Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127983
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.983, "Díaz, Gustavo Daniel y Piacenza, Alejandro Sebastián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 56.523 y su acumulada 58.309 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de abril de 2014, declaró parcialmente procedente el recurso interpuesto por la defensa del señor Gustavo Daniel Díaz, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena de diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego y la intervención de un menor de dieciocho años de edad, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real entre sí. En consecuencia, redujo la sanción a nueve años y un mes de prisión, accesorias legales y costas. A su vez, hizo lugar en forma parcial al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 del mismo departamento judicial que había condenado al señor Alejandro Sebastián Piacenza a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en modo alguno. En razón de ello, declaró que el hecho atribuido al nombrado constituye el delito de robo doblemente calificado por haberse cometido con arma de fuego apta y la intervención de un menor de edad, y fijó la sanción en ocho años y once meses de prisión, accesorias legales y costas. Respecto de ambas impugnaciones no impuso costas (v. fs. 138/151).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial, ante la aludida instancia intermedia, articuló los remedios extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en favor de Gustavo Daniel Díaz (v. fs. 163/168 vta. y 169/176 vta., respectivamente). Por su parte, la señora defensora adjunta de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de Alejandro Sebastián Piacenza (v. fs. 158/167 vta., legajo 58.309).
Ambos recursos de inaplicabilidad de ley fueron concedidos por resolución del Tribunal intermedio de fs. 180/182 vta., mientras que el extraordinario de nulidad deducido con relación a Díaz resultó denegado, sin objeción de la parte. A su vez, la defensa de dicho imputado desistió de la vía de inaplicabilidad a fs. 218, lo que así fue tenido por este Tribunal mediante resolución 2.794 que obra a fs. 219 y vta.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 200/204), dictada la providencia de autos (v. fs. 205) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto respecto de Alejandro Sebastián Piacenza?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En la impugnación que aquí se examina, la señora defensora oficial se agravia en primer término porque su planteo sobre la inconstitucionalidad del art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal no habría sido tratado por el tribunal revisor, en infracción de la doctrina establecida in re "Casal" por la Corte federal, y la de este Tribunal que exige la intervención del órgano intermedio como paso previo a esta instancia extraordinaria -con cita de los precedentes causas P. 113.277, P. 102.374, P. 113.497 y P. 114.468, entre otros mencionados-, lo que determina la arbitrariedad de la sentencia cuestionada (v. fs. 159 vta./161 vta. y 162 vta./163 vta., legajo 58.309).
Apunta que el tema fue introducido por el señor defensor adjunto ante Casación, que argumentó también sobre la inadmisibilidad del recurso fiscal articulado ante esa sede, por considerar violentado el principio ne bis in idem, así como los de preclusión y progresividad procesal conforme lo expuesto en el precedente "Alvarado" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues siendo que la Fiscalía centraba su queja en la valoración probatoria, su eventual acogimiento -lo que así aconteció- importaba desbaratar el derecho del acusado a obtener una revisión amplia de la condena.
Reclama se case el fallo y se devuelvan los actuados a la instancia anterior para que se pronuncie sobre la tacha de inconstitucionalidad en cuestión.
A título subsidiario, denuncia la inconstitucionalidad del art. 452 inc. 2 citado, afirmando que el Tribunal a quo efectuó un análisis superficial de los planteos de esa parte, que atenta contra la utilidad de la defensa pública ante el Tribunal intermedio, con la consecuente lesión de la posibilidad del imputado de acceder a una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena (v. fs. 163 vta.).
Según la recurrente, ello es producto de la "...interpretación formalista al extremo y desconsiderada del servicio de la defensa pública ante las Salas", por la cual se decidió "...anteponer las prescripciones [...] del Código Adjetivo, respecto a la 'temporaneidad' de los planteos que se relacionaban con los agravios que abrieron la revisión y no realizar el máximo esfuerzo posible para ello estando garantías constitucionales vigentes en juego..." (fs. cit.).
Entiende que, de tal modo, la casación no llevó a cabo el examen integral propio de su incumbencia, a tenor de las exigencias que resultan de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la interpretación que de ellos ha hecho la Corte federal a partir del precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399) en sintonía con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que menciona (v. fs. 164 y 165).
Agrega que el esfuerzo revisor tampoco tuvo en cuenta lo que establece el art. 451 en su cuarto párrafo del Código Procesal Penal, según la redacción de la ley 13.812, ni que "...al omitirse el tratamiento de las cuestiones planteadas durante el trámite del recurso se estaría haciendo caer en letra muerta la oralidad en la revisión, alterando lo normado por el art. 458 del C.P.P." (fs. 165 y vta.).
En tal sentido aduce que en el caso fueron formuladas temáticas "...razonables concretas [...] que impactan sobre la vida en encierro o libertad del imputado" sin merecer más que "...una respuesta de pura forma" (fs. cit. vta.).
Solicita por ello que esta Corte case la sentencia impugnada y en virtud de lo previsto en el art. 31 bis de la ley 5.827, adopte medidas positivas para que se respete la utilidad de la defensa pública estatal en el marco de los arts. 451 cuarto párrafo in fine del Código Procesal Penal; 18 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 166 vta.), además de la declaración de inconstitucionalidad del art. 452 inciso 2 del Código Procesal Penal que reclama en el petitorio (v. fs. 167 y vta.).
II. El recurso debe ser desestimado, tal como dictamina la Procuración General.
El señor Alejandro Sebastián Piacenza fue condenado por el tribunal de juicio como coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, a la pena de tres años y seis meses de prisión.
Dicha decisión fue impugnada por la parte acusadora que dedujo recurso de casación con apoyo en la normativa local que permite al Ministerio Público Fiscal recurrir en los casos que establece el Código procesal en materia Penal (v. fs. 84/94, legajo 58.309).
Los agravios del señor agente fiscal estuvieron referidos, en breve síntesis, al modo irregular en que se habría llevado adelante el procedimiento previsto en el art. 398 del Código Procesal Penal; la errónea aplicación de la ley de fondo porque una de las armas secuestradas resultaría idónea para disparar, en función de lo determinado en la experticia balística de fs. 67/69; a su disconformidad con la valoración en calidad de atenuante de la circunstancia de haberse suscripto el trámite de juicio abreviado, el descarte de la nocturnidad para agravar la pena y la inaplicación del art. 41 quater del Código Penal.
Concedido el recurso, notificados la defensa y el imputado (v. fs. 96 y vta. y 99), el expediente ingresó al Tribunal de Casación Penal que anotició a las partes de la radicación de los autos en su Sala Tercera (v. fs. 103). La señora fiscal adjunta ante esa sede mantuvo el recurso con apoyo en las consideraciones que expuso en su presentación de fs. 104/106.
Por su lado, el señor defensor oficial adjunto acompañó escrito en el que se pronunció por la inadmisibilidad del recurso, argumentando que en caso de tener éxito, dejaría al imputado sin posibilidad de obtener la revisión de su condena, infringiéndose además el principio de ne bis in idem a tenor de la doctrina de la Corte federal y de organismos internacionales que invocó; a todo evento, planteó la inconstitucionalidad del art. 452 primer párrafo del Código Procesal Penal ( rectius : inc. 2; v. fs. 112 vta. y 113 vta.). En contra de la procedencia, alegó la existencia de deficiencias formales en la sustanciación del procedimiento abreviado y compartió el razonamiento de grado para concluir que el arma de fuego calibre 38 secuestrada no se correspondía con la que fue objeto de pericia, sin que tampoco su aptitud apareciera debidamente acreditada. Defendió que "...el sometimiento a juicio abreviado" pudiera operar con el cariz diminuente establecido en la sentencia, que no se considerara la nocturnidad para agravar la pena y se expidió en contra de la aplicación al caso del art. 41 quater del Código Penal (v. fs. 107/120).
El Tribunal de Casación Penal, tras disponer, por razones de conexidad objetiva, la acumulación del legajo con el tramitado bajo el registro 56.523 respecto del coimputado Gustavo Daniel Díaz (v. fs. 123) cuya defensa había recurrido ante esa sede, dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a los recursos deducidos por la Fiscalía y la señora defensora oficial respecto del nombrado Díaz (v. fs. 124/137).
En cuanto aquí es de interés, la primera cuestión de la sentencia justificó, en sentido contrario al pretendido por el señor defensor oficial ante esa sede, que la impugnación fiscal reunía los recaudos formales y se hallaban satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente.
Indicó el a quo que la acusación había solicitado para Piacenza la imposición de una pena de nueve años de prisión, mientras que la condena fue a tres años y tres meses de dicha sanción, de modo que "...el caso se encuentra dentro del rango que el art. 452 inc. 2, en función del 401 del CPP, prevé como límite objetivo"; y que las críticas del señor defensor de Casación no atendían que "...si bien el Ministerio Público no goza de un derecho constitucional al recurso, los Estados tienen la potestad de habilitar el acceso a la jurisdicción a través de las instancias que estimen pertinentes, sin que sea posible concluir que de la voluntad del legislador local de rodear a este sujeto de mayores garantías, derive una diferencia que vulnere la Carta Magna (cfr. CSJN, Fallos 320:2145)" (fs. 139 y vta.).
Sostuvo asimismo que la objeción de que el dictado de un eventual pronunciamiento adverso dejaría sin recurso al imputado, pasaba por alto que esta Corte tiene dicho que se encuentra facultada para ampliar la revisión que reclama el derecho a la doble instancia judicial, consagrado en el bloque de constitucionalidad, con cita del precedente causa P. 71.958, sentencia de 23-IV-2008.
En la cuestión siguiente quedaron expuestas las razones con las que el sentenciante tuvo por válida la tramitación abreviada (v. fs. 128); fundamentó su decisión de acoger los reclamos fiscales en encuadrar el hecho en el art. 166 inciso 2, párrafo segundo del Código Penal (v. fs. 130 vta./131 vta.), con la incorporación de la agravante genérica del art. 41 quater del texto citado, cuya operatividad -dijo- no estaba supeditada a la presencia de elementos subjetivos distintos del dolo; además de las apreciaciones que siguieron sobre la finalidad de dicha disposición y cuestiones fácticas como las que aludieron al conocimiento que tanto Piacenza como Díaz tenían de que su acompañante era menor y del propósito perseguido de mejorar la situación procesal a costa de éste (v. fs. 131 vta./132 vta.). En cuanto a los motivos de agravio referidos a la determinación de la pena, reflexionó sobre la improcedencia de computar la nocturnidad a fin de aumentar la pena, como de justipreciar "...el sometimiento al procedimiento abreviado" para menguarla (v. fs. 132 vta./134 vta.).
En razón de haber mutado la significación jurídica del hecho atribuido a Piacenza a la figura de robo calificado por el empleo de un arma de fuego apta y por la intervención de un menor de edad, y a tenor de la atenuante ponderada relativa a la ausencia de antecedentes y la agravante fundada en la pluralidad de intervinientes, el tribunal intermedio resolvió fijar la pena en ocho años y once meses de prisión (v. fs. 135).
III. Más allá de las observaciones que pudiera merecer el agravio de la defensa sobre la falta de abordaje por la casación de su crítica a la validez constitucional del art. 452 del Código Procesal Penal, en cuanto a la doctrina que entiende aplicable al caso, no obstante que la competencia revisora resultó abierta por el recurso de la fiscalía, el reclamo deviene de todos modos inidóneo si igualmente es considerado desde la óptica de la arbitrariedad de la sentencia genéricamente postulada.
Pues frente a los fundamentos que sustentaron el pronunciamiento del a quo sobre la admisibilidad del recurso fiscal en el marco de la facultad impugnativa que le otorga aquella disposición de forma, desestimando la alegación de la contraparte de que ello pudiera vulnerar cláusula constitucional alguna, en particular la invocada de la doble instancia, la recurrente no ha desarrollado reparo alguno en procura de evidenciar que la respuesta dada carezca de la motivación suficiente que pudiera descalificar lo resuelto como acto jurisdiccional válido. De allí mi coincidencia con la insuficiencia del reclamo que proclama la Procuración a fs. 202 vta. de su dictamen.
Y dado que, respecto de la interpretación sostenida en la sentencia, la parte tampoco ha ensayado un cuestionamiento susceptible de demostrar la existencia de alguna infracción constitucional, está ausente la relación directa entre la cuestión federal y lo debatido y resuelto en el caso.
No modifica lo dicho que a fs. 160 del escrito recursivo, y en su petitorio final de fs. 167 vta., la defensa haya afirmado la arbitrariedad de la sentencia por entender subvertidos los alcances de las garantías del doble conforme y de la que prohíbe el doble juzgamiento, pues además de no hacerse cargo de la respuesta del sentenciante, prescindió de todo intento de justificar la paridad de la situación aquí configurada con las tan disímiles examinadas por la Corte federal en los fallos que nombra "Sandoval"; "Alvarado" y "Mattei", a fin de habilitar su pretendida aplicabilidad al caso (basta al respecto recordar que no se trata aquí del alzamiento fiscal contra una sentencia absolutoria cuyo éxito hubiese originado una decisión de reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para la realización de los actos que pudieren corresponder).
Por tanto, tampoco puede atenderse la declaración de inconstitucionalidad que se solicita en el tramo siguiente de la impugnación, el que no contiene, más allá de ese enunciado, argumentación alguna que respalde aquella petición en subsidio formulada.
Más aún, las consideraciones allí expresadas no se corresponden con lo sucedido en este expediente, en que la defensa de Piacenza no recurrió la condena ante el Tribunal de Casación, competencia que respecto del nombrado coimputado resultó excitada por el recurso de la parte acusadora, con agravios que fueron controvertidos oportunamente por la defensa oficial ante esa sede intermedia y respondidos en la sentencia impugnada, no habiéndose articulado respecto de lo resuelto censura alguna que pudiera eventualmente instar la competencia extraordinaria de esta Corte.
De manera que resulta incomprensible el escenario que plantea la recurrente acerca de una supuesta interpretación excesivamente formal y restrictiva realizada de los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal, con el efecto que le atribuye de atentar contra la utilidad de la defensa pública ante la instancia intermedia, junto con su lectura del agregado incorporado al art. 451 citado por la reforma introducida por la ley 13.812, con miras a modificar o matizar el sentido y alcance de la doctrina que critica, aun cuando en estos autos no tuvo lugar la situación que hubiese podido dirimirse a su amparo.
Por otra parte, la señora defensora oficial no identifica cuáles cuestiones "concretas" de las planteadas habrían obtenido nada más que "...una respuesta de pura forma", como dogmáticamente señala a fs. 165 vta. de su presentación.
A tenor de lo que se lleva expuesto, carece de todo asidero la intervención reclamada de esta Corte en el marco de lo reglado por el art. 31 bis de la ley 5.827 y debe ser desestimada la petición para que se reenvíen los autos a la instancia.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia