Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130518
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.518, "Vera, Jorge Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa 83.375 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 10 de agosto de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata que condenó a Jorge Luis Vera a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma apta para el disparo, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento en concurso real y, en definitiva, a la pena única de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, producto de la antes impuesta y la pena única de seis años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta en la causa 2.301/0651 seguida al nombrado por el delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, agravado por la participación de un menor de edad (v. fs. 71/78 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia doctor José María Hernández- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/96), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 100/103 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 115/117 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 118 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la decisión de fs. 71/78 vta., el señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denunció infracción a los principios de culpabilidad por el acto, in dubio pro reo y ne bis in idem, al valorarse las condenas anteriores que registraba el imputado como circunstancias agravantes para determinar el monto de la pena (v. fs. 90).
En primer lugar, se refirió a la afectación al ne bis in idem (arts. 8.4, CADH y 14.7, PIDCP) en cuanto se agravó la pena de un segundo hecho "...por registrar sentencias condenatorias, y simultáneamente para la imposición de una pena única comprensiva de ambas" (fs. 90 vta.).
Dentro de esa idea, trajo a colación lo resuelto por la Corte federal en el fallo "Gramajo", y estimó que la infracción a la prohibición de la doble desvaloración de una misma circunstancia en perjuicio de su asistido- fue patente toda vez que un mismo parámetro (la condena anterior firme en un caso) se utilizó en el veredicto dictado en el marco de la presente al agravar la pena recaída en la misma en base a esos antecedentes condenatorios en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y luego, para la imposición de la pena única por todos ellos (v. fs. 91).
De seguido, se ocupó de la afectación al principio de culpabilidad por el acto (v. fs. cit.).
Afirmó que la ponderación de las condenas previas, fundada en la mayor peligrosidad del sujeto, violaba el referido principio.
Citó el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aludió a la teoría de la advertencia que a su entender- fue adoptada por el a quo.
También entendió que toda referencia a la peligrosidad era refractaria de la ley fundamental, pues si la misma justificaba la imposición de una pena más elevada, esa fracción que se fundaba en la peligrosidad del sujeto, "...vulnera el principio de culpabilidad por el hecho en la medida en que importa la imposición de un plus de pena por una circunstancia que no determina una mayor reprochabilidad por el hecho (una mayor culpabilidad), sino una mera probabilidad sobre un hecho futuro..." (fs. 94).
Finalmente, denunció el quebrantamiento del in dubio pro reo al sostener que esa mayor "culpabilidad" a la que haría referencia la condena anterior reclamaba su constatación empírica para el caso concreto a fin de no infringir dicho principio; es decir, averiguar si el autor advirtió el impulso de contención establecido con las condenas previas, si intensificó su motivación en dirección a un comportamiento acorde al derecho y si con ello se facilitó distanciarse del comportamiento criminal. "Semejante ficción de mayor culpabilidad es manifiestamente inadmisible, pues no hay allí un mayor reproche sino una inversión de la carga de la prueba que quiebra tanto el principio de culpabilidad como el de inocencia" (fs. 94 vta.).
En definitiva, sostuvo que "...el sujeto que ha experimentado una intervención del poder penal anterior no tendrá necesariamente una mayor conciencia del ilícito ni un mayor ámbito de autodeterminación al momento de la comisión del segundo hecho; por lo tanto, no existiría una mayor culpabilidad que justifique el incremento de pena mediante la invocación dogmática, genérica y automática de una 'mayor culpabilidad' dada cuasi-mágicamente en virtud del sólo dato de que medió sobre el sujeto una 'condena anterior'" (fs. 95 y vta.).
Consideró que la interpretación que se hizo del art. 41 del Código Penal como pauta que elevó la pena, se trató de una presunción que contravino los datos de la experiencia en cuanto a cómo se configuraron la conciencia del ilícito y la amplitud relativa de los ámbitos de autodeterminación de sujetos palmariamente individuales, con experiencias vitales absolutamente diversas en general y también con relación al padecimiento concreto de la condena anterior (v. fs. 95 vta.).
Para concluir, solicitó que se anule la sentencia en crisis y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho en el que ceda la circunstancia agravante cuestionada, reduciéndose, en consecuencia, la pena impuesta.
II. La Procuración General dictaminó aconsejando el rechazo del recurso intentado (v. fs. 115/117 vta.).
III. Coincido con su opinión.
III.1. En lo que al extremo traído se refiere, el voto del doctor Maidana (que concitó la adhesión del juez Borinsky) señaló que era doctrina del suscripto la que afirmaba que el antecedente condenatorio operaba como agravante. En apoyo de ello, citó precedentes del Tribunal de Casación, a cuyos fundamentos se remitió, agregando que "...la circunstancia que dicho antecedente motive también la debida unificación de penas (arts. 58, CP), no obsta a su consideración en el presente al momento de mensurar la pena aquí impuesta" (fs. 76 vta.).
III.2. El temperamento adoptado por el a quo coincide con lo resuelto por esta Corte que se ha expedido en tales términos- en numerosos precedentes (conf. causas P. 52.074, sent. de 25-IV-1995; P. 49.886, sent. de 25-IV-1995; P. 71.185, sent. de 5-III-2003; P. 61.499, sent. de 28-V-2003 y P. 77.675, sent. de 12-XI-2003).
III.2.a. En cuanto a la violación del principio del ne bis in idem, cabe indicar que las consecuencias gravosas que podrían surgir de la existencia de los antecedentes condenatorios no implica que por ese sólo hecho constituya una doble condena o doble imposición de pena (conf. doctr., en lo pertinente, causas P. 57.387, sent. de 1-XII-1999; P. 60.751, sent. de 31-VIII-1999; P. 61.738, sent. de 23-IV-2003; P. 86.048, sent. de 16-IX-2003; P. 95.225, sent. de 13-VI-2007; e.o.).
Ello en consonancia con la doctrina de la Corte federal que en distintas oportunidades (CSJN Fallos: 311:1451; 311:552 y 248:232) se ha expedido acerca de que el principio non bis in idem "...no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal". Y tampoco para individualizar la pena que merece un nuevo delito (arts. 40 y 41, Cód. Penal). Pues como ha señalado el Alto Tribunal, es extraña al ámbito de dicha tutela constitucional la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior (CSJN Fallos: 248:232; conf. doctr. causas P. 70.498, sent. de 29-XII-2004 y P. 86.679, sent. de 30-XI-2005).
III.2.b. Asimismo, y en orden a la transgresión del principio de culpabilidad, la Corte federal tiene dicho in re "Gago, Damián Andrés s/ causa 2.175", sentencia de 6-V-2008, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal, que "...no está de más recordar que el autor que ha experimentado el encierro que importa la condena, y a pesar de ello, reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce (Fallos: 308:1938). Ese desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (CSJN, Fallos: 311:1451)".
En línea con tal enfoque, este cuerpo se ha pronunciado en lo medular- en igual sentido desechando cuestionamientos análogos a los aquí traídos indicando que el cómputo como agravante de la condena anterior no vulnera los principios invocados (conf., en lo pertinente, causas P. 84.529, sent. de 17-XII-2008; P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; e.o.).
En lo que concierne al concepto de peligrosidad, las alegaciones generales contenidas en la pieza bajo estudio acerca de que la alusión a la peligrosidad configura la manifestación de un "derecho penal de autor" (y no de acto) constituyen una aseveración dogmática pues la decisión del a quo no indica, de ninguna manera, que se haya computado lo que el imputado es en lugar de lo que hizo. No se advierte, entonces, la trasgresión del principio de culpabilidad (art. 495, CPP; conf. doctr. causas P. 109.413, resol. de 17-VIII-2011 y P. 108.937, sent. de 28-VIII-2013).
III.2.c. Por último, la referida violación al principio in dubio pro reo constituye una reflexión tardía en la medida que dicho planteo no fue llevado ante el tribunal revisor.
Cabe recordar que en oportunidad de interponerse el remedio casatorio, la entonces defensa del imputado Vera denunció la afectación de las reglas de determinación de la pena a partir de que el cómputo como pauta agravante de las condenas anteriores que registraba su asistido transgredía los principios de culpabilidad y ne bis in idem (v. fs. 59 y 60).
De este modo, la objeción ahora traída impide su progreso desde que resulta exigible a la parte, como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo, la tempestividad del planteo constitucional.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia