Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136166
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.166, "Robles, Sergio Gustavo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 100.626 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
De la causa radicada electrónicamente ante esta Suprema Corte se advierte que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de diciembre de 2020, rechazó -por improcedente- el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Sergio Gustavo Robles contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor responsable del delito de: i) homicidio criminis causae concretado para lograr la impunidad agravado por el uso de arma de fuego; ii) resistencia a la autoridad, este en concurso ideal con abuso de arma agravado por ser cometido contra un miembro de la fuerza de seguridad y iii) encubrimiento calificado por el ánimo de lucro -estos dos últimos en calidad de autor responsable-, los tres hechos en concurso material entre sí (v. sents. de primera instancia y de Casación -parte dispositiva-).
Contra ello, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal recurrido solo en cuanto denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia de la figura compleja prevista en el art. 165 del mismo digesto sustantivo (conf. resol. del órgano intermedio de fecha 15-VII-2021).
Frente a lo así decidido, la defensa oficial interpuso queja ante esta Corte que tramitó bajo el número P. 135.538-Q, "Robles, Sergio Gustavo s/ queja en causa N° 100.626 del Tribunal de Casación Penal, sala II", quien rechazó el reclamo aludido (conf. SCBA resol. n° RR-81-2022, de 21-II-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme quedó expuesto en los antecedentes, la competencia de este Tribunal quedó abierta solo en lo que concierne respecto del motivo de agravio relacionado con la errónea aplicación de la ley sustantiva establecida en la calificación legal.
Ello así, en tanto la parte recurrente denunció en su pieza recursiva la errónea aplicación al caso del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, en tanto afirmó no compartir las consideraciones del tribunal revisor que relacionan la conducta desplegada por el encartado Robles con la especial finalidad subjetiva exigida por el tipo agravado de homicidio (en ref. a "...la búsqueda de aseguramiento del robo o de su impunidad") -art. 80 inc. 7 del Código Penal, citado-, puesto que -a su entender- "...a poco que se repare en el contenido de los testimonios que, uno a uno, ha ido recreando el juzgador en el veredicto, no aparece lógico ni racional dar por acreditada con la certeza que requiere un pronunciamiento de condena, la presencia de la ultrafinalidad que se afirma existente en el obrar del acusado" (recurso digitalizado presentado por la defensa).
Sostuvo que afirmar que el disparo mortal se produjo "...para lograr la impunidad" del autor, constituye una mera afirmación de corte dogmático que no puede corroborarse con ninguna otra prueba objetiva, por lo que asoma ilógica la conclusión condenatoria a la que se arribó en el veredicto, ya que -a su juicio- la declaración del testigo Juan Eduardo Ocaranza, quien hubiera podido reconocer al autor y comprometer su impunidad, solo revela incertidumbre acerca de la motivación del disparo en cuestión.
Expresó que, por lo expuesto y contrariamente a lo resuelto en las instancias previas, se advierte una errada interpretación jurídica de la conducta de su defendido que se tuvo por acreditada, en la medida que ella se corresponde con la violencia propia del delito contra la propiedad.
Adujo, en concreto, que "...todos los actos previos [al homicidio] no guardan relación alguna con la situación posterior que culminó con la vida de Ocaranza. Es que, como surge del fallo, los agresores ya habían emprendido la huida del lugar cuando un movimiento inesperado de la víctima generó la reacción de quien portaba el arma, que disparó -podría decirse instintivamente- ocasionando su muerte. Entonces, este acontecer, mal puede vincularse con las violencias previas dirigidas a concretar el robo", situación que imponía entonces la aplicación del art. 165 del Código Penal -en su análisis-.
Afirmó, en ese contexto, que el ánimo que ha determinado la conducta del autor se vuelve difuso como para adjudicarle, sin hesitación, la especial representación que agrava la figura básica del homicidio, lo que demostraría -a su juicio- la arbitrariedad del fallo en cuanto estableció que la muerte de la víctima constituyó un medio para lograr la impunidad en el robo.
Puntualizó que no siendo posible determinar que la conducta atribuida a Robles de causar voluntariamente la muerte de la víctima se conecte con el específico propósito de lograr la impunidad del robo, no resultaba posible enmarcar legalmente ese hecho en la figura del homicidio criminis causa -art. 80 inc. 7 del Código Penal-, razón por la cual -desplazada la aplicación de la citada norma- y atento a que la muerte violenta se produce en el marco de la perpetración de un robo, el encuadre normativo que correspondería asignarle al ilícito investigado en abordaje es el del mencionado art. 165 del Código sustantivo, lo que solicitó sea aquí enmendado.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
III.1. En lo que es de interés a los fines del recurso en trato, el tribunal de grado tuvo por acreditado en lo concerniente al hecho 1 (IPP n° 09-02-017540-16/00): "...que aproximadamente a las 21.30 hs[.] del día 8 de noviembre del año 2016 dos sujetos de sexo masculino tras sortear la reja de aproximadamente 1,90 mts[.] que resguardaba la vivienda erigida en la calle Venezuela Nº [...] de Moreno [...], ingresaron a la finca y mediante intimidación con una pistola calibre 22 marca Tala redujeron a quienes allí estaban, Magdalena del Valle Leguizamón, de 70 años, Eduardo Ángel Ocaranza y Candela Ocaranza, de 10 años por ese entonces, quienes circunstancialmente se hallaban en el domicilio de sus padres y abuelos respectivamente.
Fue así que con claros fines furtivos los sujetos amenazaron con la pistola de mentas a los propietarios de casa primero y a Juan Eduardo Ocaranza después, quien se hallaba descansando en una habitación de la casa, y se apoderaron de un teléfono celular marca Motorola perteneciente a la niña y la suma aproximada de 1.000 pesos de éste último. No conformes con la utilización del arma de fuego, también emplearon un cinto perteneciente a Eduardo Ángel Ocaranza, que le colocaron en el cuello, con el que lo ceñían y producían ahorcamiento para lograr sus fines ilícitos, logrando de ese modo apoderarse también de un monto estimado de $ 2.000, que pertenecían al matrimonio propietario del lugar. Cuando el iter crimini s parecía que llevaba a su fin, y que los intrusos se marcharían con el botín obtenido, pues ya se encontraban en la puerta de egreso, uno de los maleantes, concretamente el que siempre había tenido en su poder el arma de fuego, y mientras lo sujetaba del cuello a Eduardo Ángel Ocaranza con el cinto, encontrándose a una distancia aproximada de un metro, y con el evidente designio de lograr su impunidad[,] le des[c]errajó un disparo en el tórax [a Eduardo Ángel Ocaranza], en el pectoral izquierdo [de la víctima], en cuyo trayecto lesionó la arteria aorta, el pulmón izquierdo y se alojó en la séptima vértebra dorsal, provocando un grave hemotórax que produjo un paro cardiorespiratorio que condujo a la muerte en forma prácticamente inmediata.
Tras ello, ambos delincuentes saltaron la reja perimetral, para dirigirse a la carrera a unos pocos metros del lugar del hecho, donde abordaron sendas motos en las cuales los esperaban, otros dos compañeros de avería, para huir céleremente de allí" (primera cuestión del veredicto condenatorio, confirmado en sede casatoria; el destacado figura en el original).
Resolvió, al momento de analizar la subsunción legal, que el suceso fáctico reseñado constituía un homicidio criminis causae concretado para lograr la impunidad, agravado por el uso de arma de fuego, cuyo fundamento "...radica en la mayor criminalidad del ánimo homicida que se vislumbra en el accionar del agente, derivado de la subestimación de la vida, ya que la comisión del homicidio es un medio para otro fin" (primera cuestión de la sentencia del tribunal de juicio).
Adicionó que "El tipo penal contiene un elemento subjetivo distinto del dolo nocente, pues el autor tiene en vista otro delito con el que existe una conexión, en este caso el robo. Este segundo ilícito no necesariamente debe concretarse lo que sí debe existir es esa ultra finalidad que lo relaciona con el otro injusto".
Estableció que fue el propio Juan Eduardo Ocaranza quien al momento de brindar testimonio dio las pautas para encuadrar el hecho en la figura aludida al referir "...que [el imputado] Robles le disparó a su padre a una distancia de 1 metro, cuando ya había concretado el acto desapoderativo y estaba por marcharse, se encontraba en la puerta, habiendo incluso abierto la misma, y allí lo remató".
Dijo, además, que "No solo la oportunidad en que el agente efectuó el disparo, conduce al encuadre legal, sino también la circunstancia que la víctima no se resistió en lo más mínimo".
Indicó, acto seguido, que "...la distancia que separa el lugar de los hechos del domicilio del imputado son 1.4 km, es decir que existe una gran proximidad entre ambos lo que pudo v[á]lidamente llevar a pensar al maleante que la víctima podía reconocerlo, ya sea en esa ocasión o ulteriormente cuando pudiera observarlo circular por el barrio".
Descartó que resulte procedente el pedido subsidiario efectuado por la defensa en orden a que resulte de aplicación al caso el art. 165 del Código Penal -homicidio en ocasión de robo-, en tanto expresó que en esa figura legal "...el homicidio no es un medio para cometer el desapoderamiento sino la consecuencia de los actos realizados por el ladrón mientras intenta o ejecuta el robo. En el caso que nos ocupa ha existido una conexión ideológica entre la comisión de la muerte y otro fin, cual ha sido lograr la impunidad".
Concluyó, por fuera del análisis que ha sido mencionado, que el hecho 1 "...fue concretado mediante el empleo de un arma de fuego por lo que deviene aplicable el art. 41 bis [del Código Penal] en tanto se refiere a todos aquellos delitos donde la figura básica no contempla el uso de arma de fuego como elemento constitutivo o calificante de delito del que se trata".
III.2. La defensa oficial -en lo que resulta pertinente poner de resalto a los fines del tratamiento de la vía impugnativa- cuestionó ante la instancia del Tribunal de Alzada en el recurso de la especialidad el extremo de la autoría responsable de Robles en el hecho 1 por entender que los elementos probatorios reunidos resultan insuficientes y erráticos para arribar -sin lugar a dudas- a su comprobación, por lo que denunció la existencia de arbitrariedad manifiesta por ausencia de una debida fundamentación en la valoración probatoria sobre la cual el fallo condenatorio edificó la condena de su defendido respecto del aludido evento, razón por la cual propició se declare la absolución (v. recurso de casación presentado el 12-XII-2019, esp. apdo. V."a").
Luego, en oportunidad de presentar el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal, la recurrente no obstante adherir en su totalidad a los reclamos formulados por la parte en el remedio al que se hiciera referencia, dirigió adicionalmente sus embates -entre otros planteos- contra la calificación legal asignada al hecho 1 en que resultó víctima Eduardo Ángel Ocaranza, por entender que resultó erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tanto estimó ausente de acreditación -con la certeza necesaria para el dictado de ese fallo- de la ultrafinalidad requerida por la norma de fondo ("para lograr la impunidad") en el obrar del acusado y, en consecuencia, solicitó la aplicación del art. 165 del mismo Código sustantivo (v. memorial de agravios, acápite III/III."a").
III.3. Si bien es cierto -tal como surge de la anterior reseña y ello ha sido puesto en evidencia por el señor Procurador General en su dictamen (v. apdo. IV)- que la defensa técnica del procesado nada dijo acerca de la subsunción legal del hecho 1 en lo que se vincula con la conexión ideológica entre la comisión de la muerte y el fin de lograr la impunidad en el recurso de casación oportunamente deducido, empero sí lo hizo la señora defensora oficial adjunta, doctora Ana Julia Biasotti, al presentar el memorial conforme lo autoriza el citado art. 458 del Código Procesal Penal; reclamo este que -aunque novedoso- fue recogido y abordado por el tribunal revisor.
III.4. Así, la Sala II del órgano intermedio -a través del voto de la doctora Budiño, que concitó la adhesión simple del doctor Mancini-, coincidió con el criterio sostenido por el tribunal originario en lo que tiene que ver con el encuadre normativo que correspondía otorgarle al hecho 1, argumentando para ello que "Frente al cariz de los acontecimientos retratados, no queda margen para dudar sobre la compartida voluntad que guiaba a los sujetos activos, al decidir y configurar una típica acción sustractiva mediante una disposición de medios y acciones de inocultable riesgo de muerte, que instrumentaron de cara al éxito de la empresa ilícita a la que estaban abocados, que en su transcurso, culminó cuando uno de ellos efectuó el disparo homicida con el elocuente fin de lograr la exitosa e impune salida del lugar".
Añadió, en ese mismo orden de ideas, que "...las exigencias caracterológicas del homicidio criminis causae no reclama la existencia de una premeditación ejecutiva particular ni la maduración de la decisión homicida, en tanto esta puede surgir como pura decisión al hecho nuevo, nacida en el marco de la actuación original del agente, procurando algunos de los fines tipificados en la ley o por los motivos que allí se destacan".
Puntualizó, en respuesta a un reclamo de la defensa sobre la ponderación del testimonio brindado por Juan Eduardo Ocaranza respecto de la motivación del autor del disparo mortal dirigido contra su padre, que "...surge de los actos externos expuestos por la conducta asumida, que en su faz cognitiva, permiten sostener que los atracadores que ingresaron a la casa [de las víctimas] y le imprimieron a los hechos los riesgosos tintes que emergen de las acciones ejecutivas[,] tuvieron la conciencia suficiente acerca de la efectividad de los medios empleados y la búsqueda del resultado, todo lo cual da la certeza del propósito del acusado [Robles] de asumir las consecuencias de su acción, en el caso, la muerte de la víctima con una específica ultraintención captada por el artículo 80, del inciso 7, del ordenamiento de fondo".
Culminó destacando que "El tipo en tratamiento exige que el autor enlace causal e ideológicamente el homicidio a otro hecho típico con la específica finalidad de preparar, facilitar, consumar, ocultar, asegurar los resultados, procurar la impunidad o por el hecho de no haber logrado el fin propuesto" y concluyó, en función del evento investigado que ha sido descripto en el punto III.1. de la presente, que "...la acción matadora en sí misma evidencia que su motivo determinante fue la búsqueda de la impunidad".
Convalidó, de tal modo, que el razonamiento expuesto en el fallo de origen "...en cuanto al dolo, y los particulares elementos del injusto, no evidencia entonces, fisuras lógicas acerca del modo en que los jueces valoraron las pruebas rendidas o aparece desentendido de las circunstancias de la acción, ni exhibe ambigüedad alguna en punto a la demostración del modo determinante de la conducta con aptitud letal realizada durante el atraco, no ameritando descalificación alguna la especial ultraintención en la acción homicida desarrollada por el encartado Robles, quien vinculó la muerte del dueño de casa en relación de medio a fin con el escape del lugar en donde estaban perpetrando el robo".
Indicó, además, que "...la muerte del damnificado fue, desde el punto de vista subjetivo, obra de una intencionalidad claramente enderezada a buscar la impunidad del delito, hipótesis ésta[], situada en el espacio de punición del homicidio finalmente conexo (artículo 80, inciso 7° del C.P.), aplicado por el a quo. Los hechos comprobados de la causa y su contexto permiten articular un discurso jurídico que, en términos de razonabilidad, habilitan la afirmación de que el imputado se mostró como un sujeto cuya acción bajo análisis estuvo presidida por un ánimo y una voluntad homicida que subordinó la vida de la víctima a un designio criminal distinto, en el caso la impunidad del robo, todo lo cual abastece la subsunción legal de este tramo de la conducta en la figura que critica la defensa, de la que tampoco cabría correrse -todo lo contrario-".
IV. El recurso no prospera.
Es que, frente a lo decidido, las críticas esbozadas por la defensa oficial respecto de la concurrencia en el hecho 1 del especial elemento subjetivo del tipo actuado previsto en el art. 80 inc. 7 del ordenamiento sustantivo, resultan carentes de desarrollos concretos, ya que se han limitado a expresar su oposición a lo resuelto por el órgano casatorio. Por otra parte, las mismas no pueden ser atendidas, pues aunque se hayan esgrimido con sustento en la errónea aplicación de la ley sustantiva, su queja se refiere -en rigor- a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba (art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal; salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 130.612, sent. de 26-XII-2018; P. 132.499, sent. de 17-VI-2019; P. 132.662, sent. de 4-VIII-2021; P. 135.788, sent. de 27-X-2022; P. 135.462, sent. de 3-XI-2022; P. 135.565, sent. de 19-XII-2022; e.o.).
En tal sentido, como quedó ya reseñado en el apartado III.4. de la presente, el tribunal revisor consideró demostrado en relación con el encartado Robles -quien fue identificado como el sujeto activo que había tenido siempre el arma en su poder- el dolo directo de matar a Eduardo Ángel Ocaranza, con el designio de lograr su impunidad (hecho 1), a partir de la ponderación de un cúmulo de circunstancias que emergen del análisis conglobado de la pruebas testimonial e indiciaria de cargo reunidas (los atracadores -entre ellos Robles- se encontraban próximos a retirarse del domicilio de la víctima ya ubicados en la puerta de egreso, disparo del arma de fuego efectuado encontrándose su autor -Robles- a una distancia aproximada de un metro del blanco, la dirección de tal disparo fue al tórax del damnificado que lo condujo a su muerte en forma prácticamente inmediata y q
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