Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129796
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Gerónimo Claudio Girasole en la suma de … pesos -$.-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3909 de esta Corte, de 10-X-2018), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.796, "Barraza, Diego Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.436 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de septiembre de 2016, rechazó el recurso deducido por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó a Diego Alejandro Barraza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada -causa n° 4.750-, en concurso material con los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causae - causa n° 4.749- (v. fs. 80 y vta.).
Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Gerónimo Claudio Girasole, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 98/101 vta.), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 124/125 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 134/136 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 137 y, en la oportunidad prevista para presentar la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, el causante Barraza junto al patrocinio letrado del señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, doctor Mario Luis Coriolano -quien asumió su defensa-, presentó escrito ampliando los fundamentos del recurso incoado (v. fs. 201/213). Así, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa cuestionó la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal (v. fs. 99 vta./101).
Criticó que el tribunal intermedio al tratar el cambio de calificación por su parte peticionado, entendió que la reacción de su defendido fue "para" poder evadirse y así lograr la impunidad del robo cometido, concluyendo que allí se encontraba dada la ultrafinalidad requerida por el tipo penal. Alegó que, por el contrario, no hubo intención por parte de Barraza de matar, su decisión fue fruto de una reacción, de improviso, donde no hubo preordenación premeditada, como tampoco reflexión alguna dado que no estaba en sus planes la muerte de Ramiro Álvarez ni de nadie más (v. fs. 99 vta.).
Señaló que los hechos ocurrieron de tal manera que terminó matando, que su cometido era el robo, el que "...lo pone separado de una verdadera defensa legítima de sí". Es decir, su conducta delictual trajo aparejado un peligro, por el que debió matar para defender su vida. Agregó que la expresión "nadie está obligado a dejarse matar", perdió su "valor esencial", ya que no había calculado el enfrentamiento en su plan delictual (v. fs. cit.).
Explicó que cuando la víctima del homicidio final o causalmente conexo es la misma del robo, y la violencia ejercida sobre ella es la que le produce el resultado muerte, "...ha sido realizada como medio de concretar el delito fin que constituye tal robo, no existe relación concursal de delitos, sino exclusivamente homicidio criminis causa; hay que tener en cuenta [...] que a la víctima no le fue sustraído ninguna cosa mueble" (fs. 100).
Finalizó enfatizando que lo que Barraza quiso perpetrar era un robo, resultando el homicidio un incidente en el curso del mismo, por lo que corresponde le sea aplicada la figura del art. 165 del Código Penal.
Citó en apoyo de su postura la opinión de Edgardo A. Donna, así como precedentes de esta Corte.
Por último, refirió que ninguna de las instancias anteriores tuvo en cuenta al momento del dictado de la sentencia que su pupilo procesal carecía de antecedentes penales (v. fs. 101), aunque no concretó la denuncia de ninguna infracción al respecto ni lo sometió a la instancia intermedia (doctr. art. 451, CPP).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del agravio formulado por la defensa (v. fs. 135/136 vta.).
III. El reclamo resulta insuficiente (art. 495, CPP).
III.1. Para contextualizar el caso, corresponde determinar que el hecho sobre el cual las dos instancias judiciales obtuvieron consenso y que por lo tanto llega firme a esta sede da cuenta que: "...específicamente el 16 de febrero de 2014, minutos antes de las 17:00 hs., el sindicado se hizo presente en la misma estación de servicio YPF sita en Av. del Trabajo y Av. Ángel Torcuato de Alvear de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre al comando de una motocicleta Honda Wave, color negra y mediante la exhibición de un arma blanca del tipo 'faca', intimidó al expendedor de combustible Gerardo Luis Castaño y le sustrajo una billetera de color negro que contenía la suma aproximada de trescientos noventa y un pesos ($391), coyuntura en que el usuario Ramiro Javier Álvarez, quien se encontraba estacionado en la playa a bordo del rodado Fiat dominio IBR-877 a la espera de utilizar los surtidores del predio, reacciona cuando se direccionó hacia su lado e intervino posteriormente para obstaculizar su huida, y el asaltante con la clara intención de causarle la muerte al ver frustrarse eventualmente su criminoso designio, para consumar el desapoderamiento y procurar la impunidad le hincó el falce al nombrado, infligiéndole una herida cortopunzante en cara anterior del hemitórax izquierdo, ocasionándole su inminente deceso, concretando finalmente su huida, con el botín mal habido en su poder" (fs. 20 y vta.).
III.2. Al momento de resolver, el doctor Celesia -al que adhirió el doctor Ordoqui- confirmó lo decidido por la instancia de origen en punto a la cuestionada calificación legal. Señaló que "...en el caso del contenido subjetivo que, conocido como ultrafinalidad, exige el homicidio calificado del art. 80 inc. 7 del Código Penal, si la muerte acaece con motivo de una incidencia provocada por la agresión de la víctima que el autor cree que fue en peligro de su integridad física o de su vida, vista la urgencia de la situación en que se decide a matar podría sostenerse que su intencionalidad aparezca solo dirigida a defenderse, aunque sea ilegítimamente y no a lograr la impunidad en el otro delito, circunstancia a cuya comprobación se puede llegar por aplicación del in dubio pro reo y con ello desplazar la figura calificada. [...] Pero si la reacción de la víctima fue para detener al autor y recuperar lo sustraído, sin poner en peligro la vida de aquél por encontrarse desarmada, entonces la muerte no deviene como consecuencia de que el autor intente defender instintivamente su propia vida sino 'para' poder evadirse y lograr su impunidad en el otro delito, lo cual configura la ultrafinalidad del homicidio calificado, que puede ser instantánea y no preordenada" (fs. 88 vta.).
Seguidamente refirió "Conforme mencionó el testigo Roetto la víctima, por cierto desarmada se abalanzó sobre el imputado cuando este ya había abordado la motocicleta, es decir, cuando se disponía a escapar con el botín en su poder, produciéndose en dicho contexto el forcejeo, siendo en esa situación que Barraza infirió una puñalada en el pecho de su contendiente de tal magnitud que le causó la muerte" (fs. 88 vta. y 89).
IV. De tal manera, el Tribunal de Casación se ocupó, contrariamente a lo dicho por la defensa, de explicar y fundar por qué dio por acreditado el elemento subjetivo cuestionado.
La parte, más allá de un mero anuncio basado en citas de precedentes de este Tribunal, así como de doctrina que entiende aplicable al caso, no demostró los déficits que le endilga a la sentencia que impugna.
En síntesis, la queja se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP) en la medida que el a quo explicó claramente que el acusado mató en procura de su impunidad.
Por otra parte, tiene dicho esta Corte que la posible coexistencia en el acusado del propósito de "defenderse" frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017 y P. 117.199, sent. de 4-XI-2015).
Finalmente, con relación al planteo efectuado por la defensa en cuanto a que no hubo preordenación, tiene dicho esta Corte que en relación al art. 80 inc. 7 del Código Penal "no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (cfr. P. 118.925, sent. de 8-IV-2015).
De modo tal que no puede afirmarse que la inexistencia de preordenación de la conducta desplegada sea motivo suficiente para la aplicación del art. 165 del Código de fondo.
Resultado de ello, debe mantenerse la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria.
V. Por último, ninguna consideración cabe efectuar respecto de la presentación efectuada por Barraza junto al señor defensor oficial por las que a fs. 201/213 introdujeron bajo el título "Amplia fundamentos de recurso extraordinario", nuevos planteos de agravio sobre los hechos para ser tratados en el presente, en tanto esta Corte tiene competencia exclusivamente sobre el pronunciamiento impugnado, en la medida del recurso deducido contra éste y conforme la declaración de admisibilidad dictada por el tribunal intermedio (arts. 483 y 486, CPP).
VI. Por último, y en lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25 de octubre de 2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Gerónimo Claudio Girasole en la suma de … pesos -$.-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3909 de esta Corte, de 10-X-2018), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia