Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.361, "Zapata, Diego Darío. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.446 y acum. 82.554 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento del 22 de junio de 2017, rechazó -por mayoría- el recurso homónimo y la acción de habeas corpus interpuestos por la defensa oficial en representación de Diego Darío Zapata contra la resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza que confirmó la aprobación del cómputo de pena practicado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental (v. fs. 60/69).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/89), el que fue concedido por el órgano recurrido a fs. 90/94.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 107/110 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 111) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Por sentencia del 25 de septiembre de 2015 el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza -en integración unipersonal y bajo el procedimiento de juicio abreviado, en el marco de la causa n° 599/15-1282- condenó a Diego Darío Zapata a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada, manteniendo su declaración de reincidencia, y le impuso en definitiva la pena única de cuatro años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo su declaración de reincidencia, sanción punitiva abarcativa de la señalada y de la dictada por el Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata en I.P.P. n° 08-00-019354-15/00 de fecha 18 de septiembre de 2015 de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, manteniendo su declaración de reincidencia dictada en el marco de la causa n° 13.406 por resultar autor del delito de hurto y robo en grado de tentativa en concurso real (v. fs. 4/10 vta.).
En igual fecha, la Secretaría del citado Tribunal al practicar el cómputo de aquella pena única a la que fue condenado Zapata, contabilizó el tiempo que permaneció detenido con motivo de la I.P.P. n° 08-00-019354-15/00 que tramitó por ante el Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata "...desde el 29 de agosto del año en curso, hasta el día de la fecha...", y no le computó "...el plazo que el encallado de autos ha permanecido privado de su libertad en el marco de la presente causa [599/15-1282] -desde el 31 de agosto de 2015 hasta el día de fecha, [...] ello en atención a que este plazo ha sido cumplido en paralelo con el de la causa n° 08-00-019354...", contabilizándose, entonces a ese tiempo, que el nombrado llevaba un total de 28 días privado de su libertad, estableciendo así y en definitiva, previo descuento de la detención sufrida (conf. art. 24, Cód. Penal), que la pena única de cuatro años y dos meses de prisión impuesta vencerá el día 28 de octubre del año 2019 a las 24:00 hs., debiéndose efectivizar la libertad de aquel a las 12:00 hs. de ese día (conf. art. 77, Cód. Penal) y caducando sus efectos regístrales el día 28 de octubre de 2029, a las 24:00 hs. (v. fs. 11 y vta.).
Cabe destacar que la magistrada de la instancia, desestimó el planteo articulado por la defensa oficial en el sentido que al momento de practicarse el cómputo de pena se tome en cuenta el tiempo que aquel permaneció privado de su libertad en la causa n° 1.011/03 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental en la que el nombrado resultó absuelto (v. acta de fs. 1), argumentando para adoptar ese temperamento negativo, previo citar lo establecido por los arts. 9 incs. 1 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que "...en el caso en trato no se cuestiona una detención o prisión ilegal, puesto que si bien el proceso llevado adelante respecto de Zapata pudo haber desembocado en una absolución, lo cierto es que para que proceda el dictado de la prisión preventiva, se deben dar una serie de supuestos esenciales a fin de considerar aplicable dicha medida cautelar [...] tampoco se trataría de una persona condenada en sentencia firme por error judicial. Más allá de lo expuesto, debido a la asimilación que se ha hecho del dictado de la prisión preventiva a la sentencia firme, puesto que ambas importan la privación de la libertad del imputado y condenado, respectivamente, lo cierto es que asiste a la Sra. Defensora motivo suficiente para solicitar la reparación del daño causado, puesto que ha sido menoscabado el derecho a la libertad ambulatoria del encausado, no habiéndose arribado a la certeza necesaria para lograr una condena..." (fs. 11 vta. y 12).
Expresó que "...resulta viable la demanda ante sede civil a fin de requerir una compensación económica por el daño sufrido...", estimando que "...si bien la retribución dineraria no importa de forma alguna resarcimiento suficiente respecto de la privación de la libertad sufrida, cierto es que recomponer el perjuicio sufrido a esta altura en el modo solicitado por la defensa no resulta el más adecuado [...] ello significaría descontar tiempo del total que el encartado [...] debe cumplir en prisión a fin de lograr su correcta resocialización, conforme la condena impuesta en la presente" y que "...descontar estos plazos implica crear la conciencia en la persona que atraviesa similar situación que, en caso de cometer un nuevo delito, podrá obtener ventaja respecto de una situación ajena al nuevo hecho sometido a valoración judicial [...] conceder un crédito para delinquir, habida cuenta 'el tiempo a favor' que posee el sujeto" (fs. 12 vta.) .
Por resolución del 15 de noviembre de 2016 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, confirmó el decisorio señalado en cuanto deniega el planteo efectuado por la defensa de contabilizar el tiempo de detención en la causa n° 1.011/13 citada, comprendido entre el 26 de marzo de 2002 y el 15 de noviembre de 2004 fecha en que fue excarcelado, y aprueba el cómputo de pena (v. fs. 18/24).
I.2. Contra este pronunciamiento la defensa interpuso recurso de casación y reiteró la petición de cómputo del tiempo que su asistido permaneció en prisión preventiva en la causa n° 1.011/13 (dos años, siete meses y veinte días), en el que Zapata resultó absuelto (v. fs. 36/41).
I.3. El órgano intermedio, por mayoría, rechazó el recurso (v. fs. 60/69).
II. Alzándose contra ello, el señor defensor oficial adjunto interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denunció errónea y arbitraria interpretación de los arts. 24 y 58 del Código Penal al no computar, a modo de reparación o compensación, todo o parte del período durante el cual Zapata permaneció privado de su libertad cautelarmente en un proceso en el cual finalmente resultó absuelto.
Entendió que la interpretación efectuada resultó asistemática, por no integrar lo establecido en los arts. 7 incs. 3 y 5, 10 y 63 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 incs. 1, 3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 477 del Código Procesal Penal, contrariando los principios pro homine, de dignidad humana, ultima ratio del derecho penal e irracionalidad mínima (v. fs. 82).
Apuntó que resulta pertinente tomar en consideración períodos de prisión preventiva sufridos en el marco de procesos que desembocaron en resoluciones desincriminatorias (sobreseimiento o absolución; v. fs. 82 vta./83 vta.).
Sustentó su postura con transcripción parcial del voto minoritario emitido por el juez Carral e indicó que negar la posibilidad de algún tipo de compensación del tiempo que permaneció privado de su libertad en un proceso en que resultó absuelto por entender que no existió condena firme, implica negar la posibilidad de reclamar una indemnización, cuando ella es propia de una sentencia absolutoria que pone fin al proceso (v. fs. 85).
Aseveró que existe una interpretación más extensiva a la luz del principio pro homine que permite proteger adecuadamente los derechos humanos que se vieron afectados, sin desnaturalizar el contenido de la normativa, de donde surge que nada impide la interpretación sistemática y analógica de la normativa penal o procesal siempre que se aplique a favor del justiciable (v. fs. cit. y vta.).
Tildó de absurdo el criterio mediante el cual la reparación sólo puede ser de tipo económico. En apoyo de su postura citó el precedente "Garrido y Baigorria" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y afirmó que en el presente caso es posible una reparación en especie del derecho afectado, pues se está ante la posibilidad de compensar esa privación de la libertad sufrida, descontándola -todo o en parte- del tiempo de encierro que debe cumplir como consecuencia de la pena impuesta (v. fs. 85 vta. y 86).
Explicó que si bien el sobreseimiento o la absolución posterior del procesado no convierte automáticamente en ilegítima la prisión preventiva dispuesta, resulta indiscutible que dicha privación de libertad importó un sufrimiento para el encausado, el Estado debe repararlo y dadas las particularidades del caso se debe compensar (v. fs. 87).
Apuntó que "...si de la aplicación de los arts. 24 y 58 del CP surge que en caso de haber sido condenado Zapata en ese primer proceso, le sería computado el tiempo de encierro al momento de unificar las penas [...] a partir de una interpretación armónica y analógica de esas normas, respetuosa del principio pro homine y de mínima irracionalidad del derecho penal, idéntica situación debe regir el caso en el que el imputado haya sufrido prisión preventiva y luego terminara absuelto, computándose todo o parte de ese tiempo durante el cual se vio privado de su libertad" (fs. 87 cit.).
Adujo que la cita al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Vignoni" efectuada por el voto mayoritario del fallo en crisis resulta inatinente e inaplicable al caso de autos y se refirió al "error judicial" (v. fs. 87 vta./88 vta.).
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación en estudio (v. fs. 107/110 vta.). Coincido con él.
IV. Entiendo que la defensa no logra demostrar que el pronunciamiento del Tribunal de Casación a través del cual se rechazó el recurso de esa parte, incurriera en una errónea o arbitraria aplicación de los arts. 24 y 58 del Código Penal (art. 495, CPP).
El órgano intermedio, por mayoría, resolviendo con voto del doctor Maidana -que concitó la adhesión del magistrado Violini-, señaló que "...el proceso en cuestión culminó en una 'absolución' que dista de ser una 'condena' firme, circunstancia que obsta la pretensión; además de ello, el 'error judicial' no aparece justificado en la especie, pues el mismo sólo podría ser declarado una vez sustanciado el respectivo proceso donde se haga valer la responsabilidad estatal y de sus funcionarios por el acto dañoso, a los efectos de obtener un resarcimiento que se agota en lo pecuniario; ello de acuerdo a la 'Declaración Interpretativa' que formulara la República Argentina al depositar el instrumento de ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica". Citó en apoyo el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Vignoni, Antonio Siro c/ Nación Argentina" sent. de 14-VI-1998; v. fs. 66 vta.).
Adunó que el propio texto "...de la CADH descarta la interpretación extensiva que se pretende del vocablo 'indemnización' en el contexto convencional [...] no puede pasarse por alto que [...en el] Pacto de San José de Costa Rica [...] el art. 63, primer párrafo, prescribe que cuando dicho órgano supranacional decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en dicho documento, se dispondrá que se garantice al afectado el goce del derecho o libertad conculcados, ordenando asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias, y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. De ello se colige, [...] que la única forma de efectivizarse la indemnización a que pueda dar lugar la lesión de un derecho tutelado convencionalmente es a través de una suma dineraria, pues es evidente que sólo eso puede ser objeto de un pago" (fs. 67).
Resaltó, desde otro prisma, que el cómputo propuesto en la especie por la recurrente "...no encuentra asidero en la normativa penal vigente (arts. 24 y 25, ambos a contrario sensu, del CP) lo que, [...] impide su consideración; sin perjuicio que, bajo el análisis de institutos propios del derecho civil, como la compensación (art. 818 y sigtes. del CC), también es inviable" (fs. 67 y vta.).
Apreció, con cita de autor, que no se ha probado tampoco la alegada conculcación del principio pro homine "...toda vez que éste constituye una pauta hermenéutica que ante la coexistencia de múltiples normas, nos lleva a acudir a la más amplia o a la interpretación más extensiva cuándo se trata de proteger derechos humanos" (fs. 67 vta.).
Adujo que lo propio cabe decir respecto de los principios pro libertatis y pro debilis, cuya concreta afectación tampoco ha sido puesta en evidencia en autos (v. fs. 68).
Finalmente descartó la acusación de arbitrariedad "...ya que el error en la interpretación de la ley o en la estimación de la prueba sea cual fuera su gravedad no hace arbitraria una sentencia porque la existencia de él es de por sí sola demostrativa de que en el pronunciamiento no se ha desatendido de la ley o de la prueba sino que se ha hecho una interpretación o una apreciación equivocada que no es un mero capricho del juzgador" (fs. cit.).
V. Así, la queja aparece como una opinión divergente del recurrente, que se desentiende de los concretos argumentos que sobre el punto brindó la Casación, limitándose a exponer una opinión discrepante a la del juzgador acerca de la imposibilidad de computar en autos el tiempo sufrido en prisión preventiva en una causa en la cual resultó absuelto, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas y sin que, por otra parte, se advierta violación a norma o principio constitucional o convencional alguno (art. 495, CPP).
El art. 24 del Código Penal establece que "La prisión preventiva se computará así; por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre treinta y cinco pesos como mínimo y ciento setenta y cinco pesos como máximo".
Este método de computar los plazos transcurridos durante el encierro preventivo rige exclusivamente aquellos supuestos donde medió sentencia firme y se impuso una pena concreta.
En los casos donde exista más de un proceso penal "...la prisión preventiva se computa cuando ella atendió, de modo exclusivo o conjunto, al hecho o hechos que motivaron la condena, siempre que ésta sea única o unificada" (D'Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación, comentado y anotado; 2° Ed. actualizada y ampliada, Parte General, T.1, págs. 245 y 246).
No se computa la prisión preventiva en un proceso en el cual se absolvió, si para tal prisión no incidió el hecho que motivó otro proceso en el que hubo una condena (op. cit. págs. 246 y 247).
Ello así, habida cuenta que la prisión cautelar sufrida por Zapata en la causa en la que resultó absuelto no integró la pena única de cuatro años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo su declaración de reincidencia, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, no puede computarse.
En cuanto a la denuncia de arbitrariedad, por no haberse computado el tiempo que Zapata permaneció privado cautelarmente de su libertad en el proceso señalado, el planteo no logra demostrar que lo afirmado por el sentenciante exceda el marco de las interpretaciones posibles que involucra el caso y, por ende, conlleven a sostener que existe materia federal bastante como para cualificar al decisorio de irrazonable y arbitrario.
De tal modo no plasma la concurrencia de la invocada arbitrariedad, en tanto no logra demostrar que lo resuelto sea fruto de la mera voluntad de los jueces o se asiente en premisas falsas, inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia; no logrando demostrar que el fallo padezca algún vicio que, bajo el prisma de la añosa construcción pretoriana mencionada, encuadre en alguno de los supuestos que se incluyen en el catálogo de la arbitrariedad denunciada (arg. doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia