Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132012
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.012, "Padilla, Jorge Nicolás s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 86.529 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de febrero de 2018, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Jorge Nicolás Padilla contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión mediante el uso de arma y tentativa de homicidio agravado criminis causae para procurar su impunidad y por ser perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, ambos en concurso real (v. fs. 92/104).
Frente a lo así decidido, la defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 125/132) que fue concedido por la citada Sala (v. fs. 133/135 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 145/149 vta., dictada la providencia de autos a fs. 150, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial planteó los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 incs. 7 y 11 del Código Penal y la inobservancia del art. 89 del mismo cuerpo de leyes (v. fs. 127).
Recordó los planteos desarrollados por la defensora de la instancia en torno a la falta de acreditación del dolo homicida y a la imposibilidad de subsumir el hecho en los arts. 42 y 79 del Código Penal; los cuales, a su criterio, no fueron respondidos por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 127/128).
Puntualizó que no es posible tener por demostrado el dolo homicida en base a las impresiones y sensaciones de la víctima cuando las restantes pruebas objetivas, como el protocolo médico legal al que no se hizo referencia en el fallo de casación, indican que su vida no corrió efectivo riesgo (v. fs. 128 vta.).
Agregó que las circunstancias de que el agresor se encontrara en el domicilio de la damnificada, que ésta estuviera reducida e indefensa, que aquel tuviera un arma blanca en su poder, que no haya existido causa extraña que le impidiera perfeccionar la acción de matar, "entre otras" ponderables "echan por tierra la conclusión del Tribunal", que no pasa de ser una mera "conjetura". Por tales motivos, tildó de arbitraria la decisión por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Reiteró que no es posible establecer la intención de matar de Padilla en el contexto fáctico en el que se desarrolló la acción. Alegó que R. G. describió un ataque con connotación sexual que se extendió durante tres horas en las que su asistido tuvo el dominio del hecho y la posibilidad de quitarle la vida y, a pesar de ello, no lo hizo (v. fs. 128 vta. y 129).
Entendió que los dichos de la víctima reflejan una interpretación de los sucesos y aclaró que la circunstancia de que haya manifestado que sintió que Padilla la iba a matar no resulta suficiente para tener por acreditado el dolo de homicidio. Alegó que "...ante la reacción de defensa de la víctima respecto del delito contra la integridad sexual, en medio del forcejeo de resistencia, [Padilla] le infligió una lesión que ha sido calificada como leve" (fs. 129); y que -según estima- debe quedar absorbida por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma (v. fs. cit.).
I.2. Luego denunció la revisión aparente del monto de pena impuesta, la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y arbitrariedad (v. fs. 129 vta.).
Sostuvo que el fallo de casación no abastece los estándares de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues trató de modo genérico y superficial los cuestionamientos vinculados con las agravantes ("...haberse valido de medios de sujeción para maniatar, amordazar y vendarle los ojos a la víctima, para evitar el uso de sus sentidos, silenciarla e impedir que lo vea"; "nocturnidad", "extensión del daño sufrido" por aquella) y las denuncias de errónea aplicación de la ley sustantiva y afectación de garantías constitucionales por haberse impuesto una pena desproporcionada (v. fs. 129 vta. y 130).
En su apoyo, citó la causa P. 114.735 de esta Corte y el precedente "Casal" de la Corte nacional y afirmó que se afectó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (v. fs. 130 vta.).
Luego, tildó de arbitraria la decisión por considerar que el Tribunal de Alzada se desentendió de la fundamentación de los agravios. En tal sentido, explicó que la circunstancia de haberse valido de medios para sujetar a la víctima ya estaba comprendido en el sometimiento que sufre la damnificada de abuso sexual por lo que se incurrió en una doble valoración (v. fs. 131).
En cuanto a las lesiones físicas, al daño psicológico y a los padecimientos sufridos por G. luego del hecho, explicó que son las consecuencias lógicas de este tipo de delitos y no se demostró un plus que justificara considerarlas para determinar la pena; así como tampoco que tales consecuencias hayan sido buscadas por el imputado (v. fs. 131).
II. En su dictamen de fs. 145/149 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido. Como él, entiendo que los planteos no pueden prosperar.
III. En lo que hace a las críticas sobre la calificación legal, es preciso aclarar que sólo se cuestionó el modo en que se tuvo por acreditado el dolo homicida del art. 79 del Código Penal.
Ninguna consideración hizo la defensa oficial respecto a la ultraintencionalidad del art. 80 inc. 7 ni sobre la configuración de la agravante del art. 80 inc. 11, ambos del Código Penal, aunque obviamente la constatación de aquel lógicamente le precede.
III.1. Sentado ello, se advierte que el tribunal revisor abordó las críticas en torno a la falta de acreditación del dolo -similares a las ahora traídas- y las descartó por juzgar que dicho extremo se había probado debidamente.
Por un lado, señaló que la parte reiteró los agravios llevados al órgano de mérito sin hacer una crítica razonada del fallo.
En tal sentido, puntualizó que la sentencia de primera instancia, en base a argumentos sólidos que la defensa no logró conmover, tuvo por debidamente acreditado que Padilla intentó quitarle la vida a G. y que no lo logró por razones ajenas a su voluntad.
Así, ponderó los dichos de la víctima quien refirió que el imputado la amenazó más de una vez con matarla, que luego de orinarla presintió que la iba a matar y se puso a llorar más fuerte por lo que Padilla le clavó el cuchillo en el pecho, no logrando hacerlo con mayor profundidad porque pegó en el esternón; luego intentó asfixiarla presionando la almohada contra su cabeza y le hizo un corte en el cuello, en ese momento sintió que no podía respirar, que se iba a morir por lo que sacó fuerzas y logró tomar la mano en la que tenía el cuchillo y quitárselo frente a lo cual Padilla bajó la prenda con la que la había amordazado hasta el cuello con el fin de ahorcarla.
A su vez, el Tribunal de Alzada recordó que el órgano de mérito estimó que el acusado hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr su cometido (intentar dar muerte a G.), utilizó medios idóneos para ello y no logró su finalidad porque la víctima luchó por su vida, le quitó el cuchillo y comenzó a gritar. Destacó que la víctima era profesora de educación física y tenía buen estado físico y que Padilla era de contextura mediana/chica. Frente a tales circunstancias, Padilla sintió que había perdido el dominio de la situación y huyó por temor de que alguien acudiera a ayudar a la víctima que había hecho ruido con la rotura de un vidrio y además gritaba. El juez de mérito concluyó que "...no enerva, por otra parte, tales afirmaciones la circunstancia apuntada por la defensa en cuanto a que las lesiones punzocortantes padecidas efectivamente fueran de carácter leve, pues ello se debe a las razones apuntadas" (v. fs. 94 vta./95 vta.).
Luego de reseñar tales argumentos, el Tribunal de Alzada afirmó que éstos resultaban claros y contundentes en tanto Padilla, luego de abusar durante horas de la víctima, cuando empezaba a amanecer, la apuñaló en el pecho, no ingresando el cuchillo al tórax porque pegó en el esternón. Agregó que en ese momento la víctima comenzó a luchar y logró tomar el cuchillo por lo que Padilla intentó asfixiarla sin lograrlo porque la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda y rompió una ventana, lo que motivó la huida del acusado (v. fs. 95 vta. y 96).
Puso de resalto que quien apuñala en el pecho a una persona que está tendida sobre una cama lo hace con el conocimiento de que podía y quería causar la muerte. Adunó que confirma el propósito homicida su conducta posterior en tanto intentó asfixiarla, sin lograrlo por la resistencia de G. (v. fs. 96).
Aclaró que no se causaron lesiones vitales por la sola circunstancia de que el cuchillo impactó contra el esternón lo que evitó que ingresara a la cavidad torácica (v. fs. 96).
Por todo lo expuesto, resolvió que el cuchillo empleado por Padilla podía y debía ocasionar la muerte de G. y recordó que el dolo se infiere de indicios entre los cuales el medio empleado resultó en sí mismo idóneo para matar como así también la circunstancia de que al haber fallado la puñalada intentara asfixiarla (v. fs. 96 vta. y 97).
III.2. De lo expuesto se advierte que si bien la recurrente cuestiona la errónea aplicación de la ley sustantiva, en rigor, se disconforma con asuntos relativos a los hechos ocurridos y la prueba valorada en las instancias anteriores para tener por acreditado el dolo homicida.
Aun cuando una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo o arbitrariedad, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por las defensas (causas P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
La defensa oficial señaló una opinión diversa (dolo de lesionar y no de matar) y sugirió una interpretación alternativa de la prueba, pero no demostró con ese proceder la concurrencia del vicio de arbitrariedad que le atribuyen a la sentencia.
III.3. En definitiva, del contenido de la impugnación se colige una posición discrepante con la ponderación de los hechos y de la prueba que no consigue desvirtuar los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación para justificar la acreditación del dolo homicida.
En efecto, conforme emerge de la reseña efectuada en el punto III.1., el fallo de casación consideró que el órgano de mérito, en base a argumentos sólidos que la defensa no logró conmover, tuvo por debidamente probado el dolo homicida.
Estimó que se acreditaron una sumatoria de indicios que permitieron afirmar con certeza la intención de matar -y no de lesionar- tales como el medio empleado (cuchillo), las circunstancias en las que se ocasionaron las heridas (la víctima se encontraba tendida en la cama), el lugar donde se efectuaron los cortes (en el pecho), las circunstancias ajenas a la voluntad del acusado que le impidieron concretar su intención (la víctima se resistió, logró quitarle el cuchillo, gritar y romper un vidrio) lo que provocó que Padilla intentara asfixiarla, actitud que reafirmó su intención de matar.
De este modo, el planteo de la defensa en torno al carácter leve de las lesiones que emergen del protocolo médico -aun cuando no se hizo referencia concreta a dicha pieza probatoria en la sentencia-, fue expresamente descartado por el órgano revisor al explicar que la circunstancia de que el cuchillo haya impactado en el esternón impidió que ingresara en tórax, lo que derivó en el carácter leve de las lesiones.
En igual sentido, los argumentos sobre el supuesto dominio del hecho que tuvo Padilla y la posibilidad de haber concretado el homicidio de haber sido esa su intención, también fueron descartados.
El Tribunal de Casación Penal sostuvo que fueron los actos de resistencia de la víctima (gritos, haberle sacado el cuchillo de las manos, rotura del vidrio) los que hicieron que Padilla intentara asfixiarla -lo que reafirma su intención de dar muerte- y, al no lograrlo por razones ajenas a su voluntad, huyó.
III.4. Cabe concluir que todo ello, no dejó margen de duda alguna al Tribunal de Casación Penal respecto al dolo de matar.
En dicho contexto, ninguna de las afirmaciones expuestas por la impugnante resultan idóneas para evidenciar los vicios y las trasgresiones legales denunciadas (art. 495, CPP).
En consecuencia, corresponde confirmar la calificación legal, quedando sin sustento el encuadre legal alternativo (lesiones leves) propuesto por la parte.
IV. Igual suerte corresponde a las denuncias de revisión aparente del monto de pena, errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y arbitrariedad.
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta pertinente aclarar que, si bien la defensa oficial alegó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en rigor, de la lectura de la impugnación se desprende que únicamente se formularon agravios relativos a la errónea revisión del monto de la pena, sin que se advierta ningún argumento vinculado específicamente con cuestiones de ley sustantiva.
IV.1. Sentado lo anterior, la denuncia de violación de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos es improcedente en tanto el Tribunal de Casación Penal otorgó debido tratamiento a los planteos de la defensa y dio razones suficientes para concluir que las agravantes ponderadas se habían acreditado debidamente y que el monto de pena resultaba acorde a los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En efecto, el Tribunal de Casación Penal rechazó los planteos de la parte por considerar que las atenuantes y agravantes se analizaron correctamente por lo que no es posible afirmar que el monto de pena sea infundado o irrazonable (v. fs. 100).
En primer lugar, sostuvo que "...el haberse valido de medios de sujeción para maniatar, amordazar y vendarle los ojos a la víctima, para evitar el uso de sus sentidos, silenciarla e impedir que lo vea" es perfectamente computable si se tiene en cuenta que los hechos se perpetraron durante tres horas (v. fs. 100 vta.).
En segundo término, también estimó debidamente ponderada la "nocturnidad". Explicó que ello le permitió al imputado sorprender a la víctima y actuar en horas que habitualmente disminuye la circulación de personas por dedicarlas al descanso, lo que demuestra que Padilla eligió actuar en esa circunstancia y aprovecharse de eso (v. fs. 100 vta. y 101).
Como tercer punto, en lo que respecta a la "extensión del daño sufrido por la víctima" juzgó que la parte se limitó a expresar una mera disconformidad pero sin atacar la motivación de la sentencia, lo que sella la suerte adversa del reclamo. Explicó que el tribunal de mérito hizo referencia a "...'las lesiones físicas causadas a la víctima, por la penetración forzada -hematoma vaginal y desgarro anal- que ocasionaron incluso la existencia de sangrados posteriores y la lesión que se produjo la propia víctima en el pie al patear el vidrio de la ventana en su intento desesperado por luchar por su vida'" (fs. 101).
En cuanto al daño psicológico, recordó que el tribunal en lo criminal consideró que las lesiones psíquicas fueron de gravedad y se constataron fehacientemente, al igual que el estrés postraumático en base a los dichos de la víctima, los de su terapeuta y los de su amiga C. S. (v. fs. 101 vta. y 102).
En lo que atañe a los "...padecimientos y consecuencias de la víctima luego del hecho", indicó que el sentenciante tuvo en consideración "...'los tratamientos médicos invasivos posteriores a los que debió someterse la víctima, como consecuencia necesaria y previsible de las conductas del imputado tales como los reconocimientos médicos reales que incluyeron la colocación en posición genupectoral para su examen, la prescripción de drogas retrovirales para prevenir contagio de enfermedades venéreas o de trasmisión sexual y los repetidos análisis sanguíneos, y su angustia por el miedo de haber sido contagiada de HIV'" (fs. 102).
Frente a ello, juzgó que las manifestaciones de la defensa resultaban insuficientes para conmover la ponderación de la "extensión del daño causado" como agravante en los términos del art. 41 del Código Penal (v. fs. 102).
Concluyó que conforme las constancias comprobadas, no se advierte irrazonabilidad en la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Recordó que el juzgador está habilitado a fijar la condena dentro de los límites de la escala penal sin estar sujeto a moldes tasados y afirmó que en el caso el monto de pena se motivó adecuadamente (v. fs. 102/103).
Finalmente, refirió que tampoco se demostró la existencia de una cuestión federal vinculada con lo efectivamente resuelto (v. fs. 103 y vta.).
IV.2. La recurrente no evidenció que la inspección efectuada por el Tribunal de Alzada adolezca de alguna restricción cognoscitiva que pudiera considerarse incompatible con el estándar establecido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal", Fallos: 328:3399 y su progenie.
Como se advierte, el tribunal revisor dio respuesta a todos los reclamos que efectuó la defensa en el recurso de casación y los rechazó por estimar debidamente ponderadas la atenuante y agravantes y razonable el monto de pena impuesto a Padilla.
La crítica esgrimida no permite desentrañar, frente al abordaje dado a los agravios llevados oportunamente por esa parte, los extremos respecto de los cuales, a su criterio, el Tribunal de Casación omitió agotar la revisión conforme la doctrina del máximo rendimiento derivada del precedente "Casal" (art. 495, CPP).
En definitiva, la queja se desentendió de lo efectivamente decidido, sin evidenciar la violación del derecho al recurso invocado (arts. 8.2.h., CADH y 14.5. PIDCP), a tenor de la doctrina y fallos que cita, ni de los derechos de defensa en juicio y debido proceso que pretendió vincular al planteo principal (v. fs. 130).
IV.3. Por último, en función de lo expuesto en los puntos anteriores, corresponde descartar la denuncia de arbitrariedad fundada en que el sentenciante se desentendió de los agravios, en tanto quedó huérfana de sustento argumental.
La tacha de arbitrariedad dirigida contra este tramo del pronunciamiento -del modo en que ha sido traída- no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar lo requerido.
Cabe recordar que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquél cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.