Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77541
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en las causas A. 77.541, "Olaeta, Javier Ignacio contra Tribunal de Cuentas sobre Impugnación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" y A. 77.542, "Maury, Juan José y otros contra Tribunal de Cuentas sobre Impugnación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley. (CAUSAS ACUMULADAS)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan, Carral, Budiño.
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, decidió hacer lugar a las pretensiones anulatorias presentadas por los demandantes contra la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires el 1 de marzo de 2018 en el expediente administrativo 4-010 0-2016 (correspondiente a la Rendición de Cuentas 2016 de la Municipalidad de Arrecifes).
Impuso las costas de esa instancia, en ambos procesos (expedientes 2.707 y 3.165), por su orden (cfr. art. 51 inc. 1, CCA).
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III. Dictada la providencia de autos (en fecha 4-II-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, interviniendo en virtud del recurso directo presentado por los representantes legales de las partes actoras en las causas "Maury, Juan José y otros c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación contra Resolución del Tribunal de Cuentas", en trámite bajo el n° 2.707 y sus acumulados por conexidad: "Olaeta, Javier Ignacio y otros c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación contra Resolución del Tribunal de Cuentas", expediente n° 3.165, en lo que al caso interesa, hizo lugar a la pretensión articulada por las partes dejando sin efecto los cargos impuestos a los actores, y anuló la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC), de fecha 1 de marzo de 2018, expediente administrativo 4-010 0-2016 correspondiente a la Rendición de Cuentas 2016 de la Municipalidad de Arrecifes (v. sent. de 26-X-2021).
I.2. En dicha resolución (de fecha 1-III-2018), dictada en ocasión de revisar la rendición de cuentas del ejercicio 2016 de la comuna antes mencionada, se señaló que existía una "contradicción flagrante entre el dispositivo aprobado por el art. 33 de la Ordenanza n° 2689/16 del Partido de Arrecifes y el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, y toda vez que la aplicación de esta última está expresamente determinada de manera reiterada por la propia ley n° 14.656, se interpreta que la Comuna carece de potestad y/o competencia para reglamentar como lo ha hecho en el citado artículo 33 de su Estatuto, contrariando el artículo 48 de la Ley 23.551, en lo que hace al carácter 'sin goce de haberes' de las licencias de carácter gremial o sindical" (v. cons. 7°, resol. cit., en las actuaciones administrativas 4-010 0-2016).
En el mismo acto se referenció la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la causa "Mango" (relacionada con un cargo deudor impuesto a las autoridades municipales del distrito de Lincoln por licencias gremiales con pago de haberes en dicha comuna), como así también de lo resuelto por este Tribunal en la causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro" (en la cual se declaró inconstitucional gran parte del articulado de la ley provincial de empleo municipal 11.757, no afectándose la validez del art. 8 de la norma mencionada en lo relativo a las licencias gremiales). Asimismo, se reiteró la postura asumida por el propio Tribunal de Cuentas advirtiendo a las comunas que aquellos regímenes estatutarios que previeran el pago de haberes a personal con licencia gremial, serían pasibles de observación y formulación de cargos, siendo responsables los funcionarios que hubieran intervenido en la sanción, promulgación y/o aplicación de las ordenanzas que permitan el pago de tales licencias por los periodos de sus respectivos mandatos y/o designaciones (circular 353 de 18-V-1992).
En consecuencia, dicho organismo mantuvo la observación efectuada y desaprobó los egresos a los cuales hizo referencia en el considerando séptimo del acto cuestionado, por las sumas allí indicadas, y expresó la responsabilidad solidaria de cada uno de los funcionarios respecto de ese gasto (art. 9, resol. cit.).
I.3. Del mismo modo que ese órgano de control, la Cámara de Apelación de San Nicolás consideró enteramente aplicable la doctrina sentada en la causa B. 61.880, "Mango" —ya citada—, dictada por esta Corte el día 30 de noviembre de 2011. En esa línea reprodujo los votos de la mayoría y minoría de esta Corte y resolvió que, en este caso, debía apartarse de la doctrina legal y hacer lugar a la demanda siguiendo la opinión minoritaria de dicho precedente.
La Cámara —reitero, reproduciendo el voto minoritario de ese antecedente— entendió que no estaba en discusión la validez del art. 76 de la ordenanza municipal 354/88, sino la legitimidad de la decisión del Tribunal de Cuentas provincial, y por ello resultaba atendible el argumento de los actores de que en modo alguno podía reprochárseles el pago de la licencia gremial en cumplimiento de dicha norma, pues sostener lo contrario conllevaría a exigir el desconocimiento de una regla vigente, circunstancia prohibida para el entonces Intendente de Arrecifes (art. 107, LOM).
Asimismo, y en pos de justificar el apartamiento de la doctrina legal vigente, remarcó que la Corte se encuentra integrada de manera diferente a lo decidido en aquella oportunidad, por lo cual podría variar el criterio allí sentado.
Por último, agregó que el art. 48 de la ley 23.551 establece una garantía para el trabajador que goza de una licencia gremial, pero no una restricción, por lo que debe interpretarse a la luz del derecho laboral (individual y colectivo —tanto privado como público—) en cuanto a que sus normas tienen —como principio— una estructura "mixta": imperativa "a la baja" (esto es, prohibitiva de un acuerdo de condiciones menos favorables para el trabajador) y, en cambio, meramente supletoria a los efectos de su mejoramiento.
II.1. Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, argumentando que la sentencia ha violado la doctrina legal de esta Suprema Corte provincial sentada en la causa B. 61.880, "Mango", sentencia de 30-XI-2011. Asimismo, denunció absurdo por incongruencia lógica al valorar erróneamente los hechos del caso conforme el art. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Por último, evidenció violación de la ley aplicable con particular referencia a lo dispuesto por los arts. 15 y 16 de la ley provincial 10.869; 241, 242 y 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 48 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales (v. recursos planteados, simultáneamente, en ambas causas acumuladas, con fecha 5-XI-2021).
II.2. Con relación al primero de los agravios, la representante fiscal manifestó que, en el caso, la mencionada causa "Mango" no sólo fue valorada por el Tribunal de Cuentas para imponer la sanción de cargo pecuniario a los funcionarios actores de sendas demandas, sino que, además, es un precedente que resulta plenamente aplicable.
En tal sentido, luego de describir las similitudes fácticas de ambos casos, aclaró que en estas causas resultan incontrovertibles las relaciones de los agentes con el municipio, que los cargos gremiales de los empleados fueren rentados, que todos gozaban de licencia gremial y cobraron haberes del municipio, como así también los valores que percibieron.
En cuanto a lo jurídico destacó que la interpretación y discusión en ese ámbito es —también— la misma, puesto que en nada se innova —en la sentencia apelada— respecto a nuevas formas de apreciar la cuestión, ni existe un cambio normativo o de circunstancias.
Recuerda que en la causa "Mango", para rechazar la demanda, la mayoría de esta Suprema Corte sostuvo que la ley 23.551 había sido dictada con el propósito de proteger la libertad sindical; que ello formaba parte de la legislación de fondo; que no resultaba conforme a derecho esgrimir la autonomía municipal o el ejercicio de facultades no delegadas para no someterse a lo legislado por el Congreso de la Nación; a la vez que la potestad de los municipios para administrar y poder para designar y remover a sus empleados, no podía ejercerse en situación de ilegalidad.
Con relación a este tópico agregó que durante el tiempo en examen —ejercicio fiscal 2016— los ocho agentes coactores no prestaron funciones efectivas en el municipio, cuestión que no resulta discutida y que impide, de suyo, el pago de haberes por faltar el supuesto primero de la contraprestación.
II.3. Por otra parte, la recurrente agrega que la anotada similitud entre ambos casos ubica a la sentencia atacada fuera de toda lógica, en tanto el argumento utilizado por la Cámara interviniente para apartarse de la doctrina legal basado en la nueva integración del tribunal resulta absurdo tanto por no incorporar nuevos elemento de análisis como por resultar violatorio de la propia doctrina de la Corte en el sentido de que "un voto en minoría no constituye doctrina legal" (cfr. causa C. 117.550, "Rusconi", sent. de 4-III-2015).
II.4. Por último, la Fiscalía plantea la legitimidad del cargo deudor practicado por el Tribunal de Cuentas. Considera que fue impuesto en orden a las competencias y potestades específicamente dispuestas por la ley 10.869 (arts. 15 y 16) y la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts. 241, 242 y 243) para la defensa de la hacienda pública; en coherencia normativa con lo anotado por el art. 48 de la ley nacional 23.551 respecto de las condiciones salariales imperantes para los representantes gremiales que no presten tareas efectivas. En tal orden de ideas, asegura que ese tribunal administrativo tiene la facultad y el deber de desaprobar gastos contrarios a la ley, establecer responsabilidades y fijar montos restitutivos para ajustar la gestión presupuestaria al marco normativo vigente.
A ello agrega que, en el ámbito provincial, la ley 14.656 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades) prevé específicamente en su art. 87 que "el trabajador gozará de permiso o licencia, por tareas de índole gremial, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente".
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, destaco que, tal como reconoce debidamente el tribunal interviniente en única instancia (v. pto. I, voto de la doctora Valdez, al que adhieren los doctores Cebey y Schreginger) y asimismo manifiesta la Fiscalía de Estado en su escrito recursivo, tanto los hechos del caso como la normativa aplicable resultan (en lo sustancial) de similar postulación con aquellos resueltos por este Tribunal en la causa B. 61.880, "Mango", tantas veces citada.
En efecto, en ambos casos la discusión se centra en torno al ejercicio efectivo de la licencia gremial (en este supuesto por ocho agentes municipales de la localidad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires) que continuaron percibiendo sus haberes durante un año, pese a no haber prestado funciones efectivas para el municipio.
La cuestión pone en conflicto normas jurídicas de diversa índole, a saber: el art. 48 de la Ley nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales que, en la parte que interesa al caso, al reglamentar la licencia por representación gremial o por la función en cargos políticos de trabajadores, garantiza precisamente su efectividad y la reserva del cargo de revista "...sin goce de haberes"; por otra parte, una ordenanza municipal (en este caso, la 2.689/16, de la comuna de Arrecifes, homologada por el Ministerio de Trabajo, delegación Pergamino), que dispuso que, cuando se ejerzan cargos gremiales no rentados, el trabajador tendrá derecho a percibir su sueldo del municipio "durante el tiempo que dure su mandato" (cfr. art. 33).
En la causa "Mango", se rechazó la demanda y se consideró ajustado a derecho el cargo deudor formulado por el Tribunal de Cuentas, en tanto no resultaba legítimo esgrimir la autonomía municipal o el ejercicio de facultades no delegadas para no someterse a lo legislado por el Congreso de la Nación (arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
En tal sentido, esta Corte luego de recordar la competencia y funciones del Tribunal de Cuentas, entendió —con relación a lo dispuesto en el art. 48 de la ley 23.551— que la Ley nacional de Asociaciones Sindicales tiene por objeto proteger la libertad sindical, previendo una serie de garantías que impiden al empleador obstaculizar el libre ejercicio de la acción sindical (arts. 1 y 3 de la ley; causa L. 63.160, sent. de 10-XI-1998), y que esa ley ha sido dictada con el propósito de rodear a la libertad sindical de las mayores garantías de desenvolvimiento, razón por la cual contiene una serie de disposiciones extrañas a la regulación del empleo público (causa L. 90.592, "Subiza", sent. de 22-X-2008).
No obstante, se aclaró que si bien ambas regulaciones resultan absolutamente independientes, se superponen en los casos que se suscitan con los empleados públicos que ocupan a su vez cargos en las organizaciones sindicales que los nuclean. Se entendió que ello es así en tanto las normas que aseguran la tutela sindical forman parte de la legislación laboral de fondo (art. 75 inc. 12, Const. nac.) que tiene por finalidad amparar a la "libertad sindical" en todos sus aspectos, resultando ajenas al derecho público local, aun cuando se las invoque en el marco de relaciones de empleo público.
Ese fundamento resultó dirimente para concluir que la comuna de Lincoln —en ese caso— no debía aplicar la ordenanza municipal que establecía el derecho del agente, designado para cumplir funciones gremiales en el sindicato, a gozar de licencia con retribución total de haberes por parte de la Municipalidad, en tanto el ejercicio de los derechos sindicales se encuentra normado en una ley de fondo —23.551—, debiendo la comuna regirse por dicha norma a partir de su entrada en vigencia (B.O. de 22-IV-1988).
Y recordó lo expresado en otras oportunidades en el sentido de que "...la necesaria existencia de un régimen comunal impuesta por el art. 5º de la Constitución nacional, como organismo de gobierno de carácter esencial convalida la autoridad local de las Municipalidades que tienen un ámbito propio a administrar, y poder para designar y remover a sus empleados. Empero, a condición de que dichas potestades se ejerzan en el marco de la legalidad, el cual se erige como pilar del Estado de derecho. Por ende, será siempre el límite general impuesto a todo obrar municipal" (conf. causa B. 55.010, "Chaina", sent. de 2-VIII-2000).
En ese marco, se dijo que no se encontraban conculcadas las facultades municipales, sino por el contrario, la jerarquía normativa hace que los gobiernos locales se encuentren obligados a sujetarse a las leyes de la Nación (art. 31 cit.); no pudiendo, en consecuencia, extender o restringir el alcance de los poderes y derechos delegados (arts. 75 inc. 12 y 126, Const. nac. y 1, Const. prov.).
La doctrina legal del caso "Mango" —de la cual participo—, cuya conexidad y similitud con esta causa —repito— se encuentra fuera de discusión, resulta entonces enteramente aplicable a este supuesto.
De este modo es evidente la violación de la doctrina antes citada y que fuere denunciada por el recurrente. Los fundamentos esgrimidos en esa decisión no aportan nuevos elementos de análisis que pudieran mudar la aplicación del precedente arriba analizada.
La Cámara simplemente considera, sin mayores argumentos, aplicar un voto en minoría de esta Corte, por sobre la doctrina legal. Este Tribunal tiene dicho que la opinión de un juez que se pronunció en minoría no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas L. 106.837, "Varela", sent. de 15-XI-2011; C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014; A. 71.261, "Pagola", sent. de 3-XII-2014; A. 71.928, "Sioville", sent. de 1-IV-2015; A. 72.463, "Alaniz", sent. de 20-IX-2017; A. 76.351, "O., I. E.", sent. de 28-VIII-2021; e.o.).
III.2. Por otra parte, y tal como explica el recurrente, la circunstancia anotada precedentemente, demuestra el absurdo denunciado en tanto por un lado se reconoce la plena similitud entre precedentes y por otro se resuelve de manera contraria a esa decisión.
Al respecto, esta Corte sostiene que resulta procedente el vicio de absurdo si se verifica —en la sentencia impugnada— un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
La presencia de absurdo supone, así, un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa, pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien recurre (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
Tal es, sin dudas, el supuesto de este caso, en el cual el Tribunal de Alzada no brinda adecuadas razones para apartarse de la doctrina legal de esta Suprema Corte que ella misma cita, como único fundamento del pronunciamiento que dicta. La Cámara no aportó argumentos que sirvan de justificación lógica para abandonar la doctrina vigente, planteando solo un escenario hipotético sobre el probable juzgamiento futuro que pudiera hacerse sobre estos supuestos. Algo que, según entiendo, se muestra como una construcción interpretativa claramente impugnable bajo el vicio denunciado.
IV. Por lo expuesto, que considero suficiente para resolver la presente causa, juzgo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia impugnada.
Costas a la parte actora en su condición de vencida (arts. 60, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289 in fine , CPCC). Respecto de las costas de la instancia anterior, impónense las mismas en el orden causado (cfr. art. 51 inc. 2, CCA).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso no prospera.
I. La impugnación extraordinaria, esencialmente, se basa en la inaplicación de la doctrina legal de la causa B. 61.880, "Mango", sentencia de 30-XI-2011. Se deslizan otros motivos de casación; pero al fin y al cabo, ellos están ineludiblemente atados a la suerte de lo primero.
En dicho precedente, a partir de lo que —reflexioné— era el recto alcance que cabía asignarle al principio autonómico municipal (art. 123, Const. nac.), concluí junto a otros dos colegas en lo objetable de un cargo deudor formulado por el Tribunal de Cuentas a quienes, en estricto cumplimiento de lo estatuido en el régimen de empleo público local, otorgaron licencia con goce de haberes a agentes que ejercían un mandato gremial. La Cámara de Apelación, como quedó expuesto por la doctora Kogan y se queja la recurrente, coincidió con el análisis de la posición —en ese entonces minoritaria— de la que participé.
Así las cosas, el estudio del presente caso me conduce a reafirmar aquel temperamento y, por ende, a confirmar el fallo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.