Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128114
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.114, "Romero, Miguel Oscar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad en la causa 49.672 del Tribunal de Casación, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 1 de julio de 2015, rechazó -en lo que interesa destacar- los recursos interpuestos por el señor defensor oficial a favor de Luciano Enrique Marchesi y Noelia Daiana Escudero (v. legajo casatorio 54.844), y el incoado por la defensa particular en beneficio de Miguel Oscar Romero (v. legajo casatorio 54.853), contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que -en lo que también interesa destacar- condenó a Romero a la pena de treinta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado, reiterado en seis oportunidades (identificados como hechos 3, 4, 5, 6, 9, 11), robo agravado por el uso de arma impropia (hecho 2), robo agravado por el uso de arma blanca (hecho 7), asociación ilícita (hecho 10) y como autor de los delitos de lesiones graves (hecho 12), amenazas agravadas por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho 13), todos en concurso real (arts. 41, 41 bis, 45, 55, 166 inc. 2 primer párr., 90, 149 ter inc. 1, 189 bis inc. 2, primer y tercer párrs. y 210, Cód.
Penal); a Marchesi a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado, reiterado en cinco ocasiones (identificados como hechos 1, 3, 5, 6, 9), robo agravado por el uso de arma impropia (hecho 2), asociación ilícita (hecho 10), todos en concurso real (arts. 41, 45, 55, 166 inc. 2 primer y tercer párrs. y 210, Cód. Penal); y a Escudero a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado (hecho 6), partícipe secundario del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado (hecho 9) y asociación ilícita (hecho 10), todos en concurso real (arts. 41, 45, 46, 55, 166 inc. 1 primer y tercer párrs. y 210, Cód.
Penal; v. fs. 170/210, legajo casatorio 49.672, con relación a la sent. de condena de fs. 75/205 vta., legajo casatorio 54.853).
Frente a lo así decidido, los defensores de los acusados presentaron recursos extraordinarios ante el tribunal intermedio. El defensor particular de Miguel Oscar Romero, doctor Damián Flores Ortigoza, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 218/240 vta., legajo casatorio 49.672); el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 308/313 vta.) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 314/332 vta.) a favor de Luciano Enrique Marchesi y Noelia Daiana Escudero.
El tribunal intermedio concedió sólo los de inaplicabilidad de ley y desechó por inadmisible el de nulidad (v. fs. 342/348), decisión que no fue cuestionada (v. fs. 381).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 370/373 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 382) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, atendiendo el alcance de los planteos esgrimidos, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por la defensa particular a favor de Miguel Oscar Romero y el deducido por la defensa oficial en beneficio de Luciano Enrique Marchesi y Noelia Daiana Escudero?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Liminarmente, conforme surge de la resolución de admisibilidad de fs. 342/348, los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley sólo fueron admitidos a los efectos de abordar el agravio que incluyó -en ambos casos- la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 210, Cód. Penal) en el que, además, cabe aclarar, también alegaron que el pronunciamiento era arbitrario por inexistencia de elementos como para tener por configurado el delito de asociación ilícita. En el caso de Marchesi y Escudero, se incluyó en ese primer planteo una crítica a la pena impuesta solicitando una nueva interpretación del art. 55 del Código fondal, reclamando subsidiariamente la inconstitucionalidad de la ley 25.928.
Ahora bien, siendo que los impugnantes han traído a conocimiento de esta Corte similares agravios y argumentos en torno al mismo hecho ilícito (asociación ilícita), estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar su tratamiento en forma conjunta.
II.1. El defensor particular de Miguel Oscar Romero, doctor Damián Flores Ortigoza, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio (v. fs. 218/240 vta., legajo casatorio 49.672), sobre el motivo de agravio admitido, denunció arbitrariedad "...por falta de fundamentación en el escogimiento de una prueba y el descarte de otra, prescindencia de elementos relevantes y apartamiento de las constancias de la causa", todo ello en violación al debido proceso y a la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 220 vta., legajo casatorio 49.672).
En esa senda, cuestionó la calificación legal del hecho 10 -asociación ilícita- por inexistencia de elementos para su configuración. Señaló que el art. 210 del Código Penal exige la "[s]ubjetividad" debido a que es un delito doloso y requiere "...la voluntad de integrar la [a]sociación con el conocimiento de los objetivos de la misma", circunstancias que -según su defensa- Romero desconocía (v. fs. 221 y vta.).
Por otro lado, señaló que no se acreditaron los requisitos de "organización permanente" y de "pluralidad de planes delictivos" (fs. 221 vta. y 222).
Adujo que el tribunal intermedio omitió analizar la existencia de aquella pluralidad de planes y la consideración fundada del acuerdo implícito o explícito de voluntades.
II.2. Por su lado, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Luciano Enrique Marchesi y Noelia Daiana Escudero (v. fs. 314/332 vta.), invocó arbitrariedad por fundamentación aparente y falta de acreditación de la materialidad ilícita, participación y de la calificación escogida en el hecho 10 (asociación ilícita), incurriendo el sentenciante -a su criterio- en una errónea valoración de las constancias de la causa (v. fs. 318 vta./320).
Sostuvo además que la asociación ilícita se tuvo por configurada a partir del número de sujetos intervinientes y la pluralidad de hechos ilícitos, sin ponderar todos los presupuestos de su tipicidad (v. fs. 321 y vta.).
En el mismo planteo cuestionó la pena impuesta a Marchesi y a Escudero. Con relación al primero consideró que los veintiocho años de prisión aplicada superó el tope punitivo del ordenamiento jurídico, en comparación con la de prisión perpetua (que la ubicó en veinticinco años), afectando los principios de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y pro homine . Solicitó una interpretación del art. 55 del Código Penal que no permita la aplicación de penas "crueles" y contrarias al derecho de resocialización, además de compararlas con una especie de "...muerte civil vedad[a] por los arts. 5.6 de la CADH y 103 del PIDCyP". Subsidiariamente reclamó la inconstitucionalidad de la ley 25.928 en cuanto modificó aquella norma (v. fs. 321 vta./328 vta.).
Solicitó se imponga a Escudero y a Marchesi penas adecuadas a su culpabilidad o iguales al mínimo de la escala penal aplicable (v. fs. 328 vta.).
III. En su dictamen de fs. 370/373 vta., el señor Subprocurador General aconsejó el rechazo de los recursos deducidos. Coincido con su opinión.
IV.1. El hecho que ambas defensas cuestionan es el 10 (identificado en la acusación como 1) y según el cual "...en días, horas y lugares aún sin determinar a la fecha pero al menos con anterioridad al 5 de mayo de 2007, al menos cinco personas -cuatro del sexo masculino y una del sexo femenino- tomaron parte [...] de manera permanente [de una reunión u organización], destinada a cometer distintos hechos ilícitos con una misma modalidad operativa" (fs. 86, sent. de condena en legajo casatorio 54.853).
La Casación abordó en la cuestión sexta de su sentencia el reclamo que las defensas dirigieron contra dicho delito, brindando las razones por las cuales entendió que correspondía convalidar el razonamiento del sentenciante de mérito respecto a la participación y aplicación de aquella figura en cabeza de los imputados (v. fs. 187 vta./192 vta.).
En primer lugar, destacó que el planteo ya había tenido tratamiento y había sido fundado de manera suficiente por el juzgador de origen, sin que se hubiere demostrado en el caso la arbitrariedad predicada, en tanto quedó demostrado que Luciano Marchesi, Noelia Escudero y Miguel Romero junto a otras personas identificadas como Adrián Smidth, Claudia Sequeira, Andrea Castagnola y Javier Suárez, fueron partícipes de una organización delictiva (v. fs. 187 vta. y 188).
Seguidamente se refirió a los elementos configurativos de dicha figura penal: la permanencia en el tiempo de la organización y el acuerdo para cometer otros delitos además del aquí juzgado, "...o sea indeterminados en una proyección de futuro" (fs. 188).
Añadió que entre los caracteres generales del tipo se requiere que el sujeto hubiere tomado parte de la sociedad delictiva ya existente o asistir a su conformación, como autor o partícipe; con los rasgos de organicidad, estabilidad y permanencia en el tiempo que le son propios y con un mínimo de tres personas, "...destinada a cometer delitos como fin único y excluyente". Recordó finalmente que se trata de un delito permanente y de peligro concreto, que requiere "dolo directo", requisitos que -a su entender- se encontraron presentes en el caso (v. fs. cit. y vta.).
Refirió que "La creación de un aparato organizado en forma permanente para preparar y cometer ilícitos resulta per se más eficiente que como lo podría realizar un grupo eventual o improvisado" y los aquí imputados no eran personas que pudieran incluirse en este último grupo (v. fs. 188 vta.), a tenor de la cantidad de hechos ventilados en las diferentes causas examinadas (v. fs. 188 vta.).
Luego de referirse a la situación de Suárez, Catagnola y Sequeira (v. desarrollo de fs. 189/190), indicó que respecto a los restantes encartados a los que alcanzaba la figura existían "...aún más y plurales elementos como para ratificar lo decidido", en tanto que existió un lineamiento común en el accionar al perpetrar los ilícitos, en modus operandi consistente en "...la interceptación de víctimas portando armas [...], ingresarlos a su domicilio mientras uno de los integrantes aguardaba en las inmediaciones para ingresar a la vivienda luego de comprobar que no habían sido advertidos, establecer comunicación con otros integrantes apostados para controlar la presencia de la policía, sustraer automóviles de los atacados y convocar otro de mayor porte cuando la cantidad de lo sustraído así lo ameritaba", todo lo cual resultó demostrativo de los elementos típicos de la asociación ilícita, los cuales fueron descriptos por los damnificados "...en mayor o menor medida" en un accionar "...coordinado y transido de una intención común" (fs. 190 y vta.).
Indicó que los hechos que damnificaron a Miriam Dos Santos (5 de julio de 2007); Mariano Mandaradoni y familia (1 de junio de 2007); José Cayetano Cupelli y familia (22 de junio de 2007); Jorge Pérez y familia y Luciano Laudisi (3 de septiembre de 2007); Carmelo Cairone y familia (11 de septiembre de 2007); Alfredo Weslowski y familia (17 de septiembre de 2007); José Luis Maroto y familia (28 de septiembre de 2007); Marcelo Cestaro y familia (28 de septiembre de 2007) y Marcelo Gallina y familia (30 de septiembre de 2007); exhibieron los lineamientos comunes de la figura precedentemente descriptos (v. fs. 190 vta. y 191).
Siguió con la revisión del fallo y destacó que Marchesi entró a robar dos veces en el hogar de la familia Cupelli (el 22 de agosto de 2007 y el 5 de mayo de 2007), y fue reconocido por los damnificados (v. fs. 191); Mariano Mandaradoni -otra víctima- reconoció en audiencia a Marchesi, Acuña y Romero como los delincuentes que ingresaron a su casa, además de que el último de los nombrados fue quien le propinó un culatazo en la cabeza con el arma que empuñaba, para luego sustraerle su camioneta, mientras que Marchesi se comunicaba de modo permanente con otro sujeto que se hallaba en el exterior de la vivienda a través de un Handy (v. fs. cit.).
Tampoco albergó duda alguna en torno a la pertenencia a la organización delictiva de Smidth y de Escudero, gracias al reconocimiento fotográfico de Jorge Eduardo Marcelo Pérez al que calificó de "determinante". Sostuvo que con el mismo grado de certeza los damnificados Carmelo Cairono y Alfredo Wesolowski reconocieron en debate a Marchesi, Smidth, Romero y Escudero como las personas que estuvieron presentes en sus viviendas (v. fs. 192).
Agregó que similares reconocimientos fueron realizados de parte de los damnificados Mirta Simonetta y Daiana Wesolowski -con relación a Marchesi, Escudero, Smidth y Romero-; José Maroto y Diana Lucacheski reconocieron a Romero, Acuña y a Smidth; Hilda González hizo lo propio con Smidth y Romero; Marcelo Gallina y Natalia Molina con Marchesi y Romero (v. fs. 192 y vta.).
Concluyó el a quo en que aquellos reconocimientos brindaron fundamento a la convicción de que el delito, como ente autónomo y atribuible, existió en la praxis y recordó doctrina de esta Corte según la cual para que se configure el supuesto del art. 210 del Código Penal "...es menester que el formar parte de la banda tenga por finalidad la de cometer delitos y ello se reprime por el solo hecho de ser miembro de la asociación" (conf. causas P. 76.397, sent. de 22-XII-2008; P. 62.174, sent. de 20-III-2002; e.o.), a lo que agregó que respecto de todos los encartados quedó cabalmente demostrado "...su sentido de pertenencia" (fs. 192 vta.).
IV.2. De la reseña efectuada podemos advertir que los reclamos de los recurrentes sólo exponen una opinión personal -divergente a la del juzgador- que no plasma ni la concurrencia de la arbitrariedad denunciada, ni tampoco el incorrecto encuadre legal al hecho identificado como 10 correspondiente a la asociación ilícita (art. 210, Cód. Penal).
En efecto, los elementos que el a quo consideró en su fallo permitieron confirmar la materialidad ilícita, la participación de los encartados y la calificación mencionada. En ese sentido, se refirió a los caracteres generales de la figura "...organización permanente, estable y duradera en el tiempo, con un mínimo de tres personas, destinada a cometer delitos como fin único y excluyente", las cuales se hallaban presentes en el caso. Destacó además el carácter de organización que demostró el grupo no sólo por la permanencia en el tiempo, sino también por el sentido de pertenencia entre sus miembros, como asimismo la similar modalidad en el acometimiento de los ilícitos y la estrategia táctica y logística, con estructura suficiente como para llevar a cabo su finalidad ilegal (art. 495, cit.).
Por ello, frente a la actividad desarrollada por el tribunal revisor resulta indemostrada la arbitrariedad que se denuncia.
Los embates dirigidos sobre el alcance del tipo penal en cuanto a la cohesión y modalidad que -a su entender- debe tener el grupo de más de tres personas para conformar una asociación ilícita y demás cuestionamientos formulados sobre este extremo, devienen insuficientes al desentenderse de los argumentos brindados por el tribunal, actitud ineficaz para conmover el pronunciamiento en crisis (doctr. art. 495 cit.).
En sintonía con lo expuesto, esta Corte ha resuelto que para que se configure el supuesto del art. 210 del Código Penal es menester que el formar parte de la banda tenga por finalidad la de cometer delitos (esto es, en forma indeterminada y plural) y ello se reprime "...por el solo hecho de ser miembro de la asociación" (conf. causa P. 76.397, sent. de 22-XII-2008).
Ello, en consonancia con doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha convalidado la interpretación de aquella figura penal según la cual la asociación ilícita no requiere la existencia de delitos consumados, ni siquiera principio de su ejecución, sino de un acuerdo con la finalidad de ejecutar actos calificados por la ley como delitos y ello más allá de la prueba relativa a los delitos cometidos por sus miembros (doctr. CSJN Fallos: 330:1534, del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema).
En definitiva, como se dijo, quedó indemostrado que la conducta de los imputados no haya sido correctamente encuadrada en las previsiones del art. 210 del Código Penal, constitutiva del delito de asociación ilícita, conforme lo así fallado en las instancias anteriores con apoyo en las comprobaciones fácticas establecidas y la interpretación de la ley aplicada al caso (art. 495, CPP).
V.1. Si bien del auto de admisibilidad surge que el primer motivo de agravio del recurso incoado a favor de Marchesi y Escudero incluyó también un planteo relativo a la excesiva pena impuesta (v. fs. 345 vta. y 346 vta. del auto cit., legajo casatorio 49.672), los argumentos que porta -interpretación del art. 55 del Código Penal que no permita la aplicación de penas "crueles" alegando la vulneración de diversos principios constitucionales, peticionando además de modo subsidiario la inconstitucionalidad de la ley 25.928-, no fueron llevados a conocimiento del tribunal intermedio en el recurso de casación (v. fs. 218/225, legajo casatorio 54.844), por lo que su introducción en esta sede resulta tardía (doctr. art. 451, CPP).
La defensa oficial de Luciano Enrique Marchesi y Noelia Daiana Escudero había denunciado ante la casación la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y de las normas que exigen una debida fundamentación de los pronunciamientos judiciales en lo referente a la ponderación de diversas circunstancias agravantes que afectaron el monto de la pena impuesta en violación a lo normado por el art. 371 inc. 5 del Código de rito y al principio de proporcionalidad entre la naturaleza de los hechos y la sanción, incurriendo con ello en arbitrariedad (v. fs. 223/224 vta.).
Recién en el memorial de fs. 248/276, el señor defensor oficial adjunto de Casación sumó nuevos argumentos, entre los que incluyó la denuncia de vulneración a diversos principios constitucionales (v.gr., legalidad, in dubio pro reo , culpabilidad, intervención estatal mínima, pro homine , proporcionalidad, razonabilidad). También hizo una comparación con la pena de prisión perpetua y solicitó una interpretación del art. 55 del Código Penal acorde con su postura en pos de evitar la imposición de penas "crueles". Subsidiariamente reclamó la inconstitucionalidad de la ley 25.928 modificatoria de aquella norma.
V.2. El tribunal a quo abordó el planteo en la medida en que fue llevado en el recurso respectivo.
Así, en la cuestión octava se ocupó y confirmó las agravantes cuestionadas (v. fs. 194/195), analizó la pena impuesta a Escudero y la ratificó (v
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