Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137000
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.000, "C., K. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.039 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres, Maidana.
Conforme surge de las piezas digitales, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de fecha 28 de diciembre de 2021, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa oficial de K. A. C. contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata que, a su vez, revocó la decisión del Juez de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de dicha ciudad que había hecho lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento planteada por la defensa y declarado el sobreseimiento de C. por extinción de la acción penal; como consecuencia de la revocación aludida, la Cámara departamental dispuso la continuación del trámite del expediente.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, con fecha 4 de julio de 2022, declaró admisible la impugnación. Estimó que la decisión en crisis es equiparable a definitiva por encontrarse en discusión la afectación del plazo razonable de duración del proceso. En cuanto a los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal afirmó que, si bien no se cumplen en el caso, "...el impugnante ha desarrollado argumentos encaminados a evidenciar la concurrencia de eventuales cuestiones federales y ha procurado establecer la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo de este Tribunal y las garantías que fueron invocadas en su presentación (arts. 18 y 75 inc. 22, C.N.; 14 y 15, Ley 48)".
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denuncia la violación del plazo razonable de duración del proceso (conf. arts. 40 inc. 2 pto. "b" apdo. iii, CDN; 8.1, CADH; 9.3 y 14.3 apdo. "c", PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
I.1. Preliminarmente realiza una pormenorizada reseña de los antecedentes del caso:
Recuerda que al joven C., en el marco de un procedimiento de flagrancia, se le imputó el delito de portación ilegítima de arma de guerra, presuntamente cometido el día 7 de enero de 2013.
El día 8 de enero del mismo año se lo citó a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código de rito.
El juzgado de garantías desestimó el pedido de sobreseimiento y ordenó la elevación de la causa a juicio. La defensa impugnó dicho acto procesal. La Cámara, en el mes de abril de 2013, acogió favorablemente el planteo y declaró la nulidad del acta de procedimiento y de los actos subsiguientes.
La fiscalía presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Esta Suprema Corte, el día 15 de agosto de 2018, hizo lugar al recurso fiscal y reenvió las actuaciones a la Cámara.
En función de ello, el 13 de mayo de 2019, la Cámara denegó el pedido de nulidad y sobreseimiento y elevó las actuaciones a juicio.
El día 3 de febrero de 2020, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de esa ciudad, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al joven en orden al delito de portación de arma de guerra.
El Ministerio Público Fiscal presentó recurso de apelación. La Cámara, el día 21 de julio de 2020, hizo lugar a la impugnación.
La defensa dedujo recurso de casación y se agravió de la violación del plazo razonable de duración del proceso por haber transcurrido más de nueve años desde la fecha del hecho (7 de enero de 2013) sin que se haya realizado el juicio oral. Esa petición fue desestimada por el Tribunal de Alzada y derivó en la presentación del recurso en examen.
I.2. En cuanto a la procedencia del reclamo, la parte alega que el Tribunal de Casación Penal al desestimar el planteo de afectación del plazo razonable no garantizó el derecho a la revisión amplia e integral (conf. art. 8.2 apdo. "h", CIDH).
Luego de citar textualmente tramos del fallo que critica, afirma que la configuración de la garantía de plazo razonable no exige el transcurso de un plazo "aberrante" como lo sostiene el a quo . En tal sentido, recuerda que la Comisión Interamericana elaboró criterios para la determinación de la razonabilidad del plazo de duración del proceso: "...1º) la complejidad del caso, 2º) la conducta del inculpado y 3º) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (ver Informes 12/96, párr. 111; 100/01 párr. 54, CIDH)".
Bajo tales presupuestos, sostiene, en primer lugar, que el delito que se imputa a su asistido no reviste complejidad alguna, pues se trata de un hecho único, en procedimiento de flagrancia y con la prueba colectada en los primeros momentos de la investigación. En lo atinente a la actividad procesal de su asistido, destaca que se limitó al ejercicio de sus derechos constitucionales: revisión del auto de elevación a juicio luego de haber obtenido dos sobreseimientos. Finalmente, aclara que el perjuicio radica en "...la ausencia de resolución y el dictado de sentencia en un plazo razonable. Pues, se encuentra en elloínsito el estado de incertidumbre y malestar del joven, que se pretende evitar con la garantía aquí involucrada".
En apoyo de lo así afirmado cita jurisprudencia de la Corte nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CSJN causas "Bramajo, Hernán Javier" y "Espósito, Miguel Angel"; CIDH casos Genie Lacayo ; Suárez Rosero y Paniagua Morales ).
A su entender, el fallo en crisis incumple con el estándar de razonabilidad e incurre en arbitrariedad al desestimar el planteo de afectación del plazo razonable de duración del proceso.
Insiste en que su defendido lleva procesado más de nueve años sin que haya recaído sentencia sobre el fondo del asunto. "Las dilaciones procesales resultan ajenas al justiciable y/o su defensa, produciendo tal demora perjuicios para el joven frente a la situación de incertidumbre vivida con el extenso lapso de duración del proceso".
Resalta que a lo expuesto se agrega que debieron contemplarse los especiales principios que imperan en el fuero especial de responsabilidad penal juvenil, lo que impone mayores limitaciones a la actuación del Estado.
En razón de lo expuesto, alega que "La duración indebidamente prolongada de la causa, que no puede ser atribuida al imputado, ni a la complejidad del caso, viola ostensiblemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (CSJN, 'Santander, Moira y otro', S. 1205. L. XLII., 28/10/2008). La celeridad del proceso resulta ajena al imputado, ya que el impulso diligente está a cargo del Estado (CSJN, Fallo 'Espíndola', 1381/2018/RH1, de fecha 9 de abril de 2019, considerando 18)".
Finalmente, cita los precedentes "Farina Haydee Susana s/ Homicidio Culposo"; "Barra"; "Kipperband"; entre otros de la Corte nacional y solicita la declaración de prescripción de la acción penal por haberse vulnerado el plazo razonable de duración del proceso.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso.
Coincido con lo así dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, corresponde efectuar algunas precisiones sobre la admisibilidad del recurso.
Tal cual surge de los antecedentes del caso, el Tribunal de Casación Penal en el juicio de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal, equiparó a definitiva la decisión apelada a tenor del rendimiento de la garantía del plazo razonable de duración del proceso, criterio conteste con reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte (conf. art. 482, CPP).
En lo que respecta al análisis del cumplimiento de los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, admitió la vía extraordinaria de manera genérica por "cuestiones federales", sin precisar cuáles estarían en juego, lo cual incumple el deber de debida motivación que exige precisar concretamente los tópicos constitucionales por los que se concede el recurso (conf. art. 486 cit.).
Sin perjuicio de dicho déficit, atendiendo al estadio procesal de la presente y a los fines de no dilatar su trámite (conf. art. 2, CPP), corresponde subsanar la falta de debida motivación del juicio de admisibilidad y aclarar que, teniendo en consideración los motivos por los cuales se sortearon las exigencias del art. 482 citado, el único agravio que corresponde abordar es el de violación del plazo razonable de duración del proceso. En consecuencia, ninguna consideración corresponde efectuar sobre los restantes planteos de pretenso cariz constitucional desarrollados por la parte (violación del derecho al recurso, arbitrariedad, entre otros; conf. arts. 482, 486 y 494, CPP).
IV. Sentado lo anterior, según se anticipó, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no procede en tanto la defensa oficial no logra replicar eficazmente los argumentos que le dieron sustento a la sentencia impugnada (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. De la lectura del fallo de casación se advierte que la señora jueza Budiño, a quien adhirió simplemente el señor juez Mancini, luego de citar normativa internacional sobre la garantía de plazo razonable (arts. 8.1 y 25, CADH; 14.3 apdo. "c", PIDCP) recordó que no existe un límite temporal fijo para su determinación, sino que es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso.
A continuación, citó los parámetros que según la jurisprudencia nacional e internacional deben tomarse en consideración para evaluar la afectación o no de la mentada garantía: "...el tiempo transcurrido, la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, el perjuicio concreto del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, entre otros similares".
Con dicho marco afirmó que "...los camaristas resolvieron que el tiempo insumido en el proceso no configura una afectación aberrante, por lo que no tiene entidad suficiente para provocar la insubsistencia de la acción...", mecanismo que se aplica solo frente a una alteración sustancial del plazo que razonablemente podría insumir el trámite penal atendiendo las particularidades puestas de realce.
Con relación al perjuicio concreto que la mora en el trámite acarrearía para la situación jurídica del imputado, se sostuvo que "...no se verifica en la especie [...] Así se explicó que C. no deberá reingresar a cumplir pena privativa de libertad luego de muchos años de cometido el delito transcurridos en libertad y sin que hubiera tenido nuevos conflictos con la ley penal [situación singular que podría ser digna de especial ponderación] Como se señaló en la resolución recurrida, el joven se encuentra privado de libertad en otro proceso en el que registra una condena a 13 años y 6 meses de prisión, que vencerá en el año 2027".
Luego, afirmó que si bien resulta de vital importancia en los procesos del fuero de responsabilidad penal juvenil cumplir con la garantía de juzgamiento dentro de un plazo razonable (art. 40 inc. 2 apdo. "b", CDN; Regla 20.1, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-), aclaró que la ley 13.634 no contempla plazos máximos especiales que difieran de los previstos para los mayores (v. arts. 43 y 48, ley 13.634 y 141, CPP).
A su entender, la defensa oficial no logró rebatir eficazmente el fallo de la Cámara pues no enlazó su reclamo con las circunstancias puntuales del caso ni hizo "...un análisis global y detallado de la coyuntura, lo que era imprescindible para posibilitar que su reclamo fuera atendido, por lo que la parte tampoco fue exitosa en comprobar el indebido retardo atribuible a los órganos jurisdiccionales en cada ocasión puntual (que no se satisface con aludir simplemente al tiempo que insumió la adopción de algunos pronunciamientos puntuales del proceso), lo que termina de echar por tierra las aspiraciones en este sentido".
IV.2. De la reseña efectuada, se advierte que la defensa oficial en el planteo traído ante esta Suprema Corte incurre en idénticos déficits a los señalados por el Tribunal de Casación Penal pues realiza consideraciones genéricas que no lograran demostrar la vinculación directa de la garantía de plazo razonable con lo efectivamente acontecido en el caso (conf. CSJN causas "Strada"; "Di Mascio" y "Christou").
En tal sentido, el recurrente se limita a mencionar el trámite del expediente sin hacer una valoración de los distintos actos procesales y sin señalar, en concreto, en qué instancia procesal se habría producido la prolongación injustificada. Pues, no indica si la afectación de la garantía en cuestión se produjo durante la Investigación Penal Preparatoria, en la etapa de juicio o durante el tránsito recursivo, más que relatar las diversas etapas procesales del caso con sus respectivas fechas, dejando en cabeza del juzgador la ponderación de cuándo y cómo se habría configurado la afectación de la citada garantía merced a ese racconto .
De lo expuesto se desprende que la técnica empleada por la parte resulta, a todas luces, ineficaz pues no logra demostrar la vinculación directa entre la garantía constitucional que dice afectada y lo debidamente acontecido en el caso (art. 495, cit.).
En la reseña de antecedentes la defensa oficial enuncia de manera genérica que el caso no reviste complejidad y que C. se limitó a ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, debió hacerse cargo de las particularidades del tránsito recursivo del presente expediente y señalar -con precisión- cuál habría sido la actuación defectuosa de los órganos estatales que -a su criterio- conllevó a la afectación de la garantía en cuestión, extremo que de ningún modo -insisto- logra patentizar con la mención genérica del tiempo total que insumió el proceso.
Asimismo, reitera de manera dogmática que el presente expediente tramita bajo las reglas especiales del fuero de responsabilidad penal juvenil sin hacerse cargo de conmover la afirmación del Tribunal de Alzada que sostuvo que no existen reglas particulares en la normativa del fuero que establezcan estándares diferenciados sobre el plazo razonable. En rigor, insiste con igual línea argumental sin refutar la respuesta del a quo . Media insuficiencia.
IV.3. De igual manera, en lo que respecta al perjuicio concreto, la defensa no se hace cargo de remover el argumento de la Casación relativo a que C. se encuentra privado de su libertad por la comisión de otro delito. De modo tal que no se trataría de una persona en libertad que debido a la mora de la actuación de la agencia judicial podría sufrir el riesgo de un encierro tardío susceptible de trastocar su situación vital.
Más allá del acierto o error de dicho argumento, lo cierto es que la parte nada dijo sobre el punto, dejando completamente incontrovertido este tramo del fallo (art. 495 cit.).
V. Cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que para demostrar la aplicabilidad de la extraordinaria solución requerida se exige una labor que implica examinar parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador pueda valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (TEDH Eckle v. Alemania , n° 1982/4, 15-VII-1982; Kemmache v. Francia , serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60, 27-XI-1991; Pélissier y Sassi v. Francia , n° 25444/94, apdo. 67, CEDH 1999-II, [10]; Jetzen v. Luxemburgo , n° 2008/16, 4-III-2008; entre muchos).
En igual sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido, debiendo considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua , párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras . Fondo, reparaciones y costas, sent. de 3-IV-2009, Serie C No. 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina . Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-X-2008, Serie C No. 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia . Fondo, reparaciones y costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C No. 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (CIDH casos Valle Jaramillo y otros vs. Colombia , párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164).
En concreto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la defensa "...debería al menos mencionar por qué considera que el proceso se ha extendido irrazonablemente en el tiempo, ponderando los tópicos recién referidos" (causa "Al Kassar, Monzer s/ incidente de prescripción", sent. de 12-XII-2006, por remisión al dictamen de la Procuración).
En definitiva, queda en evidencia que las condiciones mínimas de la alegación para que opere la garantía del plazo razonable de duración del proceso, conforme las pautas establecidas en la "teoría de la ponderación" elaborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y seguida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. arts. 8.1, CADH; 14.3, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.), no han sido debidamente demostradas por el recurrente.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el reclamo por insuficiente (conf. art. 495, CPP; causas P. 76.357, sent. de 30-VI-2004; P. 94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 123.212, sent. de 3-V-2018 y P. 132.095, sent. de 20-X-2020).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues es mi parecer que el recurso intentado debe prosperar.
II. Me remito al relato de antecedentes del caso realizado por el doctor Soria (puntos I y II de su voto), así como también a las consideraciones efectuadas sobre la admisibilidad del recurso (punto III de su voto).
En síntesis, en su pieza impugnativa, la defensa denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso (conf. arts. 40 inc. 2 pto. "b" apdo. iii, CDN; 8.1, CADH; 9.3 y 14.3 apdo. "c", PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac.).
Luego de citar textualmente tramos del fallo impugnado, afirmó que la configuración de la garantía de plazo razonable no exige el transcurso de un plazo "aberrante" como lo sostuvo el órgano revisor. En tal sentido, recordó que la Comisión Interamericana elaboró criterios para la determinación de la razonabilidad del plazo de duración del proceso: "...1°) la complejidad del caso, 2°) la conducta del inculpado y 3°) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (ver Informes 12/96, párr. 111; 100/01 párr. 54, CIDH)".
Bajo tales presupuestos, y específicamente en lo atinente al primero de los criterios, aclaró que el delito imputado a su asistido no revestía complejidad alguna, pues se trataba de un hecho único, en procedimiento de flagrancia y con la prueba colectada en los primeros momentos de la investigación. En lo atinente a la actividad procesal de su defendido, destacó que se limitó al ejercicio de sus derechos constitucionales, básicamente a obtener la revisión del au
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