Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126165
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.165, "Cisneros, Maximiliano Ricardo y Cisneros Ricardo Gregorio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 60.674 y su acumulada 60.675 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de julio de 2014, rechazó por improcedentes los recursos interpuestos por los defensores de Maximiliano Ricardo Cisneros y Ricardo Gregorio Cisneros contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de General San Martín que los condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con homicidio calificado por ser criminis causa y por la calidad de la víctima, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y por la calidad de la víctima (art. 80 incs. 7 y 8, Cód. Penal) y portación ilegal de arma de guerra, con declaración de reincidencia respecto de ambos (v. fs. 89/111).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación Penal doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Ricardo Gregorio Cisneros (v. fs. 133/153) y el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda interpuso el mismo remedio en favor de Maximiliano Ricardo Cisneros (v. fs. 155/174 vta.), los que fueron declarados admisibles por la Sala interviniente mediante resolución de fs. 176/177 vta.
La Procuración General dictaminó a fs. 192/207 vta. A fs. 208 se dictó la providencia de autos. El señor defensor de Casación presentó memoria a fs. 213/215 vta. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Ricardo Gregorio Cisneros?
2ª) ¿Lo es el interpuesto en favor de Maximiliano Ricardo Cisneros?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La defensa de Ricardo Gregorio Cisneros denuncia, en primer lugar, que el Tribunal de Casación transgredió el principio acusatorio al confirmar la condena dictada en la instancia de origen pese al expreso desistimiento de la acción por parte del representante del Ministerio Público.
Afirma que el señor fiscal adjunto ante esa instancia dictaminó en favor del recurso de la defensa (v. fs. 142), circunstancia de la que infiere que decidió no mantener la acción del inferior.
Sostiene que resulta evidente la falta de interés estatal en la prosecución de la acción y que "...si el encargado de ejercer la persecución penal, se pronunció en el sentido de renunciar a la condena de los hechos, exponiendo fundados argumentos en tal sentido [...], el 'a quo' no debió confirmar la sentencia condenatoria debido a su falta de competencia" (fs. 144).
Invoca el precedente P. 89.288 (sent. de 4-VII-2007) de esta Suprema Corte, en el que se resolvió que si el superior jerárquico -en el caso el señor Subprocurador General- no sostuvo el agravio que había formulado la señora fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación, se debía rechazar el recurso interpuesto por la parte acusadora ante el desistimiento del superior (v. fs. 142 vta.).
Se refiere luego a las características del procedimiento acusatorio y a los límites fijados por el Máximo Tribunal nacional en la causa "Tarifeño" (v. fs. 144/145).
Reclama se case la sentencia y se reenvíen los autos para que se dicte una nueva conforme a derecho.
I.2. El planteo no prospera.
Frente al pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de General San Martín que condenó a Ricardo Gregorio y Maximiliano Ricardo Cisneros (v. fs. 17/50, legajo 60.674) sólo interpusieron recurso de casación las defensas de ambos imputados.
El señor fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal se pronunció en los términos del art. 458 in fine del Código Procesal Penal, presentando memorial tras desistir de la audiencia oral de informes (v. fs. 79/84 vta.). En dicha ocasión sostuvo, en lo que es aquí materia de controversia, que uno de los agravios de la defensa de Ricardo Gregorio Cisneros debía prosperar.
La Casación rechazó el recurso aludido y confirmó la condena (v. fs. 89/111 vta.).
El art. 18 de la Constitución nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia pronunciada por los jueces naturales dotando de contenido constitucional al principio de bilateralidad, sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN Fallos: 321:2021, v. preferentemente cons. 9° por su cita de numerosos precedentes). Uno de los elementos cardinales que sustentan los sistemas de enjuiciamientos penales de la actualidad, reside en que éstos cuentan con la actuación del Ministerio Público Fiscal como órgano diferenciado del juzgador. En ello estriba, en lo que resulta de interés, uno de los aspectos de la garantía de imparcialidad del órgano jurisdiccional -por su ajenidad a la hora de formalizar los cargos- llamado a decidir la contienda como "tercero imparcial" (paradigma de un sistema de partes).
Sobre la base de los argumentos traídos, la defensa no logra demostrar la transgresión de los principios constitucionales que invoca, en tanto parte de la equiparación del régimen del ejercicio de las acciones penales con el sistema de las impugnaciones.
En ese sentido, corresponde diferenciar entre el desistimiento del recurso que la fiscalía ante el Tribunal de Casación Penal pueda propiciar y sus implicancias, en los términos del art. 432 in fine del Código Procesal Penal, siempre y cuando haya mediado recurso del Ministerio Público Fiscal, y el efecto que cabe asignar a la opinión favorable al recurso de la defensa vertida en oportunidad de presentar la memoria del art. 458 del mismo digesto, cuando no ha habido impugnación fiscal.
El recurrente no se hace cargo de ello y pretende identificar, sin más, tales supuestos. En apoyo a su postura trae un precedente (causa P. 89.288, sent. de 4-VII-2007) en el cual esta Corte analizó la posibilidad de tener por desistido el recurso fiscal en atención al contenido del dictamen de la Procuración General, situación que no se condice con lo acontecido en autos.
Tampoco demuestra por qué los efectos de la opinión que dicho Ministerio debe formalizar, de conformidad con la previsión del citado art. 458 del Código Procesal Penal, deberían proyectarse sobre la acusación formulada por el fiscal de juicio en ocasión del debate, y mucho menos que pueda considerarse como un desistimiento en los términos del art. 368 in fine de ese cuerpo frente a la ausencia de previsión legal al respecto (art. 495, CPP).
En rigor, la parte sólo espeja una visión particular sobre el alcance de dicho acto procesal, técnica que resulta ineficaz para demostrar las transgresiones denunciadas (conf. causa P. 121.666, resol. de 7-XII-2016) y no ha desarrollado argumentos para considerar aplicables en esta causa los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, en tanto no da cuenta de que las circunstancias que posibilitaron su dictado estén presentes en el caso que nos ocupa y que, en consecuencia, quepa examinar su alcance y aplicación en esta oportunidad.
En la memoria de fs. 213/215 vta. el recurrente cita un fallo de una Sala de Casación que habría seguido la interpretación que desea ver aplicada en el presente. Sin embargo, tal decisión no constituye un precedente que vincule a esta Corte en la determinación de la solución que debe adoptarse en el caso.
II. En segundo lugar el recurrente formula los siguientes planteos subsidiarios:
II.1. Sostiene que la prueba que sirvió de origen a la imputación de su asistido es nula por haberse obtenido afectando garantías constitucionales.
Alega que se incorporaron al proceso las manifestaciones de Maximiliano Cisneros, quien habría expresado espontáneamente a un oficial de policía, luego de ser aprehendido, que el responsable del hecho que se investiga era su padre Ricardo Cisneros, y aportó su dirección. A su juicio, sin esas manifestaciones -introducidas a la causa por vía oblicua mediante la declaración del preventor Paternesi- no existía hasta ese momento otro elemento de prueba que vinculara a su asistido con el proceso (v. fs. 146 vta.).
Afirma además, que esa incriminación no es válida porque fue realizada en forma coactiva y que debía "...tomar relevancia la denuncia por apremios realizada por Maximiliano Ricardo Cisneros en la IPP nro. 15-01-11943 que se incorporara al proceso y se encuentra robustecida por las vistas fotográficas y el informe médico legal que ilustran las lesiones presentadas luego de su detención" (fs. cit.).
Aduce que la información aportada resultó esencial para la identificación y ubicación de su asistido, y que partieron de una persona sospechada de un delito, privada de su libertad y fuera del marco protectorio que las normas procesales le acuerdan de manera que su ulterior aprehensión y los demás actos subsiguientes son nulos. Considera que debe aplicarse la doctrina denominada "fruto del árbol venenoso" (CSJN Fallos: 303:1938, LL 1985-A-159), por lo que pidió la absolución de su defendido (v. fs. 147).
II.2. Estimo -en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General- que tampoco este agravio procede.
A fin de confirmar la condena, el Tribunal de Casación estableció que "...el 'a quo', al realizar la reconstrucción de los sucesos, se basó -entre otros elementos probatorios- en el testimonio del efectivo policial Javier Partenesi (Jefe de calle de la Comisaría de San Miguel 1ª), de lo que se infiere el alto valor convictivo que le asignó al mismo. El citado preventor refirió: 'a la persona aprehendida la llevo a mi despacho y cuando lo voy a notificar de la aprehensión y la carátula se quiebra en llanto y dice 'que Dios me perdone pero el que hizo esto es mi papá' me da la dirección, doy la novedad, y luego se hace lo de rigor, pedir orden de allanamiento...' De tales dichos surge con palmaria nitidez que las manifestaciones efectuadas por Maximiliano Ricardo Cisneros fueron en un todo espontáneas, siendo que además, la credibilidad del relato de Partenesi resulta una cuestión propia de la inmediación, y por lo tanto ajena a esta instancia casatoria. Insisto, el personal policial se limitó a transmitir lo que el nombrado Cisneros manifestó en forma espontánea, sin que se le haya recibido ninguna declaración (como lo sostiene el impugnante)" (fs. 105 vta. y 106).
Agregó que "Por otra parte, no se observa ninguna constancia que acredite que el encartado haya sido obligado a aportar datos acerca de su consorte, como tampoco se advierte elemento alguno que revele que Maximiliano Ricardo Cisneros haya sido sometido a apremios ilegales, quedando reducido tal extremo a una afirmación dogmática efectuada por él y su defensa, sin correlato probatorio de ninguna índole". Agregó que "La jurisprudencia de los Tribunales nacionales han tratado la cuestión 'in extenso' concluyendo la validez de las referencias testimoniales de los preventores ante espontáneas manifestaciones de los imputados, máxime cuando no se verifica indicador alguno de que los testigos se hayan pronunciado con falsedad y habiendo prestado juramento de ley" (fs. 106 vta./108); tras lo cual reseñó doctrina y jurisprudencia en aval de su conclusión (v. fs. 106 vta./108).
Expresó que no encontraba elemento alguno "...que permita cuestionar las aseveraciones lanzadas en los testimonios del uniformado, quien se encuentra[n] imbuido de todas las formalidades previstas para la producción de la prueba, lo que conlleva a tomar como plenamente válidas dichas declaraciones y a ponderar libremente el contenido de las mismas" (fs. 108 vta.).
En ese análisis, dio respuesta a lo referido por el doctor Roldán en su dictamen de fs. 79/84. Señaló que "...además de considerar ilegítima la imputación efectuada por Maximiliano Ricardo Cisneros en sede policial, expresa el señor Agente Fiscal Adjunto que, de la relación de parentesco que existe entre quien realizó la manifestación extrajudicial incriminatoria (hijo) y quien resultó incriminado (su padre), media un impedimento relevante para que tales dichos puedan ser valorados en contra del causante, cual es la prohibición de declarar que consagra el art. 234 del C.P.P. A contramano de lo reseñado, entiendo que el representante de la vindicta incurre en un error de apreciación, toda vez que la prohibición establecida en la citada norma alcanza a quienes declaran en calidad de testigos, no siendo aplicable a los imputados como es el caso de Maximiliano Ricardo Cisneros, quien, como ya se dijera, se expresó de manera espontánea. Por lo tanto, descarto también el argumento vertido por el Dr. Roldán por carecer de sustento legal" (fs. cit.).
Las transgresiones legales y la doctrina que invoca no han sido acompañadas del suficiente sustento para demostrar que, en el caso, pudieran hacer variar lo decidido (art. 481, CPP).
Señala que quien proporcionó el dato que permitió la detención lo hizo bajo apremios, y cita al efecto la denuncia formulada por su entonces defensora, que tramitó como IPP 15-01-011943-11. Sin embargo, surge del expediente respectivo -incorporado a esta causa- que la investigación fue archivada por no haber prueba suficiente que permita afirmar la materialidad del hecho (v. fs. 61, expediente cit.).
Por otra parte, el a quo invocó como prueba de cargo para acreditar la autoría de Ricardo Gregorio Cisneros los reconocimientos en rueda -recreados en el juicio- hechos por los testigos Gerez y Negro, y demás declaraciones de personas que presenciaron el suceso delictivo (v. fs. 93) que valoró de modo independiente del dato proporcionado por el imputado.
La impugnante vuelve a insistir, en lo sustancial, con las mismas críticas que llevara a la instancia anterior, pero sin controvertir los argumentos brindados para descartar el planteo de nulidad llevado a su sede, ni evidenciar el compromiso a los principios que estima conculcados, expresando sólo una disconformidad con lo resuelto. Media insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
III.1. En los restantes planteos subsidiarios, la defensa sostiene, por un lado, que la sentencia es arbitraria por apartarse de las constancias de la causa y haber violado el debido proceso y defensa en juicio (art. 18 Const. nac.; v. fs. 147). Afirma que el órgano casatorio condenó a su asistido por el homicidio del sargento Ibáñez, calificando el hecho en las previsiones de los incs. 7 y 8 del art. 80 del Código Penal, cuando no pudo precisarse con certeza el rol que tuvo Ricardo Gregorio Cisneros en el mismo.
Expresa que el nombrado no se encontraba presente cuando su hijo Maximiliano disparó contra la víctima. Para fundar tal aserto, invoca lo declarado por tres de los agentes que actuaron en la ocasión y el testimonio de Negro a fin de dar cuenta que al momento del disparo que produjo la muerte de Ibáñez su asistido ya había huido del lugar, estimando por ello, que no debió atribuírsele la coautoría funcional en el homicidio (v. fs. 148 vta.).
Luego de citar precedentes federales relativos a la revisión de sentencias arbitrarias, concluye que su pupilo sólo podría ser responsabilizado "...como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego del que resultaron víctimas Fedel, Pinto y los hermanos Espinoza, así como de las tentativas de homicidios -calificadas como criminis causae- de los efectivos Maciel y Gerez; mas de ningún modo del posterior homicidio del sargento Ismael Ignacio Ibánez que habría sido llevado a cabo su hijo cuando él ya se había dado a la fuga del lugar" (fs. 149 vta.).
Agrega que de la propia sentencia del órgano casatorio surge que la calificación legal adecuada es la prevista en el art. 165 del Código Penal, ya que al justificar la aplicación al caso de la figura agravada remitió a las exigencias del homicidio en ocasión de robo.
III.2. Estos agravios tampoco prosperan.
La plataforma fáctica fue descripta por el tribunal de mérito, en los siguientes términos "El día 21 de marzo de 2010, a las 03.50 horas aproximadamente [...] los aquí imputados mediante intimidación a Maximiliano Fedel, Analía Pinto, Yamila Florencia Espinoza y Ariel Espinoza, con al menos un arma de fuego se apoderaron ilegítimamente de una cartera que contenía en su interior entre otras cosas efectos personales, billetera con dinero en efectivo y documentación perteneciente a Yamila Florencia Espinoza; en momentos en que se estaba desarrollando el desapoderamiento descripto y ante la llegada de un móvil policial, los imputados efectuaron numerosos disparos con arma de fuego en perjuicio de los efectivos policiales Roberto Maciel y Juan Eduardo Gerez, a quienes les provocaron lesiones en sus miembros inferiores para posteriormente darse a la fuga. Minutos después y en la huida en la intersección de las calles Vicente López a metros de Los Andes de la misma ciudad y partido de San Miguel, los aquí imputados al advertir la presencia policial y con el fin de asegurar los resultados del delito cometido instantes antes y lograr su impunidad para los dos y como parte de un mismo plan común, uno de los sujetos efectúa un disparo hacia la persona del Sargento Ismael Ignacio Ibáñez (miembro de la policía de la Provincia de Buenos Aires) quien se encontraba en funciones, que le impacta en el tórax y ocasiona lesiones que le provocan su óbito. Asimismo el imputado Maximiliano Cisneros port[ó] sin contar con la debida autorización legal para hacerlo la pistola calibre 9 mm marca Browning con numeración suprimida con un proyectil en recámara y cinco en su cargador, arma considerada por la legislación nacional como de guerra, hecho constatado en las mismas circunstancias de tiempo y en la calle Los Andes a la altura catastral del 364 de la misma ciudad y partido, en circunstancias que el mismo arrojara en su intento de fuga previo efectuar al menos dos disparos hacia el funcionario policial Jorge Ferreyra" (fs. 19 vta. y 20, causa 60.674).
Por su parte, el Tribunal de Casación, al responder los agravios de la defensa sobre los sucesos reseñados, juzgó que los sentenciantes meritaron razonadamente la prueba colectada y concluyendo, sin absurdo ni duda, tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal de los imputados por los mismos.
Expresó que como se advertía del pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias reunidas en la audiencia, el a quo formó su convicción fundamentalmente sobre la base de las declaraciones testimoniales brindadas en el marco de la audiencia de debate por las víctimas del despojo, los efectivos policiales intervinientes, y los "cuida coches" que se encontraban en el lugar del hecho y sus inmediaciones, quienes coadyuvaron a cimentar su decisión, además de valorar acertadamente las constancias que fueron incorporadas válidamente por lectura -sin oposición de las partes-.
Precisó que "...las referencias dadas por las víctimas del robo, Yamila y Ariel Espinosa, como así también los dichos de Analía Pinto -quien se encontraba en el asiento de atrás del auto, resultaron contestes en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el robo" (fs. 92) y dieron cuenta de los disparos efectuados en contra del personal policial que se acercó al lugar (Gerez y Maciel) luego de ser alertados de lo acontec
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