Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135734
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la Fiscalía ante el Tribunal de Casación Penal, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al mencionado órgano para que dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
A su vez, en virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398 último párrafo del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. SCBA 216/09), se dispone poner en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario, a sus efectos.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.734-RC, "Jorge Armando Roldán -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad en causa n° 101.518 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a D. A. T. M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 10 de diciembre de 2020, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes que, bajo el procedimiento de juicio abreviado, declaró a D. A. T. M. autor penalmente responsable de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal) y difirió la valoración acerca de la aplicación de pena, en los términos del art. 372 del Código Procesal Penal, hasta el cumplimiento de los presupuestos del art. 4 de la ley 22.278, manteniéndolo privado de su libertad ambulatoria en establecimiento dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial (v. fs. 66/67 vta.).
Contra esa decisión se alzó el entonces señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 69/73), que fue concedido (v. fs. 74/76).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 81/84 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 86) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad por haber brindado una fundamentación aparente para sustentar su decisión de declarar inadmisible el recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia que hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado y recalificó el hecho como lesiones graves (v. fs. 71).
Alegó que la interpretación del art. 62 de la ley 13.634, a través de la cual se privó al Ministerio Público Fiscal de la facultad de recurrir la sentencia, consagra una exégesis irrazonable de la ley afectando el debido proceso (v. fs. 71).
Explicó que se sostuvo su falta de legitimación para recurrir la decisión que aceptó el acuerdo de juicio abreviado, por no considerar satisfechos los presupuestos del art. 452 del Código Procesal Penal. En tal sentido, expresó que, es la norma citada la que hace expresa referencia a los arts. 448 y 449 del Código Procesal Penal, habiéndose invocado el primer supuesto del art. 448 (inobservancia de un precepto legal), ya que los motivos de agravio versaron sobre la errónea aplicación del art. 90 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, debido a una arbitraria valoración de la prueba a tenor de las constancias de la causa.
Estimó que el Tribunal de Casación incurrió en una interpretación descontextualizada e irrazonable del mentado art. 62 de la ley 13.634, desnaturalizando el sistema recursivo del fuero penal juvenil con relación a la legitimación recursiva del Ministerio Público Fiscal.
Requirió, en definitiva, que se haga lugar a su impugnación, se reenvíen los autos al Tribunal de Casación Penal para que admita el recurso fiscal y, en consecuencia, aborde los agravios oportunamente llevados a su conocimiento.
II. El señor Procurador General propició el acogimiento del reclamo.
III. La impugnación prospera.
III.1. El órgano a quo basó la desestimación del recurso casatorio en la falta de legitimación del señor fiscal para impugnar el auto de responsabilidad dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil que admitió el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, por el que consideró que correspondía calificar el hecho atribuido a D. A. T. M. como lesiones graves y no como homicidio simple -tal como surgía del mencionado acuerdo-. A la par, difirió la evaluación acerca de la aplicación de una pena para que se cumplieran los recaudos exigidos por el art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 1/36 vta.).
Para concluir de tal modo la señora jueza Budiño, a quien prestó adhesión simple el señor juez Mancini, expuso que la lectura correcta del art. 62 de la ley 13.634 no implica que solamente pueda impugnarse el sobreseimiento en los casos de los arts. 448 y 449 del Código Procesal Penal, sino que "[s]e presentan dos alternativas diversas. La primera, el sobreseimiento (siempre). Y la segunda, cada vez que entren en juego las motivaciones de los artículos 448 y 449 del CPP en tanto y en cuanto lo sean decisiones distintas al sobreseimiento".
No obstante, dicha magistrada señaló que mantienen virtualidad las limitaciones que emergen de otras normas también aplicables, como son los arts. 450 y 452 del Código Procesal Penal. En función de ello, consideró que "...el recurrente carece de la legitimación necesaria para intentar la impugnación [...] ya que la decisión recurrida no se trata de una sentencia absolutoria, de un sobreseimiento ni se impuso al joven una pena privativa de la libertad inferior a la mitad requerida, con lo que no se satisface la exigencia [... del] artículo 452 antes citado. La decisión no integra el catálogo de supuestos que allí se agrupan y por ende el Fiscal no detenta vocación recursiva a través de este medio de ataque".
III.2. Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca el impugnante -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que no se aprecia en el caso (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; P. 132.798-RQ, sent. de 27-XII-2022; e.o.).
En efecto, en su pronunciamiento el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad al haberse desentendido de los concretos planteos de la parte que se encontraban anclados en los arts. 448 y 449 del Código Procesal Penal, omitiendo así considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizando afirmaciones dogmáticas que dan fundamento solo aparente a su resolución (conf. CSJN Fallos: 342:35).
Es que, para fallar de ese modo, echó mano a una interpretación restrictiva del contenido y alcance del art. 62 de la ley 13.634, en cuanto consideró que correspondía complementarla con lo dispuesto por el art. 452 del Código de procedimiento, pero dando en esa tarea una injustificada preeminencia al inciso segundo (que refiere que el Ministerio Publico Fiscal podrá recurrir [d]e la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida ) por sobre el inciso cuarto de dicha norma (que alude a los supuestos de los arts. 448 y 449 ).
A lo expuesto, cabe adunar que la decisión cuestionada importó un desconocimiento de la particular situación en la que tuvo lugar la impugnación fiscal, toda vez que se trató de un caso de cesura de juicio por no encontrarse abastecidos los recaudos del art. 4 de la ley 22.278; en consecuencia, la evaluación relativa a la necesidad de imponer una pena había quedado diferida a las resultas del cumplimiento de aquellos extremos.
En tales condiciones, por el diseño propio del sistema de responsabilidad penal juvenil (conf. arts. 4 inc. 1, ley nac. 22.278 y 56, ley prov. 13.634), mal podía reclamarse en este estadio procesal que se hubiera satisfecho el recaudo vinculado con el monto de la pena ( mutatis mutandis , causa P. 135.509, resol. de 13-IV-2022).
Por consiguiente, sin que ello importe abrir ningún juicio sobre el fondo del reclamo, propongo hacer lugar al recurso interpuesto por el señor fiscal, casar la sentencia del Tribunal de Casación Penal y devolver los autos al mencionado órgano para que dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
IV. Por otro lado, en virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398 último párrafo del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. SCBA 216/09), corresponde que se ponga en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario a sus efectos (conf. causas P. 135.089, sent. de 23-XII-2021 y P. 132.809, sent. de 4-IV-2022).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la Fiscalía ante el Tribunal de Casación Penal, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al mencionado órgano para que dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
A su vez, en virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398 último párrafo del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. SCBA 216/09), se dispone poner en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario, a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2023 10:57:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:54:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:55:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:39:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:47:51 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/12/2023 16:52:18 hs. bajo el número RS-187-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia