Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Lucas Tornini en la suma de … pesos $...- (… jus), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 19 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.516, "Zaragoza, Juan Darío s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.397 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de octubre de 2017, rechazó el recurso deducido por el defensor particular de Juan Darío Zaragoza contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata que condenó al nombrado a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real (v. fs. 37/43).
El defensor de confianza del nombrado articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/74 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 83/84).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 91/93), dictada la providencia de autos (v. fs. 94), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor particular en lo que interesa destacar conforme la admisión del remedio en trato (v. fs. 83/84)- solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal.
Se agravió de los fundamentos utilizados por el tribunal intermedio para afirmar que la pena accesoria que prevé dicha norma no reviste el carácter de inhumana y mortificante, para lo cual en su parecer- se basó en afirmaciones dogmáticas sobre el significado de tortura (v. fs. 73).
A partir de una mención del fallo "Tyrer" de la Corte Europea de Derechos Humanos en el que se expresara que "...la calificación de una pena como inhumana o degradante depende de la ejecución de la pena", afirmó que "...la aplicación de las accesorias legales al caso concreto no sólo inciden sobre la vida civil, sino también afectan la ejecución de la pena de los encausados, dadas las limitaciones impuestas por la ley 12.256 para acceder a algunos institutos, tales como las salidas transitorias" (fs. 73 y vta.).
Citó los arts. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. cit.).
Invocó doctrina de autor en aval de su postura y concluyó que "La aplicación de las accesorias legales no son más que una pena estigmatizante, indigna, inhumana e infamante, impropias de un Estado de derecho, configurando éstas una pena accesoria" (fs. 74 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 91/93).
III. Ante similar reclamo llevado por la defensa, el tribunal intermedio resolvió en lo esencial- que "La naturaleza jurídica del instituto en cuestión [...] radica en que las incapacidades civiles de las que habla el art. 12 del Código Penal son una consecuencia de la condena, carentes de carácter punitivo, con connotaciones eminentemente tutelares, que concluyen cuando se produce la libertad del condenado" (fs. 57 vta. y 58).
Señaló que la incapacidad absoluta que prevé dicha norma "...resulta una necesidad que tiende a suplir las dificultades que acarrea de por sí la situación de encierro que sufre el condenado, que repercute en la vida diaria del mismo desde el punto de vista jurídico, dado que existen determinaciones y actos que no admiten dilaciones y, por otro lado, el desarrollo y atención de los negocios que no pueden ser acabadamente seguidos desde la privación de libertad del actor de los mismos, como así disponer lo más conveniente en cuanto a la educación y atención de los hijos menores..." (fs. 58).
Sostuvo, además, que tal medida no resulta violatoria de los derechos humanos fundamentales por el solo hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad, toda vez que su alcance "...importa una incapacidad de hecho relativa, por lo cual el penado no pierde su capacidad jurídica, ya que la misma alcanza solamente a un limitado número de actividades". Y que dichas incapacidades se encuentran expresamente enumeradas, pues "...no pueden extenderse a otros supuestos no previstos por la ley" (fs. cit.).
Se refirió luego a la interpretación restrictiva, en orden a que el penado sólo está privado de disponer de sus bienes por actos "inter vivos", lo que también lo faculta para testar (v. fs. 58 y vta.).
Expresó que "No obstante el carácter tuitivo y no represivo del instituto, al ser inherente a las penas aplicadas, la relación con ellas es estrecha, lo que tiene influencia decisiva en cuanto a la duración. Comienzan a regir desde la fecha de la sentencia firme, y cesan cuando el penado recupera su libertad, lo que la torna en una incapacidad de hecho" por lo cual "...no se está frente a una suerte de 'muerte civil', toda vez que sólo afecta una esfera limitada del ámbito del derecho público, pero en modo alguno suprime al sujeto de derecho" (fs. 58 vta.).
Destacó que la accesoria que contiene la norma en trato "...no es una incapacidad vitalicia, dado que el penado puede ser restituido en el uso y goce de los derechos inhibidos en función de lo establecido por el artículo 20 ter del citado cuerpo legal" y que "...negando el tinte de severidad que caracteriza a la sanción en análisis, ésta no resulta irrazonable" (fs. cit.).
Concluyó que la declaración de inconstitucionalidad sólo procederá cuando la repugnancia entre la norma en cuestión sea manifiesta, clara e indudable con el bloque legal antes mencionado, y nada de ello ha acontecido (v. fs. 58 vta. y 59).
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, por un lado, de la compulsa de la pieza impugnativa surge la ausencia de todo cuestionamiento a los concretos fundamentos meritados por el Tribunal de Casación.
Luego, el desarrollo recursivo pone de manifiesto apreciaciones generales sobre la cuestión, desprovisto de toda argumentación que lo relacione con las concretas circunstancias del caso.
Es dable señalar, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (conf. CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/acción de amparo", sent. de 5-III-2003). Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. Fallos: 306:1597 y, en especial, 325:1201, in re "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; causa P. 100.629, sent. de 6-V-2009).
Por lo demás, hago mías las apreciaciones vertidas por el señor Procurador General en su dictamen, vinculadas a que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido adverso a las postulaciones del recurrente sobre esta temática, señalando que las consecuencias legales impuestas a los condenados a las penas privativas de la libertad superiores a tres años no pueden ser calificadas como "...un trato inhumano o contrario a la dignidad del hombre" (Fallos: 340:669 y causa "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la cámara Federal de Casación Penal en la causa Méndez, Matias o Méndez Maximiliano Matias s/ homicidio agravado en grado de tentativa", sent. de 26-XII-2017).
Y sobre esta doctrina ninguna consideración brinda el recurrente cuando en materia constitucional rige el criterio según el cual "...las cuestiones federales se tornan insustanciales cuando una clara jurisprudencia, indudablemente aplicable a ellas, impide toda controversia seria respecto de su solución, máxime cuando el recurrente no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del precedente o importen nuevos argumentos que puedan llevar a la modificación de lo establecido en aquél" (Fallos: 316:2747 y 330:3801, e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con el voto de la ponente.
El recurrente se alza contra la desestimación de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal que formulara ante la instancia casatoria, y si bien el requisito del monto de pena impuesto no se encuentra abastecido a efectos de habilitar la intervención de esta Corte, el planteo en principio- suscita cuestión federal suficiente en tanto el debate tiene por objeto el conflicto entre una norma de derecho común y del bloque de constitucionalidad, con invocación de una relación directa e inmediata entre éstas y el objeto del pronunciamiento; y finalmente que la decisión apelada ha sido contraria al derecho federal invocado por la parte (conf. doctr. CSJN in re "Strada" –Fallos: 308:490- y "Di Mascio" –Fallos: 311:2478-; v. fs. 83/84), debiendo con ese alcance ser examinada.
Sentado ello, como se señala en el voto al que adhiero, en consonancia con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 91/93), el impugnante no se ocupa de replicar idóneamente los argumentos vertidos por el sentenciante de la instancia anterior para desestimar el caso constitucional puesto a consideración, a los que me remito en honor a la brevedad.
Además, y nuevamente siguiendo el referido dictamen, lo así resuelto ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de examinar la declaración de inconstitucionalidad al que arribaran los jueces de la casación federal en el caso "González Castillo" (Fallos: 340:669), la cual revocó en los términos de la doctrina de arbitrariedad de sentencias por reputar que habían efectuado una interpretación apoyada en fundamentos aparentes, y que esa conclusión no podía ser considerada derivación razonada del derecho vigente, dando sobradas razones por las que, siendo esa solución la ultima ratio del orden jurídico, la decisión ponía en jaque criterios de política criminal y penitenciaria establecidos por el legislador sin aportar una justificación convincente y razonada con relación a su incompatibilidad con la Constitución nacional (cons. 6° a 10°), postura que luego reiteró en otros varios casos (v.gr.: "Hope Casilla, Ervin s/legajo de casación Fernández, Norma Amalia y otros s/homicidio simple", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Flores Rodríguez, Gerson s/infracción ley 23.737", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Méndez, Matías o Méndez, Maximiliano Matías s/ homicidio agravado en grado de tentativa", sents. de 26-XII-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Ribles Rible, Marcos Carmelo si abuso sexual art. 119 2º párrafo", sent. de 23-XI-2017; "Callejas, Viviana y otros s/recurso de casación", sent. de 31-X-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Migueles, Carlos Darío s/ infracción ley 22.415", sent. de 29-V-2018; "Recurso de hecho deducido por la defensa de Ariel Alberto Fernández, en la causa Cubilla Encina, Erme y otro si infracción ley 23.737 (art. 5º inc. c)" y "Orellano, Félix Alberto y otro s/legajo de casación", sents. de 21-VI-2018; "Gómez, Claudio Fernando s/legajo de casación", sent. de 17-X-2018; "Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y otros s/ infracción ley 23.737", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
Entonces aunque es arraigada doctrina de la Corte federal, por aplicación de los arts. 75 inc. 12, 121 y siguientes de la Constitución nacional, que la inteligencia dada a una norma de derecho común tal la prevista en el art. 12 del Código Penal- y su adecuación al caso, constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la causa y ajena, por ende, a la materia federal (conf., por muchos, Fallos: 292:564; 294:331; 301:909; 305:799; 327:1552), pudiendo habilitarse su competencia revisora cuando la norma de tal especie tal como ha sido entendida y aplicada- conllevara a la afectación de una garantía constitucional (Fallos: 190:392; 194:267; 195:458; 196:397; 199:617; 307:1289; conf., además, por todos, Imaz-Rey, El recurso extraordinario, 2ª. ed., Bs. As., 1962, pág. 131), pues, de lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias que son inherentes a su autonomía; el derrotero seguido por el Alto Tribunal de la Nación y estrictas razones de economía procesal, llevan a considerar lo así establecido una inteligencia suficientemente unívoca, por lo cual la solución que pretende un apartamiento a aquella clara y constante jurisprudencia debe estar especialmente fundada, lo cual no se ha dado en el caso.
En consecuencia, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Lucas Tornini en la suma de … pesos $...- (… jus), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia