Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128846
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la señora defensora particular de Julio Orlando Acosta -doctora Marisa Alejandra Boquete- obrante a fs. 50/57 vta. (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°827
P. 128.846-RC - “Acosta, Julio Orlando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 25.386 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.846-RC, caratulada: “Acosta, Julio Orlando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 25.386 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I”,
1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, el 23 de marzo de 2017, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Julio Orlando Acosta contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que había confirmado la decisión del Juzgado Correccional N° 1 departamental que condenó al nombrado a la pena de treinta días de arresto, multa de cincuenta salarios mínimos de un agente de la administración pública, costas y clausura del local por el término precitado, por resultar autor responsable de la falta prevista y reprimida por el art. 4 inc. 1° a) de la ley 13.470 (fs. 80/82).
Para arribar a tal decisión, en primer lugar afirmó que el remedio extraordinario resultaba formalmente improcedente porque no abastecía las exigencias del art. 494 del C.P.P. (fs. 81).
De seguido, mencionó la doctrina de este Cuerpo por la que se estableció que “aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (...) el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14 de Ley 48), conforme lo [decidido por] la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de los precedentes ‘Strada (Fallos 308:490), ‘Di Mascio’ (Fallos 311:2478) y ‘Christou’ (Falos 310:324), entre otros…” (fs. cit.).
Sentado lo anterior, entendió que la defensa expuso “de manera concreta la existencia de conculcación de garantías de raigambre constitucional, tales como el debido proceso y defensa en juicio por cuanto sostuvo que se privó a su asistido del derecho a un juicio basado en una ley procesal vigente” (fs. 81 vta.). En consecuencia, precisó que “siendo que lo que se cuestiona es el resultado de la aplicación de normas de procedimiento penal que se consideran en franca contradicción con garantías constitucionales reconocidas, vislumbrándose […] como causal suficiente para admitir la excepcionalidad que el art. 494 del rito requiere, es por lo que corresponde admitir ante el superior el remedio extraordinario pretendido…” (fs. cit.).
Por otra parte, desestimó el recurso extraordinario de nulidad deducido por no encontrarse presentes ninguno de los supuestos contenidos en la ley para su procedencia.
2. La impugnación debe declararse mal concedida (art. 486 del C.P.P. a contrario sensu ).
a. De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que únicamente se analizará el embate por el cual fue concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad (afectación del debido proceso y defensa en juicio por cuanto sostuvo que se había privado a su asistido del derecho a un juicio basado en una ley procesal vigente) ya que el auto de admisibilidad fue consentido por la defensa (v. informe de fs. 96 y las notificaciones obrantes a fs. 91 y 94).
b. En ese sentido, si bien es cierto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el remedio impugnativo adecuado para el tratamiento de los planteos constitucionales que pudieran estar involucrados (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional), cabe señalar la Alzada no advirtió que los argumentos reseñados en el párrafo anterior no fueron llevados a conocimiento y resolución del tribunal intermedio en la oportunidad procesal pertinente.
En rigor, el agravio concerniente a la afectación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio por haberse privado al imputado del derecho a un juicio basado en una ley procesal vigente no fue introducido en la primera oportunidad posible en el curso del proceso, situación que obsta su atendibilidad (cfe. C.S.J.N., “Martínez, Walter L., Godoy, María Angélica y Galli, Miguel L. s/ falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -causa 3255/08-" M. 88. XLV; RHE; 12/04/2011).
Ello es así, en tanto el planteo no fue llevado a conocimiento del Tribunal intermedio en la impugnación respectiva (v. fs. 10/15 vta.) por lo que la falta de planteamiento de tales temáticas importa su falta de introducción oportuna.
3. En suma, mantienen plena aplicación los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P., en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretensa índole federal permite descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que conduzca a desplazar dicho precepto local, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la señora defensora particular de Julio Orlando Acosta -doctora Marisa Alejandra Boquete- obrante a fs. 50/57 vta. (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia