, a la vez que se llevaba adelante la 'picada' en horas de la noche y con lluvia, a lo que agrego la pluralidad de víctimas, pues no sólo falleció la joven B. N. O., sino que también resultaron lesionados C. R. M. y C. G. B." (fs. 89 y vta.).
I.6. Contra esa decisión, la defensa oficial del nombrado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/108 vta.), el cual fue admitido por el Tribunal de Alzada y remitido -por aplicación del fallo "Carrascosa" (conf. causa P. 108.199, de esta Corte)- a conocimiento e intervención de la citada Sala I de ese Tribunal colegiado integrada con magistrados de la Sala II, a fin de permitir una revisión integral del fallo que respetara la amplitud revisora que se desprende del derecho al recurso del imputado (v. fs. 110/114).
I.7. Mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de agosto de 2018, por mayoría, el Tribunal de Alzada rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 100/108 vta. y confirmó la pena impuesta (v. fs. 134/155 vta.).
II. Cuestionando aquel pronunciamiento, viene la defensa oficial a través de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 193/207), en el que se agravia por: fundamentación aparente y errónea aplicación del art. 4 de la ley 22.278; inobservancia de la doctrina emergente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Maldonado"; violación del "principio de subsidiariedad de la pena, ultima ratio y de mínima intervención del Fuero Penal Juvenil" (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 4, ley 22.278; 36 inc. 4, ley 13.634; 3 inc. 1, 37 inc. "b" y 40 inc. 1, CIDN y reglas 5, 13, 16.1, 17 y 19, Reglas de Beijing); violación del principio de resocialización de la pena (arts. 14 inc. 4, PIDCP y 5.1 y 5.6, CADH); vulneración de la garantía de la doble instancia procesal y del derecho a una revisión amplia de la condena por un Tribunal Superior e imparcial (art. 37 inc. "d", CIDN); y absurda y errónea valoración en las circunstancias agravantes y atenuantes (arts. 40 y 41, Cód. Penal; 1, 210 y 371 y concs., CPP; v. fs. 200).
En primer lugar, cuestionó la necesidad de imponer pena fundada únicamente en la "gravedad del hecho", lo cual -a su juicio- atentaba contra lo resuelto por la Corte federal en el fallo "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343), en tanto se había dejado en claro que "...la necesidad de pena a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 de ningún modo puede ser equiparado a la gravedad de hecho o a la peligrosidad [...], debiendo tender las mismas a fines de resocialización y de reintegración social del niño, lo que impide utilizar consideraciones meramente retributivas al momento de la imposición de la pena" (fs. 200 y vta.).
Refirió que la necesidad de aplicar pena no se había justificado en "...los antecedentes del joven, ni en el resultado de[l] tratamiento tutelar, ni en la impresión personal directa recogida por el juez", todo ello en violación de la citada doctrina y de los principios de última ratio (art. 37 inc. "b", CIDN) y de mínima intervención que rigen el fuero penal juvenil (v. fs. 201).
Agregó que en el caso no se había realizado el tratamiento tutelar debido a las deficiencias en que incurrieron los operadores, pues nunca instaron a su asistido a una acción terapéutica o pedagógica que hubiese permitido remover las circunstancias que influyeron en su conducta y procurar su resocialización (v. fs. 201 vta.).
Hizo alusión a distintos informes que darían cuenta de que el joven se encontraba contenido familiarmente, que trabajaba, que no se observaban patologías psíquicas ni indicios de trastornos relacionados con el uso de alcohol o estupefacientes y que asistía a un curso anual sobre instalaciones sanitarias en el Centro de Formación Profesional n° 401 de Tres Arroyos. A su entender, esas circunstancias demostraban la voluntad de P. para reinsertarse socialmente y asumir la responsabilidad por sus actos, por lo cual la aplicación de una sanción penal resultaba inconveniente e innecesaria a esa altura del proceso (v. fs. 202).
Por otro lado, cuestionó el fallo por absurdo y arbitrario en la valoración de la prueba, señalando que las características del hecho tenidas en cuenta para sustentar la decisión -que "...habría sido cometido por la excesiva velocidad desarrollada en el marco de una picada, con nocturnidad y lluvia, más la pluralidad de víctimas..."- no habían sido todas tomadas como ciertas en el pronunciamiento que había declarado la responsabilidad penal del joven, de fecha 16 de mayo de 2016 (v. fs. 203).
Agregó que tampoco surgía de la sentencia recurrida qué aspectos faltaban desarrollar para que P. lograra el proceso de resocialización, siendo ello lo que hubiese justificado la aplicación de la pena dispuesta (v. fs. 203 vta.).
También alegó falta de fundamentación en la elección del monto de la sanción (v. fs. 204 vta.).
Sostuvo que "...si bien se ha aplicado la escala reducida a la tentativa, se ha omitido desarrollar el juicio lógico jurídico por el cual la pena de inhabilitación especial, supuestamente reducida a 2 años y seis meses, luego es elevada a 4 años, como asimismo la aplicación de reglas de conducta, que debió establecerse por el plazo de un (1) año al igual que la de prisión dispuesta, luego es elevada a tres (3) años, conformando ello una arbitrariedad de los sentenciantes en tanto no han explicado cuáles son las circunstancias que han considerado a tal fin, imposibilitando a [esa] parte ensayar cualquier defensa al respecto". En sustento de su postura, citó el fallo "Castillo Mercedes" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el precedente "Laportilla" (causa P. 81.527) de este Tribunal (v. fs. 205 y vta.).
Por todo lo expuesto, y para el caso de que esta Corte entendiera que, de todos modos, resultaba necesaria la aplicación de pena, solicitó que se reduzca su monto efectuando una adecuada mensuración de las circunstancias atenuantes reclamadas y descartando las agravantes, se deje sin efecto la inhabilitación para conducir vehículos automotores o, en su caso, se aplique la inhabilitación en la escala reducida prevista en el art. 4 de la ley 22.278, aún por debajo del mínimo legal, y se establezcan las reglas de conducta del art. 27 por el mismo tiempo de la pena -un año- (v. fs. 206 y vta.).
III. Cabe aclarar que, conforme surge del auto de admisibilidad de fs. 211/217, el recurso extraordinario fue concedido a los efectos de abordar únicamente los agravios de pretensa índole federal invocados.
En ese acotado margen de intervención, disiento con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 227/232) y considero que el planteo por el cual la defensa cuestiona la inobservancia de la doctrina de la Corte federal sentada en el fallo "Maldonado", al haberse justificado la necesidad de imponer de pena al joven P. -únicamente- en la gravedad del hecho, es procedente.
IV. De acuerdo al sentido otorgado por las normas internacionales (arts. 37 y 40, CDN; 17, Reglas de Beijing; e.o.) y los lineamientos sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343), los menores de edad no deben ser tratados exactamente igual que los adultos frente a la comisión de un delito.
No hay dudas de que un menor imputado cuenta con los mismos derechos constitucionales que un imputado mayor, pero ello no implica desconocerle otros derechos propios que derivan de su condición de persona en proceso de desarrollo. Esto es así porque los jóvenes carecen de suficiente madurez como para advertir el verdadero alcance y consecuencias de su obrar delictivo, pese a conocer la antijuridicidad de los actos.
Por ello, la aplicación de una pena a un menor de edad es de ultima ratio; sin embargo, la absolución prevista legalmente (conf. art. 4, ley 22.278) tampoco debe operar de manera automática, sino de acuerdo a las implicancias del caso en concreto.
En el supuesto de autos, a partir del derrotero procesal antes reseñado, se advierte que los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca fundaron la necesidad de imponer pena al joven -únicamente- en la gravedad del hecho enrostrado (v. fs. 87/91).
Luego, a pesar de que, en su impugnación, la defensa de P. argumentó que en el caso no se habían tenido en cuenta los informes y pericias realizadas a fin de determinar su situación personal al momento de resolver sobre la aplicación de pena -que daban cuenta de una evolución favorable por parte de su defendido- y que solamente se había valorado la gravedad del injusto cometido (v. fs. 103 vta. y 104), el Tribunal de Alzada resolvió -por mayoría- rechazar el planteo y confirmar la decisión anterior en términos semejantes (v. fs. 134/155 vta.).
Lo expuesto por el Tribunal de Alzada -en los votos que conformaron la mayoría- en cuanto a que la imposición de pena no reposó únicamente en la gravedad del hecho, sino que para ello también se merituaron los informes producidos y la evolución del menor, no se compadece con lo efectivamente acontecido (v. fs. 136 vta., 137 y 141).
Y es que la referencia a los informes psicológico y socioambiental realizada al momento de justificar la imposición de pena fue utilizada para concluir que "...el joven se [encontraba] contenido familiarmente, trabaja[ba] y no se observa[ban] patologías psíquicas ni indicios de trastornos relacionados con el uso de alcohol o estupefacientes". Luego, y pese a aquellas observaciones favorables, se ponderó la "gravedad del hecho" para sustentar la necesidad de pena (v. fs. 87/91).
Incluso, en el auto confirmatorio fue expresamente reconocido el "sesgo positivo" otorgado a los informes en la sentencia recurrida, no obstante lo cual, "...al integrar su resultado con las características del hecho, se concluyó en la necesidad de imponer pena al menor causante" (fs. 141).
De ello se colige que la justificación para penar al joven efectivamente se limitó a la "gravedad del hecho".
Los puntos vinculados con los informes psicológico y socioambiental tomados en cuenta en su oportunidad para resolver la absolución de pena, entre otros elementos (v. fs. 38/43), fueron puestos en evidencia por la parte en el recurso de la defensa, y eran decididamente relevantes y merecían una adecuada valoración dado que el joven autor del homicidio culposo había tenido una evolución favorable en su comportamiento: contaba con recursos familiares de contención y trabajo estable, se había detectado la ausencia de patología o indicios de trastornos relacionados con el uso de alcohol o estupefacientes, poseía referentes normativos respecto al discernimiento de lo permitido y lo prohibido, no había vuelto a conducir, no tenía antecedentes judiciales o nuevos hechos delictivos y había causado una impresión personal positiva a la jueza de origen.
Estas circunstancias debieron haber sido ponderadas de forma favorable, en tanto eran indicadores de un estado reflexivo orientado a superar la inconducta en la que había incurrido.
En esa inteligencia, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se respetan las exigencias derivadas de la normativa aplicable si la decisión de la Cámara "...no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la 'necesidad de pena' en los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el artículo 4°de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de edad..." (en lo pertinente, CSJN causa "Marteau", sent. de 17-III-2009, cons. 11).
En tal sentido, el comentario a la regla 5 de las Reglas de Beijing establece que las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción. La regla 17.1 fija similar principio rector como guía para el dictado de sentencias y resoluciones.
En el sub lite, las circunstancias apuntadas anteriormente quedaron marginadas de dicho análisis -tal y como fue señalado por la defensa-. La sola justificación de la necesidad de imponer pena en la gravedad del hecho, no abastece el recaudo antes apuntado.
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al reclamo, casar el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca obrante a fs. 134/155 vta., y devolver las actuaciones a ese órgano a fin de que -con la debida integración- dicte uno ajustado a derecho.
En esa tarea, estimo que deberá tenerse especialmente en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343), en cuanto sostuvo que "...la 'necesidad de la pena' a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a ‘gravedad del hecho’ o a ‘peligrosidad’ como parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°)" (CSJN, cons. 22 del voto de la mayoría).
V. Dada la solución arribada en el caso, no resulta necesario abordar los restantes agravios introducidos, por cuanto la decisión en torno a la necesidad de imponer pena es previa a la discusión sobre su determinación.
Voto por la af
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