Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130110
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.110, "Cedrón, Diego Martín -o Domínguez, Lucas Alejandro-, Rojas, Alan Gabriel y Fernández, Jorge Omar s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 76.743 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 27 de abril de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la señora defensora oficial de los imputados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó a Diego Martín Cedrón o Lucas Alejandro Domínguez a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas; a Alan Gabriel Rojas, a la de catorce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; y a Jorge Omar Facundo Fernández a trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser hallados coautores responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego -tres hechos en concurso real entre sí-, en concurso real con abuso de armas criminis causae y resistencia a la autoridad, estos últimos en concurso ideal entre sí (v. fs. 59/65 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/92), siendo concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 93/95 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 108/111), dictada la providencia de autos (v. fs. 112) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa planteó un único agravio mediante el que tachó a la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal y el derecho al recurso (infracción a los arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.) y a los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena e infracción de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 88).
Solicitó, en definitiva, la adecuación de las sanciones a imponer de conformidad con los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena. Pidió la fijación de las penas "...idéntica o lo más cercana al mínimo de la escala penal aplicable, [...] que atento los delitos reprochados la pena impuesta supera en más del doble al mínimo aplicable..." (fs. 88 vta.).
Consideró que en el caso se ha aplicado una sanción que se contrapone con el principio de culpabilidad por el hecho, como así también conculca los restantes principios antes invocados, debiendo ajustarse a la culpabilidad que a los imputados les cupo con relación a los eventos juzgados y a su vez, permitir el efectivo fin resocializador de la pena, dando así acabada respuesta a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena (v. fs. 89 y vta.).
Estimó que la respuesta brindada por el Tribunal de Alzada violó la garantía constitucional de revisión integral amplia consagrada constitucional y convencionalmente (art. 75 inc. 22, Const. nac., en función de los arts. 8.2. "h" y 14.5, CADH y PIDCP, respectivamente).
Adujo asimismo que, de la simple lectura del recurso interpuesto (v. fs. 27/33), del memorial suscripto por esa parte (v. fs. 53/55) así como de los antecedentes del caso, se advierte el cuestionamiento de la circunstancia que con entidad aumentativa del reproche penal fuera arbitraria y erróneamente ponderada al condenar a sus defendidos. Y, dichos argumentos -sostuvo- no fueron tratados con la adecuada solvencia por parte del tribunal a quo, en función de lo cual y en pos de garantizar la revisión de dicho pronunciamiento, articuló la impugnación en estudio (v. fs. 89 vta. y 90).
En definitiva, alegó que el inadecuado contralor casacional llevado a cabo con afectación de las normas ya mencionadas y el apartamiento de la doctrina del Superior Tribunal federal, convierten al pronunciamiento atacado en arbitrario. Por todo lo expuesto, solicitó que se case el fallo recurrido al haber violentado el debido proceso y el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio-, en lo relativo al debido alcance que corresponde otorgar al recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena, apartándose de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados en relación con la materia, lo cual descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, y consecuentemente, se disponga el reenvío a la instancia revisora, con el fin de lograr -con una integración adecuada- un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 91 vta.).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 108/111).
III. El embate fundado en la tacha de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de la jurisprudencia de la Corte federal con afectación a la defensa en juicio y debido proceso, dirigido contra el pronunciamiento de la Casación por haber efectuado una revisión aparente en torno a la determinación de la pena impuesta, no fue articulado por el impugnante con la suficiencia y la carga técnica necesarias para evidenciar su pretensión.
III.1. En el recurso de casación (v. fs. 28/33 vta.) -el tercero interpuesto en estos autos, en virtud de los avatares de diversos reenvíos-, la defensa oficial de los imputados -en lo que interesa destacar- aludió a las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 32). En ese marco alegó que "...los Magistrados debieron valorar puntualmente en el caso las circunstancias que rodearon a cada uno de los sucesos" y que la decisión careció de motivación (v. fs. 32 vta.).
Adujo que, en el caso, "...es evidente que los Sres. Jueces valoraron las atenuantes y agravantes y, sin decirlo expresamente ni fundamentarlo, se inclinaron por las últimas, pues el monto impuesto es claramente perjudicial para [sus] asistidos" (fs. cit.).
Consideró que, al tratarse de un concurso real, la escala penal resultante debió armarse a partir del mínimo mayor, y en base a él debía ir creciendo sólo si existiesen pautas de agravamiento. Advirtió acerca de "...lo lejos que se encuentra el mínimo, de las penas impuestas a los imputados, sin que se diese motivo alguno para tal incremento" (fs. 33).
En el memorial respectivo (v. fs. 53/55), el señor defensor adjunto de Casación solicitó nuevamente la adecuación de las sanciones fijadas.
III.2. Frente a ello, el Tribunal de Casación, por intermedio del voto inaugural del doctor Ordoqui -con la adhesión simple del doctor Celesia a fs. 65-, sostuvo a modo introductorio que "...la individualización de la pena constituye un acto de ponderación que debe estar acompañado de su debida fundamentación, efectuado sobre la base de determinadas circunstancias debidamente acreditadas y valoradas. De manera que, ni se pueden convalidar decisiones caprichosas basadas en la voluntad subjetiva de los jueces, como tampoco se pueden avalar resoluciones apoyadas en una apreciación absurda de las pruebas habidas en la causa..." (fs. 62).
Añadió de seguido que "...ciertamente aquella actividad no puede ser sometida a un control absoluto, dado las propias particularidades que el proceso de mensuración de la pena presenta" (fs. cit.).
Precisó el sentenciante que "...el ilícito culpable constituye la base ineludible del proceso de individualización de la pena, lo que aparece respetuoso del principio constitucional del hecho. Así, siendo el ilícito y la culpabilidad conceptos graduables, el primer problema aparece en la justa transmutación del injusto y la culpabilidad en magnitudes penales, lo que lleva a afirmar que este tipo de decisiones tiene -en cierta manera- un componente individual que no es totalmente accesible a un control racional, aunque sí limitado normativamente por el marco punitivo establecido por el legislador" (fs. 62 vta.). De tal modo puntualizó que "...la cuantía de la pena no puede superar el límite fijado por la justa retribución del injusto y de la culpabilidad, pues el principio de culpabilidad cumple también una función limitadora de aquélla" (fs. 63).
En tal entendimiento puntualizó el juzgador que "...el control casatorio se circunscribe básicamente a examinar si la cuantía del monto seleccionado resulta sumamente desproporcionado de acuerdo a la gravedad del injusto, o si excede la medida de la culpabilidad por el acto, como así también, esta vía deviene idónea para corregir errores en la valoración de cualquier circunstancia que permitiera incidir en el juicio de mensuración; todo lo cual exige una motivación adecuada que permita el control pertinente" (fs. 63 y vta.).
Argumentó el Tribunal de Alzada que el órgano de juicio, en el pronunciamiento de 21 de diciembre de 2015 -por el cual completó, al explicitar la justificación de las atenuantes que se computaron, su decisión previa de 26 de agosto de 2014-, "... explicó la negativa a valorar la escasa violencia desplegada en los hechos, sumado a que argumentó que correspondía dar acogida favorable a la consideración de los entornos socioculturales desfavorables de los enjuiciados -que representó una disminución del reproche- y finalmente, al frustrado intento de reinserción laboral de Fernández, lo que dificultó las posibilidades de motivarse ante la norma" (fs. 63 vta.).
Continuó destacando que "Párrafo aparte merece la consideración, frente a la no imposición del mínimo de la escala punitiva fijada en abstracto por el legislador. El punto de partida de la valoración es un tema de vital trascendencia, ya que para hablar de agravantes o atenuantes es necesario tener un punto de partida sobre el cual se pueda 'agravar' o 'atenuar'; cuestión que no ha encontrado una respuesta libre de objeciones desde la dogmática de la determinación de la pena..." (fs. 64).
Enfatizó por último que a diferencia de lo que sucedía en el Código Penal de 1886 y en la ley de reformas de 1903, "...en donde se establecía que la pena ordinaria era la resultante del término medio entre el mínimo y el máximo de la escala y que dicho monto podía aumentarse o disminuirse frente a circunstancias agravantes o atenuantes, nuestra ley penal vigente no fija un parámetro vinculante para los jueces, lo que permite concluir que el legislador optó por dejar este punto a la libre decisión de aquellos" (fs. 64 vta.). Así, desestimó la queja vinculada a la falta de fundamentación en la imposición de la pena reclamada por la defensa.
IV.1. De lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que -más allá de que pueda o no acompañarse el criterio del órgano intermedio- la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
En efecto, el a quo abordó los motivos de agravios llevados ante su instancia y los descartó, brindando para ello los argumentos que fueron expuestos en los párrafos precedentes (art. 495, CPP). De tal modo, el Tribunal revisor desestimó el primer reclamo contenido en el recurso que se le sometió, referido a la falta de fundamentación en materia de valoración de atenuantes. Sobre ese tópico entendió que los fundamentos brindados por el Tribunal de juicio en el fallo de 21 de diciembre de 2015 contenían la justificación que sostenía las atenuantes que ya habían sido computadas en la sentencia previa de esa primera instancia de 26 de agosto de 2014. Por lo tanto, también dio respuesta al planteo formulado por la defensa en la memoria de fs. 53, en la que esa parte se quejó por el "mantenimiento" de la misma pena, cuando en rigor se trató de brindar -en un nuevo pronunciamiento- los motivos que explicaran la reducción de la prisión que ya había tenido lugar.
En segundo lugar, la Casación trató -como se ha visto- el asunto concerniente al punto de ingreso a la escala penal.
Como corolario, y sin perjuicio de las particularidades del proceso sustanciado en estos autos en virtud de los dos reenvíos dispuestos por la instancia intermedia, los reclamos traídos ante esta Corte no pueden progresar.
Cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
El recurrente no ha logrado evidenciar que la inspección efectuada por el Tribunal de Casación adolezca de alguna restricción cognoscitiva que pudiera considerarse incompatible con el estándar establecido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal", Fallos: 328:3399 y su progenie. Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que el escrutinio realizado por la casación -en la determinación de la pena- constituyó un "tránsito meramente aparente" en el cual se volcaron meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 91), no se compadece con lo acontecido en el caso, siendo que, según se detalló, el a quo abordó los planteos formulados sobre dicho extremo.
IV.2. Por otro lado, cabe recordar que esta Corte ha resuelto, lo que se compadece con la situación planteada en el presente caso, que "...no existe legalmente un ‘punto de ingreso’ fijo a la escala penal" (causa P. 79.708, sent. de 18-VI-2003).
En lo que concierne a la pretensión de que se adecúen las penas impuestas a los tres acusados en tanto las fijadas no respetarían los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, debe decirse -sin perjuicio de cualquier otra consideración- que la queja en orden al monto de la prisión impuesta a cada uno de ellos sólo representa una diferente visión sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena. Si bien los arts. 40 y 41 del Código Penal regulan las circunstancias en base a las que luego debe dosificarse las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad, lo cierto es que no contiene una regla o sistema que determine el modo en que debe concretarse su cuantificación dentro de las escalas legales, por lo que esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP; conf. causa P. 110.814, sent. de 4-V-2011; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia