Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130573
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.573, "Pancere, Roberto Julio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 78.352 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 22 de agosto de 2017, rechazó por improcedente los recursos homónimos interpuestos por los -entonces- defensores particulares del señor Roberto Julio Pancere, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el abuso de la función, cargo y condición del sujeto activo y por el uso de arma de fuego (arts. 40, 41, 41 bis, 45 y 80 inc. 9, Cód. Penal; v. fs. 113/127, con relación a fs. 16/41 vta.).
La señora defensora adjunta ante ese Tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/142), el que fue concedido por la citada Sala (v. fs. 147/149).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 169/173), dictada la providencia de autos a fs. 174 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de juicio y el revisor consideraron probado que el día 28 de marzo de 2012 alrededor de las 21.00 hs. "...un sujeto del sexo masculino, integrante de la Policía bonaerense, y en ejercicio de funciones propias, circuló en el móvil n° 11.640 asignado a la Comisaría de General Rodríguez, seccional segunda, guiado por Héctor F. Ayesa y tras tomar conocimiento de la comisión de un hecho contra la propiedad por parte de dos sujetos cuya identidad era desconocida y que se desplazaban en una moto[...], iniciaron la búsqueda. Tras avistarlos en inmediaciones de las calles Centenario y en sentido a la ruta 197, se inició una prolongada persecución hasta las calles internas del Hospital Vicente López y Planes de Gral. Rodríguez, durante la cual se sumaron, en apoyo, dos móviles identificables. En dichas circunstancias, el sujeto activo que lideraba la fila de patrulleros, y era acompañante de Ayesa, extrajo [del móvil] al menos [...] su mano derecha, y sin que existiera riesgo alguno para su persona, su compañero y bienes, abusando de sus funciones y facultades que le otorga su condición de Policía, en distintas secuencias efectuó cuatro disparos con la pistola reglamentaria, calibre 9 mm. marca Astra, A- 100 n° Z-0037, el último de los cuales impactó en la espalda de quien posteriormente fue identificado como Matías Hernán Lobos, de diecisiete años, quien circulaba -en calidad de acompañante (y portando una mochila que contenía prendas de vestir que fueron atravesadas por aquél) en una moto marca Da Dalt, color negro, de 150 cc., sin chapa patente colocada, conducida por Lucas Emanuel Tolosa, de idéntica edad, a quienes perseguían, la cual había sido sustraída en idéntica fecha a José M. Toscano. Como consecuencia del impacto, Lobos cayó del vehículo mortalmente herido y minutos después fue aprehendido su compañero Tolosa, a bordo del vehículo ya descripto" (fs. 17 y vta., sent. de condena).
II. La defensa oficial del imputado Roberto Julio Pancere tachó de aparente la revisión del fallo de condena por parte del Tribunal de Casación Penal, pues a su juicio su pupilo actuó bajo la noción errónea de que estaba repeliendo una agresión ilegítima, y, por ende, encuadrable en los términos del art. 34 incs. 1 y 6 del Código Penal (v. fs. 138 y vta.). En segundo término, denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 9, Cód. Penal) y estimó que el hecho debió ser encuadrado como homicidio (art. 79, Cód. cit.; v. fs. 140 vta./141 vta.).
II.1. Sobre lo primero, señaló que "...en el curso de la persecución efectuada por el móvil policial a la motocicleta en la que circulaba la víctima y su compañero de fechorías, el propio conductor del patrullero Héctor Fabián Ayesa declaró en el debate que creyó que les estaban disparando y que, por tal razón, le pidió al encartado Pancere que efectuara disparos, en lo posible al aire para intimidar", situación que habría sido avalada por la declaración del testigo José M. Toscano, propietario de la moto sustraída, quien aportó a lo dicho que "...tenía un caño de escape que hacía bastante ruido...tiene un corte que empieza a largar explosiones, similar al ruido de tiros...", y que las personas que le habían rodado blandieron "...armas de fuego" (fs. 139).
Consideró que "...el error [...], por su sola concurrencia debe conducir a un menor grado de reproche normativo pues se trata de un acto viciado en el conocimiento del carácter antijurídico por la falsa suposición de una situación objetiva de justificación" (fs. 140).
Por lo expuesto solicitó que se aplique el art. 34 incs. 1 y 6 del Código fondal, pues su asistido obró en legítima defensa putativa de su integridad física.
II.2. Respecto a lo segundo, indicó que la plataforma fáctica que se describe en la sentencia permite determinar que "...en lugar del abuso de la función o cargo exigida por la figura del art. 80 inc. 9 del C.P. que se le imputa, sólo hubo exceso en la acción" (fs. 140 vta.).
Luego de citar doctrina en sustento de su postura, alega que en la configuración del delito calificado se exige "...la presencia de un componente subjetivo especial, un elemento del ánimo que implica la finalidad del autor de prevalerse de la función o cargo para la realización de la conducta homicida", circunstancia esta que no se advierte en el obrar de Pancere (v. fs. 141 y vta.).
En definitiva, peticiona mudar la calificación legal de homicidio calificado (art. 80 inc. 9, Cód. Penal) por la de homicidio (art. 79, Cód. Penal; v. fs. 141 vta.).
III. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 169/173).
IV. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en que el medio revisor no es procedente.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que el recurrente pese a cuestionar la aplicación de la ley sustantiva, los argumentos plasmados en la impugnación se encuentran dirigidos a la valoración probatoria a través de la cual se corroboró la plataforma fáctica imputada, y solo transitivamente a la significación jurídica de la misma. Aquella temática -relativa a la fijación de los hechos y su prueba- resulta ajena al conocimiento de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria emprendida, conforme las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que las críticas contra el decisorio en crisis, además de no controvertir todos y cada uno de los fundamentos vertidos por la casación, no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (doctr. art. 495, CPP).
IV.2.a. Con relación al primer agravio, y ante análogo planteo llevado, el Tribunal de Casación Penal (v. recurso de fs. 68/85 vta.) hizo alusión a los testimonios brindados por José Miguel Toscano -víctima de la sustracción de la motocicleta-, Ana Rosa Buchammer y Rocío Sánchez -víctimas de otro hecho protagonizado por Lobos y Tolosa previo al suceso de autos-, como también al de Griselda del Valle Fernández -madre del fallecido Lobos-, quien contó que en la Comisaría tomó conocimiento que su hijo había sido abatido en una persecución y su acompañante detenido (v. fs. 115 vta. y 116). Indicó que los primeros tres testigos mencionados reconocieron el revólver calibre 38 corto utilizado por la dupla que los damnificara en los hechos, complementando dicha prueba con la documental, pericial e informativa, incorporada por su lectura al debate (v. fs. 116).
Dijo que la participación responsable de Pancere en el hecho estuvo sustentada "principalmente" en el relato de Héctor Fabián Ayesa, conductor del patrullero en el cual se trasladaba el imputado, quien expuso su versión de los hechos de un modo detallado y "creíble" (fs. cit.).
Refirió a la valoración que hizo el sentenciante de origen de la declaración brindada por el citado testigo quien "... no obstante el notorio nerviosismo evidenciado, harto entendible por su deber de reeditar hechos propios de su labor funcional que incluyeron -nada menos- que el quehacer de su compañero de cuadrícula y la descripción de la muerte de un joven", impresionó por "...veraz, claro, preciso y contundente", exhibiendo conexidad con el resto de las pruebas documentales y periciales invocada en la cuestión primera (v. fs. 116 y vta.; el destacado figura en el original).
Indicó que, en igual cuestión, su antecesor descartó las manifestaciones brindadas por Agustín A. Gastiasoro (perito en rastros dactiloscópicos), Gabriel Vallejo (balístico), por el Sargento Sebastián R. Gorza, la Oficial Emilia Giselle Sandoval, Miriam Mirta Escames (titular de la Delegación de Policía Científica) y por el Subteniente Juan Pablo Jahuel, al considerarlos reticentes al deponer y hacer alusión a un "...no recuerdo" (fs. 116 vta.). Finalmente, tildó los dichos vertidos por el imputado en sus declaraciones, a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, de mendaces y procurar una versión justificada de su actuar.
Señaló que para descartar la legítima defensa propiciada por la defensa se tuvo en cuenta en la sentencia que el disparo que recibió la víctima había sido realizado a unos diez metros de distancia, de espaldas a Pancere y en señal de fuga; que el revolver incautado en el bolsillo del pantalón de Matías Hernán Lobos carecía de proyectiles y vainas servidas; que la víctima y su compinche de fechorías exhibieron una única arma de fuego al sustraer la motocicleta y luego al abordar a las dos mujeres -testimoniales de las víctimas de los hechos contra la propiedad que antecedieron al evento en análisis-; que en el hecho en que resultara víctima Toscano, efectuaron un disparo pero no egresó el proyectil; que el conductor del móvil Héctor Fabián Ayesa no oyó -por hallarse activadas la sirena y la radio del móvil- ni observó la existencia de disparo alguno por parte de los tripulantes de la moto que perseguían (v. fs. 117 y vta.).
Por otro lado, avaló la circunstancia de que el imputado no se hallaba en una situación de "...razonable e inminente peligro para su vida e integridad física ni [...] la [...] de su compañero Ayesa", y que, la conducta asumida por Pancere -distancia desde la cual efectuó el disparo-, contando con la iluminación proporcionada por las ópticas delanteras de la camioneta policial, y la zona corporal hacia la que fue dirigido "...mitad de la espalda", ilustra que "...no procuró disuadir a los sujetos a los que perseguían, de desistir de la fuga emprendida". Desechó además la hipótesis de que los jóvenes estuvieran armados -con arma apta para el disparo-, ello a partir del resultado negativo de la pericia de dermotest (v. fs. 117 vta. y 118).
Consideró también que el imputado era un efectivo con más de quince años de experiencia en la institución, y que a pesar de ello no sopesó la jerarquía de bienes jurídicos protegidos en dicho momento –vida, propiedad-; que para tal quehacer usó su arma reglamentaria de calibre de guerra provista por el Estado; que tripulaba un móvil policial cuyos cristales estaban blindados; y que a la persecución se sumaron dos móviles que hubiesen posibilitado, a partir del ingreso de la moto al predio del Hospital de General Rodríguez, montar un accionar cerrojo; en dicho contexto razonó que el imputado "...lejos estuvo de defenderse de una agresión ilegítima" (fs. 118 y vta.).
En cuanto al error invocado por la parte, el tribunal a quo dijo que "...no se presentó un caso de agresión ilegítima, y que -contrariamente-, los disparos fueron plurales, innecesarios, consecutivos y al menos el último voluntariamente direccionado a una zona vital de la humanidad de Lobos, y efectuados en uso de su arma reglamentaria pese a tratarse del último recurso para disuadir a una persona, conforme normativa vigente", con lo que "...no se configuró una suposición errónea de los presupuestos fácticos de una causal de justificación, toda vez que Pancere fue falaz en el punto", tildándolo de mendaz por decir que fue "...agredido con el arma de fuego que aquél portaba" (fs. 119).
Por otro lado, los dichos de Ayesa fueron calificados como "...creíbles", "...claro y preciso en tramos esenciales del evento", versión que fue complementada con la restante prueba producida en juicio e incorporada por lectura -documental y pericial- (v. fs. 120).
Afirmó el a quo que los argumentos desarrollados por el quejoso eran ineficaces en tanto había fragmentado el plexo probatorio, otorgándole un valor diverso al asignado por el sentenciante de origen, no demostrando con ello que el razonamiento de aquél estuviera viciado o hubiera incurrido en arbitrariedad (v. fs. 120 vta. y 121).
En definitiva, sostuvo que "...no existió agresión contra el imputado ni aún contra terceros, la exclusión de la justificante aparece ajustada a los hechos que se tuvieron por probados no concurriendo [...] directa inobservancia del art. 34 incs. 6 o 7 ni del art. 35 del CP, figura ésta que también requiere la previa existencia de una situación de defensa" (fs. 121 vta.).
Asimismo, consideró correctamente descartada la hipótesis de una legítima defensa putativa alegada por la defensa, pues conforme los hechos probados, no podía afirmarse que la conducta de Pancere hubiera estado guiada por una falsa representación de repeler una agresión que suponía erróneamente estaba aconteciendo, y que los datos fácticos de la parte fueron apropiadamente descartados por el juzgador (v. fs. 122).
Con lo cual, descartado el error generador de la legítima defensa putativa, el a quo tuvo por desplazado el juicio de evitabilidad de tal yerro, como así de sus consecuencias punitivas (v. fs. 122 vta.).
IV.2.b. En suma, tal como se adelantó, fuera de exponer su divergencia con la forma en que resultó desestimada la existencia de error en el obrar del imputado, el recurrente no logra demostrar la existencia de vicios que descalifiquen el pronunciamiento atacado ni que la revisión encarada pueda ser tachada de aparente o con sustento en generalidades (conf. art. 495, CPP).
IV.3.a. Tampoco prospera el segundo agravio.
El Tribunal de Casación Penal confirmó la calificación legal de la instancia de origen (art. 80 inc. 9, en función del art. 41 bis, ambos del Cód. Penal; v. fs. 123).
Sostuvo que la condición de miembro integrante de la Policía Bonaerense -Oficial con jerarquía de Teniente, con quince años de antigüedad y experiencia en la institución que poseía Pancere al momento del hecho-, surge del expediente administrativo labrado por el Ministerio de Seguridad con motivo del hecho y de los dichos del propio imputado (v. fs. 123).
Señaló que para el tribunal de juicio el dolo homicida se verificó a partir de evaluar plurales indicios, entre ellos, que el imputado efectuó cuatro disparos con un arma de fuego de uso civil condicional (de guerra y reglamentaria), que contaba con la iluminación proporcionada por las ópticas delanteras de la camioneta policial, y que el último de dicha secuencia fue realizado desde una distancia de unos diez metros dirigido a una zona vital de la humanidad de la víctima -mitad de la espalda del joven-. En virtud de ello, estimó que Pancere sabía y conocía al momento del hecho que dicho disparo en la zona de referencia podía causar la muerte de Lobos, y así aconteció (v. fs. 123 y vta.).
Con relación al abuso de la función, cargo o condición del sujeto activo de la figura aplicada, el tribunal revisor coincidió con el sentenciante de mérito en que tal extremo que agrava al homicidio "...deberá aplicarse cuando la persona esté en el cumplimiento de su función, abusando de la misma", y ello se verifica a partir del modo con que debe proceder el personal policial de acuerdo a las específicas mandas normativas que rigen la materia (art. 13 inc. "f", ley 13.482 -unificación de las normas de organización de las Policías de la Provincia-), en cuanto determina que uno de los principios básicos a los que debe adecuarse la conducta de un miembro de la policía es "...ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar" (fs. 123 vta. y 124).
Y que, a su vez, el inc. "i" del citado artículo y ley señala que se deberá recurrir al uso de armas "...solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación", o cuando "...exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad" (fs. 124).
Para el órgano casatorio quedó en claro que Pancere -efectivo policial con más de quince años de experiencia en la institución-, no sopesó la jerarquía de bienes jurídicos protegidos -vida, afectación de la propiedad-, por cuanto lo peor que podría haber ocurrido era que ambos jóvenes se escaparan, verificándose un claro corrimiento de aquella manda, y con ello la incursión en el abuso reclamado por la figura penal en tanto que "...el imputado quitó la vida de Lobos, actuando como miembro de la policía, en funciones específicas de tal, sabiendo que debía sujetarse a la ley, vulnerando ésta y actuando del modo indicado, pretende ampararse en ella" (fs. 124 y vta.).
En definitiva, convalidó la calificación escogida por el sentenciante de origen por encontrarla ajustada a derecho, desestimando el abordaje del encuadre alternativo (v. fs. 124 vta.).
IV.3.b. De la reseña efectuada, se desprende que el a quo confirmó fundadamente el encuadre legal aplicado en origen dando por acreditado los elementos del tipo previsto en el art. 80 inc. 9, en función del art. 41 bis, ambos del Código Penal, brindando las razones que lo llevaron a apartarse de la postura planteada por la defensa.
Frente a ello, el contenido de la impugnación -que supone la mera expresión de una posición discrepante- no consigue desvirtuar los fundamentos empleados para justificar la aplicación de la citada normativa, evidenciando de tal modo la ineficacia del planteo para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
IV.3.c. Por lo demás, lo que caracteriza a este homicidio calificado es la calidad especial del sujeto activo -"...miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario"- y el hecho de obrar abusando de su función o cargo, sin que el recurrente haya demostrado que el hecho, tal como quedó corroborado, no se ajuste a las exigencias de la figura aplicada (art. 495, CPP).
Además, en lo que atañe al elemento subjetivo, en función de lo que antecede debe convalidarse el razonamiento del tribunal casatorio, pues -según aquél- Pancere realizó disparos con
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