Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 126626
En la ciudad de La Plata, a 12 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.626, "A., J. A. D.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 33.777 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de septiembre de 2015, resolvió rechazar -con costas en esa sede- el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado J. A. D. A. y, en consecuencia, confirmó el veredicto y sentencia dictados por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Zárate-Campana en cuanto había condenado al nombrado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis y 79, Cód. Penal; v. fs. 68/75 del legajo principal n° 33.777, correspondiente al registro del aludido Tribunal de Alzada).
Contra esa decisión, la señora defensora general departamental, doctora Mariana Garro, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 89/100 vta.), el que fue concedido por la Cámara para el tratamiento de los agravios federales formulados (v. resol. de fs. 10/103).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 106/111), dictada la providencia de autos (v. fs. 112) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En el marco excepcional en que el recurso resultó admitido, cabe distinguir los siguientes motivos de agravio cuyo tratamiento compete a esta Corte.
I. En primer lugar la defensa sostiene que el fallo de Cámara deviene arbitrario por haber considerado a J. A. D. A. autor del homicidio juzgado, a través de una valoración absurda de la prueba reunida en el expediente.
Afirma que dicho extremo se funda en meras apreciaciones subjetivas, tal la referida, en particular, a la motivación del imputado para querer el resultado que exige el tipo subjetivo de la figura actuada del homicidio simple; en sentido contrario, destaca los testimonios que darían cuenta de la amistad, el trato afectivo y la ausencia de conflicto entre aquél y la víctima durante la noche de acaecido el luctuoso suceso; alegaciones que, según dice, no fueron abordadas en la sentencia, que incurre así en una falta de fundamentación que impide reputarla un acto jurisdiccional válido (v. fs. 93/94).
De igual modo tilda de absurda la interpretación del a quo por haber descreído de los dichos del acusado en cuanto sindicó a "...F. M., alias 'Judas', A. B. y N.N. 'Mandrake'" como autores del ilícito, motivados en un "...ajuste de cuentas por cuestiones pendientes" entre todos ellos y la víctima; y trasladar la problemática indicada a una inexistente, o por lo menos no acreditada, entre el procesado y Placeres, el damnificado del fatal suceso (v. fs. 94). Párrafos más adelante, la señora defensora cuestiona que no se hubiese ponderado el testimonio de Lautaro González, por apreciarlo relevante para la averiguación de la verdad de lo ocurrido (v. fs. 94 vta. y 95).
A resultas de las falencias expuestas, considera que el examen llevado a cabo por el Tribunal de Alzada dejó insatisfecha la obligación que le incumbe, conforme lo establecido en el precedente "Casal" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...de agotar su capacidad de control realizando un máximo esfuerzo a fin de revisar la totalidad de las cuestiones revisables, lo cual también abarca la apreciación y valoración que de la prueba de cargo efectuara el Tribunal de grado" (fs. 94 vta.).
Este tramo de la impugnación no prospera, tal como dictamina la Procuración.
Frente a la motivación que exhibe el fallo, en el tratamiento del extremo puesto en crisis, no justifica -la parte- afrenta constitucional alguna capaz de invalidar lo resuelto.
El sentenciante de grado hizo mérito de una serie de probanzas -testimonios, informes y pericias- con base en las cuales determinó que "...en el marco de una discusión A. le efectúa el disparo por detrás y sobre seguro a Placeres que conlleva su óbito"; dando por "...absolutamente desvirtuada la coartada de A. respecto a la b[ú]squeda de Judas, Mandrake y B., sumado a que con posterioridad sin variación alguna la totalidad de los testigos acreditaron de modo fehaciente que fue A. con el encubrimiento directo de Abigail Oviedo y el tío del imputado quienes hicieron circular el arma para ocultarla y posteriormente destruirla" (fs. 62 vta. del legajo de la sentencia originaria que en copia obra acollarado a la presente). A la par, descartó las hipótesis de la defensa de que el encartado había disparado "...sin querer", pues estaba verificado que el disparo se efectuó "...por la espalda de Placeres a la altura de la cabeza", que quedó tirado en la calle mientras el imputado se daba a la fuga; como la basada en la existencia de "...otra arma" involucrada en los sucesos, dato que no aparecía acreditado por elemento alguno ni tampoco mediaba intento serio de la parte por demostrarlo (v. fs. 63 vta. ídem).
En su recurso de apelación, la defensa controvirtió la prueba ponderada y reclamó por la desconsiderada, que estimó decisiva para la solución del caso; tales planteos fueron examinados y rechazados por los jueces de la Cámara, que ratificaron fundadamente el valor cargoso del plexo probatorio empleado en la instancia de juicio con vistas a demostrar la autoría de A. en el homicidio en juzgamiento, sin que fueran aducidas restricciones en la tarea revisora, por fuera del límite dado por la propia naturaleza de las cosas.
En el entendimiento del a quo, los planteos de la defensa no conseguían poner de manifiesto transgresión alguna a los preceptos procesales que disciplinan la administración de la prueba; nada más trasuntaban discrepancias subjetivas con la evaluación llevada a cabo, y como tales eran ineficaces para mostrar en lo decidido los vicios reprochados, dado que ninguna regla de la lógica, la experiencia, ni el sentido común, aparecía incompatible con los fundamentos de la decisión en los extremos de la materialidad ilícita y la autoría adjudicada al encausado (v. fs. 69 y 70).
Analizó en particular el testimonio prestado durante el debate por Abigail Susana Oviedo, quien declaró que A. "...24 horas después de ocurrido el hecho [...] le confesó: 'no te puedo mentir lo maté yo' [...] 'era él o yo'". Tuvo especialmente en cuenta la concordancia de ese relato con el efectuado por Tamara Elizabeth González, en cuanto manifestó que hallándose en la comisaría junto con J. A., éste había reconocido haber sido quien mató a Lautaro Placeres, con igual expresión de "...'era él o yo'" (fs. 70 vta.).
Refirió a las inconsistencias señaladas en la versión exculpatoria del imputado, concretamente, a la aducida existencia de "...dos disparos", que resultaba contradicha por la declaración de Leonardo Chena -morador de la vivienda ubicada frente a donde acaeció el ilícito- que dijo haber escuchado "...el estruendo de una detonación" solamente; sumó los datos aportados por Micaela Yanet Mallo -de haber visto solo a un sujeto a la carrera y no otros que lo siguieran como afirmase el acusado- y por Iván Cruz Miner -quien dijo haber acompañado a A. durante la madrugada del hecho en las condiciones que detalló-; además de lo testificado por Lorenzo Antonio Giménez que, en consonancia con los dichos de Abigail Oviedo, dio cuenta de la existencia "...del arma de fuego en poder de A., y de su insistencia de recuperarla, luego de pasar por distintas manos al efecto de su ocultamiento" (fs. 71).
Sobre esto último, el Tribunal recurrido destacó las categóricas palabras de la mencionada Oviedo respecto del modo en que, "...con auxilio del tío del imputado, intentan ocultar el arma de fuego, para luego adunar que A. le di[jo] que versión debe declarar ante la fiscalía"; que la testigo Rojas declaró haberla acompañado "...a buscar un revólver a la villa [...] que luego se lo fueron a llevar a la casa del imputado"; y que Eguino refirió que "...el día de la muerte de Placeres, el imputado, J. A., le quiso entregar un rev[ó]lver, que él estaba lavando el auto y se acerca J. y le dice 'guardame esto, guardame esto' [sic]. Que él le dijo que no y J. insistió y se lo tiró en el auto. Que luego fue Abigail Oviedo a buscar el arma" (fs. 71 vta.).
Atendió asimismo la impugnación formulada al testimonio del abuelo de la víctima, la que desechó por no advertir el cuestionamiento concreto que pretendía formularse, máxime cuando había sido "...consentida su incorporación por lectura al plexo probatorio a evaluar" (fs. 73).
De allí que, para la Cámara, el mérito incriminatorio del conjunto de probanzas, que con razonable motivación había sido tenido en cuenta en la sentencia originaria, determinaba la improcedencia de la queja sobre la falta de estima del testimonio de descargo de Lautaro González, que venía a respaldar la versión exculpatoria del acusado fundadamente descartada por el tribunal de grado.
Concluyó entonces, que los elementos apreciados en su totalidad permitían alcanzar el grado de certeza necesario para cimentar un juicio de condena.
Ahora bien, el éxito no obtenido de los planteamientos sometidos a la instancia revisora no habilita a deducir que ese resultado derive de una restricción en la tarea fiscalizadora emprendida, pues en el caso, los reclamos de la defensa fueron abordados y desestimados en el pronunciamiento que aquí se impugna, sin que las razones brindadas a tales efectos hayan merecido una réplica capaz de evidenciar en ese análisis del a quo, graves desaciertos u omisiones que habiliten descalificarlo como acto jurisdiccional válido, ni que lo concluido contravenga de manera palmaria las reglas de la lógica o la experiencia (doctr. art. 495, CPP).
II. En el siguiente agravio, la defensa sostiene que el órgano intermedio vulneró el principio de non bis in ídem, pues habría convalidado lo determinado en la sentencia de mérito respecto de la aplicación de la agravante genérica fundada en el empleo de un arma de fuego que contempla el art. 41 bis del Código Penal, como del cómputo de ese mismo factor a título de agravante en los términos de los arts. 79 y 41 del texto aludido (v. fs. 95 vta.). De allí que peticiona que la valoración de dicha circunstancia rija "únicamente" al amparo de lo normado por el art. 41 bis citado (v. fs. íd.).
Asegura, además, que la pauta objetada no fue requerida por la fiscalía, por lo que su inclusión por el sentenciante constituye, en su decir, un exceso que vulnera el principio acusatorio, las garantías del debido proceso y defensa en juicio, además de los arts. 371 del Código Procesal Penal y 40 y 41 antes mencionados (v. fs. ibíd.).
Sin embargo, las críticas reseñadas resultan, por tardías, inatendibles en esta sede extraordinaria; pues pudiendo la defensa llevarlas a la consideración de la Cámara, ninguna censura esgrimió en su recurso de apelación respecto de los puntos que recién ahora dice causarle agravio (conf. doctr. art. 451, CPP).
De todos modos, y sin perjuicio de cualquier otra reflexión posible, la afirmación de que la mentada calificante del art. 41 bis del Código Penal no fue pedida por la parte acusadora no se ajusta a las constancias de la causa, ya que lo contrario surge del detalle del requerimiento fiscal que plasma el fallo originario (v., en particular, fs. 13 de la copia de ese pronunciamiento agregado por cuerda).
Igualmente, la denunciada transgresión constitucional se asienta en una lectura de lo resuelto en la cuestión quinta del veredicto que no se corresponde con lo allí computado a título de agravante "específica", conforme lo solicitado por la fiscalía sin reparos de la defensa -punto que esta parte no objetó en el recurso de apelación y que la Cámara mantuvo- (v. fs. 66 vta. íd.).
III. Los planteos restantes comprenden aspectos vinculados con la determinación de la pena.
Por un lado, la señora defensora denuncia inobservados el art. 4 de la ley 22.278 y la doctrina sentada en el precedente "Maldonado" por la Corte federal, desde la perspectiva de considerar que el tribunal a quo incurrió en arbitrariedad al no abordar la temática llevada a su conocimiento sobre la falta de análisis en la sentencia de grado de las circunstancias que determinan la necesidad de imponer o no pena al acusado (v. fs. 96).
Aduce que dicha cuestión no ha sido justificada de modo alguno por el órgano revisor, que prescindió de aplicar el beneficio absolutorio previsto por el art. 4 aludido, con una mera remisión a las razones dadas sobre la cuestión por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, las que proclama asentadas en una arbitraria ponderación de las probanzas reunidas en la causa (v. fs. cit. vta.).
Señala que no es un dato menor que el joven haya recapacitado sobre la necesidad de evitar las "...malas juntas" y que resulta ilógico que se apreciara la circunstancia de que no había dado muestras de reflexión ni arrepentimiento alguno, cuando en sentido inverso su defendido se proclamó ajeno al hecho; apunta además, que fueron omitidos "...datos e informes obrantes en el expediente tuitivo" y "...circunstancias familiares, sociales y culturales del menor", sin que identifique a cuáles refiere (v. fs. 97).
De otra parte, afirma que en el caso fue inobservada la mencionada disposición de la ley 22.278, al igual que los arts. 42 y 44 del Código Penal y 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos de Niño, ya que respecto de ellos "...la condena debe aplicarse como 'último recurso' y por el 'período más breve posible'", conforme lo establecido en el citado fallo del Máximo Tribunal de la Nación, en sintonía con la normativa internacional que cita (v. fs. 99 y vta.).
Según interpreta la recurrente, si la Cámara sostuvo que respecto de A. había sido tenida en cuenta la rebaja de pena contemplada en el art. 4 de la ley 22.278, debió entonces justificar por qué ella no se refleja en la impuesta de diez años de prisión, puesto que "...el mínimo aplicable con la reducción es groseramente inferior" y resulta "...obligatorio" partir de ese extremo de la escala en el proceso de individualización punitiva (v. fs. 99 vta.). Por ello tilda de arbitrario y carente de fundamentación lo decidido sobre el monto sancionatorio y su modalidad de cumplimiento, en lesión de los principios de culpabilidad, especialidad e igualdad, por haberse omitido la disminución que correspondía en atención la norma indicada (v. fs. 99 vta. y 100).
También respecto de este segmento recursivo comparto el rechazo que propone el dictamen de la Procuración General, pues se compone de alegaciones ineficaces para evidenciar en el proceder de la Cámara el vicio de arbitrariedad denunciado (doctr. art. 495, CPP).
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil declaró a J. A. D. A., autor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y consideró necesario imponerle pena, la que fijó en diez años de prisión de cumplimiento efectivo, con la determinación de que permanecería en un centro acorde a su tratamiento, abordaje y resocialización, sin perjuicio del cambio de modalidad de internación que pudiera caber en vista de la evolución procesal de la presente (v. fs. 75 y 77, legajo de la sentencia originaria agregada por cuerda).
Para justificar la necesidad de la respuesta punitiva, a más de consultar la mayor entidad del bien jurídico vida vulnerado en el caso, hizo mérito de la actitud personal asumida por el joven infractor, que distinguió de las que pudieran ser producto de la inmadurez propia de la edad; la falta de razones o motivos suficientes para efectuar un disparo sobre seguro, por atrás y a la cabeza de la víctima; la elaboración de una coartada que no dio resultado por la actuación de la fiscalía interviniente; la formulación de amenazas a testigos y haber involucrado a terceras personas con posterioridad a la comisión del ilícito; la ausencia de un cambio de actitud serio durante el tiempo de tratamiento en que más allá de la "...conclusión única y final que no le convenía juntarse con cierta gente", no había utilizado ese marco para asumir la gravedad de su conducta que determinó la pérdida de un valor esencial como es la vida, y aunque "...no podía desconocer su actitud anterior y posterior al hecho, sobre ello no reflexionó ni se arrepintió" (fs. 74/75, íd.).
Establecida la necesidad de aplicar pena al joven A., el tribunal de mérito sentó también su convicción de brindarle una oportunidad de cambio y reinserción social, para lo cual, dada la escala incrementada en el caso por imposición del art. 41 bis al delito de homicidio del art. 79, ambos del Código Penal, resolvió aplicar los arts. 42 y 44 del mismo texto, que indica "...la reducción del mínimo en su medio y el máximo con la disminución de un tercio", base a partir de la cual estimó prudente individualizar la sanción en diez años de prisión, de acuerdo con los fundamentos vertidos en el veredicto y en el desarrollo de dicha cuestión (v. fs. 75 cit.).
En confronte con este contenido resolutorio, la defensa articuló su apelación con base en consideraciones genéricas, soslayando toda referencia concreta al conjunto de razones brindado por el órgano de grado en respaldo de la imposición de pena (v. fs. 10/11). Nada más expuso su parecer sobre que esa decisión no encontraba sostén en las constancias del expediente a las que hizo alusión -el tiempo que el joven llevaba privado de libertad y las contingencias que rodearon al hecho que darían cuenta de que determinadas violaciones normativas constituyen "...circunstancias cuasi cotidianas"- (fs. 10 vta.). En cuanto a la pena reducida por aplicación de las reglas de la tentativa su pedido estuvo ceñido a que fuese disminuida al mínimo de la escala -que precisó en cuatro años y seis meses de prisión- en función de los indicadores antes referidos, la falta de antecedentes del menor y la concurrencia de una familia presente (v. fs. 11, cit.).
En sentido contrario al postulado por la defensa, la Cámara determinó, en primer lugar, que el plexo de circunstancias sobre las que había discurrido la judicatura de grado justificaba adecuadamente la necesidad de imponer pena a A., temperamento que ratificó con el señalamiento de que a ese respecto la parte no había ensayado crítica alguna que permitiera conocer su discrepancia valorativa (v. fs. 23).
De modo que la denunciada arbitrariedad, por falta de fundamentación, carece de todo asidero. Igualmente resulta inatendible la crítica que novedosamente es desarrollada en esta sede extraordinaria en torno de algunas de las comprobaciones que cimentaron aquella decisión; pues tal como quedó expuesto y fue afirmado por el a quo , nada dijo la defensa en el escrito de apelación ni sobre los aspectos particulares que ahora objeta, ni respecto de ningún otro de los que integraron el complejo escenario estimado a los fines de motivar la necesidad de la respuesta punitiva (doctr. art 451, CPP).
Por otra parte, en cuanto atañe al control sobre la medida de la pena, la Cámara compartió las valoraciones que su antecesor estimó pertinentes a tales efectos; sin atenuantes, con la consideración de la agravante específica fundada en la modalidad comisiva del hecho ilícito y el comportamiento posterior asumido por el joven infractor, todo lo cual evidenciaba un alto grado de peligrosidad, se pronunció también por la procedencia de la escala reducida a tenor de las reglas
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