Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.919, "L., A. M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 83.569 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 7 de diciembre de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de La Matanza que condenó -en el marco de la causa 860/2014- a A. M. L. a la pena única de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, fijada por considerarlo coautor del delito de homicidio en ocasión de robo agravado a su vez por la utilización de arma de fuego, impuesta en la causa de mención; y la de cuatro años y seis meses de prisión y costas que mereció en causa 682 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Morón, como autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego -dos hechos- y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa (v. fs. 82/89).
La señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia -doctora Susana Edith De Seta- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/98), el que fue concedido por el órgano casatorio merced a la resolución obrante a fs. 99/100 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 108/110 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 111 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley referida en los antecedentes, la recurrente denunció "Errónea aplicación de los arts. 16 y 58 del CP.. Vulneración del Interés superior del niño. Art. 3.3 CDN, Reglas de Beijing, Resolución 40/33 de la Asamblea General de la [N]aciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, Resolución N° 45/114 de la Asamblea General y Directrices de Naciones Unidas Resolución 45/112" (fs. 95).
Sostuvo que el fallo impugnado "...confirma la resolución que dispone la unificación de la condena dictada por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil" (fs. 95 vta.), entendiendo así afectado el interés superior del niño; pues el fin de las sanciones para éstos posee "...objetivos, medios y propósitos propios, muy diferentes al fuero de mayores" (fs. 96).
Alegó que el pronunciamiento dictado en el proceso de menores "...no resulta una sentencia 'condenatoria' que comprende el art. 58 CP, pues no es una condena por no tener carácter punitivo sino tuitivo..." (fs. 96, cit.).
Transcribió los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para sostener que lo allí prescripto se complementaba con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, estableciendo los fines del proceso penal de personas menores de edad (v. fs. 96 vta.).
Agregó que los mentados fines surgían de pautas integradoras y educativas (arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 17), debiendo entenderse la utilización de la privación de la libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a la medida privativa de la libertad.
Sobre la cuestión, expuso que "...con fundamento en el fin de la pena del fuero minoril, no es posible unificarla con la pena del fuero de mayores, pues se vulneran todas las garantías y características [específicas] del fuero" (fs. 97).
Indicó que en la unificación de penas no hay más que una unificación de las consecuencias de dos condenas, que se impone en la medida en que dichas consecuencias coexistan. Y que, en virtud de la especialidad del fuero, no correspondía computar la condena impuesta en un proceso de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil. Trajo a colación el precedente "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 97 y vta.).
Por último, afirmó que la sanción impuesta era inconstitucional, con fundamento en la imposibilidad manifiesta de satisfacer los fines señalados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (v. fs. 97 vta.).
En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la sentencia recurrida en cuanto dispone la unificación y reenvíe los autos al inferior a fin de que determine la pena, conforme lo solicitado por el señor defensor oficial de la instancia.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado (v. fs. 108/110 vta.).
III. Coincido con la solución propuesta.
III.1. El planteo de la recurrente no se corresponde con las circunstancias del caso, lo cual basta para que la impugnación sea desestimada.
En efecto, sus reclamos aluden a la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, con fundamento en que no es posible la unificación entre una pena impuesta en el fuero especial y otra fijada en el de mayores cuando, como se vio, ambas condenas unificadas fueron dictadas por dos órganos del fuero especializado y en el trámite unificatorio intervino también el fuero de la responsabilidad penal juvenil. Por lo tanto, sus argumentaciones al respecto no son atingentes.
Incluso en la instancia de origen la defensa acordó con la pertinencia de la unificación en términos de los arts. 55 y 58 del Código Penal (v. fs. 36).
Por lo demás, no se advierte el sentido de que aquí se solicite que se deje sin efecto la pena única y "...se reenvíen los autos a fin de que se determine la pena" (fs. 98) pues, de ser improcedente la aplicación de dicho art. 58 -como lo postula la defensa en esta instancia- no habría pena que individualizar debido a la subsistencia -en lo pertinente- de las dos condenas firmes.
III.2. De este modo, en el recurso extraordinario no se insistió con los planteos que habían sido formulados en el recurso de casación, referidos a que el monto de pena impuesto fue decidido sin fundamentos adecuados y que debió ser fijado en el mínimo mayor "...que emerge del confronte de ambos pronunciamientos" (fs. 49) -esto es, seis años y ocho meses de prisión, según fs. 51- para así ajustarse a los parámetros que la normativa específica establece para los jóvenes en conflicto con la ley penal (v. fs. 51 y sig.).
Más allá de la mención o transcripción de disposiciones legales y constitucionales, no se expuso ninguna argumentación referida concretamente al caso y, de tal modo, no puede conmoverse el fallo del Tribunal de Casación que dio respuesta a los agravios que se le llevaron y confirmó el pronunciamiento recurrido (v. fs. 82/89).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia