Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.037, "E., J. J. M.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° M-12.149 y su acumulada M-12.175 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 29 de diciembre de 2014, hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por la defensa y la señora agente fiscal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil que había condenado a J. J. M. E. a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor de los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego (causa n° 1.021/13) y robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (dos hechos, causas n° 1.020/13 y 1.022/13, aunque en los considerandos de la pág. 21 había encuadrado al de la causa n° 1.020/13 de otro modo) , en concurso real (arts. 42, 55, 166 inc. 2 segundo y último párrafo, Cód. Penal). En consecuencia, por mayoría de opiniones declaró la nulidad de la sentencia en cuanto a la causa n° 1.021/13 y ordenó el reenvió de las actuaciones a la instancia de grado para que por intermedio de un juez hábil se realice un nuevo juicio. No obstante ello, y por mayoría de opiniones, declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa en cuanto a la modalidad de efectivo cumplimiento de la pena aplicada, asimismo declaró inadmisible el recurso interpuesto por la señora agente fiscal en lo concerniente a la valoración de atenuantes, acogiéndolo en materia de agravantes y por unanimidad confirmó la condena impuesta en las causas n° 1.020/13 y 1.022/13, elevando -por mayoría- la pena impuesta a cuatro años de prisión (arts. 44, 55 y 166 inc. 2 último párrafo, Cód. Penal).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial del nombrado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido parcialmente por la Sala interviniente mediante resolución de fs. 72/81 vta.
A fs. 89/92 dictaminó la Procuración General, la que aconsejó que el recurso sea acogido. A fs. 93 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial de J. J. M. E. formuló dos agravios.
I.1. En el primero criticó lo fallado por la Cámara de Apelación al haber declarado la nulidad de la sentencia condenatoria en cuanto a la causa n° 1.021/13 y ordenado el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para que con intervención de un juez hábil se realice un nuevo juicio. Consideró que así se inobservó lo dispuesto por el art. 206 primer párrafo del Código Procesal Penal y se vulneraron las garantías del ne bis in idem, debido proceso legal y defensa en juicio.
I.2. Como segundo agravio denunció la arbitrariedad en la determinación del monto y modalidad de la pena e inobservancia de los arts. 1 y 18 de la Constitución nacional; 40.4 "b" de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5 y 17.1 "a", "b", "c" y "d", 18 y 19 de las Reglas de Beijing; Reglas 1, 2 y 3 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad; arts. 7, 33, 36 inc. 4, 58 incs. 1, 2 y 3, y 70 inc. 5 de la ley 13.634; así como la absurda y errónea valoración de las circunstancias agravantes (arts. 40 y 41, Cód. Penal; v. fs. 62 vta./71).
Señaló que la aplicación de una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento generó un perjuicio a su asistido, toda vez que el a quo no solo resolvió que resultaba necesaria la aplicación de pena, sino que la elevó al doble del monto establecido en la instancia de origen violando los principios legales, constitucionales y fundamentalmente convencionales que limitan la imposición de pena a los jóvenes en conflicto con la ley penal siendo la privación de la libertad una medida de último recurso y aplicable por el menor lapso de tiempo posible.
Afirmó que los fundamentos brindados para imponer pena a su asistido, contradicen la doctrina sentada al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343).
Criticó la imposición de una pena que afecta el principio de proporcionalidad, toda vez que al haber quedado firmes las atenuantes ponderadas por el juez de grado, el Tribunal de Alzada no realizó ninguna referencia a como ellos incidieron en el monto de la pena (v. fs. 68).
De igual manera, cuestionó las agravantes valoradas, en especial la circunstancia de apuntarle a la cabeza a la víctima y de proferirle amenazas dado que no corresponde -dijo- que sean computadas al ser circunstancias propias de la figura legal atribuida.
Indicó que hubo una doble valoración de las circunstancias agravantes, dado que la utilización de armas, así como la violencia sobre las víctimas habían sido valoradas por el juez de origen para justificar la necesariedad de aplicación de pena en el caso concreto y lo fueron nuevamente por la Cámara para graduar y elevar el monto de la impuesta (v. fs. 67).
Señaló, también, que la reiteración delictiva no puede considerarse una agravante ya que ese supuesto tiene solución legal en el art. 55 del Código Penal (v. fs. 66 vta.).
Igualmente cuestionó que para fundar la elevación de pena, el tribunal haya tenido en cuenta la "regular impresión personal" que E. les causara al realizarse la audiencia prevista en el art. 60 de la ley 13.634, toda vez que consiste en una apreciación subjetiva que no permite afirmar que el joven no haya internalizado los alcances de la conducta que se le atribuyó, y menos cuando se contrapone a lo que observaron los profesionales y operadores que lo asistieron durante el último período de encierro (v. fs. 67 y vta.).
Agregó que la "gravedad del hecho atribuido" fue el parámetro al que mayor preponderancia otorgó el Tribunal de Alzada para considerar necesaria la aplicación de pena, así como su monto, desconociendo la finalidad de reinserción social que debe perseguirse (v. fs. 69).
Concluyó en que fue defectuosa la fundamentación del a quo para sostener la elevación al doble de la pena impuesta, ya que pese a haber anulado la sentencia respecto a una de las causas y computarle como agravantes "las circunstancias de tiempo y modo de comisión del hecho" y la regular impresión que le dio su asistido, no precisó el efecto que tuvieron las circunstancias atenuantes confirmadas (v. fs. 70); por lo que finalizó solicitando se revoque lo decidido.
II. En primer lugar, corresponde destacar que no cabe abordar el planteo que fuera reseñado respecto a la inobservancia del art. 206 del Código Procesal Penal y la violación a la garantía de ne bis in idem, pues el mismo no fue admitido por el tribunal intermedio (v. fs. 72/81 vta.), y el recurso de queja mediante el cual se cuestionó esa decisión fue desestimado por esta Corte (v. fs. 52/53 de la causa n° 125.879).
III. El señor Subprocurador General propició la acogida del presente recurso (v. fs. 91/92 vta.).
IV. Discrepo con lo dictaminado, pues en mi opinión el carril extraordinario impetrado no puede tener recepción favorable.
V.1. Liminarmente, cabe señalar que ante la Cámara de Apelación interpusieron sendos recursos tanto la señora agente fiscal como la defensa.
La fiscalía en su presentación cuestionó la valoración efectuada por el juez de grado sobre las pautas atenuantes, agravantes y el monto de la pena impuesta (dos años de prisión de efectivo cumplimiento cuando su pretensión fue la de ocho).
Respecto a las agravantes, especificó que debió tener en cuenta las características de los hechos, la reiteración en los mismos, la extensión del daño causado a las víctimas y el uso de arma de fuego (v. fs. 28/34).
Por su parte la defensa, discutió la valoración de la prueba con relación a la causa n° 1.021/13 y, en lo que aquí interesa, denunció la arbitrariedad en la modalidad de la pena impuesta e inobservancia en la normativa constitucional y del fuero penal juvenil (v. fs. 47/55 del legajo n° 12.175).
V.2. Ante las mencionadas pretensiones, el órgano intermedio, con el voto mayoritario encabezado por el señor juez Soumoulou, hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa en cuanto a la nulidad de lo fallado en la causa n° 1.021/13 y no así con relación al monto y modalidad de la pena. Por el contrario, hizo lugar al de la fiscalía con relación a la falta de valoración de agravantes por el sentenciante de grado y, en consecuencia, elevó el monto de la pena a cuatro años.
En ese sentido, confirmó las atenuantes valoradas por el a quo y en torno a las circunstancias agravantes, manifestó que la fiscalía había ponderado, en lo que ahora interesa, "...el hecho de haber robado con un arma a la misma víctima (Darío Moscovich) en el corto espacio temporal de ocho días" (fs. 52). Y agregó, que "Al momento de emitir su veredicto el señor juez de grado valoró como agravante 'la actitud asumida frente a la víctima (art. 371 inc. 5° del CPP)'", sin encontrarse debidamente fundado al no haber señalado en concreto la conducta referida, ni precisado a cuál de las causas en juzgamiento correspondía aplicar dicha afirmación (v. fs. cit.).
Ante ello, asumió competencia positiva y estimó que resultaban computables como agravantes, las circunstancias de tiempo y modo apuntadas por la señora agente fiscal respecto a los ilícitos en donde fue víctima Darío Moscovich, al ser demostrativas de un mayor grado de injusto, por tratarse de dos hechos de robo con armas, haberle apuntado a la cabeza y proferido amenazas a la víctima, refiriéndole que la próxima lo mataría (v. fs. 79 vta.).
A continuación, el Tribunal de Alzada ponderó la gravedad de los hechos cometidos y computó la regular impresión personal y directa que tuvo de E. al celebrar la audiencia del art. 60 de la ley 13.634, la que los llevó a considerar que no logró internalizar los alcances de la conducta por la que fue juzgado, "...conclusión que se objetiva con los episodios de violencia y fuga que tuviere el encartado como uno de sus autores y que fueran referenciados en la sentencia en crisis" (fs. cit.).
En lo que hace especialmente a la aplicación de pena y su monto, la Cámara recordó que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas establecían que el sistema de justicia minoril garantizará que cualquier respuesta punitiva a los menores delincuentes debía ser proporcionada a las circunstancias del mismo y del delito. Añadió que el comentario a la regla del art. 5.1 señala que el principio de proporcionalidad es un instrumento para restringir las sanciones punitivas, y que las respuestas a los jóvenes delincuentes no sólo deben basarse en el examen de la gravedad del delito sino también en sus circunstancias personales (v. fs. 79 vta. y 80).
Citó además el art. 17 que refiere a los principios rectores de la sentencia y resolución, destacándose, la proporcionalidad de la respuesta jurisdiccional, ajustada a las circunstancias y necesidades del sujeto; la utilización de la privación de libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a una medida privativa de libertad.
Por último, evaluó que la escala punitiva para los dos hechos por los que llegó condenado E. de manera concursal iba desde los tres a los veinte años de prisión y que en función de aplicar la escala reducida conforme lo normado por el art. 4 de la ley 22.278, se debía reducir a un mínimo de un año y seis meses y, a un máximo de trece años y cuatro meses de prisión por lo que estimó justa la imposición de una pena de cuatro años de prisión (v. fs. 53 vta.).
Conviene aclarar que, sin perjuicio de los errores materiales que aparecen en la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto a la numeración de las causas (v.gr. fs. 51 y 52), queda claro que -por mayoría- se dispuso la anulación del fallo del órgano del juicio con relación a la causa n° 1.021 en la cual resultó víctima J. A., por haberse vulnerado el derecho de defensa en juicio en tanto no fue citado como testigo el joven A..
VI.1. Frente a lo así decidido, se advierte que el señor defensor oficial no logra demostrar, con la sola exposición de su opinión discrepante, que las consideraciones que justificaron el pronunciamiento aludido importen el apartamiento de las previsiones del art. 4 de la ley 22.278, tampoco se advierte que se hubieran desatendido las pautas específicas propias de la problemática relativa a los jóvenes infractores, establecidas fundamentalmente -interpretando el complejo normativo aplicable-, en el precedente "Maldonado" invocado (art. 495, CPP).
Es que la parte no evidencia infracciones en lo decidido por la Cámara, al aplicar las agravantes vinculadas con las circunstancias de tiempo y modo concernientes a los ilícitos de los cuales fue víctima Darío Moscovich (causas n° 1.022 y 1.020), como demostrativas de un mayor grado de injusto "...tratándose de dos hechos de robo con armas, la circunstancia de apuntarle a la cabeza con la misma y las amenazas proferidas por el autor hacia la víctima, refiriéndole que la próxima vez lo mataría" (fs. 52 y vta.).
Como lo señala el dictamen de la Procuración General, no constituye una doble valoración prohibida computar que la misma persona fue damnificada dos veces por el acusado en el corto lapso de ocho días (v. fs. 91).
Tampoco se configuró una indebida doble valoración al considerarse la modalidad de las acciones ni el grado de violencia empleado, desde que dentro de la figura delictiva aplicada las mismas admiten gradación (art. 41 inc. 1, Cód. Penal).
Viene al caso recordar que el objeto de aquella doctrina "... no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; doctr. causas P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.360, resol. de 19-IX-2012; P. 110.328, sent. de 22-V-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 118.283, resol. de 23-IV-2014; P. 116.026, resol. de 30-IV-2014; P. 118.685, resol. de 2-VII-2014; e.o.).
Así las cosas, la sentencia no resulta arbitraria, como lo afirma la defensa.
VI.2. Por otra parte, cabe señalar que el planteo relativo a que la Cámara realizó una doble valoración toda vez que "la gravedad de los hechos" había sido considerada por el juez de origen para fundar la necesidad de aplicar pena a E. y que nuevamente fue merituada como agravante, tampoco es de recibo.
El régimen penal de la minoridad regula en su art. 4, las condiciones para imponer un castigo a un adolescente acusado de cometer un ilícito penal. Cumplidas las mismas, el juez debe merituar si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por él, hicieren necesario aplicarle una sanción y así lo resolverá pudiendo reducirse en la forma prevista para la tentativa.
Lo descripto, entonces, establece los criterios para fundar el juicio de necesidad de imposición de pena al menor, lo que no excluye la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal para la determinación del monto a aplicar.
En lo que atañe a la impresión personal recibida por el Tribunal de Alzada, a contrario de lo que plantea el recurrente, el tribunal la objetivó indicando que guardaba correlato con los episodios de violencia y fuga descriptos en la sentencia de grado (v. fs. 52 vta.) -entre los cuales se halla el que tuvo lugar en una audiencia ante un juez de garantías-.
Por otra parte, no es acertado que el a quo no haya computado las atenuantes, en la medida que las confirmó al desestimar el recurso fiscal que las objetaba (v. fs. 51).
VI.3. Además, corresponde señalar que el recurrente apoya su crítica en el precedente "Maldonado", pero no se hace cargo en momento alguno de la esencial diferencia entre lo allí resuelto y la cuestión controvertida en esta causa. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción que prevé el art. 4 de la ley 22.278 pero en el caso aquí en juzgamiento sí se hizo la reducción conforme a la escala de la tentativa.
Es que, en la instancia anterior, se ha optado por la reacción punitiva morigerada en comparación con la que le correspondería a un adulto y si bien supera el mínimo en cuestión, también se ubica dentro de los parámetros de la escala reducida del art. 4 de la ley 22.278.
VI.4. En definitiva, la determinación de la pena dentro de una escala explicitada por la Cámara (v. fs. 53 vta.), luego de la supresión de uno de los ilícitos imputados -sin perjuicio de lo que en definitiva se decida al respecto- y la incorporación de pautas de agravación requeridas por la fiscalía, resulta objetada mediante el disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas por el juzgador tuvieron sobre la pena y tal criterio divergente no implica ni significa violación legal alguna (conf. causa P. 74.318, sent. de 7-V-2003; entre muchas otras, doctr. art. 495, CPP; P. 128.027, sent. de 28-VI-2017).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia