Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128840
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial (arts. 494, 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°857
P. 128.840-RC - “Gómez, Marcelo Armando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 78.494 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 23 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.840 RC, caratulada: “Gómez, Marcelo Armando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 78.494 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 9 de febrero de 2017, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Marcelo Armando Gómez contra la resolución dictada por ese mismo órgano que, a su vez, desestimó la queja contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora que declaró inadmisible el recurso de casación incoado contra la confirmación de la denegatoria de excarcelación (fs. 86/89).
Para arribar a tal pronunciamiento, indicó que la desestimación del pedido de excarcelación es equiparable a sentencia definitiva (art. 482 del C.P.P.).
De seguido, afirmó que si bien no se cumplieron las exigencias del art. 494 del C.P.P., la defensa desarrolló agravios de índole federal con la suficiencia y carga técnica necesaria (violación del principio de legalidad y apartamiento del criterio sentado por la C.S.J.N. en el fallo “Méndez Nancy Noemí”).
Por tales motivos, estimó que corresponde sortear las limitaciones impuestas por el art. 494 cit. (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional) y declarar la admisibilidad del carril en cuestión (art. 14 de la ley 48).
2. Más allá de la defectuosa técnica jurídica empleada por el Tribunal de Casación Penal al desestimar el recurso de queja contra la desestimación de excarcelación (v. resolución de fs. 57/64), en tanto utilizó argumentos lógicamente incompatibles entre sí (por un lado, expuso motivos de inadmisibilidad -afirmó que la confirmación de la denegatoria de excarcelación no encuadra dentro del art. 450 del C.P.P.- y, a pesar de ello, abordó la procedencia del reclamo -resolvió que el art. 7 de la ley 24.390 no puede aplicarse a las penas de reclusión- para, finalmente, declarar inadmisible la impugnación de hecho), a los fines de no dilatar el trámite de la presente causa (art. 2 del C.P.P.), se analizará sin más trámite la procedencia del reclamo (art. 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
3. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no puede prosperar (art. 496 del C.P.P.).
a. De la lectura del libelo impugnativo (fs. 77/85 vta.) surge que la defensa oficial denunció que los argumentos en base a los cuales el Tribunal de Casación penal confirmó la denegatoria de excarcelación por juzgar que no resultaba aplicable el art. 7 de la ley 24.390 a la pena de reclusión (v. resolución de casación a fs. 57/64) violó el principio de legalidad e incurrió en arbitrariedad al apartarse injustificadamente de lo resuelto por el Máximo Tribunal nacional en el precedente “Méndez Nancy Noemí”, entre otros (art. 18 de la C.N. -fs. 82/vta.-).
Alegó que no puede considerarse que la pena de reclusión esté vigente pues no existe ninguna distinción entre ésta y la de prisión en lo que hace a su modo de cumplimiento y ejecución. De allí que -según la defensa- el cómputo de la pena debe ser idéntico “más allá del nomen iuris de la pena dictada”. Destacó que la Alzada no alegó razones novedosas para apartarse del criterio sentado en el citado fallo jurisprudencial de ahí que el temperamento adoptado es arbitrario (fs. 82 vta./83).
b. Tal como se adelantara, el planteo de la parte no puede tener acogida favorable.
En efecto, tiene dicho este Tribunal que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y -por ende- de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno ponen en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo (arts. 13, 26, 44, 46 del Código Penal) dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello, y el mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, demuestran que siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (conf. arts. 13, 26, 44 y conc. del C.P.; doct. P. 102.332 sent. del 22/IV/2009; P. 103.198, sent. del 28/10/2009; e.o.).
También se ha sostenido que no puede, sin más, extenderse a los condenados a la pena de reclusión el denominado cómputo privilegiado que contemplaba para los de prisión y luego de los dos años de encierro en prisión preventiva, el art. 7 de la mencionada ley 24.390. Lo resuelto a partir del precedente P. 68.706, en cuanto a que cada día de encierro en cautelar preventiva -sea ésta prisión o reclusión- equivale a un día de privación legal de la libertad (el cómputo resulta análogo en ambos casos de pena) no significa que con ser ello cierto deba aplicarse -casi como consecuencia natural- esa forma de cómputo privilegiado (ref. al denominado 2 x 1) a quienes están condenados a pena de reclusión. No sólo porque no surge del texto de la ley (en todo caso lo contrario), sino porque el sustento de la equiparación hecha con relación a la otrora diferenciación que rezaba el art. 24 de la ley sustantiva estaba dado porque era incongruente -de ahí su falta de razonabilidad, art. 28 de la Constitución nacional- el "modo de computar en forma más gravosa el tiempo insumido en prisión preventiva que el correspondiente al cumplimiento de pena" (P. 68.706, cit.).
Dicho de otro modo, una cosa es que dos días de prisión preventiva con pena de reclusión sean ponderados como un día de encierro, y otra muy distinta es que cada día de encierro efectivo, luego de transcurridos los dos primeros años en preventiva, deban necesariamente ser contados dobles (conf., mutatis mutandi , P. 106.883, res. del 15/VI/2011).
Como señaló el Juez Pettigiani al votar la causa P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sent. del 1/IX/2010, la razonabilidad de dicho cómputo diferenciado para uno y otro caso aparece resguardada en cuanto se fijó que “siempre” un día de encierro sea -y lo siga siendo- un día de encierro y no, como era antes, un cómputo al cincuenta por ciento, sumado a que durante ese cómputo regía el principio de inocencia. Lo contrario podría desnaturalizar la vigencia con relación a las diferencias que se mantienen entre ambas especies de pena (art. 5 C.P.)
De otro lado, no es verdad que dicha pena más gravosa no tenga la compensación que preveía la ley 24.390 para la morosidad judicial, pues la compensación que otorga el citado art. 7 -uno por uno para la reclusión desde los dos años de prisión preventiva- queda definitivamente adquirida y la circunstancia de que con posterioridad la jurisprudencia de esta Corte haya subsanado la invalidez constitucional que aquejaba a la parte del cómputo atinente a los dos primeros años de detención, no significa restar eficacia al beneficio consagrado con anterioridad por la mentada ley 24.390, sino mantenerlo (cf. voto del Juez Hitters en el precedente citado).
De manera que, vigentes los criterios diferenciadores entre ambas especies de pena, nada impide que se otorguen a unos -los condenados a prisión- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación -los condenados a reclusión- (arg. arts. 16 y 28, C.N., conf. doct. P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sent. del 1/IX/2010 citada; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial (arts. 494, 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia