Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 121783
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 121.783, "Monterrosa, María de los Ángeles particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 54.316 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Sergio Chaile, Eduardo Martino y José Pedroso".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de agosto de 2013, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la particular damnificada junto con sus representantes legales- contra el veredicto absolutorio emitido por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, respecto de Sergio Ernesto Chaile, José Manuel Pedrozo y Eduardo Humberto Martino en orden a los delitos de tortura seguida de muerte, omisión de evitar el delito anterior y omisión funcional, respectivamente (arts. 144 tercero inc. 2, 144 cuarto inc. 1 y 144 quinto, Cód. Penal) (v. fs. 180/205 en función de fs. 48/95).
Frente a lo así resuelto, se alzó la particular damnificada María de los Ángeles Monterrosa-, junto a sus representantes legales los doctores Manuel E. Larrondo, Javier Marcelo Percow y Margarita Jarque, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 266/178, el que fue concedido por esta Corte a fs. 283/285.
A fs. 287/290 consta el dictamen de la Procuración General, aconsejando que se haga lugar al recurso, dictada la providencia de autos (v. fs. 291) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, se alzó la particular damnificada María de los Ángeles Monterrosa- y sus representantes legales mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunciaron una errónea y absurda valoración de la prueba (v. fs. 266/278).
El hecho objeto del juicio que se describirá más adelante-, según fue materia de acusación, habría consistido en el abuso sexual con acceso carnal vía anal y la muerte por medio de fuego del interno Luis Angel Gorosito, alojado en una celda de aislamiento en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En la impugnación interpuesta ante esta instancia los recurrentes, con cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegaron que "Los elementos probatorios recolectados en la causa evidencian no solo, que el personal del servicio penitenciario dificultó una apropiada investigación, sino que pretendió y procuró, a través del empleo de diversos ardides [...] alterar las huellas del delito" (fs. 269). En tal senda, señalaron que la zona bajo investigación no fue precintada; que no se secuestraron las prendas de la víctima para su análisis; que los libros de registros diarios contenían falsedades ideológicas; que en el libro del encargado Chaile no se asentó el hechoígneo, existiendo borrones y sobre impresiones no subsanadas; se registró el traslado de Gorosito a sanidad pero sin especificar el motivo; que en el libro de control se obvió el hechoígneo y sus secuelas; que en el libro de sanidad se prescindió del registro de las razones de su atención primaria; que en el libro de monitoreo a cargo de González se inscribió el mismo suceso en dos oportunidades y en horarios diferentes; que el video que registraba los movimientos del pabellón respectivo fue adulterado, conforme lo expuso el perito Raggio, entre otras (v. fs. 269 vta. y 270).
Consideraron que tales circunstancias evidenciaron una confabulación que pretendió ocultar todo rastro o vestigio inculpante y que el Tribunal "...soslayó el estudio y resonancia probatoria de dicha manipulación en el contexto de las falsedades instrumentales observadas en los libros de registro", en especial teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en un lugar cerrado al exterior y que las maniobras estuvieron a cargo de funcionarios estatales (v. fs. 270 y vta.).
I.1. En un primer término, cuestionaron el mérito asignado a los testimonios brindados por los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense pues las actuaciones reunidas revelaban según dijeron- que sus miembros poseían un interés directo (o indirecto) en el resultado de la causa y que la adulteración y la supresión deliberada a que se vieron sometidas las pruebas es una palmaria muestra de ello. Manifestaron que "Los testimonios de los compañeros de fuerza de los imputados, se inscriben en este ardid de la verdad. Es erróneo y absurdo apreciarlos ajenos a tales acontecimientos" (fs. 271 y vta.; el destacado figura en el original). Invocando el Segundo Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en esa materia en Colombia, afirmaron que el falso espíritu de cuerpo fue el principal obstáculo para que se descubriera la verdad (v. fs. 272).
I.2. De otro lado, los recurrentes aludieron al origen de las quemaduras de Gorosito, resaltando las declaraciones prestadas en la audiencia por los doctores García Olivera y Creimer de la Asesoría Pericial y, como contrapartida, cuestionando lo dicho por la perito Cabrera, quien realizó la autopsia en su calidad de integrante de la policía científica (v. fs. 272/273).
Los impugnantes reseñaron que, según los dos primeros, las quemaduras tenían forma de reguero, lo cual es compatible con que la ignición hubiera empezado por líquidos (v. fs. 272 y sigs.), a contrario de la conclusión de la doctora Cabrera, quien entendió que las quemaduras fueron provocadas por fuego libre y no a partir de líquidos. Los letrados objetaron esta última conclusión señalando contradicciones y cuestionando la solvencia técnica de ese dictamen.
También se refirieron a la declaración del bombero Villalba, indicando la particular damnificada que dicho perito no había podido determinar el origen del fuego ni descartar la posibilidad material de que el acontecimientoígneo hubiera tenido inicio simultáneo en el colchón y en el cuerpo de la víctima (v. fs. 273 y vta.).
Además, señalaron que la Casación eludió considerar que el líquido inflamable que se podría haber utilizado para rociar el cuerpo de Gorosito fuera alcohol, el cual según los dichos de Villalba no deja rastros (v. fs. cit.).
I.3. Asimismo, se alzaron contra lo resuelto por el a quo en punto al presunto consentimiento prestado por la víctima para mantener relaciones sexuales (v. fs. 274 y sigs.).
La parte reseñó que, según el a quo, Gorosito "...mantuvo trato sexual, por acceso carnal contra natura, en forma reciente a su deceso, ya que se encontró semen en la cavidad anal del occiso, cuya duración en dicho ámbito va de las 24 a 72 horas, lo cual se enlaza armónicamente con las lesiones de reciente data detectados en el ano" (fs. 274).
Continuaron los recurrentes citando a la Casación en cuanto dicho Tribunal aseveró que de tales circunstancias no podía inferirse un acto impuesto a la víctima, pues Gorosito tenía "...un hábito crónico" en materia de conducta sexual, lo cual según el Tribunal de Alzada generaba una duda acerca de que se hubiera tratado de un acto no consentido.
Más aún citaron los recurrentes- para la Casación incluso si se tomaran en cuenta las lesiones en la vejiga y su origen violento, tampoco podría desecharse que hubo libre consentimiento.
Para controvertir tal razonamiento la particular damnificada se refirió a las reglas de interpretación adoptadas por órganos jurisdiccionales internacionales (Estatuto de Roma y Estatuto para la ex Yugoslavia) para el supuesto de abuso sexual en los casos de encierro, de los cuales surgen los principios que rigen para determinar si existió consentimiento en tal situación (v. fs. 274/275 y vta.).
Para confrontar tales principios con las conclusiones del órgano intermedio, los recurrentes insistieron en que el Tribunal dio por cierto que el acto sexual y las lesiones anales tuvieron data entre veinticuatro y setenta y dos horas previas a la materialización de la autopsia; que Gorosito ingresó a la Unidad Penitenciaria n° 29 una semana antes de los hechos que dieron inicio a la presente y que el mismo se hallaba alojado en una celda individual, en el pabellón de separación por mala conducta, impedido de tener contacto con otros internos (v. fs. 275 vta.).
Finalmente, la parte argumentó que la Casación puso en duda la violencia sexual ejercida sobre Gorosito, a pesar de su encierro, con base en que a tenor de las lesiones anales de antigua data se infería un patrón de conducta sexual de la víctima que imponía dudar sobre su falta de consentimiento (v. fs. 276). Según los recurrentes, por todo lo ya dicho, esta conclusión del juzgador "...hiere la razón y viola las máximas de la experiencia universal (doctrina internacional)", en especial porque con los únicos sujetos con los cuales el interno pudo haber tenido contacto fueron miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que el fallo alienta prácticas indebidas y se aparta de las leyes del pensamiento (v. fs. 276 y vta.).
I.4. Asimismo, se ocuparon del dictamen pericial de los doctores García Olivera y Creimer en el contexto de la supresión de prueba y del abuso sexual y alegaron que es allí, en los actos ilegales de ocultamiento, simulación y abuso sexual, donde el dictamen médico de los profesionales mencionados adquiere su real dimensión y relevancia probatoria por estar lógicamente fundado y ser ajeno a tales maniobras.
Teniendo en cuenta que ilícitos como los aquí investigados se caracterizan por el intento de suprimir todo rastro probatorio, resaltan que la prueba indiciaria es de especial importancia (v. fs. 276 vta. y 277).
I.5. Por todo ello, peticionaron que esta Corte case el fallo del Tribunal de Casación por valoración absurda de la prueba producida y ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento (v. fs. 277).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General a fs. 287/290 en que el recurso debe prosperar.
Entre otras argumentaciones, la Procuración General consideró dogmática la justificación de dar prevalencia a las conclusiones de la perito Cabrera; señaló que el perito bombero Villalba no descartó la posibilidad de que la víctima primero hubiera sido rociada con alcohol y luego se iniciara el fuego dentro de la celda; que si las grabaciones de video tenían un salto, que no podía descartarse obedecieran a la actuación de un operador humano según dijo el perito Raggio, entonces no era consistente considerar creíble el relato de Gonzáles ya que era quien tenía a cargo el sistema; que también eran atendibles las objeciones acerca de la credibilidad de los restantes agentes penitenciarios; que se minimizaron tanto los datos referidos a un acceso sexual no consentido en virtud de las particulares circunstancias de contexto como los referidos a irregularidades en materia de prueba.
III. Corresponde aclarar que, mediante la resolución de fs. 283/285 la impugnación fue concedida en virtud de la invocación de agravios federales, la parte ha denunciado que se incurrió en el vicio de absurdo, supuesto en el cual por vía de excepción también se abre la competencia de esta Corte en materia probatoria la que, por regla, le está vedada (doctr. art. 494, CPP; conf. causa P. 93.125, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
En ese marco de excepción, las argumentaciones de la parte son idóneas para demostrar el déficit alegado.
IV. Liminarmente, cabe efectuar una reseña de las principales consideraciones que emergen de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 48/95).
Allí se dio cuenta que en la oportunidad de formular su alegato la señora fiscal doctora Silvina Langone dio por acreditado que "...en horas de la tarde del 24 de Abril de 2004, el interno de la Unidad Penitenciaria N° 29 [...] de Melchor Romero, partido de La Plata (Pcia. de Bs. As.) Luis Ángel Gorosito Monterrosa, quien se encontraba privado de su libertad alojado en el Pabellón N° 3, Celda N° 10 de esa Unidad penitenciaria, fue abusado sexualmente mediante penetración anal, y posteriormente rociado con un líquido inflamable prendiéndolo fuego, produciéndole lesiones en un sesenta por ciento de su superficie corporal, falleciendo dos días después a consecuencia de las mismas [...] que a ese momento el imputado Juan Manuel Pedrozo se encontraba cumpliendo funciones como Inspector de Vigilancia, en tanto Sergio Ernesto Chaile resultaba encargado de Pabellón 3 de dicha Unidad que sirviera de escenario a la ilícita maniobra [...], informando luego Pedrozo a sus superiores, tergiversando los hechos, que la víctima Gorosito había dado inicio al fuego con intención de autolesionarse" (fs. 52 vta. y 53).
La señora fiscal interviniente consideró que Chaile debía responder por tortura seguida de muerte, a tenor del art. 144 tercero inc. 2 del Código Penal, solicitando la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Respecto de Pedrozo, pidió se lo condenara por el delito antes señalado conforme el art. 144 cuarto inc. 1 del Código fondal y se le impusiera la pena de diez años de prisión e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. Finalmente, respecto de Martino, en su carácter de director de la unidad carcelaria, le imputó el delito contemplado en el art. 144 quinto del Código citado, pero requirió la prescripción de la acción penal, la cual fue rechazada conforme surge del tratamiento brindado en la cuestión previa de la sentencia (v. fs. 48/51 vta. y 53 y vta.).
Por su parte, el representante de la particular damnificada doctor Javier Marcelo Percow-, afirmó que los tres imputados debían responder por el delito de tortura seguida de muerte, conforme el art. 144 tercero inc. 2 del Código Penal, por haber intervenido "...desde la óptica de la coautoría funcional" o de una "...fragmentación autoral" (fs. 53 vta. y 54).
Seguidamente, en la sentencia absolutoria del tribunal de juicio se destacó el poder de convicción del dictamen elaborado por la médica de la policía científica doctora Silvina Cabrera profesional que posteriormente se incorporó a la Asesoría Pericial departamental, según fs. 57 vta.- quien practicó la autopsia a la víctima. Ante las conclusiones contrapuestas de dicha perito (y del de parte, por uno de los acusados, doctor Castagno) con las obtenidas por los médicos de la Asesoría Pericial doctores Emma Creimer y Miguel García Olivera y la especialista histopatóloga perito de policía doctora Claudia Delgiorgio, acerca de si hubo violencia en el acceso carnal de Gorosito, el juzgador otorgó mayor mérito a la primera debido a que la doctora Cabrera tomó contacto con el cadáver al realizar la autopsia, mientras que los médicos Creimer y García Olivera se habían expedido únicamente en base a las fotografías del cuerpo (v. fs. 55 y sigs.).
Por lo tanto, el tribunal de juicio aun cuando sostuvo que hubo lesiones anales tanto según la doctora Cabrera como según la doctora Delgiorgio-, teniendo en cuenta que la primera consideró que podían deberse al uso de una sonda y no a violencia sexual y, además, a que las había tanto de antigua como de reciente data, infirió: "Queda claro que, con lo consignado, no puede afirmarse de manera categórica y con fidedigna certeza, que haya mediado 'abuso sexual con acceso carnal'. Sí, reitero, un acto sexual [...] acerca de cuya violencia, tampoco puede afirmarse categóricamente una ausencia de consentimiento, toda vez que eventualmente- puede resultar el producto del acto propio en zona contra natura, máxime aún, la afirmación de la perito médica autopsiante, del 'hábito crónico' que denotó el fallecido" (fs. 60).
A continuación se ocupó de las heridas por quemaduras recibidas por el interno Gorosito que provocaron su fallecimiento y al evaluar los dictámenes periciales nuevamente contrapuestos en este punto- consideró que el brindado por la médica autopsiante, doctora Cabrera, tenía mayor poder de convicción. Dicha facultativa sostuvo la hipótesis de que las quemaduras se produjeron por fuego libre (lo cual habilitaba la conclusión de que fue el propio Gorosito quien lo inició, incendiando el colchón), mientras que según los peritos Creimer y García Olivera la forma de reguero que advirtieron en las quemaduras obedecería al derrame de un líquido combustible (lo cual conduciría a la hipótesis de que fueron terceros quienes lo iniciaron, señalando incluso que Gorosito habría tenido las manos atadas ya que las palmas quedaron fuera de la acción del fuego) (v. fs. 61 vta./62 vta. y 66 vta.). También aquí el tribunal justificó su opción valorativa en la circunstancia de que la doctora Cabrera tuvo contacto con el cadáver.
Más adelante analizó los testimonios del perito bombero Omar Cesar Villalba y las declaraciones de diversos funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre ellas mencionó la de Oscar Osvaldo Delgado, quien oficiaba de disponible al momento del hecho y manifestó que tenía en su poder la llave del pabellón y que el acusado Chaile tenía la llave de la celda de Gorosito. Este testigo también refirió que Gorosito habló en el hospital y se atribuyó a sí mismo el haber provocado el incendio. Otros de los testigos, empleados de la unidad carcelaria, cuyas deposiciones se valoraron fueron Javier Gonzáles a cargo del monitoreo por cámaras de vigilancia ; Víctor Oscar Salinas quien también dijo haber oído a Gorosito en el hospital atribuirse el incendio-; el enfermero de la unidad carcelaria Gustavo Fabián Maidana y el médico de dicha dependencia Alejandro Crispin Onores. Además, el tribunal de juicio consideró los dichos del médico que asistió a la víctima en el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "Dr. Alejandro Korn", José Delgadillo, y del detenido Fernando David Ibáñez Vega (v. fs. 72 y sigs.).
A continuación se ocupó de la grabación obtenida a través de las cámaras de monitoreo del pabellón, sobre la cual depusieron los encargados de dicho control, Javier González ya mencionado- y Daniel Farías, además del perito Raggio en virtud de que el sistema dejó de grabar durante un lapso de interés en relación con los hechos investigados (v. fs. 82 vta. y sigs.).
Finalmente, en base a la prueba producida el tribunal de juicio formuló sus conclusiones (v. fs. 87 y sigs.): a) reiteró la prevalencia que otorgaba al dictamen de la médica Cabrera tanto sobre la indemostrada violencia en el acceso carnal como sobre el tipo de fuego- por encima de las pericias de los doctores Creimer, García Olivera y Delgiorgio, debido a que la primera fue quien realizó la autopsia (con cita de un fallo de esta Corte que, a contrario de lo que se pretende, no permite dar sustento a su criterio ya que se trató de un recurso extraordinario de nulidad en virtud del cual este Tribunal no se expide sobre el fondo de las cuestiones debatidas sino solo sobre el cumplimiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial); b) afirmó que a pesar del corte en la grabación de video entre las 15:39 hs. hasta las 16.10 hs., existe una grabación completa desde este último horario, en la que se observa que a las 17:08:45 hs. se ve el primer resplandor y luego a las 17:10:22 hs. comienza el fuego, pudiendo verse una mano y una soga de una celda a otra que reflejaría que alguien facilita a Gorosito algún elemento para iniciar el fuego; de lo cual se infiere que fue él mismo quien encendió el colchón (v. fs. 88 y sigs.); c) consideró que nadie quemó a la víctima quien incluso dijo en el hospital "...que se le había ido la mano" y q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.