Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. D. F., con costas (conf. art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.953, "F., F. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 130.624 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, condenó a F. D. F., a la pena de once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por la convivencia persistente con un menor de dieciocho años y corrupción de menores.
La defensa interpuso un recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de febrero de 2025, luego de examinar los agravios presentados rechazó la impugnación y confirmó la condena.
Contra lo así decidido, el señor defensor de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal intermedio declaró admisible la impugnación en lo que respecta a la denuncia de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, vinculada con la afectación de los principios de legalidad y culpabilidad (resol. de 27-II-2025).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Del expediente digital surge que la defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal por considerar que no se acreditaron los elementos objetivos ni los subjetivos exigidos por la norma.
A su entender, la figura de corrupción de menores no solo requiere entidad o capacidad corruptora del acto sino también la intencionalidad del sujeto activo que integra el dolo. Alegó que la Casación no se encargó de demostrar el elemento subjetivo del tipo y afirmó que exige la configuración de dolo directo. En su apoyo, citó doctrina.
Afirmó que la interpretación realizada por el Tribunal de Casación del art. 125 citado viola el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa (arts. 18 y 19, Const. nac.) "...en tanto al establecer la configuración del delito de corrupción interpreta automáticamente que los actos de abuso consumados contra un menor de edad resultan potencialmente idóneos para facilitar su corrupción sexual, además de evidenciar el dolo del sujeto activo".
II. En la memoria presentada, la defensa oficial negó que los reclamos llevados en el recurso extraordinario sean cuestiones de hecho y prueba, sino que involucran la errónea aplicación de la ley sustantiva (errónea aplicación del art. 125 del Cód. Penal por ausencia de dolo) y afectan los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
A su entender, no se demostró uno de los aspectos exigidos por el dolo que consiste en que el autor debe conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción, no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la menor.
III. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso; coincido con lo así dictaminado.
IV. El recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
IV.1. El Tribunal de Casación Penal, en primer lugar, recordó que se tuvo por debidamente acreditado que "...en fecha indeterminada, pero cuanto menos desde que la menor [S.M.F] tenía entre 9 y 10 años de edad, desde el 29-12-2016 hasta el 28-12-2018, en el interior del domicilio sito en calle [...] partido de Pilar, el aquí imputado F. D. F. —progenitor de la misma— abuso sexualmente de la niña realizándole tocamientos con sus manos en su vagina y partes íntimas, como así también apoyándole su pene en la vagina, para finalmente accederla carnalmente por su conducto vaginal y obligarla a realizarle sexo oral, todo ello en reiteradas oportunidades a lo largo del tiempo hasta sus 13 años de edad. Para llevar a cabo dichos aberrantes actos criminosos el encartado se aprovechó de la situación de convivencia preexistente con la niña, asimismo y por su duración en el tiempo y las circunstancias de realización dichos hechos resultaron ser un sometimiento gravemente ultrajante para la menor. De otra parte la conducta desplegada por el imputado con el fin de satisfacer deseos sexuales propios, promovieron la corrupción de la menor [S.M.F], resultando los actos llevados a cabo por el mismo idóneos para torcer el normal desarrollo sexual de la menor como así también despertar prematuramente su sexualidad, todo ello agravado por el vínculo y por la relación de convivencia preexistente, habiéndose llevado a cabo todas las conductas señaladas en el domicilio mencionado precedentemente".
Sentado ello, afirmó que los actos sexuales, en función de su duración en el tiempo, de su gravedad, de la edad de víctima y del vínculo incestuoso de esta con el victimario configuraron actos que objetivamente implicaron una intromisión indebida y prematura en el desarrollo psicosexual de la menor.
De seguido recordó que el delito regulado en el art. 125 del Código Penal requiere que el autor ejecute actos idóneos con potencialidad corruptora que entrañen peligro para el desarrollo sexual de la víctima sin que sea necesario una corrupción en concreto.
En particular, en lo que respecta a las críticas vinculadas al tipo subjetivo, confirmó la existencia de dolo por parte del autor en tanto este se configura con el conocimiento por parte del autor de la edad de la víctima y que los actos que realiza por su naturaleza resultan aptos para corromperla, lo que consideró reunido en el presente.
Puntualizó que el delito en cuestión requiere un "...conocimiento normal, de conformidad con el sentido más llano del acontecer ordinario de las cosas", extremo que se cumplió en el presente en tanto el tipo de delitos sexuales cometidos por el imputado contra una niña de nueve años de edad implicó "...una capacidad de interferir en el normal desarrollo de la sexualidad por resultar prematuro y excesivo, y a partir de ello se desprende que no existen circunstancias que permitan afirmar que el sujeto aquí juzgado no fuera consciente de las consecuencias que su obrar podía acarrear para la menor".
Concluyó que F. realizó un comportamiento querido y dirigido, conociendo sus implicancias "...desde que para vencer la resistencia y oposición se ofrecía a comprarle cosas que la niña quería, y refiriéndole saber que estaba mal lo que estaba haciendo le pidió perdón en tanto no se podía 'contener'".
IV.2. Como se anticipó el recurso no procede (conf. art. 496, cit.).
En cuanto a los presupuestos del delito, cabe recordar que tal como lo sostuvo la Casación, según doctrina legal de esta Corte (causas P. 34.247, sent. de 17-II-1987; P. 35.115, sent. de 26-IV-1988; P. 37.610, sent. de 15-XI-1988; P. 42.893, sent. de 7-XII-1993; P. 48.544, sent. de 28-XII-1995; P. 60.359, sent. de 12-VII-2000; reiterada en P. 66.349, sent. de 2-XI-2005; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; P. 128.666, sent. de 20-III-2019; P. 133.661, sent. de 12-VII-2021 y P. 134.873, sent. de 12-XI-2021) la figura de corrupción de menores no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca efectivamente la concreta corrupción.
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que concierne a la tipicidad subjetiva, aspecto controvertido por la defensa, resulta pertinente recordar que se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, idónea a esos fines.
Con dicho marco, en el caso, tal como lo puso de manifiesto oportunamente el órgano de mérito y luego la Casación, se configuraron los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito de corrupción de menores sin que las alegaciones de la parte, expuestas en la vía extraordinaria y reforzadas en la memoria, resulten eficaces para cambiar la suerte de lo decidido en tanto configuran una mera interpretación divergente con respecto al alcance del tipo subjetivo que, además, no se hace cargo de la doctrina de esta Suprema Corte sobre el punto.
En efecto, tal como tiene dicho esta Corte y como lo expuso el Tribunal de Alzada, el tipo subjetivo del art. 125 del Código Penal exige que el sujeto activo conozca la edad de la víctima y el contenido potencial corruptor de su conducta, sin que se reclame ninguna finalidad específica, como equivocadamente pareciera entender la defensa oficial. Ambos extremos se cumplieron en el caso examinado pues las características de los hechos, del contexto en el que estos se enmarcaron y el vínculo de parentesco entre el imputado y la víctima, permiten afirmar, sin lugar a dudas, que el imputado conocía la edad de la niña, así como también el contenido potencialmente corruptor de su conducta en el normal desarrollo de la sexualidad de su hija (conf. en lo pertinente, causas P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.550, sent. de 9-XII-2020; P. 134.873, sent. de 12-XI-2021; P. 135.118, sent. de 24-V-2023).
En función de lo expuesto, las denuncias vinculadas a la afectación de garantías constitucionales, directamente enlazadas al planteo de ley sustantiva, quedaron huérfanas de sustento argumental (conf. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan por la improcedencia de la impugnación, a tenor de la postura que expuse en las causas P. 132.773, sentencia de 27-VIII-2020; P. 133.550, sentencia de 9-XII-2020; P. 134.873, sentencia de 12-XI-2021; P. 142.787, sentencia de 25-XI-2025; entre otras.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. D. F., con costas (conf. art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2026 11:05:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/04/2026 17:43:42 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 29/04/2026 14:37:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 09:24:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 09:59:14 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/04/2026 10:18:47 hs. bajo el número RS-41-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia